Jesus Ernesto Castro Vidaca
Expediente 840/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesus Ernesto Castro Vidaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia dictada por este juzgado el trece de enero de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que ésas fueron notificadas, el catorce siguiente, quedando comprendido dicho plazo del catorce al veintiocho de enero del año en curso. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en vigor por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el mismo.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, siendo las catorce horas del trece de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga lugar esta audiencia constitucional, el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Miriam Suheid Flores Osuna, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el módulo "Agenda vista a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya solicitado cita para comparecer a esta audiencia. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias de autos: escrito inicial de demanda presentado vía juicio en línea el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, auto admisorio de veintiséis de los propios mes y año e informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad. Acto seguido, el Juez acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de referencia. Abierto el periodo de pruebas: la Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por las partes. Acto seguido, el Juez acuerda: con apoyo en lo dispuesto por el precepto 119 del ordenamiento legal en cita, se tienen admitidos y desahogados los anotados medios de convicción, los que serán tomados en consideración en su oportunidad, con lo que concluye la presente fase. Abierta la etapa de alegatos: la secretaria da hace constar que las partes no hicieron uso de este derecho; por tanto, se cierra dicha etapa. No habiendo diligencia pendiente que desahogar, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar resolución. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 840/2021-V-2, promovido por Jesús Ernesto Castro Vidaca, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito inicial de demanda presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, Jesús Ernesto Castro Vidaca solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, que estimó violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que hizo consistir en la omisión de impulsar el procedimiento del Incidente de Resolución de Litigio en su Integridad, promovido dentro del juicio de tramitación especial de divorcio radicado con el número de expediente 1806/2020, ante el juez responsable. SEGUNDO. Admisión. Correspondió conocer de la demanda de amparo, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, y en acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se registró con el número expediente 840/2021-V-2 y se admitió a trámite; asimismo, se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe con justificación y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención que le compete. Seguido el juicio por sus trámites, la audiencia constitucional dio inicio al tenor del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; así como, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclama un acto que no tiene ejecución material, al ser omisivo, por lo que este órgano jurisdiccional es competente para conocer del mismo a prevención. SEGUNDO. Fijación de la litis. Antes de establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se estima necesario fijar en forma clara y precisa el planteamiento de impugnación que formuló la parte quejosa en su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y los criterios contenidos en la jurisprudencia P./J.40/2000 y la tesis P.VI/2004 sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abril de 2000 y 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, de la cuestión planteada en la demanda de amparo materia de estudio, se desprende que la parte quejosa la hizo consistir en la omisión de dar curso al procedimiento del Incidente de Resolución de Litigio en su Integridad, promovido dentro del juicio de tramitación especial de divorcio radicado con el número de expediente 1806/2020, ante el juez responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados, además, en aplicación del criterio contenido de la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página sesenta y ocho, Tomo setenta y seis, Abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". La autoridad responsable al rendir su informe negó la existencia de los actos que por esta vía se le reclaman; sin embargo dicha negativa se desvirtúa con las documentales que remitió, las cuales revisten de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis XX. 303 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, enero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR." CUARTO. Procedencia de la acción constitucional. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio la advierta quien esto resuelve e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia II.1°.J./5, mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Sentado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: En primer término los numerales de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.) "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;(.)" De las porciones normativas antes transcritas, se colige que la causa de improcedencia denominada cesación de efectos, consiste en que, una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que en él se reclama hayan dejado de existir con motivo de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo emitió, y que, por tanto, ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica de la parte quejosa. Ahora, de las constancias allegadas por la responsable, relativas al juicio de origen del cual deriva el acto reclamado, se advierte dentro de lo que interesa que el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno el aquí quejoso, promovió Incidente de Resolución del Litigio en su Integridad ante el juez de origen. Sin embargo, el quejoso se duele en su demanda de amparo de que el juez responsable ha sido omiso en tramitar dicha incidencia y por ende de resolverla. Tal es el caso, que el incidente de que se trata, fue admitido en fecha posterior a la presentación de esta demanda, es decir, el aludido incidente se admitió a trámite mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y se ordenó correr traslado a la parte demandada en el juicio de origen Paula Yesenia Jara Peraza, con el escrito de la demanda incidental, concediéndole un término de tres días para dar contestación a la misma, apercibida que de no hacerlo, se le declararía en rebeldía; asimismo señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y en caso de no hacerlo, las subsecuentes se le harían por medio de lista que se fijé en los estrados de ese juzgado. Luego mediante diligencia de veintitrés de noviembre del año próximo pasado, la Actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de este Distrito Judicial, hizo constar que se constituyó en el domicilio de la parte demandada, a efecto de notificarle el proveído dictado el diecinueve de los referidos mes y año, sin embargo el domicilio se encontraba cerrado sin que nadie atendiera su llamado, por lo que le fue imposible realizar la aludida notificación; por tal motivo en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el juez responsable, a fin de dar impulso al litigió planteado y en obvias de dilaciones procesales, ordenó nuevamente la notificación personal a la parte demandada en el juicio de origen, por lo que deviene inconcuso manifestar que la responsable si bien a la fecha de presentación de la demanda era omisa en proveer lo relativo al incidente planteado, con posterioridad la admitió a trámite y continúa con el respectivo procedimiento. De ahí que se estime que, los actos reclamados en la demanda de amparo cesaron en sus efectos, por la razón antes descrita. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CL/1997, visible en el Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Página 71, Noviembre de 1997, por identidad de razón, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del rubro y tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de que la fracción XVI del artículo 73, de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Así también, tiene aplicación en la especie, por los propios motivos, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atendiendo a lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos reclamados a las preindicadas autoridades. Finalmente, hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública. Toda vez que las partes contendientes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyeran en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en que se les hizo de su conocimiento de tal circunstancia; por tanto, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 1, fracción I, 69 a 78, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Ernesto Castro Vidaca, contra los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente determinación. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en el considerando quinto de esta resolución.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte el proveído de veinte de los cursantes, en el que se proveyó el informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad; en consecuencia para dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del aludido informe, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada hoy SE DIFIERE, a fin de que tenga verificativo a las TRECE HORAS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2000, resuelta en contradicción de tesis 29/98-PL, 15 de febrero de 2000, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Sin que el criterio invocado sea contrario al actual texto de la Ley de Amparo, por lo que puede ser aplicado al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que ésta se expidió.
- Principal
De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexa la autoridad oficiante, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo.
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