Jesus Gabriel Gonzalez Blanco

Expediente 151/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
151/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Jesus Gabriel Gonzalez Blanco

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales. En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Ahora del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la sentencia de amparo de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Brenda Elizabeth Cerecer Vega, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: Se pronunciara en relación al desahogo de la pericial caligrafica y grafoscopica de inmediato, de forma que se impulsara el procedimiento en el juicio laboral, sin soslayar lo que determinó en la audiencia de veintidós de enero de dos mil dieciséis, y así pueda rebasar el periodo de desahogo de pruebas, pues sólo de esta manera se podrá restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado; por lo que deberá tomar las medidas que estén a su alcance para lograrlo. El diez de marzo de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito, sin necesidad de requerir a la autoridad responsable por su cumplimiento, en virtud de que por auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, se había reservado proveer respecto del cumplimiento dado por parte de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con domicilio en esta ciudad, a la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictada en el presente sumario, hasta que causara ejecutoria, por lo que en ese acto se dio vista a la parte quejosa con lo manifestado por la autoridad de mérito, por el término de tres días, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo éste Juzgado de Distrito resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en el expediente y datos aportados por la responsable. Con motivo del Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se suspendió el término que se le había otorgado a la parte quejosa en proveído de diez de marzo del año próximo pasado, para que desahogara la vista; por lo que el dieciocho de agosto de dos mil veinte, de conformidad con los artículos 1° y 2°, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión decretada y se reanudó el procedimiento constitucional; agregándose en ese acto nuevamente oficio remitido por la responsable donde informaba el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo, por lo que de nueva cuenta se dio vista a la quejosa con el apercibimiento que en caso de no hacerlo éste Juzgado de Distrito resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en el expediente y datos aportados por la responsable. El veinticinco de agosto de dos mil veinte, se tuvieron por hechas las manifestaciones en los términos que indicó el autorizado de la parte quejosa, las cuales serían valoradas en el momento procesal oportuno. En diez de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado realizó un estudio detallado en base a las manifestaciones del quejosa y a los elementos y datos aportados en el expediente, por lo que consideró que no se había cumplido el fallo protector, por lo que se requirió a la Junta responsable, por el término de tres días, con el apercibimiento de en caso de no hacerlo se le impondría una multa equivalente a lo que resulte de sumar CIEN unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 192 y 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En atención a lo anterior, la Junta responsable emitió un acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, donde señaló las diez horas del veintiuno de enero de dos mil veintiuno, para el desahogo de las pruebas periciales caligrafoscópicas, aportadas por las partes en el juicio laboral de origen, por lo que, se estimó que la responsable incurría en defecto en el cumplimiento del fallo protector, ya que dicha data excedía el plazo de diez días establecido en el artículo 884, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, requiriéndosele en ese acto, para que dejara sin efectos la hora y fecha señaladas para el desahogo del referido medio de convicción, y procediera de inmediato programar una nueva, dentro del plazo de diez días que señalada el artículo 884, fracción II de la Ley Federal del Trabajo. Además, se le apercibió de nueva cuenta con imponérsele una multa equivalente a lo que resulte de sumar CIEN unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 192 y 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Luego, en cumplimiento a dicho requerimiento la Presidenta de la Junta en comento, informó por oficio 755, recibido el cuatro de noviembre de dos mil veinte, que fijó las diez horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre del citado año, para el desahogo de las multicitadas probanzas. De nueva cuenta, por oficio 974 recibido el dos de diciembre de dos mil veinte, indicó los impedimentos que tuvo para llevar a cabo el desahogo de las pruebas pericial grafoscópica aportada por la parte actora y que es materia de la listis constitucional, señalando de nueva cuenta dia y hora la el desahogo de las mismas, a saber, las diez horas con treinta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Posteriormente, envió oficio 0063 donde informó nuevamente el impedimento que tuvo para llevar a cabo el desahogo de las pruebas aportadas por la parte actora y la parte demandada, señaladon las diez horas con treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, para su desahogo. En auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito presentado por la autorizada de la parte quejosa, donde informó que no se había llevado acabo el desahogo de la prueba pericial grafoscópica, aportada por la parte actora, en el juicio laboral J.E.No. 2-06-349/2015 del que deriva este amparo, misma que estaba programada para las diez horas con treinta minutos del veintiocho de enero del año en curso; lo anterior, dado que la licenciada Patricia Apodaca Quintero, en su carácter de Directora Regional de Investigación Pericial, Zona Norte, adscrita a la Fiscalía General del Estado, le hizo saber que no le era posible nombrarle perito a la parte accionante en ese juicio -aquí quejosa- en materia grafoscopica, toda vez que se encontraba saturada de trabajo y, por las solicitudes periciales, los peritos especialistas en la materia estaban cargados de trabajo. En atención a dicha manifestación, se observó que la Directora Regional de Investigación Pericial, Zona Norte, adscrita a la Fiscalía General del Estado, de esta ciudad, le resultaba el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento, por lo que se le requirió, a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación, informara