Jesús Emanuel Chihuahua Dávila

Expediente 1174/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1174/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
17/02/2017

Partes del expediente

  • Jesús Emanuel Chihuahua Dávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    EJECUTORIA La licenciada María Elena Gómez Magaña secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió para todas ellas del uno al catorce de febrero de dos mil diecisiete, con exclusión de los días cuatro, cinco, once y doce del mes y año que transcurren, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión en los autos del juicio de amparo 949/2016-6, del índice de este juzgado, del que obra copia certificada en el presente juicio de amparo, además de que no fue exhibido billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Que no existen tomos de prueba por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. La secretaria. Lic. María Elena Gómez Magaña Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que le negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, cabe señalar que dentro de los autos del juicio de amparo 949/2016-6, promovido por el aquí quejoso Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados, del cual obra copia certificada en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia al haberse negado la suspensión definitiva, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él, el cual es susceptible de destrucción en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romeo Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Ángeles

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1174/2016, promovido por Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jesús Emanuel Chihuahua Dávila demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. A). ORDENADORA: Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas B). EJECUTORAS: 1. Director de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas. 2. Director de aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. IV. ACTOS RECLAMADOS: Orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto de nueve de noviembre de dos mil dieciséis se registró y admitió a trámite bajo el número 1174/2016-7, en virtud a la separación de juicios; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada el dos de diciembre de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce, por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que el quejoso Jesús Emanuel Chihuahua Dávila comparece a esta instancia federal a reclamar: La orden de aprehensión dictada el dos de abril de dos mil catorce, en los autos del juicio penal número 116/2014 que se instruye al quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abigeato, en agravio de Isidro Pinales Trejo, así como el cumplimiento de tal mandamiento de captura. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, al Director General de la Policía Ministerial y a la Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones, ambas pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 7 a 9 de autos); además, tal certeza se corrobora con las constancias que allegó la primera de las mencionadas, consistentes en la copia certificada de la resolución de dos de abril de dos mil catorce, emitida dentro de la causa penal 116/2014 de su índice y con el disco versátil digital relativo al registro en audio y video de la audiencia celebrada en esa data; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juzgado de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia. Al respecto es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, visible en la página ochocientos treinta, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso señala en esencia que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales previstos por el artículo 14 constitucional, en particular su derecho a un procedimiento penal donde el juez aplique con exactitud la ley penal a la causa que injusta e ilegalmente se le instruye, ya que no cometió delito alguno. Asimismo refiere, la autoridad responsable transgredió en su perjuicio el precepto 16 constitucional, en virtud de que la orden de aprehensión girada en su contra carece de fundamentación y motivación. Previo al estudio de los motivos de disenso, es importante destacar que la resolución impugnada se analizará de conformidad con el Código Procesal Penal, con motivo de las reformas y adiciones publicadas el Decreto Número 511 publicado en el Suplemento 1 al número 74 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al quince de septiembre de dos mil siete. Lo anterior es así, dado que en conformidad con lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto respectivo, el sistema procesal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entraría en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, en el caso lo es el Código Procesal Penal, mismo que se hizo vigente, a partir del cinco de enero de dos mil nueve, sujetando hasta su conclusión definitiva de todos aquellos asuntos, ocurridos antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Zacatecas. Pues en el citado decreto, se estableció en el transitorio artículo segundo, la entrada en vigor del Código Procesal Penal en el Estado de Zacatecas, a partir del día cinco de enero del año dos mil nueve, en el distrito judicial primero de la capital. En ese contexto, la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, declaró que el Estado de Zacatecas incorpora a su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entrará en vigor de manera progresiva y por distritos judiciales, de conformidad con las siguientes consideraciones: I. A las cero horas del día cinco de enero de dos mil quince, para los Distritos Judiciales de Zacatecas, Calera, Ojocaliente, Villanueva, Jalpa, Juchipila, Nochistlán, Tlaltenango, Teúl de González Ortega, Jerez, Valparaíso, Miguel Auza, Concepción del Oro y Río Grande. II. A las cero horas del día cuatro de enero de dos mil dieciséis, para los Distritos Judiciales de Pinos, Loreto, Sombrerete y Fresnillo. Así, en el Estado de Zacatecas, el cinco de enero de dos mil quince, para los Distritos Judiciales de Zacateca, se abrogó el Código Procesal Penal, en virtud del Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce Sentado lo anterior, son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso en su escrito de demanda, sin que se advierta suplencia en la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En primer término se estima pertinente destacar que cuando el acto reclamado se hace consistir en el libramiento de una orden de captura no debe atenderse únicamente a las exigencias que para su dictado establece el dispositivo 16 del Pacto Federal, sino que para su aplicabilidad debe tomarse en consideración lo preceptuado por los demás ordinales que tutelan las garantías de seguridad jurídica, ello