Jesus Ernesto Castro Vidaca

Expediente 716/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
716/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Jesus Ernesto Castro Vidaca

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que la parte promovente de amparo, recurrió el auto de uno del mes y año en curso, en el que se desechó de plano la demanda constitucional, dictado por este juzgado, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo. Esto considerando que la parte promovente fue notificada el dos de septiembre de la presente anualidad, quedando comprendido dicho plazo del seis al diez de los que cursan. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Fernando Ramos Martínez, por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de la menor con resguardo de identidad de iniciales A.V.C.J., contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el expediente 716/2021-I Improcedencia De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. La parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. Lo constituye la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de este distrito judicial, el día 22 de julio del año en curso, en el expediente 1806/2020, seguido en la vía de tramitación especial de divorcio sin expresión de causa (divorcio unilateral) promovido por el ciudadano JESUS ERNESTO CASTRO VIDACA en contra de la ciudadana PAULA YESENIA JARA PERAZA, en su resolutivo quinto y sexto, al dejar subsistentes las medidas provisionales decretadas en el expediente antes citado, en términos del considerando V de dicha resolución. (.)". Expuesto lo anterior, cabe precisar que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra justificado por el hecho de que la parte solicitante del amparo no agotó, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio constitucional. Cierto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, que es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, virtud al ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, como se adelantó, el quejoso reclama una parte de la resolución definitiva dictada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, en el juicio de tramitación especial de divorcio 1806/2020 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, en la que, por una parte, se decretó la disolución del vínculo matrimonial que lo unía con Yesenia Jara Peraza, y por otro lado, se aprobaron diversas cláusulas del convenio presentado y se declaran subsistentes las medidas provisionales decretadas en ese expediente, dejando a salvo el derecho de las partes para incidentalmente resuelvan las oposiciones. Al respecto debe tenerse presente lo dispuesto en los artículos 140, 376 y 413 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, que establecen lo siguiente: "Artículo 140. Para los efectos de este Código, las resoluciones judiciales se clasifican en la forma siguiente: I. Proveídos: cuando son simples determinaciones de trámite sin que impliquen impulso u ordenamiento del procedimiento; II. Autos: cuando se trate de resoluciones que ordenen o impulsen el procedimiento, o de los que se pueden derivar cargas o afectar derechos procesales; III. Sentencias interlocutorias: cuando resuelvan algún incidente, alguna cuestión previa o bien, deciden algún punto procesal que implique contradicción entre partes, y IV. Sentencias definitivas: cuando deciden el fondo del asunto a debate. Los proveídos podrán ser revocados por el juez que los dicte y los autos igualmente, salvo que el presente Código disponga que procede otro recurso o que no son recurribles." "Artículo 376. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicte. Los autos que no sean apelables y los proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto, salvo que este Código expresamente disponga que no sean recurribles." Artículo 413. (.) La resolución por la que se decrete la disolución del vínculo matrimonial, no admite recurso alguno. (.)." De los dispositivos transcritos se obtiene que: i) la resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonial, no admite recurso alguno y ii) los autos que no sean apelables y los proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto. Sobre el tema particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 180/2011 entre las sustentadas por el Cuarto y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, estableció criterio mismo que resulta orientador al caso, dada la identidad legislativa que rige el procedimiento ahí examinado y el señalado en el Código Familiar para el Estado de Sinaloa. Criterio anterior, del que se obtiene que el juicio de divorcio sin expresión de causa, en principio, tiene como objeto inmediato la disolución del vínculo matrimonial, de manera que basta la voluntad de uno de los cónyuges para que sea procedente, con la finalidad de evitar que las partes tengan que seguirse sometiendo a procedimientos contenciosos para el solo efecto de obtener la disolución de dicho vínculo. Lo anterior, en el entendido de que facilitar el divorcio no conlleva al incumplimiento o descuido de las obligaciones derivadas del matrimonio, de manera que, la simplificación del proceso de divorcio no implica en forma alguna relevar a las partes del cumplimiento estricto de las obligaciones derivadas del matrimonio, y sin menoscabo de los derechos que