Jesús Emanuel Rojas López

Expediente 888/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
888/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Jesús Emanuel Rojas López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintidós, mediante la cual SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que SE NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Por otra parte, toda vez que se tuvo a la autoridad responsable, Oscar Luis Lozada Hernández, Juez de Control y Enjuiciamiento Comisionado del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIV Distrito Judicial, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, adjuntando a su informe de ley un disco de videograbación y diversas constancias con las que se ordenó formar un tomo de pruebas, y dado que con este proveído queda concluido el presente asunto; en consecuencia, devuélvanse dichas constancias a su lugar de origen, en razón de que resulta innecesario la subsistencia de las mismas, solicitándole el acuse de recibo correspondiente

  2. Principal

    TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz, así lo manifestó en su respectivo informe con justificación. Lo que se corrobora con el contenido del disco versátil digital, que tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, consultable en la página 703, del Libro XXIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Causa de improcedencia. En este asunto no se hacen valer causas de improcedencia ni de oficio se advierte la actualización de alguna, por lo cual se procede al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados; lo anterior de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Son ineficaces los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se advierta queja que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En primer término, por cuestión de técnica jurídica se analiza el concepto de violación que se dirige a combatir cuestiones procesales, pues la parte quejosa alega que se viola en su perjuicio el artículo 20 constitucional, porque en el juicio de amparo 376/2020 y su acumulado 377/2020, del índice de este Juzgado, se concedió el amparo para el efecto de que se repusiera el procedimiento y se otorgara el plazo completo para resolver su situación jurídica, porque faltaban veintisiete horas, con veinte minutos; en este punto, el quejoso combate que el juez no reparó esa infracción procesal, ya que no pudo preparar su defensa, pues ofreció como pruebas las entrevistas de los policías aprehensores y testigos de cargo a la continuación de la audiencia y no comparecieron. Agrega que la autoridad responsable viola en su perjuicio dicha actuación procesal, porque al reponerse el procedimiento, con el objeto de otorgarle el plazo restante para resolver su situación jurídica, una vez que venció el plazo el juez de control no lo dictó dentro el término constitucional, ni lo comunicó al Centro penitenciario, por lo que se le debió dejar en libertad. Lo expuesto a ese respecto resulta jurídicamente inoperante, toda vez que constituyen aspectos relativos al cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de amparo 376/2020 y su acumulado 377/2020, del índice de este Juzgado. Es así, pues en el juicio de amparo 376/2020 y su acumulado 377/2020, se concedió el amparo para el efecto de que la responsable otorgara de manera completa el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver el plazo constitucional, realizara los trámites necesarios para recabar los medios de prueba que ofreció el imputado, y resolviera lo que considerara pertinente, con la precisión de que debía quedar subsistente la primera audiencia, la declaración del imputado y del diverso testigo de descargo Francisco Eduardo Rojas López, que ofreció la defensa. Por tanto, en cumplimiento a dicha ejecutoria, el juez de control notificó a las partes la continuación del procedimiento; giró los oficios y citas para que comparecieran los testigos que solicitó la defensa, y fijó como fecha para la celebración de la continuación de la audiencia el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. El día de la citada audiencia, el juez responsable individualizó a las partes, fiscalía, defensores e imputados, se cercioró de que los citados testigos fueron debidamente notificados para asistir a la audiencia, sin embargo, le dieron cuenta secretarial de que no comparecieron a pesar de que dichos testigos estaban notificados para ello; después, dio la oportunidad a la defensa de contestar la imputación, cerró el debate y dictó el plazo constitucional, en el que vinculó a proceso al imputado por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado. De lo anterior se concluye que el concepto de violación en estudio resulta jurídicamente inoperante, ya que en este juicio de amparo no resulta procedente estudiar aspectos relativos al cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de amparo 376/2020 y su acumulado 377/2020, del índice de este Juzgado, como son los relativos a que no se le otorgó el plazo completo de ciento cuarenta y cuatro horas (144 horas), o que el juez rebasó dicho plazo y no se lo notificó al Centro de Reinserción, y que al reponerse el procedimiento no se logró citar a los testigos para que comparecieran a la continuación de la audiencia, en ese término otorgado. En lo conducente, se invoca como apoyo, por similitud jurídica, la tesis XVI.1o.A.37 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, correspondiente al mes de Julio de dos mil diecinueve, Tomo III, página dos mil ciento