Jesus Enrique Lopez Hernandez
Expediente 661/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 24/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesus Enrique Lopez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, así como del auto de término constitucional de treinta de abril de dos mil diecinueve, emitido por la autoridad responsable; agréguense a los presentes autos, para que surtan sus efectos legales. De conformidad con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídanse las copias solicitadas por el autorizado del quejoso y entréguense a la persona que autoriza, previo recibo que se deje en autos.
- Principal
Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, (el tres de enero de dos mil diecinueve, se hizo la última notificación), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, misma que causó ejecutoria el veintiséis de abril de dos mil diecinueve; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. De conformidad con la fracción III, del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisional y definitivamente la medida cautelar, respecto de todos los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y los autos en que se concedió dicha medida cautelar en el incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo, del Acuerdo General reseñado, dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Ahora bien, resulta innecesario seguir conservando las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en esta, al rendir su informe justificado; por tanto, devuélvanse dichas constancias como corresponda a la citada autoridad responsable. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el escrito de cuenta suscrito por la tercero interesada Laura Núñez Torres mediante el cual se hace diversas manifestaciones respecto a que se encuentra inconforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos para que surtan sus efectos legales. En atención a lo anterior, dígasele que se esté a lo acordado en auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JESUS ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le ordenó mediante acuerdo de dos de mayo de dos mil diecinueve, acerca de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de amparo; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa Jesús Enrique López Hernández, el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial Ahome, con sede en esta ciudad, realizará lo siguiente: A). Dejara insubsistente la resolución reclamada únicamente por lo que al quejoso se refiere, quedando intocado el resto del término constitucional, y B) En su lugar, pronunciara otra en la que cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación, con plenitud de jurisdicción precisara cuáles son los elementos del cuerpo del delito de USO INDEBIDO DE DOCUMENTO previsto y sancionado por lo dispuesto en el artículo 271 del Código Penal del Estado de Sinaloa, los analice todos y en forma destacada señalara con qué pruebas se encuentra acreditado cada uno de ellos -valorando de forma puntual cada una de ellas- y, de la misma forma, determinar lo conducente en lo relativo a la probable responsabilidad penal del aquí peticionario del amparo en su comisión. Lo anterior subsanando el vicio de congruencia externa advertido, por lo cual, la resolución cumplimentadora debía emitirse respetando los principios de congruencia y exhaustividad. Pues bien, en auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, quedó firme la sentencia por no haber sido recurrida por las partes y se requirió a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de la misma. En este contexto, mediante oficio 1209/2019 de treinta de abril del presente año, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, remitió copia certificada de la resolución de treinta de abril del año en curso. Con lo anterior, en proveído de dos de mayo del presente año se dio vista al quejoso con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, quien quedó debidamente notificado del mismo, el nueve de los corrientes. Ahora, tomando en cuenta que se concedió a la parte quejosa Jesús Enrique López Hernández, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la emisora del acto reclamado dejara insubsistente la resolución reclamada, emitiera una diversa, con plenitud de jurisdicción, cumpliendo los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, para lo cual debía precisar los elementos del cuerpo del delito y razonar con qué pruebas se acredita cada uno de ellos; de igual manera debía analizar lo correspondiente a la probable responsabilidad del quejoso; y subsanar la incongruencia externa advertida. En este sentido, el Aquo al dar cumplimiento a la sentencia constitucional, dejó insubsistente la resolución reclamada, emitió una diversa, con plenitud de jurisdicción, en la caula precisó los elementos del tipo, analizó los medios de convicción, subsanó la incongruencia externa y resolvió la controversia. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
Quedan 18 actuaciones en este expediente
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