con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz los derechos fundamentales de la persona consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación la jurisprudencia que informa: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna". Expuesto lo anterior se considera que no asiste la razón al solicitante de la protección constitucional, ya que si bien atento al artículo 14 de la Constitución General de la República todo gobernado goza del derecho a ser oído antes de que se realice el acto de autoridad, lo cierto es que tratándose de un mandamiento de captura se actualiza una excepción a la regla, toda vez que el numeral 16 de la propia ley fundamental establece las condiciones para el libramiento de una orden de aprehensión y, previo a su emisión, no exige que se escuche al indiciado en defensa, ya que únicamente determina que dicha orden esté precedida por denuncia o querella respecto de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del encausado en su comisión. Apoya lo anterior la tesis de texto y rubro siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado". Aunado a lo anterior, es preciso destacar que la garantía de audiencia del inconforme no se ve limitada por el libramiento de la orden de aprehensión, dado que durante la secuela del proceso el inculpado tendrá oportunidad para aportar los medios de convicción que estime pertinentes y formular alegatos en la etapa respectiva, con lo cual se respetarán sus derechos fundamentales de audiencia y de adecuada defensa. En ese tenor se considera que resulta ineficaz el planteamiento vertido por el quejoso en el sentido de que con el dictado de la orden de captura reclamada se vulneró en su perjuicio el derecho fundamental que consagra el arábigo 14 constitucional, ya que como se indicó tratándose de mandamientos de captura no rige la garantía de previa audiencia. Por otro lado, es necesario resaltar que el artículo 16 constitucional establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". De la transcripción que antecede se aprecia que los requisitos que deben colmarse para que la autoridad judicial libre la orden de aprehensión son los siguientes: 1. Que sea dictada por una autoridad judicial competente. 2. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 3. Que ese delito esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. 4. Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado lo cometió o participó en su perpetración. 5. Que esté debidamente fundada y motivada, como todo acto de autoridad debe estarlo. A su vez, los dispositivos 200 y 201 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas prevén: "Artículo 200. Cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tuviesen señalada pena privativa de la libertad, y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión de imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión, conducirán inmediatamente al detenido ante la presencia del Juez que hubiere expedido la orden, debiendo entregar al imputado copia de la misma. Una vez que el aprehendido por orden judicial sea puesto a disposición del Juez de Garantía, éste convocará dentro de un plazo de veinticuatro horas a una audiencia para que le sea formulada la imputación. Artículo 201. El Ministerio Público podrá solicitar el libramiento de una orden de aprehensión contra el imputado. Para tal efecto hará una relación de los hechos que le atribuya, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes que exhibirá ante la autoridad judicial, y expondrá las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán bajo protesta de decir verdad, en audiencia privada con el Juez. La conferencia privada será grabada". De los preceptos legales transcritos se aprecia que cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar la aprehensión del encausado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación; y que se decretará la aprehensión del inculpado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no comparezca sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos antes indicados, salvo el último de los ahí mencionados. Sentado lo anterior, se procede a analizar si en la especie se han colmado los requisitos que señala el artículo 16 constitucional. Bien, el primero de ellos, se encuentra debidamente satisfecho, pues la orden de aprehensión fue dictada por autoridad judicial competente y en ejercicio de sus funciones, dentro de su esfera de competencia, como lo es uno de los Jueces de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, quien tiene competencia legal para conocer de los ilícitos del fuero común -al momento en que acontecieron los hechos- previstos por el Código Penal para el Estado de Zacatecas, habida cuenta que el asunto fue sometido a su conocimiento y los hechos acontecieron en el lugar en donde ejerce jurisdicción, conforme a lo establecido por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. El artículo 16, segundo párrafo constitucional, establece respecto de la orden de aprehensión, entre otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial; a su vez, el primer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la protección de la persona, al exigir que todo acto que implique una afectación a ésta, debe provenir de autoridad competente, es decir, aquella que esté facultada legalmente para emitir el acto de que se trate. Por ello, si la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, pues tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, el juzgador que la emita, también debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que en su caso llegare a instruirse por el o los delitos por los que la libra, atendiéndose desde luego, a los criterios para fijar la competencia esto es, por territorio, materia, cuantía o conexidad". Respecto al segundo de los requisitos, consistente en la existencia de una denuncia, acusación o querella, cabe precisar que el ilícito imputado al ahora quejoso se persigue por denuncia de parte ofendida, evidenciándose de autos su existencia a cargo de Isidro Pinales Trejo. Este documento justifica el segundo supuesto mencionado por el precitado numeral 16 constitucional, ya que mediante ella se hizo del conocimiento del ministerio público ciertos hechos que el Código Penal del Estado de Zacatecas tipifica como delito. Por otro lado, los hechos descritos en la denuncia se encuentran tipificados como delito y sancionado por el artículo 330, fracción II, del Código para el Estado de Zacatecas, con lo cual se colma el tercer requisito constitucional relativo a que el delito de que se trate esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. Ahora bien, en el cuarto y quinto requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 16 constitucional, ameritan un estudio aparte, conforme a las exposiciones y consideraciones que a continuación se emiten. En ese