Jesús Daniel Marín García

Expediente 717/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
717/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Jesús Daniel Marín García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de octubre de dos mil veintiuno. Acuse de recibo. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, a través del cual acusa recibo del oficio 10140 y la documental que se anexó, la cual remitió como sustento de su informe justificado. Se ordena archivo físico. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta de la cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente. En ese orden de ideas, tomando en consideración lo anterior, no obstante que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; sin soslayar que mediante resolución de veintiséis de abril del año en curso se SOBRESEYÓ en este juicio; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que no se formaron. Finalmente, una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Andrés Leyva Mercado Secretario que autoriza y da fe.Dva

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, de la cual se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto promovido por Jesús Daniel Marín García; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Devolución de cuadernos de prueba. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, la documental que remitió como sustento de su informe justificado, consistente en cuatro tomos del duplicado de la causa penal 4/2018; además, se le solicita de atenta manera el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-717/2020, promovido por Jesús Daniel Marín García, por su propio derecho, contra actos del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Jesús Daniel Marín García promovió demanda de amparo, por propio derecho, contra las autoridades indicadas supralíneas, de quienes reclamó el acto que precisó de la siguiente manera: "a) De las autoridades ordenadoras. Reclamo la orden de mantenerme recluido y pretensión de reingresarme a Centro de Reinserción Social para delitos de alto impacto, con domicilio conocido en carretera Morelia-Mil Cumbres, municipio de Charo, Michoacán; lugar en el que se atentó contra mi vida. b) De las autoridades ejecutoras, reclamo el cumplimiento del reingreso al Centro de Reinserción Social para delitos de alto impacto, domicilio conocido en carretera Morelia-Mil Cumbres, municipio de Charo, Michoacán; lugar en el que sufrí el atentado a mi integridad, y en el que de ser reingresado, pudiera sufrir un nuevo atentado y en el que con base a lo acontecido en mi persona no cuenta con los elementos para garantizar que sea privado de la vida.". Actos que la parte quejosa consideró violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de cuatro de noviembre siguiente, se ordenó registrar el escrito inicial como el expediente V-717/2020; se admitió a trámite la demanda que dio génesis al expediente en que se actúa; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad cuya ejecución podría verificarse dentro del territorio en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustran lo anterior, las siguientes tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, son los siguientes: La orden de reingresar al peticionario del amparo Jesús Daniel Marín García, a la misma área del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número 1, donde sufrió un atentado contra su vida por parte de otros reclusos, el cual generó que incluso fuera trasladado a un hospital, para recibir atención médica de urgencia. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su respectivo informe justificado, todas las autoridades señaladas como responsables, excepto el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, negaron la existencia de los actos reclamados. Tales negativas fueron corroboradas con las constancias que integran el expediente que resuelve, de las que se obtiene, en lo que interesa, lo siguiente: Con motivo de la tramitación de la causa penal 4/2018, el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Morelia otorgó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Jesús Daniel Marín García, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, en perjuicio de Luis Alberto Valencia Salcedo y el menor, A.D.V.L., respectivamente. Una vez cumplimentada la referida orden de captura y por considerarse que existían elementos para procesar al ahora peticionario del amparo, éste fue sujetado a proceso penal y se le dejó recluido, preventivamente, en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número 1. El veintisiete de octubre de dos mil veinte, se tuvo noticia de que quejoso Jesús Daniel Marín García sufrió una agresión con arma blanca por otros reclusos del centro penitenciario de mérito. Finalmente, el Jefe del Departamento de Seguridad y vigilancia del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número 1 informó lo siguiente: "1.- La persona privada de su libertad, con fecha 03 de noviembre del 2020 se reubicó del módulo B pasillo C1 estancia 01 al área de ingresos planta baja en la estancia 01, área que es asignada para personas que se encuentran en carácter de nuevo ingreso y es un lugar que cubre los requisitos para garantizar su seguridad, además tiene acceso a cada uno de sus derechos tal y como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 9º apegados en todo momento a los Derechos Humanos, de igual manera en donde se encuentra cuenta con horarios establecidos para realizar llamadas telefónicas, atención médica constante, tiempo de esparcimiento, sus porciones de alimentos y cada uno demás que se requiere. 2.- Dentro del Expediente que obra en esta jefatura a mi cargo, se tiene que: el día 27 de octubre del 2020 otras personas privadas de la libertad le causaron lesiones físicas las cuales ocasionaron el traslado de urgencia al Hospital General Dr. Miguel Silva en la ciudad de Morelia, Michoacán, el cual posteriormente a su regreso el día 03 de noviembre de 2020 quedó en el área antes mencionada siendo ésta el área de ingresos estancia 01 y área en la cual quedó por cuestiones de medidas de seguridad para salvaguardar su integridad debido a los hechos mencionados con anterioridad." Lo expuesto hasta aquí patentiza que, como se adelantó, la orden de reingreso a la misma área del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número 1 no existió; porque, si bien desde el tres de noviembre de dos mil veinte, esto es, incluso antes de que se promoviera la demanda (cuatro de noviembre de dos mil veinte), el peticionario fue reingresado al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número 1; lo cierto es que desde esa misma fecha fue reubicado en un área distinta a aquella en la que sufrió el atentado que provocó que fuera trasladado de urgencia al hospital Doctor Miguel Silva -".área de ingresos planta baja en la estancia 01."-; ello con el único propósito de salvaguardar su integridad física. De hecho, para acreditar tal circunstancia, las autoridades responsables exhibieron los oficios de tres de noviembre de dos mil veinte y de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, ambos signados por el Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia del Centro de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No. 1, de los cuales se desprende precisamente que ".con fecha 03 de noviembre del 2020 se reubicó del módulo B pasillo C1 estancia 01 al área de ingresos planta baja en la estancia 01, área que es asignada para personas que se encuentran en carácter de nuevo ingreso y es un lugar que cubre los requisitos para garantizar su seguridad.". Esto quiere decir, que incluso antes de que este órgano de control constitucional tuviera acceso a la demanda de amparo, la orden de reingreso ya había sido ejecutada, pues desde el tres de noviembre de dos mil veinte, el aquí quejoso ya se encontraba de nueva cuenta recluido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número 1, e incluso actualmente continúa recluido con motivo de la tramitación de la causa 4/2018, del índice del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia de Morelia; sin embargo, no se materializó en los términos planteados por el quejoso, porque en ningún momento se le reingresó en la misma área en la que se atentó contra su vida, sino que desde su reingreso fue ubicado en un área distinta, se insiste, con el único propósito de salvaguardar su integridad. Cabe señalar que, aun cuando se dio vista al quejoso con las constancias aportadas por las responsables, el quejoso en ningún momento objetó el contenido de tales documentos, mucho menos aportó pruebas para acreditar que su reingreso se llevó a cabo en la misma área del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número 1, donde se atentó contra su vida. En tal virtud, por no existir el acto reclamado; en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio respecto de aquellas actuaciones. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en contra de los actos combatidos. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708." CUARTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Daniel Marín García, por su propio derecho, contra actos del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán y otras autoridades, por las razones expuestas en el considerando TERCERO. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia, quien actúa asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe. Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-717/2020 promovido por Jesús Daniel Marín García, contra actos del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio no existe tercero interesado, Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por el Director del Centro de Reinserción Social para Delitos de Alto Impacto de Charo, Michoacán, el Juez Segundo de primera Instancia en Materia Penal en esta ciudad y el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales que las autoridades responsables adjuntaron como sustento de su informe justificado, pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. GERARDO ORTIZ PÉREZ DE LOS REYES SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ALFREDO MONTOYA REVILLA

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