el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, esto es en el sentido de que dicha dependencia brindara el auxilio a la autoridad responsable laboral, en el deshogo de la pruebas pericial caligrafoscópica y designara perito a la parte actora en el juicio laboral J.E.No. 2-06-349/2015, ello en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento de en caso de no hacerlo se le impondría una multa equivalente a lo que resulte de sumar CIEN unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 192 y 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Reinteradamente, la Junta responsable emitió oficio 1109, recibido por este juzgado el nueve de febrero de dos mil veintiuno, donde informó el impedimento que tuvo para llegar a cabo el desahogo de las pruebas periciales. En auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibidos los oficios de la Presidenta de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa y por la autoridad vinculada con el cumplimiento Directora Regional de Investigación Pericial, Zona Norte, adscrita a la Fiscalía General del Estado, donde informaban los trámites realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en el sentido de que en el juicio laboral J.E.No.2-06-349/2015 de origen mediante oficio 1144/2021 la Licenciada Rosa Patricia Quintero Apodaca - Directora Regional de Investigación Pericial, Zona Norte- ha proporcionado a la Licenciada Everlin Guadalupe Manzanarez Hernández, como perita en materia de grafoscopía, de la parte actora, aquí quejosa. Asimismo, que dicha experta ya compareció ante dicha autoridad laboral a la aceptación y protesta del cargo, lo que se corrobora con la copia certificada de la constancia respectiva, que forma parte de la documentación anexa al oficio; de igual manera, de esa copia certificada se deriva que por medio de acuerdo emitido el dieciséis de febrero del dos mil veintiuno, en el juicio laboral, se señalaron las diez horas con treinta minutos del diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, para que tenga lugar el desahogo de la citada prueba pericial en materia de grafoscopía, allegada por las partes. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna este Juzgado resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, por lo que la autorizada de la parte quejosa presentó escrito el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, donde realizó diversas manifestaciones con relación a la vista ordenada en nueve de marzo en curso. Por último, por oficio 1490 la junta responsable hizo del conocimiento de este órgano, que tuvo por recibido el oficio 1889/2021, emitido por la licenciada Everlin Guadalupe Manzanarez Hernández, perito en materia grafoscopia de la parte actora en el juicio laboral, donde le expresó el impedimento que tuvo para rendir el peritaje que le fue encomendado, esto es, ante la incomparecencia de la actora Brenda Elizabeth Cerecer Vega, ante la Unidad de Investigación Pericial Zona Norte, para el día dos de marzo de dos mil veintiuno, fecha que le fue fijada por acuerdo dictado por la junta responsable el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, para la toma de muestra, la cual se hace necesaria para la realización de la prueba pericial materia de la litis. Bajo ese contexto, y toda vez que la autoridad responsable ha realizado diversas acciones tendentes a cumplir con los deberes y obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, puesto que como se evidencia dicha responsable a impulsado el procedimiento laboral en el sentido de que se lleve a cabo el desahogo de la prueba pericial que nos ocupa; consecuentemente, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, dado que ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 192, ambos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta firmado por ********************, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de garantías contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 151/2021-1A; sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado; pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se le impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia, a que se refiere el Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las once horas del treinta de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesado para los efectos de este juicio a la empresa ********************. De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo se comisiona a la actuaria de este juzgado para que emplace a juicio al tercero interesado a través de su representante legal, ********************, quien tiene su domicilio el ubicado en calle Gabriel Leyva Número 416 Norte, Interior 202, Colonia Centro de esta ciudad, debiendo correrles traslado con una copia de la demanda de garantías e informarle la fecha de la celebración de la audiencia en este juicio. Hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como sus autorizados en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados José Guadalupe Gaxiola Valdez y Estanislao Lugo Verdugo. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

  4. Principal

    SE EMPLAZA A JUICIO AL TERCERO INTERESADO TRANSPORTES PITIC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO ADMISORIO DE CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE:Visto el escrito de cuenta firmado por Jesús Gabriel González Blanco, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de garantías contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 151/2021-1A; sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado; pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se le impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia, a que se refiere el Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las once horas del treinta de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesado para los efectos de este juicio a la empresa Transportes PITIC, S.A. de C.V.. De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo se comisiona a la actuaria de este juzgado para que emplace a juicio al tercero interesado a través de su representante legal, Transportes PITIC, S.A. de C.V., quien tiene su domicilio el ubicado en calle Gabriel Leyva Número 416 Norte, Interior 202, Colonia Centro de esta ciudad, debiendo correrles traslado con una copia de la demanda de garantías e informarle la fecha de la celebración de la audiencia en este juicio. Hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como sus autorizados en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados José Guadalupe Gaxiola Valdez y Estanislao Lugo Verdugo. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

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