sentido, el juez responsable al pronunciar la orden de aprehensión reclamada en esta vía, señaló que la conducta antijurídica imputada al aquí quejoso Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, lo es el de abigeato, previsto en el artículo 330, fracción II, del Código Penal vigente en la Entidad de Zacatecas, que disponen lo siguiente: "Artículo 330. Comete el delito de abigeato el que se apodere de una o más cabezas de ganado ajeno cualquiera que sea su especie, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas, independientemente del lugar donde se encuentren y de que formen o no hato. El delito de abigeato se sancionará conforme a las reglas siguientes: . II. Cuando el valor del ganado exceda de cien pero no de trescientas cuotas se impondrá prisión de dos a cuatro años y multa de cien a doscientas cuotas; [.] ". Asimismo, se estima que la determinación a que arribó el juez responsable para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado en su comisión se encuentra debidamente fundada y motivada. Efectivamente, la autoridad responsable estimó los siguientes elementos del tal ilícito: La existencia de un apoderamiento. Que recaiga sobre una o más cabezas de ganado. 3. Ocurra sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas. Enseguida, a fin de tener por acreditados los elementos del delito de abigeato, el juez de la causa tomó en consideración la denuncia de Isidro Pinales Trejo, quien manifestó que era propietario de un vaca criolla, colorada de diez años de edad, de setecientos kilogramos, herrada con el signo de su propiedad; así como de un toro de raza holandesa, pinto en blanco y negro de quinientos kilogramos de siete años de edad, ambos tenían las orejas rayadas; los tenía confinados en el agostadero llamado predio Santa Teresa, lugar de donde fue sustraído el toro el treinta de julio de dos mil once, pues refiere que llegó aproximadamente a las ocho horas al corral que tiene circulado por una tela de alambre borreguero y palos de huizache, percatándose que a cincuenta metros del lugar se encontraba la bazofia del menudo y las vísceras del animal y una cuchilla de un metro con sesenta centímetros con cacha de plástico, llevándose únicamente la carne, observó rodadas de dos vehículos cerca del lugar, así como huellas de calzado; ocho días después, entre el siete y ocho de agosto advirtió de la desaparición de la vaca, al buscarla en los alrededores pudo encontrar nuevamente las vísceras del animal y sus restos. El juez responsable adminiculó ese dato de investigación con las entrevistas que se hicieron a Miguel Ángel Luévano Trejo, Jaime Ochoa García, Aurelio Basurto García y Zenón de Lira González, quienes afirmaron, en términos similares a la víctima, en el sentido de que Isidro Pinales Trejo es propietario de la vaca y del toro, así como de la ausencia de los animales en el lugar que el denunciante dijo haberlos dejado. Por otra parte, señaló como dato relevante, respecto de la existencia del lugar donde se encontraban los semovientes, el acta de inspección del lugar de los hechos elaborada por el agente José Alfredo Meza Neri, quien advirtió tratarse de un predio llamado Santa Teresa ubicado en el Bordo, Guadalupe, Zacatecas, el cual presenta varios corrales, en cuanto al sitio propiedad de la víctima, circulado por una malla borreguera de un metro con setenta centímetros de altura y con postes de mezquite; diligencia a la cual concedió valor probatorio en términos del artículo 145 del Código Procesal Penal vigente en el Estado, al emitirse por un agente de la policía ministerial en ejercicio de sus funciones, corroborando la existencia del lugar donde la víctima tenía los semovientes. Por último, el responsable señaló como dato importante para establecer la cuantía de los animales materia de apoderamiento y así fijar la pena correspondiente, la pericial de valuación emitida por Verónica Parga Núñez, perito adscrita al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, que asignó al equino un valor de $8,444.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos), monto que rebasa las cien, pero no las trescientas cuotas de salario mínimo cuando ocurrieron los hechos, a razón de $59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 moneda nacional), por lo que se señaló como pena la establecida en la fracción II, del artículo 330 del Código Penal del Estado de Zacatecas. En tales condiciones, el Juez de Garantía estableció, en términos de los artículos 22 y 378 del Código Procesal Penal, la existencia de los elementos para considerar justificados los extremos del delito de abigeato, pues quedó demostrado la sustracción de dos semovientes (toro y vaca), propiedad de Isidro Pinales Trejo, sin su consentimiento. En lo atinente a la probabilidad penal que se atribuye a Jesús Emanuel Chihuahua Dávila en la comisión del hecho que la ley señala como delito de abigeato, el juez responsable tomó en consideración los datos de prueba antes reseñados, a saber, las afirmaciones que realizaron los testigos Miguel Ángel Luévano Trejo y Jaime Ochoa García, quienes relataron haberse dado cuenta de la desaparición de diversos semovientes en el pueblo de El Bordo, municipio de Guadalupe, Zacatecas, indicando que ello ha ocurrido cuando se juntan un grupo de jóvenes en el citado pueblo para tomar y drogarse, señalando entre otros al ahora quejoso. Destacando como dato trascendental el testimonio de Juan López Casillas, quien en una primera versión narró diversos sucesos, como el hecho de reunirse con un grupo de personas, entre ellas, Manuel Chihuahua, Jaime, Héctor y Sergio Reza y con otros dos a quienes apodan "Chino" y "Mayo" para llevar a cabo diversos robos, refiriéndose en particular al de Isidro Pinales Trejo, en el cual fue participe del robo de la vaca, donde le tocó vigilar, pues la llevaron a un arroyo y ahí la mataron, correspondiéndole un pedazo de carne, además, agregó, una vez robados los animales los sacrificaban cerca del lugar y ahí desechaban las vísceras y la carne se la llevaban; en una segunda declaración, el testigo señaló haber participado en el robo del toro, relató que era la una de la mañana cuando llegaron en la camioneta verde propiedad de Emanuel Chihuahua, quedándose a cincuenta metros, mientras ellos sacaban al animal, matándolo cerca del corralón, dejando los restos tirados, llevándose únicamente la carne. Declaraciones que el juez responsable consideró congruentes con los hechos narrados por Isidro Pinales Trejo, pues éste señaló que en las dos ocasiones encontró cerca del corral los restos, las vísceras, la bazofia del menudo, los restos de las entrañas de animal, circunstancias reveladas por Juan Manuel López Casillas, conocido como "Chicho", como lo estableció el ministerio público. Asimismo, el juez al precisar la individualización del probable imputado, se apoyó en la investigación