consagra la ley. En ese tenor, existe una distinción entre el procedimiento para la disolución del vínculo matrimonial del procedimiento para resolver lo relativo a las obligaciones inherentes a este, de manera que la disolución del vínculo por sí sola no debe ser objeto de controversia, motivo por el cual dicha resolución no debe estar sujeta a la apelación; sin embargo, el mismo tratamiento no es aplicable a la resolución de las controversias que surjan en relación con las obligaciones inherentes al matrimonio. Así, si bien es cierto que la simplificación del procedimiento para obtener la disolución del vínculo matrimonial implica la prohibición de que dicha resolución sea apelable, también lo es que ello no ocurre respecto de la resolución de las obligaciones inherentes al vínculo matrimonial, puesto que existe la posibilidad de controversia respecto de los temas relativos a los bienes, los hijos, los alimentos, el pago indemnizatorio, el daño moral, entre otros; de manera que es posible impugnar las resoluciones relativas a dichos temas. Luego entonces, si se toma en cuenta que en el juicio de divorcio sin expresión de causa el auto que disuelve el vínculo matrimonial no resuelve las controversias que se presenten en relación con las obligaciones inherentes al matrimonio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que las resoluciones que no guarden relación con la disolución del vínculo matrimonial deben ser recurribles; de otra manera, el procedimiento previsto para dirimir dichas controversias no podría ser un instrumento idóneo, pues se privaría a las partes de la posibilidad de inconformarse con tales determinaciones, y de hacer notar a la autoridad cualquier error en que haya incurrido en el dictado de las mismas, lo cual no es congruente con la finalidad perseguida en dicho procedimiento. Además, de no permitirse la impugnación de cualquier auto o resolución que ponga fin a una controversia sin decidir el fondo de la misma, podrían quedar sin resolverse ciertas determinaciones que, por su materia, resultan de suma importancia, ya que atañen a cuestiones relacionadas a los bienes, los hijos, los alimentos, el pago indemnizatorio, el daño moral, entre otros, lo que no se justificaría que quedaran sin análisis. Máxime que en nuestro derecho procesal rige el principio de impugnabilidad de los actos, conforme al cual sólo de manera excepcional se debe considerar irrecurrible una determinación judicial, cuando la ley establece expresamente que no es impugnable, como sucede en el caso de la resolución que disuelve el vínculo matrimonial. En ese mismo tenor, si el legislador hubiese querido limitar la impugnación de las resoluciones relativas a las cuestiones inherentes al vínculo matrimonial, lo habría podido establecer de manera expresa. El criterio del que se dio noticia, se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 120/2012 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 709, cuyo rubro es el siguiente: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES." Sentado lo anterior, es menester señalar que tal como quedó precisado en párrafos precedentes, el artículo 413 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, establece que la resolución por la que se decrete la disolución del vínculo matrimonial, no admite recurso en su contra; sin embargo, ello no es impedimento para que las partes contendientes puedan controvertir los diversos puntos examinados en el fallo correspondiente e inherentes a las obligaciones deducidas del vínculo matrimonial y que no tengan como propósito inmediato debatir dicha disolución, como ocurre en el caso. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.9o.C.186 C del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 1319, de rubro y texto siguientes: "DIVORCIO INCAUSADO. LAS DECISIONES ADICIONALES DICTADAS EN LA SENTENCIA QUE LO DECRETA SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, Y POR TANTO, DEBE AGOTARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Por regla general, cuando los cónyuges no concilian sus intereses mediante los convenios propuestos, de conformidad con el artículo 287 del Código Civil para el Distrito Federal, el Juez decretará el divorcio y dejará a salvo los derechos de los contendientes para que los diriman en la vía incidental; la declaración de divorcio resuelve en forma definitiva ese aspecto de la litis natural, que al ser irrecurrible en términos del artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe ser impugnada en amparo directo, acorde con la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 137/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril de dos mil diez, página ciento setenta y cinco, de rubro: "DIVORCIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DEL CONVENIO PARA REGULAR LAS OBLIGACIONES QUE PERSISTEN DESPUÉS DE DISUELTO EL MATRIMONIO, EL JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR AQUÉL Y RESERVAR PARA LA VÍA INCIDENTAL LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008)."; sin embargo en la práctica, los Jueces de lo familiar en el Distrito Federal al decretar el divorcio suelen emitir pronunciamientos en forma provisional, sobre temas relacionados con la disolución del matrimonio, tales como alimentos, guarda y custodia, posesión de bienes, entre otros, cuyas decisiones no