Jesus Gabriel Ramos Tenco

Expediente 950/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
950/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Jesus Gabriel Ramos Tenco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en la que SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Finalmente, devuélvase a la licenciada Paula Morales Marín, Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIV Distrito Judicial de Córdoba, con sede en La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, el disco de audio y video derivado del proceso penal 517/2021, al resultar innecesaria su conservación. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 950/2021, promovido por ************, contra actos del Fiscal Décimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XVI en Delitos Diversos de Córdoba, Veracruz, y otra autoridad, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, recibido por el secretario de guardia, Jaime Ramos ??????? Tenco, en favor del directo quejoso, ********, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Fiscal Décimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XVI en Delitos Diversos de Córdoba, Veracruz, y otra autoridad, que hizo consistir en: ? La privación de la libertad, desaparición forzada, incomunicación y/o cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional. SEGUNDO. Radicación de la demanda, otorgamiento de la suspensión de plano y orden de localizar al quejoso. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito radicó la demanda con el número de expediente 950/2021; concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados para los efectos que ahí se indican; dictó las medidas conducentes a la localización del directo quejoso, ********; dispuso que, de ser encontrado, se le previniera para que manifestara si ratificaba la demanda presentada en su representación; finalmente, se estableció que, de encontrarse el quejoso a disposición de una autoridad distinta a la que señaló como responsable, se le requiriera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, manifestara si la señalaba como nueva responsable. TERCERO. Localización del directo quejoso. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita se constituyó en las instalaciones que ocupa la Delegación de la Policía Estatal Región XXI, de esta ciudad; lugar en el que fue localizado el directo quejoso Jesús***********, quien se encontraba a disposición de la Fiscal Décimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XVI de Córdoba, Veracruz; y en el acto de la diligencia el quejoso se reservó de ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. CUARTO. Admisión de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común, el tres de noviembre del citado año, ************, ratificó la demanda promovida a su favor; por lo que el cinco de noviembre siguiente, este tribunal la admitió, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. QUINTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que, de ser ciertos, los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en: ??????? ? La privación de la libertad, desaparición forzada, incomunicación y/o cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, 1. Fiscal Decima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, Distrito XIV en Córdoba, Veracruz y 2. Delegado de la Policía Estatal Región XXI Conurbación Córdoba-Fortín; consistentes en la desaparición forzada e incomunicación, así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas. Tampoco son ciertos los actos reclamados prohibidos por el artículo 22 Constitucional; dado que las responsables así lo señalaron al rendir su informe justificado; además de que en el sumario obran los siguientes: ...Elementos de convicción que se valoran de conformidad con los artículos 211 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que los mencionados actos resulten inexistentes. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables de que se trata en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al 1. Fiscal Decima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, Distrito XIV en Córdoba, Veracruz y 2. Delegado de la Policía Estatal Región XXI Conurbación Córdoba-Fortín, consistente en la privación de la libertad. Ello es así toda vez que, al rendir su informe justificado manifestaron que ***************, fue detenido en calidad de resguardo y puesto a disposición de la Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, Distrito XIV en Córdoba, Veracruz, lo que dio origen a la carpeta de investigación 1748/2021; luego, fue puesto a disposición del Juez de Control en turno, para la celebración de la audiencia inicial, lo que dio origen al proceso penal 517/2021, del índice de la licenciada María Andrea García Zavaleta, Juez de Control con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, quien el cuatro de noviembre pasado, dictó en contra del quejoso auto de vinculación a proceso por el delito de ultrajes a la autoridad cometido en agravio del Servicio Público. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ?????? "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Preceptos de los que deriva que para que se actualice la causal de improcedencia señalada, deben concurrir los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, tal y como se adelantó en líneas precedentes, se arriba a la conclusión de que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que, con motivo de la puesta a disposición de la Fiscal Décimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XVI en Delitos Diversos de Córdoba, Veracruz, la licenciada María Andrea García Zavaleta, Juez de Control con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, radicó el proceso penal 517/2021, quien el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jesús **************, por el delito de ultrajes a la autoridad cometido en agravio del Servicio Público. Lo que corrobora con la copia certificada del disco de audio y video derivado del proceso penal 517/2021; documental a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197, 202 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Expuesto lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia invocada, ya que la privación de la libertad, vinculada con la detención que realizó el fiscal responsable, es un acto cuya constitucionalidad se encuentra regulada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal suerte que el dictado del auto de vinculación a proceso, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, en términos de la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues sólo cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 constitucionales, es cuando hasta el dictado de la sentencia definitiva de primera instancia se considerarán irreparablemente consumadas las violaciones a dichos preceptos. Dicho de otra forma, conforme a la fracción XVII, del artículo 61, de la ley de la materia, las violaciones al ???????? artículo 16 Constitucional, deben considerarse irreparablemente consumadas, atendiendo al dictado de resoluciones que anteceden a la sentencia de primera instancia, como lo es el auto de vinculación a proceso decretado. Al respecto, cabe citar la tesis número II.2o.P.20 P (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la página 1287, correspondiente al 2, correspondiente al mes de diciembre de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados." En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado en análisis, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, lo que impide analizar el fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que en el auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Ahora bien, de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se tienen por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ??????? R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ************, respecto de los actos y las autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto del presente fallo, y por los motivos expuestos en el tercero y quinto. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, siete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio firmado por la Fiscal Decima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, Distrito XIV en Córdoba, Veracruz, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos remite copia certificada del certificado médico a nombre de *****; por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, glósese sin mayor proveído el informe justificado rendido, toda vez que el treinta de marzo del año en curso, se tuvo por rendido el mismo y se acordó lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el informe justificado rendido por la Fiscal Decima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, Distrito XIV en Córdoba, Veracruz, con un anexo; por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que remite copia simple del certificado médico a nombre de Jesús ******, se le requiere de nueva cuenta para que de manera inmediata remita copia certificada de la constancia de mérito; en el entendido de que le subsiste el apercibimiento contenido en el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese.

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