realizada por la autoridad persecutora de los delitos, para lograr establecer a Emanuel Chihuahua como una de las personas que llevó a cabo la conducta antisocial, porque Guillermo Chihuahua Dávila aportó la información relativa al nombre correcto de su hijo que es Jesús Emanuel Chihuahua Dávila. De igual forma, el Juez de garantía consideró la existencia de datos relevantes para determinar la intervención probable de Jesús Emmanuel Chihuahua Dávila en la realización del hecho que la ley señala como constitutivo del delito de abigeato, pues, por un lado, consideró la declaración de los testigos ya referidos, quienes señalaron que los sucesos se verifican cuando se presenta ese grupo de personas en la comunidad del Bordo; asimismo, el dicho de Juan López Casillas, quien, además de aceptar su participación, atribuye a Jesús Emmanuel Chihuahua Dávila y a otros la ejecución de la conducta ocasionada a Isidro Pinales Trejo, quien al describir las evidencias, corroboró lo manifestado por éste. Bajo ese contexto se considera que la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho en virtud de que se colmaron los requisitos precisados en párrafos precedentes para que la autoridad judicial librara la orden de aprehensión, toda vez que de las constancias que obran agregadas al expediente se aprecia que fue emitida por autoridad judicial, en el caso, el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. Asimismo, porque se aprecia que se formuló imputación al acusado por el hecho que la ley señala como delito de abigeato, previsto en el artículo 330, fracción II, del Código Penal vigente en la Entidad de Zacatecas. Por lo anterior, contrariamente a lo argumentado por el quejoso Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, el juez responsable no violó en su perjuicio el derecho fundamental de estricta aplicación de la ley, consagrado en el artículo 14 constitucional, dado que legalmente tuvo por acreditados los elementos materiales del hecho que la ley señala como delito de abigeato, previsto y sancionado por el artículo 330 fracción II, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, así como su probable responsabilidad penal en su comisión, con fundamento en las disposiciones sustantivas y adjetivas exactamente aplicables, como se vio párrafos atrás. Asimismo, resulta ineficaz el argumento expuesto por el quejoso en el sentido de que la orden de captura no cumple con las exigencias establecidas por el artículo 16 constitucional (fundamentación y motivación), toda vez que del contenido de la resolución reclamada se advierte que la responsable citó los preceptos legales aplicables al caso, expresó las razones particulares y las causas inmediatas que la condujeron a resolver en ese sentido y se adecuaron los motivos aducidos a las normas aplicables al caso justiciable; esto es, se explicó razonadamente porqué se surtió la hipótesis normativa invocada. Consecuentemente, no evidenciado a la luz de los conceptos de violación examinados, que la orden de aprehensión emitida el dos de abril de dos mil catorce, por el entonces Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, en la causa penal número 116/2014, viole en perjuicio del quejoso derecho fundamental alguno, ni advertida queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a las autoridades responsables Director General de la Policía Ministerial y Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones con sede en esta ciudad, estas últimas pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por no haberse reclamado por vicios propios. Ilustra el criterio expuesto la Jurisprudencia que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, contra los actos que reclamó del entonces Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, actualmente Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de esta ciudad, Director General de la Policía Ministerial y Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones, estas últimas pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese vía oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria con quien actúa y da fe hasta hoy veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE 24 DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPYESTO POR EL ARTIKCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1174/2016, promovido por Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jesús Emanuel Chihuahua Dávila demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. A). ORDENADORA: Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas B). EJECUTORAS: 1. Director de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas. 2. Director de aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. IV. ACTOS RECLAMADOS: Orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto de nueve de noviembre de dos mil dieciséis se registró y admitió a trámite bajo el número 1174/2016-7, en virtud a la separación de juicios; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada el dos de diciembre de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce, por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que el quejoso Jesús Emanuel Chihuahua Dávila comparece a esta instancia federal a reclamar: La orden de aprehensión dictada el dos de abril de dos mil catorce, en los autos del juicio penal número 116/2014 que se instruye al quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abigeato, en agravio de Isidro Pinales Trejo, así como el cumplimiento de tal mandamiento de captura. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, al Director General de la Policía Ministerial y a la Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones, ambas pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 7 a 9 de autos); además, tal certeza se corrobora con las constancias que allegó la primera de las mencionadas, consistentes en la copia certificada de la resolución de dos de abril de dos mil catorce, emitida dentro de la causa penal 116/2014 de su índice y con el disco versátil digital relativo al registro en audio y video de la audiencia celebrada en esa data; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juzgado de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia. Al respecto es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, visible en la página ochocientos treinta, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso señala en esencia que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales previstos por el artículo 14 constitucional, en particular su derecho a un procedimiento penal donde el juez aplique con exactitud la ley penal a la causa que injusta e ilegalmente se le instruye, ya que no cometió delito alguno. Asimismo refiere, la autoridad responsable transgredió en su perjuicio el precepto 16 constitucional, en virtud de que la orden de aprehensión girada en su contra carece de