son, por un lado, definitivas y, por otro, no están pronunciados en el trámite incidental a que se refiere el numeral citado en primer término; en ese orden, si no es una sentencia definitiva, porque no resuelven el fondo de esas medidas, ni le pone fin al juicio, entonces son impugnables en amparo indirecto; y para la procedencia de ese medio extraordinario de impugnación debe atenderse al principio de definitividad, consistente en haber agotado el recurso de revocación a que se refiere el artículo 685, segundo párrafo, del código procesal en cita, porque procede en contra de todo tipo de resoluciones sin hacer distinción alguna, cuando la sentencia no sea apelable, por lo que es evidente que comprende todo tipo de determinación, aun cuando se dicten en la sentencia que decretó el divorcio, si se trata de actos jurídicos distintos o independientes a la disolución del vínculo matrimonial, siempre que sean decisiones de carácter provisional, como alimentos, guarda y custodia, preservación de bienes, ocupación del domicilio, etc. No es obstáculo a lo anterior, que en la misma sentencia el Juez haya resuelto lo relativo a la disolución del vínculo matrimonial, pues si bien la sentencia como acto jurídico es indivisible, no lo es como documento, dado que éste representa la solución que el juzgador da a determinado problema jurídico, y puede contener diversos pronunciamientos independientes, y no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera destacada en la vía y términos procedentes, acorde con la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 17/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página ciento cuarenta y tres, de rubro: "GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES."; pues aun cuando ésta se refiera a las condenas en gastos y costas en materia mercantil y de liquidación de intereses, decretadas en una sola sentencia, lo cierto es que se partió de la base de que la resolución, en sentido amplio, es divisible como documento mas no como acto jurídico, y aquél representa la solución que el juzgador dé a determinado problema jurídico, sin hacer distinción en cuanto a que se trate de una sentencia definitiva, de un auto o de una interlocutoria. De ahí que si en la sentencia reclamada el Juez realizó dos pronunciamientos independientes, como fueron la disolución del vínculo matrimonial y la fijación de medidas provisionales, y si el quejoso únicamente se duele en contra de esas medidas, entonces, deben combatirse mediante el recurso de revocación, previamente al juicio de amparo indirecto. Lo anterior no significa que exista división de la continencia de la causa, ya que la disolución del vínculo matrimonial y cualquier medida provisional son dos actos jurídicos diversos expresados en un mismo documento." En ese sentido, el quejoso antes de acudir a esta instancia, debió hacer valer el recurso de revocación de que se trata, por ser el medio idóneo de defensa, únicamente en lo que respecta a los puntos controvertidos distintos a la declaración del divorcio, y que impugna en esta vía constitucional. En conclusión, como puede verse, los numerales transcritos en líneas que anteceden establecen que las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicte; sin embargo, prevén que el recurso de revocación procede contra los autos y proveídos contra los que no pueda hacerse valer diverso medio de impugnación o que el propio código adjetivo catalogue como irrecurrible. De lo que se obtiene que la parte relativa de la sentencia, que aquí impugna, es susceptible de impugnación mediante recurso de revocación, en términos del citado artículo 376 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, dado que se trata de un proveído que dicho ordenamiento legal no establece que sea recurrible mediante el recurso de apelación o uno diverso, y tampoco prevé que sea una determinación irrecurrible. Es aplicable por las razones que lo informan, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicado en la página seiscientos setenta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, correspondiente a la Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Por lo anterior, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Jesús Ernesto Castro Vidaca, por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de la menor con resguardo de identidad de iniciales A.V.C.J. Domicilio y autorizados. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Manuel Buendía número 1-B, Colonia Libertad de Expresión, en esta ciudad; y para tal efecto en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, como autorizados los licenciados Cristino Humberto Corrales Delgado y Leydy Gabriela Vega Gutiérrez, quienes tienen sus cédulas profesionales 1772399 y 28900263, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Uso de medios electrónicos Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Integración del expediente electrónico Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario encargada del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Autorización de copias Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. Devolución de documentos Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Ingreso a las instalaciones En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.

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