Jesús Atenodro Alonso

Expediente 335/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
335/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Jesús Atenodro Alonso
  • Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a. en los siguientes términos. Por tanto, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debía. Concesión que se hizo extensiva a la autoridad responsable, Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz. En proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a las autoridades responsables, el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, mediante oficios 6222 y 1158, de uno de diciembre de dos mil veintiuno y dieciséis de febrero del presente año, las autoridades responsables, Juez y Secretario de Acuerdos, ambos adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata; y en auto de veinticuatro de febrero del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades en cita y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte que por resolución de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil. de su índice. Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado. acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita se desprende que, para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, ponderó las necesidades alimentarias del menor acreedor con las iniciales. en contraposición con las posibilidades económicas del deudor alimentario; y en este último rubro señaló -contrario a lo sostenido en el acto reclamado- que al haber quedado demostrado que el citado impetrante brinda al menor acreedor el rubro de asistencia médica por tenerlo dado de alta como su beneficiario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; ello era suficiente para regraduar la medida alimentaria, ya que tal circunstancia era desconocida cuando se fijó inicialmente el porcentaje. Por tanto, determinó declarar procedente la reclamación planteada y, en consecuencia, redujo el quantum de la medida alimentaria inicialmente decretada del treinta y cinco al veintinueve punto diecisiete por ciento del salario que percibe el demandado; porcentaje que, dijo, se fijaba atendiendo al citado principio de proporcionalidad y a las pruebas exhibidas hasta ese momento, realizando las operaciones aritméticas necesarias para tal efecto. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte el Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, informó el acato a la sentencia de amparo. En tales condiciones, dado que las autoridades responsables cumplieron con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso c), de dicho Acuerdo General, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente. que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a. en los siguientes términos. Por tanto, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debía. Concesión que se hizo extensiva a la autoridad responsable, Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz. En proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a las autoridades responsables, el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, mediante oficios 6222 y 1158, de uno de diciembre de dos mil veintiuno y dieciséis de febrero del presente año, las autoridades responsables, Juez y Secretario de Acuerdos, ambos adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata; y en auto de veinticuatro de febrero del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades en cita y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte que por resolución de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil. de su índice. Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado. acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita se desprende que, para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, ponderó las necesidades alimentarias del menor acreedor con las iniciales. en contraposición con las posibilidades económicas del deudor alimentario; y en este último rubro señaló -contrario a lo sostenido en el acto reclamado- que al haber quedado demostrado que el citado impetrante brinda al menor acreedor el rubro de asistencia médica por tenerlo dado de alta como su beneficiario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; ello era suficiente para regraduar la medida alimentaria, ya que tal circunstancia era desconocida cuando se fijó inicialmente el porcentaje. Por tanto, determinó declarar procedente la reclamación planteada y, en consecuencia, redujo el quantum de la medida alimentaria inicialmente decretada del treinta y cinco al veintinueve punto diecisiete por ciento del salario que percibe el demandado; porcentaje que, dijo, se fijaba atendiendo al citado principio de proporcionalidad y a las pruebas exhibidas hasta ese momento, realizando las operaciones aritméticas necesarias para tal efecto. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte el Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, informó el acato a la sentencia de amparo. En tales condiciones, dado que las autoridades responsables cumplieron con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso c), de dicho Acuerdo General, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente. que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL AUTO QUE DICE:Córdoba, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a. en los siguientes términos. Por tanto, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debía. Concesión que se hizo extensiva a la autoridad responsable, Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz. En proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a las autoridades responsables, el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, mediante oficios 6222 y 1158, de uno de diciembre de dos mil veintiuno y dieciséis de febrero del presente año, las autoridades responsables, Juez y Secretario de Acuerdos, ambos adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata; y en auto de veinticuatro de febrero del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades en cita y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte que por resolución de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil. de su índice. Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado. acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita se desprende que, para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, ponderó las necesidades alimentarias del menor acreedor con las iniciales. en contraposición con las posibilidades económicas del deudor alimentario; y en este último rubro señaló -contrario a lo sostenido en el acto reclamado- que al haber quedado demostrado que el citado impetrante brinda al menor acreedor el rubro de asistencia médica por tenerlo dado de alta como su beneficiario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; ello era suficiente para regraduar la medida alimentaria, ya que tal circunstancia era desconocida cuando se fijó inicialmente el porcentaje. Por tanto, determinó declarar procedente la reclamación planteada y, en consecuencia, redujo el quantum de la medida alimentaria inicialmente decretada del treinta y cinco al veintinueve punto diecisiete por ciento del salario que percibe el demandado; porcentaje que, dijo, se fijaba atendiendo al citado principio de proporcionalidad y a las pruebas exhibidas hasta ese momento, realizando las operaciones aritméticas necesarias para tal efecto. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte el Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, informó el acato a la sentencia de amparo. En tales condiciones, dado que las autoridades responsables cumplieron con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso c), de dicho Acuerdo General, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente. que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  4. Principal

    NO ATENDIO AVISO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA EL AUTO QUE DICE:Visto el oficio y anexo firmado por la Secretaria adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, atento a su contenido, se le tiene informando el acatamiento dado a la ejecutoria de amparo concedido a la parte quejosa en el presente asunto. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias recibidas en esta data, el informe y copias certificadas remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada, por el término de tres días, computados legalmente para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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