fundamentación y motivación. Previo al estudio de los motivos de disenso, es importante destacar que la resolución impugnada se analizará de conformidad con el Código Procesal Penal, con motivo de las reformas y adiciones publicadas el Decreto Número 511 publicado en el Suplemento 1 al número 74 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al quince de septiembre de dos mil siete. Lo anterior es así, dado que en conformidad con lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto respectivo, el sistema procesal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entraría en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, en el caso lo es el Código Procesal Penal, mismo que se hizo vigente, a partir del cinco de enero de dos mil nueve, sujetando hasta su conclusión definitiva de todos aquellos asuntos, ocurridos antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Zacatecas. Pues en el citado decreto, se estableció en el transitorio artículo segundo, la entrada en vigor del Código Procesal Penal en el Estado de Zacatecas, a partir del día cinco de enero del año dos mil nueve, en el distrito judicial primero de la capital. En ese contexto, la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, declaró que el Estado de Zacatecas incorpora a su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entrará en vigor de manera progresiva y por distritos judiciales, de conformidad con las siguientes consideraciones: I. A las cero horas del día cinco de enero de dos mil quince, para los Distritos Judiciales de Zacatecas, Calera, Ojocaliente, Villanueva, Jalpa, Juchipila, Nochistlán, Tlaltenango, Teúl de González Ortega, Jerez, Valparaíso, Miguel Auza, Concepción del Oro y Río Grande. II. A las cero horas del día cuatro de enero de dos mil dieciséis, para los Distritos Judiciales de Pinos, Loreto, Sombrerete y Fresnillo. Así, en el Estado de Zacatecas, el cinco de enero de dos mil quince, para los Distritos Judiciales de Zacateca, se abrogó el Código Procesal Penal, en virtud del Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce Sentado lo anterior, son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso en su escrito de demanda, sin que se advierta suplencia en la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En primer término se estima pertinente destacar que cuando el acto reclamado se hace consistir en el libramiento de una orden de captura no debe atenderse únicamente a las exigencias que para su dictado establece el dispositivo 16 del Pacto Federal, sino que para su aplicabilidad debe tomarse en consideración lo preceptuado por los demás ordinales que tutelan las garantías de seguridad jurídica, ello con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz los derechos fundamentales de la persona consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación la jurisprudencia que informa: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna". Expuesto lo anterior se considera que no asiste la razón al solicitante de la protección constitucional, ya que si bien atento al artículo 14 de la Constitución General de la República todo gobernado goza del derecho a ser oído antes de que se realice el acto de autoridad, lo cierto es que tratándose de un mandamiento de captura se actualiza una excepción a la regla, toda vez que el numeral 16 de la propia ley fundamental establece las condiciones para el libramiento de una orden de aprehensión y, previo a su emisión, no exige que se escuche al indiciado en defensa, ya que únicamente determina que dicha orden esté precedida por denuncia o querella respecto de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del encausado en su comisión. Apoya lo anterior la tesis de texto y rubro siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado". Aunado a lo anterior, es preciso destacar que la garantía de audiencia del inconforme no se ve limitada por el libramiento de la orden de aprehensión, dado que durante la secuela del proceso el inculpado tendrá oportunidad para aportar los medios de convicción que estime pertinentes y formular alegatos en la etapa respectiva, con lo cual se respetarán sus derechos fundamentales de audiencia y de adecuada defensa. En ese tenor se considera que resulta ineficaz el planteamiento vertido por el quejoso en el sentido de que con el dictado de la orden de captura reclamada se vulneró en su perjuicio el derecho fundamental que consagra el arábigo 14 constitucional, ya que como se indicó tratándose de mandamientos de captura no rige la garantía de previa audiencia. Por otro lado, es necesario resaltar que el artículo 16 constitucional establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". De la transcripción que antecede se aprecia que los requisitos que deben colmarse para que la autoridad judicial libre la orden de aprehensión son los siguientes: 1. Que sea dictada por una autoridad judicial competente. 2. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 3. Que ese delito esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. 4. Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado lo cometió o participó en su perpetración. 5. Que esté debidamente fundada y motivada, como todo acto de autoridad debe estarlo. A su vez, los dispositivos 200 y 201 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas prevén: "Artículo 200. Cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tuviesen señalada pena privativa de la libertad, y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión de imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión, conducirán inmediatamente al detenido ante la presencia del Juez que hubiere expedido la orden, debiendo entregar al imputado copia de la misma. Una vez que el aprehendido por orden judicial sea puesto a disposición del Juez de Garantía, éste convocará dentro de un plazo de veinticuatro horas a una audiencia para que le sea formulada la imputación. Artículo 201. El Ministerio Público podrá solicitar el libramiento de una orden de aprehensión contra el imputado. Para tal efecto hará una relación de los hechos que le atribuya, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes que exhibirá ante la autoridad judicial, y expondrá las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán bajo protesta de decir verdad, en audiencia privada con el Juez. La conferencia privada será grabada". De los preceptos legales transcritos se aprecia que cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar la aprehensión del encausado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación; y que se decretará la aprehensión del inculpado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no comparezca sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos antes indicados, salvo el último de los ahí mencionados. Sentado lo anterior, se procede a analizar si en la especie se han colmado los requisitos