JesùS Eduardo Santoyo ChàVez

Expediente 589/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
589/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • JesùS Eduardo Santoyo ChàVez
  • Subdirector General de Subsidio Y Desarrollo Institucional de la ComisiòN Nacional de Vivienda, Con Sede En la Ciudad de MèXico.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    El trece de enero de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado, CERTIFICA: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del cinco al dieciocho de noviembre, para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado del cuatro al diecisiete de noviembre, para las autoridades responsables Subdirector General de Subsidio y Desarrollo Institucional, así como Subdirector General de Operación y Seguimiento, ambos de la Comisión Nacional de Vivienda del veinticuatro de noviembre al siete de diciembre y para Caja de la Sierra Gorda S.A. de C.V. S.F.P. del veinticinco de noviembre al ocho de diciembre, todas del año dos mil veintiuno, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 589/2020 De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión; Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos, con la promoción registrada bajo del folio 511 y la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a trece de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta que remite la autoridad responsable Caja de la Sierra Gorda S.A. de C.V., S.F.P. (por conducto de su representante legal) mediante la cual, en atención al requerimiento realizado por este Tribunal Federal, informa la fecha en la que recibió el oficio mediante el cual se le notificó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE con excepción del escrito de demanda y de la sentencia que puso fin al asunto; en razón de que por una parte se sobreseyó en el presente asunto y por otra se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Ahora bien; mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se reservó resolver sobre la solicitud de aclaración de sentencia realizada por la autoridad responsable Subdirector General de Subsidios y Desarrollo Institucional de la Comisión Nacional de Vivienda, (actualmente denominado Subdirector General de Operación y Seguimiento de la Comisión Nacional de Vivienda) hasta en tanto no causara ejecutoria; circunstancia que ya aconteció. En consecuencia; se resuelve en los siguientes términos: V I S T O S, los autos para resolver la aclaración de sentencia en el juicio de amparo número 589/2020; y, SE R E S U E L V E: ÚNICO. Se aclara la sentencia terminada de engrosar en veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 589/2020, acorde al último considerando de la presente resolución. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    El cuatro de enero de dos mil veintidós, se da cuenta con el estado de autos y la promoción registrada con el folio 19725. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obra constancia que permita acreditar que la autoridad responsable Director General de Caja de la Sierra Gorda S.A. de C.V. SOFIPO con residencia en Querétaro haya quedado notificada del oficio 37873/2021; por el que se notifica la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, mediante oficio que derive de este proveído requiérase vía telegráfica a la citada autoridad responsable para que informe a este Tribunal Federal dentro del plazo de tres días, al correo electrónico 1jdo23cto@correo.cjf.gob.mx mediante oficio digitalizado en formato PDF o por telegrama la fecha en que quedó legalmente notificada del oficio aludido. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, o no exponer los motivos legales que le impidan hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Finalmente, glósese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta que remite el delegado de la Comisión Nacional de Vivienda. Por tanto; en atención a su contenido dígasele que una vez que se reciba la información requerida mediante el presente auto, se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    El dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 18969. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta que remite el delegado de la autoridad responsable Subdirector General de Subsidios y Desarrollo Institucional de la Comisión Nacional de Vivienda, (actualmente denominado Subdirector General de Operación y Seguimiento de la Comisión Nacional de Vivienda) mediante la cual solicita la aclaración de la sentencia emitida en veintiocho de octubre del año en curso respecto al nombre del quejoso. En atención a lo anterior, se reserva resolver respecto a dicha solicitud hasta en tanto la sentencia cause ejecutoria, en tanto que las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo, por lo que resulta improcedente la aclaración que se solicita antes de agotar el recurso de revisión respectivo, puesto que ello supone que la sentencia que se pretende aclarar aún no es definitiva. Resultan aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo" Lo anterior con independencia de que el último párrafo del artículo 74 de la Ley de Amparo solo establezca que la aclaración de sentencia podrá hacerse de manera oficiosa por el órgano jurisdiccional, pues esa circunstancia no impide que las partes puedan proponerla; pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional emisor puede hacer suya la petición respectiva cuando lo estime procedente. Sirve de apoyo, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO PROCEDA DE OFICIO, NO IMPIDE QUE PUEDAN PROPONERLA LAS PARTES. Conforme al párrafo último del artículo 74 de la Ley de Amparo, la aclaración de sentencias sólo procede de oficio y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Sin embargo, esa circunstancia no impide que las partes puedan proponerla, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional emisor puede hacer suya la petición respectiva cuando lo estime procedente; esto es, la posibilidad de que las partes propongan una aclaración de sentencia permite al órgano jurisdiccional conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en aquélla para, en su caso, aclararla oficiosamente, a fin de lograr su debida ejecución y garantizar el derecho fundamental a una impartición de justicia completa, sin que ello implique que necesariamente deba pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la aclaración, pues el Presidente del órgano jurisdiccional válidamente puede desechar la solicitud por falta de legitimación del promovente si, una vez que el secretario de acuerdos dio cuenta con ella ante el órgano, ninguno de sus integrantes estima pertinente hacerla suya. Lo anterior sin que la aclaración interrumpa el plazo para interponer el recurso de revisión, toda vez que las partes se encuentran en aptitud de impugnar la sentencia desde que ésta se dicta, sin necesidad de esperar a que se aclare para preparar su defensa, pues los errores u omisiones susceptibles de aclararse no la modifican sustancialmente. Es importante precisar que a la fecha no existe constancia de que las autoridades responsables hayan quedado debidamente notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, cuyo domicilio se encuentra en la ciudad de México. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 589/2020, promovido por José Eduardo Santoyo Chávez, contra actos del Subdirector General de Subsidios y Desarrollo Institucional de la Comisión Nacional de la Vivienda, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, José Eduardo Santoyo Chávez, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto y autoridad responsable que más adelante se precisan. SEGUNDO. Admisión. La referida demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado la cual en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, fue registrada con el número 589/2020; se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. Mediante escrito presentado veintinueve de enero de dos mil veintiuno, el quejoso José Eduardo Santoyo Chávez, amplió su demanda de amparo, atribuyendo un nuevo acto reclamado a la autoridad responsable; la cual fue admitida en auto de tres de febrero de dos mil veintiuno; y se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado con relación a dicha ampliación. CUARTO. Ampliación de demanda. Mediante escrito presentado dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso José Eduardo Santoyo Chávez amplió nuevamente su demanda de amparo, señalando dos nuevos actos reclamados y dos nuevas autoridades responsables, dicha ampliación fue admitida a trámite en auto de diecinueve de marzo dos mil veintiuno; y se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado con relación a dicha ampliación. Finalmente, previos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, ... R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Eduardo Santoyo Chávez, contra la falta de contestación a la petición de once de marzo de dos mil veinte, presentado el treinta de junio siguiente y el oficio QCW.40/4836/2020, de once de diciembre de dos mil veinte, reclamadas al Subdirector General de Subsidios y Desarrollo Institucional de la Comisión Nacional de la Vivienda; así como de la falta de contestación al oficio QCW.3.2/030/2021, de once de febrero de dos mil veintiuno, remitido por el Director de Cofinanciamiento de la Comisión Nacional de Vivienda, con sede en la Ciudad de México, a la Caja de la Sierra Gorda, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular, por los motivos expuestos en considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a José Eduardo Santoyo Chávez, contra el oficio QCW.40/236/2021, de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por el Subdirector General de Operación y Seguimiento de la Comisión Nacional de la Vivienda, conforme a los razonamientos expuestos en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Diana Jaimes Villanueva, secretaria con quien actúa y da fe, hasta hoy veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

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