siete, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EN UN SEGUNDO JUICIO SE PLANTEA QUE LA EJECUTORIA PRIMIGENIA NO ESTÁ DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA. En el ámbito de la aplicación de la abrogada Ley de Amparo, con motivo del cumplimiento de una sentencia dictada en amparo directo, surgían tanto aspectos propios del juicio -en libertad de jurisdicción- como de aquellos que podían ser materia de impugnación, vía el recurso de queja -cumplimiento por exceso o defecto de la sentencia-. Así, por razones de economía se estudiaban en una sola sentencia, esto es, en la dictada en el segundo amparo directo. Sin embargo, la actual Ley de Amparo tiene, por cuanto ve a esa situación, una regulación diferente: a) la derogación de la institución de la queja por defecto o exceso en el cumplimiento de la sentencia; b) la instrumentación de la vista en el cumplimiento dado por la autoridad responsable; c) la obligación del juzgador de pronunciarse respecto a que ese cumplimiento sea exhaustivo -sin defectos ni excesos- y congruente con lo ordenado en la ejecutoria de amparo; y, d) la posibilidad de impugnar la declaratoria de cumplimiento de la sentencia, por medio del recurso de inconformidad. En estas condiciones, ya no es factible que en un nuevo juicio de amparo directo se puedan estudiar aspectos que son propios del acuerdo de cumplimiento de la sentencia, como lo son el exceso o el defecto que se le atribuye a la responsable, pues en caso de que no se hayan controvertido adquirirán firmeza y, si fueron materia de impugnación mediante el recurso de inconformidad, entrarían en el ámbito de la cosa juzgada. Por tanto, si el quejoso considera que la ejecutoria de amparo directo no está debidamente cumplimentada, es necesario que interponga el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo y, si no lo hace, la declaratoria de cumplimiento adquiere firmeza; de ahí que los conceptos de violación relativos, formulados en el segundo juicio, son inoperantes." Por otro lado, el quejoso manifiesta, en sus conceptos de violación, que el auto de vinculación a proceso no se encuentra fundado ni motivado, por lo que se viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional. Lo expuesto a ese respecto resulta infundado, dado que, contrario a lo que señala el impetrante, el auto de vinculación a proceso sí se encuentra fundado y motivado, en acato a la garantía de legalidad establecida en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé: "Artículo. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." En relación con ello, es pertinente destacar que por fundamentación debe entenderse que el acto de autoridad se sustente en una disposición normativa de carácter general, que la ley prevea una situación concreta para lo cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, en otras palabras, que exista una ley que así lo autorice, pues las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por su parte, motivar el acto de autoridad es indicar las circunstancias y modalidades del caso particular por las que se considere que los hechos encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley; así, la motivación legal implica la justificación relativa a la adecuación entre la norma general fundatoria del acto y el caso específico en que éste va a surtir sus efectos. En ese entendido, para que una autoridad cumpla con la fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirven de apoyo y expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata encuadra en los supuestos de la norma invocada. En lo conducente, se invoca como apoyo la jurisprudencia 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y seis, Tomo VI, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas" En el caso, la resolución que se combate se encuentra fundada, pues el juez responsable, en principio, citó los artículos 259, 265, 319, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 19 Constitucional, que prevén la competencia y la forma del procedimiento oral, así como las reglas de valoración de los datos de pruebas; también invocó los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren al delito de secuestro agravado, por el cual se le dictó vinculación al quejoso. Además, dicha resolución se encuentra motivada, porque el juez de control expresó las razones que lo llevaron a concluir que se encuentran acreditados los presupuestos constitucionales del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, así como la probable responsabilidad del quejoso, esto es, expuso de manera clara la valoración de los datos de pruebas, y concluyó que a la víctima se le privó de la libertad, para obtener un rescate, que fue realizado por un grupo de personas quienes causaron violencia. En efecto, los preceptos del delito de secuestro que citó el juez de control establecen: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio." "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia." De esa descripción legal, el juez de control derivó los siguientes elementos: 1. Que un sujeto activo prive de la libertad a otro con la finalidad de obtener un rescate. 