que señala el artículo 16 constitucional. Bien, el primero de ellos, se encuentra debidamente satisfecho, pues la orden de aprehensión fue dictada por autoridad judicial competente y en ejercicio de sus funciones, dentro de su esfera de competencia, como lo es uno de los Jueces de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, quien tiene competencia legal para conocer de los ilícitos del fuero común -al momento en que acontecieron los hechos- previstos por el Código Penal para el Estado de Zacatecas, habida cuenta que el asunto fue sometido a su conocimiento y los hechos acontecieron en el lugar en donde ejerce jurisdicción, conforme a lo establecido por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. El artículo 16, segundo párrafo constitucional, establece respecto de la orden de aprehensión, entre otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial; a su vez, el primer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la protección de la persona, al exigir que todo acto que implique una afectación a ésta, debe provenir de autoridad competente, es decir, aquella que esté facultada legalmente para emitir el acto de que se trate. Por ello, si la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, pues tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, el juzgador que la emita, también debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que en su caso llegare a instruirse por el o los delitos por los que la libra, atendiéndose desde luego, a los criterios para fijar la competencia esto es, por territorio, materia, cuantía o conexidad". Respecto al segundo de los requisitos, consistente en la existencia de una denuncia, acusación o querella, cabe precisar que el ilícito imputado al ahora quejoso se persigue por denuncia de parte ofendida, evidenciándose de autos su existencia a cargo de Isidro Pinales Trejo. Este documento justifica el segundo supuesto mencionado por el precitado numeral 16 constitucional, ya que mediante ella se hizo del conocimiento del ministerio público ciertos hechos que el Código Penal del Estado de Zacatecas tipifica como delito. Por otro lado, los hechos descritos en la denuncia se encuentran tipificados como delito y sancionado por el artículo 330, fracción II, del Código para el Estado de Zacatecas, con lo cual se colma el tercer requisito constitucional relativo a que el delito de que se trate esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. Ahora bien, en el cuarto y quinto requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 16 constitucional, ameritan un estudio aparte, conforme a las exposiciones y consideraciones que a continuación se emiten. En ese sentido, el juez responsable al pronunciar la orden de aprehensión reclamada en esta vía, señaló que la conducta antijurídica imputada al aquí quejoso Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, lo es el de abigeato, previsto en el artículo 330, fracción II, del Código Penal vigente en la Entidad de Zacatecas, que disponen lo siguiente: "Artículo 330. Comete el delito de abigeato el que se apodere de una o más cabezas de ganado ajeno cualquiera que sea su especie, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas, independientemente del lugar donde se encuentren y de que formen o no hato. El delito de abigeato se sancionará conforme a las reglas siguientes: . II. Cuando el valor del ganado exceda de cien pero no de trescientas cuotas se impondrá prisión de dos a cuatro años y multa de cien a doscientas cuotas; [.] ". Asimismo, se estima que la determinación a que arribó el juez responsable para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado en su comisión se encuentra debidamente fundada y motivada. Efectivamente, la autoridad responsable estimó los siguientes elementos del tal ilícito: La existencia de un apoderamiento. Que recaiga sobre una o más cabezas de ganado. 3. Ocurra sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas. Enseguida, a fin de tener por acreditados los elementos del delito de abigeato, el juez de la causa tomó en consideración la denuncia de Isidro Pinales Trejo, quien manifestó que era propietario de un vaca criolla, colorada de diez años de edad, de setecientos kilogramos, herrada con el signo de su propiedad; así como de un toro de raza holandesa, pinto en blanco y negro de quinientos kilogramos de siete años de edad, ambos tenían las orejas rayadas; los tenía confinados en el agostadero llamado predio Santa Teresa, lugar de donde fue sustraído el toro el treinta de julio de dos mil once, pues refiere que llegó aproximadamente a las ocho horas al corral que tiene circulado por una tela de alambre borreguero y palos de huizache, percatándose que a cincuenta metros del lugar se encontraba la bazofia del menudo y las vísceras del animal y una cuchilla de un metro con sesenta centímetros con cacha de plástico, llevándose únicamente la carne, observó rodadas de dos vehículos cerca del lugar, así como huellas de calzado; ocho días después, entre el siete y ocho de agosto advirtió de la desaparición de la vaca, al buscarla en los alrededores pudo encontrar nuevamente las vísceras del animal y sus restos. El juez responsable adminiculó ese dato de investigación con las entrevistas que se hicieron a Miguel Ángel Luévano Trejo, Jaime Ochoa García, Aurelio Basurto García y Zenón de Lira González, quienes afirmaron, en términos similares a la víctima, en el sentido de que Isidro Pinales Trejo es propietario de la vaca y del toro, así como de la ausencia de los animales en el lugar que el denunciante dijo haberlos dejado. Por otra parte, señaló como dato relevante, respecto de la existencia del lugar donde se encontraban los semovientes, el acta de inspección del lugar de los hechos elaborada por el agente José Alfredo Meza Neri, quien advirtió tratarse de un predio llamado Santa Teresa ubicado en el Bordo, Guadalupe, Zacatecas, el cual presenta varios corrales, en cuanto al sitio propiedad de la víctima, circulado por una malla borreguera de un metro con setenta centímetros de altura y con postes de mezquite; diligencia a la cual concedió valor probatorio en términos del artículo 145 del Código Procesal Penal vigente en el Estado, al emitirse por un agente de la policía ministerial en ejercicio de sus funciones, corroborando la existencia del lugar donde la víctima tenía los semovientes. Por último, el responsable señaló como dato importante para establecer la cuantía de los animales materia de apoderamiento y así fijar la pena correspondiente, la pericial de valuación emitida por Verónica Parga Núñez, perito adscrita al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, que asignó al equino un valor de $8,444.