Jesús Ernesto Carrillo Torres

Expediente 794/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
794/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Jesús Ernesto Carrillo Torres
  • Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que el promovente recurrió el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de garantías, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado en la propia fecha, quedando comprendido dicho plazo del veintidós al veintiocho de los propios mes y año. En consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó de plano la demanda de garantías.

  2. Principal

    REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 794/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda de amparo y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6. Por consiguiente y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que en la especie se surte la prevista en el ordinal 61, fracción XVII, del propio cuerpo normativo. En ese contexto, uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el de "definitividad", que se traduce en que, antes de acudir a la vía constitucional, es necesario que contra el acto reclamado se haga valer el recurso o medio de defensa ordinario establecido en la ley que lo regula, a fin de obtener la modificación o revocación del mismo. Hechos los acotamientos anteriores, se estima que en la especie se configura la hipótesis de improcedencia a que se hizo alusión, en virtud de que el acto reclamado por el solicitante de la protección constitucional, consiste en el acuerdo dictado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, en el juicio familiar por pérdida de la patria potestad 1140/2019, en el que se señalaron las nueve horas del dieciséis de diciembre del año en curso, a fin de que los menores con resguardo de identidad A.C.R.; K.C.R. y K.C.R., emitan su opinión y expresen libremente su sentir en el citado sumario. En ese contexto, las diligencias realizadas por los jueces de lo familiar dirigidas a conocer el verdadero sentir de los infantes en las contiendas que los involucran de manera inmediata para resolver situaciones de hecho que se relacionan con guarda y custodia, patria potestad y convivencia -como ocurre en el caso- no constituyen mecanismos probatorios, sino providencias necesarias para resolver la controversia atendiendo a lo que les beneficie en mayor medida. Por consiguiente, al auto que señala fecha para el desahogo de la aludida entrevista, no le es aplicable la regla prescrita en el artículo 235, último párrafo, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, que indica que contra el proveído que desecha una prueba, procede la apelación cuando sea apelable la sentencia en lo principal, sino la hipótesis contenida en el arábigo 376 del citado ordenamiento legal, el cual establece que los acuerdos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto, salvo que dicho código expresamente disponga que no sean recurribles.

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