2. Que se realice en un camino público o desprotegido o lo lleven en grupo de dos o más personas y se ejecute violencia en la víctima (agravante). Después, la responsable tomó como base para fundamentar y motivar su resolución los siguientes hechos: - El veintitrés de enero de dos mil veinte, a las diecinueve horas, la víctima de identidad resguardada 091/2020, se encontraba acompañada con otra persona, el testigo de identidad resguardada 092/2020, en las afuera de un salón de eventos que se ubica en la calle Miguel Alemán, Colonia San José en Fortín de las Flores, Veracruz, fue citado por una persona de nombre Susana, quien le solicitó sus servicios, porque se dedica a coordinar eventos. - Que en lugar arribó una camioneta tipo suburban, de la cual descendieron sujetos armados, y que el imputado, Jesús Emanuel Rojas López, fue identificado por el testigo de identidad resguardada 092/2020. - Que el imputado, Jesús Emanuel Rojas López, y otros, se llevaron a la víctima de identidad resguardada 091/2020, al asiento trasero de la camioneta tipo suburban, y se retiraron del lugar, a lo cual el testigo de identidad resguardada 092/2020, corrió tras la camioneta que se dirigió a la caseta de Fortín, Veracruz. - Que el veinticinco de enero de dos mil veinte, el testigo de identidad resguardada 093/2020, tío de la víctima, recibió llamadas telefónicas en donde le informaron que tenían secuestrado a su sobrino y le pidieron como rescate una cantidad de dinero a cambio de su libertad. - Que el once de marzo de dos mil veinte, a partir de las trece cinco horas, la testigo de identidad resguardada 090/2020, hermana de la víctima, recibió una llamada telefónica en donde le solicitaron dinero por el rescate de la víctima, y les dijo que contaba con veintitrés mil trescientos pesos. - Que una vez que recibieron las indicaciones donde se iba a hacer el intercambio, el testigo de identidad resguardada 093/2020, tío de la víctima, fue quien acudió al lugar llamado la Ermita carretera Fortín-Huatusco, entrada a la localidad de Tomatlán, Veracruz. - Que de toda información se dio parte a las autoridades de la Unidad Especializada al Combate al Secuestro, quienes implementaron un operativo para salvaguardar la integridad de la víctima. - Que después, en el lugar acordado llamado la Ermita carretera Fortín-Huatusco, entrada a la localidad de Tomatlán, Veracruz, llegó el imputado, Jesús Emanuel Rojas López, con otro sujeto, quien le pidió el dinero al tío de la víctima y éste se lo entregó, en ese momento los policías detuvieron al imputado, y con él su celular, el cual fue utilizado para llevar a cabo el rescate. Con base en ello, el juez de control estimó que con los datos de pruebas se acreditaban los presupuestos constitucionales del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, así como la probable responsabilidad del quejoso, al establecer que a la víctima se le privó de la libertad, para obtener un rescate, que fue realizado por un grupo de personas quienes causaron violencia, de ahí que se estima infundado el concepto de violación en estudio, pues el acto reclamado se encuentra fundado y motivado. En ese entendido, se estima quedaron satisfechos los requisitos de fundamentación y motivación que el artículo 16, párrafo primero, de la Carta Magna, exige debe contener todo acto de autoridad. En otra parte de los conceptos de violación, el quejoso manifiesta que el juez omitió analizar la declaración del imputado, en el sentido de que la detención fue en otro lugar, en la Ciudad de Orizaba, Veracruz, en el Barrio de las Guacamayas, que su hermano manejaba el taxi que lo llevó, y que los policías lo trasladaron a otro lugar, llamado la Ermita carretera Huatusco, Veracruz, y que ahí le sacaron fotos para armar el montaje de su detención. Lo expuesto a ese respecto resulta jurídicamente ineficaz para conceder el amparo solicitado. De las constancias de autos deriva que el imputado *******y el testigo de descargo Francisco Eduardo Rojas López, al rendir sus entrevistas fueron precisos en señalar que la detención del imputado se llevó en otro lugar, ubicado en Avenida de las Guacamayas, en Orizaba, Veracruz; que no secuestró a persona alguna, sino que se dirigió a dicho lugar a recoger un dinero que había prestado a otra persona; y que su hermano es taxista y lo llevó a dicho lugar. El juez de control, en el auto impugnado (archivo terminación 9211 del disco óptico, minuto 1:36:23) indicó que restaba valor jurídico a lo manifestado por el imputado, ******, quien señaló que reconocía haberse encontrado en el lugar donde fue la detención, donde se hizo la entrega del rescate; y que si bien manifestó que la detención fue en forma distinta, ello no lo justificó con dato de prueba que permitiera corroborar su dicho; agregó que el testimonio de Francisco Eduardo Rojas López lo desestimaba, porque es hermano del imputado, además de que dicho testigo reconoció haberlo llevado al lugar del rescate, lo que implica que el imputado se encontraba en el lugar donde se llevó a cabo el rescate en donde fue detenido. Por tanto, aunque el juez de control partió de una premisa falsa, porque el activo y su hermano, no reconocieron haberse encontrado en el lugar donde se llevó el rescate o pago del secuestro; no omitió pronunciarse respecto del argumento del quejoso; empero, como sostuvo dicho juzgador, el imputado no presentó dato o medio de prueba que robusteciera su afirmación y a lo expuesto por el testigo Francisco Eduardo Rojas López debe restársele valor, porque además de ser hermano del activo, su dicho no se encuentra corroborado con otro dato de prueba; y contrario a ello, existen otros datos de pruebas que identifican al imputado como la persona que secuestró a la víctima en Fortín, Veracruz, y que después estuvo en el lugar en donde se llevó el pago del rescate ubicado en la Ermita carretera Fortín-Huatusco, entrada a la localidad de Tomatlán, Veracruz. En efecto, como señaló el juez de origen, el testigo de identidad resguardada 