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos), monto que rebasa las cien, pero no las trescientas cuotas de salario mínimo cuando ocurrieron los hechos, a razón de $59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 moneda nacional), por lo que se señaló como pena la establecida en la fracción II, del artículo 330 del Código Penal del Estado de Zacatecas. En tales condiciones, el Juez de Garantía estableció, en términos de los artículos 22 y 378 del Código Procesal Penal, la existencia de los elementos para considerar justificados los extremos del delito de abigeato, pues quedó demostrado la sustracción de dos semovientes (toro y vaca), propiedad de Isidro Pinales Trejo, sin su consentimiento. En lo atinente a la probabilidad penal que se atribuye a Jesús Emanuel Chihuahua Dávila en la comisión del hecho que la ley señala como delito de abigeato, el juez responsable tomó en consideración los datos de prueba antes reseñados, a saber, las afirmaciones que realizaron los testigos Miguel Ángel Luévano Trejo y Jaime Ochoa García, quienes relataron haberse dado cuenta de la desaparición de diversos semovientes en el pueblo de El Bordo, municipio de Guadalupe, Zacatecas, indicando que ello ha ocurrido cuando se juntan un grupo de jóvenes en el citado pueblo para tomar y drogarse, señalando entre otros al ahora quejoso. Destacando como dato trascendental el testimonio de Juan López Casillas, quien en una primera versión narró diversos sucesos, como el hecho de reunirse con un grupo de personas, entre ellas, Manuel Chihuahua, Jaime, Héctor y Sergio Reza y con otros dos a quienes apodan "Chino" y "Mayo" para llevar a cabo diversos robos, refiriéndose en particular al de Isidro Pinales Trejo, en el cual fue participe del robo de la vaca, donde le tocó vigilar, pues la llevaron a un arroyo y ahí la mataron, correspondiéndole un pedazo de carne, además, agregó, una vez robados los animales los sacrificaban cerca del lugar y ahí desechaban las vísceras y la carne se la llevaban; en una segunda declaración, el testigo señaló haber participado en el robo del toro, relató que era la una de la mañana cuando llegaron en la camioneta verde propiedad de Emanuel Chihuahua, quedándose a cincuenta metros, mientras ellos sacaban al animal, matándolo cerca del corralón, dejando los restos tirados, llevándose únicamente la carne. Declaraciones que el juez responsable consideró congruentes con los hechos narrados por Isidro Pinales Trejo, pues éste señaló que en las dos ocasiones encontró cerca del corral los restos, las vísceras, la bazofia del menudo, los restos de las entrañas de animal, circunstancias reveladas por Juan Manuel López Casillas, conocido como "Chicho", como lo estableció el ministerio público. Asimismo, el juez al precisar la individualización del probable imputado, se apoyó en la investigación realizada por la autoridad persecutora de los delitos, para lograr establecer a Emanuel Chihuahua como una de las personas que llevó a cabo la conducta antisocial, porque Guillermo Chihuahua Dávila aportó la información relativa al nombre correcto de su hijo que es Jesús Emanuel Chihuahua Dávila. De igual forma, el Juez de garantía consideró la existencia de datos relevantes para determinar la intervención probable de Jesús Emmanuel Chihuahua Dávila en la realización del hecho que la ley señala como constitutivo del delito de abigeato, pues, por un lado, consideró la declaración de los testigos ya referidos, quienes señalaron que los sucesos se verifican cuando se presenta ese grupo de personas en la comunidad del Bordo; asimismo, el dicho de Juan López Casillas, quien, además de aceptar su participación, atribuye a Jesús Emmanuel Chihuahua Dávila y a otros la ejecución de la conducta ocasionada a Isidro Pinales Trejo, quien al describir las evidencias, corroboró lo manifestado por éste. Bajo ese contexto se considera que la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho en virtud de que se colmaron los requisitos precisados en párrafos precedentes para que la autoridad judicial librara la orden de aprehensión, toda vez que de las constancias que obran agregadas al expediente se aprecia que fue emitida por autoridad judicial, en el caso, el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. Asimismo, porque se aprecia que se formuló imputación al acusado por el hecho que la ley señala como delito de abigeato, previsto en el artículo 330, fracción II, del Código Penal vigente en la Entidad de Zacatecas. Por lo anterior, contrariamente a lo argumentado por el quejoso Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, el juez responsable no violó en su perjuicio el derecho fundamental de estricta aplicación de la ley, consagrado en el artículo 14 constitucional, dado que legalmente tuvo por acreditados los elementos materiales del hecho que la ley señala como delito de abigeato, previsto y sancionado por el artículo 330 fracción II, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, así como su probable responsabilidad penal en su comisión, con fundamento en las disposiciones sustantivas y adjetivas exactamente aplicables, como se vio párrafos atrás. Asimismo, resulta ineficaz el argumento expuesto por el quejoso en el sentido de que la orden de captura no cumple con las exigencias establecidas por el artículo 16 constitucional (fundamentación y motivación), toda vez que del contenido de la resolución reclamada se advierte que la responsable citó los preceptos legales aplicables al caso, expresó las razones particulares y las causas inmediatas que la condujeron a resolver en ese sentido y se adecuaron los motivos aducidos a las normas aplicables al caso justiciable; esto es, se explicó razonadamente porqué se surtió la hipótesis normativa invocada. Consecuentemente, no evidenciado a la luz de los conceptos de violación examinados, que la orden de aprehensión emitida el dos de abril de dos mil catorce, por el entonces Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, en la causa penal número 116/2014, viole en perjuicio del quejoso derecho fundamental alguno, ni advertida queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a las autoridades responsables Director General de la Policía Ministerial y Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones con sede en esta ciudad, estas últimas pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por no haberse reclamado por vicios propios. Ilustra el criterio expuesto la Jurisprudencia que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, contra los actos que reclamó del entonces Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, actualmente Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de esta ciudad, Director General de la Policía Ministerial y Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones, estas últimas pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese vía oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria con quien actúa y da fe hasta hoy veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.

  4. Principal

    En nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la licenciada secretaria Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta a la Juez con la boleta con número de registro 18506, a la que se acompaña el oficio 44201/2016 del índice de este propio tribunal, al que se adjunta un legajo de copias certificadas dentro de las que se contiene la demanda de amparo promovida por Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, en el que se transcribe el auto de ocho del mes y año en curso, en el que se decretó la separación de autos, pronunciada dentro del juicio de amparo 949/2016-6, del índice de este mismo Juzgado. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de noviembre de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la boleta de recepción de la demanda de amparo promovida por Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la ciudad de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades y el legajo de copias certificadas, de las cuales, entre otras, se advierte que en proveído de siete de noviembre del año en curso, dentro de los autos del juicio de amparo número 949/2016-6, del índice de este órgano jurisdiccional, se decretó la separación de los autos, siendo litis exclusiva para el presente sumario lo actuado dentro de la causa penal 116/2014, instruida a Jesús Emanuel Chihuahua Dávila y otros, por el delito de Abigeato, de la estadística del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la ciudad de Zacatecas. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1174/2016-7, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ADMISIÓN. Así, vista la boleta de recepción de la demanda de amparo promovida por Jesús Emanuel Chihuahua Dávila y el legajo de copias certificadas, se admite a trámite por cumplir con los requisitos que establece la ley de la materia; en la inteligencia que la litis en el juicio se ceñirá a actos que no sean o hayan sido materia de uno diverso, haciendo la debida aclaración que la prosecución del presente juicio será respecto de la autoridades a quienes ya se les reconoció el carácter de responsables dentro del diverso juicio de amparo amparo 949/2016-6, a saber, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la ciudad de Zacatecas, el Director de la Policía Ministerial y el Director de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, todos del Estado Zacatecas. En la inteligencia que respecto a las autoridades señaladas por el quejoso como responsables Jueces de Control de Calera de Víctor Rosales y Fresnillo, Zacatecas, no se hace pronunciamiento alguno en virtud de que de los autos que integran el juicio en el que se ordenó la separación de autos, se desprende que éstas negaron la existencia del acto reclamado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Tomando en consideración como hecho notorio que se invoca en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que dentro del juicio de amparo 949/2016-6, se formó incidente de suspensión y el mismo ya fue resuelto incluso por los actos atribuidos a las autoridades por las que se admitió la presente demanda; por tanto, deberán subsistir los efectos por los que se concedió la medida cautelar dentro del incidente relativo al aludido juicio de amparo; a efecto de integrar debidamente el juicio en que se actúa, obténgase copia certificada del original del incidente e intégrese un cuaderno único al presente sumario. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio; en el entendido de que la asignación de la anterior fecha, atiende a las cargas laborales que soporta este juzgado federal. INFORMES JUSTIFICADOS. Sin que haya necesidad de solicitar a las autoridades responsables Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la ciudad de Zacatecas, el Director de la Policía Ministerial y el Director de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, todos del Estado Zacatecas, su informe justificado, toda vez que los mismos se encuentran glosados en autos, además ya obran las constancias a que se refiere el artículo 117, relacionado con el artículo 75 de la Ley de Amparo, debiéndose por lo tanto únicamente informarles el contenido de este proveído para su conocimiento y efectos legales procedentes, y dese vista a las partes con ellos. NOTIFICACIÓN A L PARTE TERCERO INTERESADA. Toda vez que los terceros interesados Miguel Jaime Luévano Trejo, Isidro Pinales Trejo y Pedro Pinales de Lira, se encuentran debidamente emplazados al diverso juicio de amparo 949/2016-7, se comisiona al actuario de la adscripción les notifique personalmente el presente proveído en los domicilios que de éstos obran en el expediente citado, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. De igual manera, notifíquese mediante oficio al Agente del Ministerio Público que tuvo intervención en la causa penal de origen. PRUEBAS. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley que rige el juicio constitucional, téngase como prueba de la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la ciudad de Zacatecas, las documentales y tres DVD que allegó conjuntamente con su informe, mismos que serán valorados en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de éstos al momento de la celebración de la audiencia constitucional respectiva. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley que rige el juicio constitucional, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Fredi Ramos Cruz, toda vez que el mismo no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, con fundamente en el artículo 27 fracción I de la ley de Amparo, se tiene como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Hacienda de Trancoso número trescientos cuarenta y ocho, fraccionamiento Conde de Bernardez "El Dorado", en Guadalupe, Zacatecas. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Ángeles .

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