092/2020, identificó al imputado como la persona que el día veintitrés de enero de dos mil veinte, llegó a la calle Miguel Alemán, Colonia San José, en Fortín de las Flores, Veracruz, en un Salón de eventos, en una camioneta, y secuestró a la víctima; y por otro lado, el testigo de identidad resguardada 093/2020, tío de la víctima, fue quien acudió al lugar llamado la Ermita carretera Fortín- Huatusco, entrada a la localidad de Tomatlán, Veracruz, en donde identificó al imputado como la persona que le solicitó el dinero motivo del rescate y en ese momento fue detenido por los policías adscritos a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro. De ahí la ineficacia de sus argumentos. En otra parte de los conceptos de violación, el quejoso manifiesta que existe una indebida valoración de los datos de prueba, porque el juez al razonar sobre ellos, se pronunció sobre el hecho de que los policías llegaron antes al lugar de la detención, que el imputado llegó en un taxi y no dice por qué los policías no detuvieron al conductor del taxi. Lo expuesto a ese respecto resulta ineficaz, pues la declaración del imputado de que estuvo en lugar distinto al de su detención y que llegó en un taxi con su hermano, son afirmaciones que no están corroboradas con otros medios de pruebas; y como ha quedado expuesto, existen en su contra los testimonios de los testigos presenciales y policías aprehensores que identificaron al imputado como la persona que secuestró a la víctima en Fortín, Veracruz, y que después estuvo en el lugar en donde se llevó el pago del rescate ubicado en la Ermita carretera Fortín-Huatusco, entrada a la localidad de Tomatlán, Veracruz. Así, aun cuando el quejoso niega haber estado en el lugar de los hechos, el juez de control atendió a los datos de prueba referidos, de donde advirtió la probabilidad de que el imputado *********** cometió o participó en el delito de secuestro agravado, toda vez que tomó como base las entrevistas de los testigos presenciales que lo identifican como la persona que privó de la libertad a la víctima y después solicitó dinero por el rescate, corroborado con las entrevistas de los policías aprehensores, quienes, se indicó fueron los que detuvieron en flagrancia al imputado en el lugar donde se llevó a cabo el pago del rescate. En cuanto a lo manifestado por el quejoso en el sentido de que el juez de control omitió dar contestación a los alegatos de la defensa, respecto de que los datos que señaló la fiscalía no son suficientes para dictar un auto de vinculación a proceso, su ineficacia deriva de que contrario a ello, de la resolución combatida se observa que el juez si tomó en cuenta los alegatos del defensor y les dio respuesta, al señalar que de los datos de prueba se advierte la existencia de la probabilidad de que el imputado Jesús Emanuel Rojas López cometió o participó en el delito de secuestro agravado, como se desprendió de las entrevistas de los testigos presenciales, de los policías aprehensores y los informes policiacos. Además, que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. En lo conducente, se invoca como apoyo la jurisprudencia .. En consecuencia, al no advertirse queja que suplir a favor de la parte quejosa, que le reporte algún beneficio que lleve a conceder el amparo impetrado, resulta innecesario emprender un análisis oficioso de la constitucionalidad del acto reclamado; ello en atención a lo dispuesto por el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que la suplencia de la queja de los conceptos de violación, sólo se expresará en las sentencia de amparo cuando de ésta derive en un beneficio para el quejoso, en los casos que proceda. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia ... Por tanto, ante lo jurídicamente ineficaz de los conceptos de violación, no advirtiendo queja deficiente alguna que suplir, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto inicial se ordenó hacer del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 107 fracción II, párrafo inicial de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción I, los artículos 61, 62, 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***********, contra del acto reclamado del Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz, precisado en el resultando primero, y por las razones expuestas en el considerando sexto de este fallo. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, personalmente al quejoso, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, por lista de acuerdos al tercero interesado y por oficio a la autoridad responsable y autoridades con el carácter de terceros interesadas.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por Oscar Luis Lozada Hernández, Juez de Control y Enjuiciamiento Comisionado del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIV Distrito Judicial, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; por tanto, dese vista a las partes por el plazo de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, dada la voluminosidad de las constancias que remite la responsable, se considera pertinente ordenar la formación de un tomo de prueba, debidamente identificado, ello a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio original, el cual deberá tenerse a la vista en el momento procesal oportuno. En relación con el disco óptico que anexa el juez responsable, guárdese en la secretaria de este órgano jurisdiccional, el cuál será tomado en consideración al momento de emitir la sentencia respectiva

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano