Jesús Emanuel Chihuahua Dávila

Expediente 1175/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1175/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
24/03/2017

Partes del expediente

  • Jesús Emanuel Chihuahua Dávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para el quejoso del ocho al veintitrés de marzo del año en curso, sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno del propio mes y año, por corresponder a sábados, domingos y días inhábiles; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo número 1175/2016-5; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado, por lo que no se exhibió billete de depósito. Sí existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. DOY FE. En la misma fecha el secretario da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, en la que se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase al Juez de Control en el Estado de zacatecas, un disco en formato de DVD que remitió en apoyo a su informe justificado y que obra por separado. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo. DOY FE. Bjm

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1175/2016, promovido por Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jesús Emanuel Chihuahua Dávila demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. A). ORDENADORA: Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas B). EJECUTORAS: 1. Director de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas. 2. Director de aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. IV. ACTOS RECLAMADOS: Orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, en auto de nueve de noviembre de dos mil dieciséis se registró y admitió a trámite bajo el número 1175/2016-1, virtud a la separación de juicios; sin que resultara necesario solicitar a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, ni el emplazamiento del tercero interesado, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada el uno de diciembre de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce, por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que el quejoso Jesús Emanuel Chihuahua Dávila comparece a esta instancia federal a reclamar: La orden de aprehensión dictada el dos de octubre de dos mil catorce, en los autos del juicio penal número 337/2013 que se instruye al quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abigeato, en agravio de Pedro Pinales de Lira, así como el cumplimiento de tal mandamiento de captura. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, al Director General de la Policía Ministerial y a la Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones, ambas pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 13, 14 y 17 de autos); además, tal certeza se corrobora con las constancias que allegó la primera de las mencionadas, consistentes en la copia certificada de la resolución de dos de octubre de dos mil catorce, emitida dentro de la causa penal 337/2013 de su índice y con el disco versátil digital relativo al registro en audio y video de la audiencia celebrada en esa data; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juzgado de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia. Al respecto es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, visible en la página ochocientos treinta, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso señala en esencia que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales previstos por el artículo 14 constitucional, en particular su derecho a un procedimiento penal donde el juez aplique con exactitud la ley penal a la causa que injusta e ilegalmente se le instruye, ya que no cometió delito alguno. Asimismo, refiere, la autoridad responsable transgredió en su perjuicio el precepto 16 constitucional, en virtud de que la orden de aprehensión girada en su contra carece de fundamentación y motivación. Previo al estudio de los motivos de disenso, es importante destacar que la resolución impugnada se analizará de conformidad con el Código Procesal Penal, con motivo de las reformas y adiciones publicadas el Decreto Número 511 publicado en el Suplemento 1 al número 74 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al quince de septiembre de dos mil siete. Lo anterior es así, dado que en conformidad con lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto respectivo, el sistema procesal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entraría en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, en el caso lo es el Código Procesal Penal, mismo que se hizo vigente, a partir del cinco de enero de dos mil nueve, sujetando hasta su conclusión definitiva de todos aquellos asuntos, ocurridos antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Zacatecas. Pues en el citado decreto, se estableció en el artículo segundo transitorio, la entrada en vigor del Código Procesal Penal en el Estado de Zacatecas, a partir del día cinco de enero del año dos mil nueve, en el distrito judicial primero de la capital. En ese contexto, la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, declaró que el Estado de Zacatecas incorpora a su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entrará en vigor de manera progresiva y por distritos judiciales, de conformidad con las siguientes consideraciones: I. A las cero horas del día cinco de enero de dos mil quince, para los Distritos Judiciales de Zacatecas, Calera, Ojocaliente, Villanueva, Jalpa, Juchipila, Nochistlán, Tlaltenango, Teúl de González Ortega, Jerez, Valparaíso, Miguel Auza, Concepción del Oro y Río Grande. II. A las cero horas del día cuatro de enero de dos mil dieciséis, para los Distritos Judiciales de Pinos, Loreto, Sombrerete y Fresnillo. Así, en el Estado de Zacatecas, el cinco de enero de dos mil quince, para los Distritos Judiciales de Zacatecas, se abrogó el Código Procesal Penal, en virtud del Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce. Sentado lo anterior, son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso en su escrito de demanda, sin que se advierta suplencia en la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En primer término se estima pertinente destacar que cuando el acto reclamado se hace consistir en el libramiento de una orden de captura no debe atenderse únicamente a las exigencias que para su dictado establece el dispositivo 16 del Pacto Federal, sino que para su aplicabilidad debe tomarse en consideración lo preceptuado por los demás ordinales que tutelan las garantías de seguridad jurídica, ello con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz los derechos fundamentales de la persona consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación la jurisprudencia que informa: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna". Expuesto lo anterior se considera que no asiste la razón al solicitante de la protección constitucional, ya que si bien atento al artículo 14 de la Constitución General de la República todo gobernado goza del derecho a ser oído antes de que se realice el acto de autoridad, lo cierto es que tratándose de un mandamiento de captura se actualiza una excepción a la regla, toda vez que el numeral 16 de la propia ley fundamental establece las condiciones para el libramiento de una orden de aprehensión y, previo a su emisión, no exige que se escuche al indiciado en defensa, ya que únicamente determina que dicha orden esté precedida por denuncia o querella respecto de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del encausado en su comisión. Apoya lo anterior la tesis de texto y rubro siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado". Aunado a lo anterior, es preciso destacar que la garantía de audiencia del inconforme no se ve limitada por el libramiento de la orden de aprehensión, dado que durante la secuela del proceso el inculpado tendrá oportunidad para aportar los medios de convicción que estime pertinentes y formular alegatos en la etapa respectiva, con lo cual se respetarán sus derechos fundamentales de audiencia y de adecuada defensa. En ese tenor se considera que resulta ineficaz el planteamiento vertido por el quejoso en el sentido de que con el dictado de la orden de captura reclamada se vulneró en su perjuicio el derecho fundamental que consagra el arábigo 14 constitucional, ya que como se indicó tratándose de mandamientos de captura no rige la garantía de previa audiencia. Por otro lado, es necesario resaltar que el artículo 16 constitucional establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". De la transcripción que antecede se aprecia que los requisitos que deben colmarse para que la autoridad judicial libre la orden de aprehensión son los siguientes: 1. Que sea dictada por una autoridad judicial competente. 2. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 3. Que ese delito esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. 4. Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. 5. Que esté debidamente fundada y motivada, como todo acto de autoridad debe estarlo. A su vez, los dispositivos 200 y 201 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas prevén: "Artículo 200. Cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tuviesen señalada pena privativa de la libertad, y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión de imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión, conducirán inmediatamente al detenido ante la presencia del Juez que hubiere expedido la orden, debiendo entregar al imputado copia de la misma. Una vez que el aprehendido por orden judicial sea puesto a disposición del Juez de Garantía, éste convocará dentro de un plazo de veinticuatro horas a una audiencia para que le sea formulada la imputación. Artículo 201. El Ministerio Público podrá solicitar el libramiento de una orden de aprehensión contra el imputado. Para tal efecto hará una relación de los hechos que le atribuya, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes que exhibirá ante la autoridad judicial, y expondrá las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán bajo protesta de decir verdad, en audiencia privada con el Juez. La conferencia privada será grabada". De los preceptos legales transcritos se aprecia que cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar la aprehensión del encausado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación; y que se decretará la aprehensión del inculpado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no comparezca sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos antes indicados, salvo el último de los ahí mencionados. Sentado lo anterior, se procede a analizar si en la especie se han colmado los requisitos que señala el artículo 16 constitucional. Bien, el primero de ellos, se encuentra debidamente satisfecho, pues la orden de aprehensión fue dictada por autoridad judicial competente y en ejercicio de sus funciones, dentro de su esfera de competencia, como lo es uno de los Jueces de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, quien tiene competencia legal para conocer de los ilícitos del fuero común -al momento en que acontecieron los hechos- previstos por el Código Penal para el Estado de Zacatecas, habida cuenta que el asunto fue sometido a su conocimiento y los hechos acontecieron en el lugar en donde ejerce jurisdicción, conforme a lo establecido por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. El artículo 16, segundo párrafo constitucional, establece respecto de la orden de aprehensión, entre otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial; a su vez, el primer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la protección de la persona, al exigir que todo acto que implique una afectación a ésta, debe provenir de autoridad competente, es decir, aquella que esté facultada legalmente para emitir el acto de que se trate. Por ello, si la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, pues tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, el juzgador que la emita, también debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que en su caso llegare a instruirse por el o los delitos por los que la libra, atendiéndose desde luego, a los criterios para fijar la competencia esto es, por territorio, materia, cuantía o conexidad". Respecto al segundo de los requisitos, consistente en la existencia de una denuncia, acusación o querella, cabe precisar que el ilícito imputado al ahora quejoso se persigue por denuncia de parte ofendida, evidenciándose de autos su existencia a cargo de Pedro Pinales de Lira. Este documento justifica el segundo supuesto mencionado por el precitado numeral 16 constitucional, ya que mediante ella se hizo del conocimiento del ministerio público ciertos hechos que el Código Penal del Estado de Zacatecas tipifica como delito. Por otro lado, los hechos descritos en la denuncia se encuentran tipificados como delito y sancionado por el artículo 330, fracción II, del Código para el Estado de Zacatecas, con lo cual se colma el tercer requisito constitucional relativo a que el delito de que se trate esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. Ahora bien, en el cuarto y quinto requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 16 constitucional, ameritan un estudio aparte, conforme a las exposiciones y consideraciones que a continuación se emiten. En ese sentido, el juez responsable al pronunciar la orden de aprehensión reclamada en esta vía, señaló que la conducta antijurídica imputada al aquí quejoso Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, lo es el de abigeato, previsto en el artículo 330, fracción IV, del Código Penal vigente en la Entidad de Zacatecas, que dispone lo siguiente: "Artículo 330. Comete el delito de abigeato el que se apodere de una o más cabezas de ganado ajeno cualquiera que sea su especie, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas, independientemente del lugar donde se encuentren y de que formen o no hato. El delito de abigeato se sancionará conforme a las reglas siguientes: . IV. Cuando el valor del ganado exceda de quinientas cuotas la sanción será de cuatro a doce años y multa hasta de trescientas a trescientas cincuenta cuotas. [.] ". Asimismo, se estima que la determinación a que arribó el juez responsable para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado en su comisión se encuentra debidamente fundada y motivada. Efectivamente, la autoridad responsable estimó los siguientes elementos del tal ilícito: La existencia de un apoderamiento. Que recaiga sobre una o más cabezas de ganado. 3. Ocurra sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas. Enseguida, a fin de tener por acreditados los elementos del delito de abigeato, el juez de la causa tomó en consideración la denuncia de Pedro Pinales de Lira, quien manifestó que era propietario de un corral de ganado, en el cual se queda de manera diaria, dado que tiene una habitación y en ésta se queda a dormir; el día de los hechos no pudo quedarse, debido a que tenía que llevar a su esposa a recibir atención médica al día siguiente; la madrugada del dieciocho de mayo de dos mil doce ocurrieron los hechos, ya que la mañana del día en mención acudió al corral de su propiedad ubicado en Majadas, El Bordo, Guadalupe Zacatecas y se percató que el lugar donde él ordinariamente se quedaba a dormir se encontraba dañado con un impacto de bala que iba directamente a la cama, faltaban diversas cabezas de ganado y algunas reatas, específicamente ochenta borregas de la raza Dorper, de lana, con un peso de setenta kilogramos cada una y dejaron veinte de ellas maniatadas. Denuncia a la que otorgó valor de indicio en términos de lo previsto por el artículo 22 del Código Procesal Penal del Estado de Zacatecas, pues resultó útil para confirmar que el dieciocho de mayo de dos mil doce, Pedro Pinales de Lira fue desapoderado de ochenta cabezas de ganado de la raza Dorper de lana, con un peso de setenta kilogramos cada una, en el potrero de su propiedad ubicado en Majadas, El Bordo de Guadalupe, Zacatecas. Al respecto, el juez de origen precisó que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley del Fomento de Ganadería del Estado de Zacatecas, las borregas sustraídas a Pedro Pinales de Lira tienen la calidad de ganado bovino. En cuanto al elemento ajeneidad expuso se justificaba con la denuncia presentada por el sujeto pasivo del delito, pues los semovientes se encontraban en el interior de su propiedad, por lo que indudablemente le pertenecían, ya que conforme a las reglas del Código Civil, al encontrarse estos bienes en su propiedad, ésta se presumía. El juez responsable adminiculó ese dato de investigación con los testimonios de Jaime García Ochoa y Zenón de Lira González, quienes de manera coincidente señalaron que conocían a Pedro Pinales de Lira, porque han vivido en la comunidad todo tiempo, les constaba que éste se ha dedicado hace más de quince años a la crianza de animales, pues tiene un corral por la presa Santa Teresa del Bordo en Guadalupe, Zacatecas y que entre los animales que había tenido eran borregos; asimismo, señalaron haberse enterado de que le robaron algunas borregas, las que llegaron a ver en el corral del ofendido. Testimonios a los que otorgó valor de indicio, acorde a lo ordenado por el artículo 22 del Código Procesal Penal del Estado de Zacatecas, aunado a que de manera uniforme sostuvieron conocer a la víctima y sabían que tenía en su propiedad diversas borregas de las características ya precisadas. En lo relativo al tercero de los elementos del hecho que la ley señala como delito de abigeato, consistente en que el apoderamiento se verifique sin consentimiento de quien legalmente podía disponer de ellas, la responsable tomó en cuenta lo expresado por Pedro Pinales de Lira, quien dijo que el dieciocho de mayo de dos mil doce, no se quedó a dormir en el corral de ganado de su propiedad, pues llevó a su esposa a recibir atención médica y ese día por la mañana se pudo percatar que había un impacto de bala en el lugar donde él dormía. En tales condiciones, resultó evidente que se actualizó el injusto de abigeato, al quedar acreditado que la madrugada del dieciocho de mayo de dos mil doce, en el potrero ubicado en Majadas, El Bordo, Guadalupe Zacatecas, se efectuó una acción de apoderamiento de varias cabezas de ganado, propiedad de Pedro Pinales de Lira, lo que fue corroborado por Jaime García Ochoa y Zenón de Lira González; además, el apoderamiento se efectuó sin la anuencia de la víctima o alguna otra persona legitimada para tal efecto. Por otra parte, el juzgador señaló como dato relevante la inspección ocular del lugar de los hechos practicada por un elemento de la Policía Ministerial, quien se constituyó en el lugar del suceso, asentó que se encontraba delimitado con postes, mezquites, alambre de púas, proporcionó las medidas del mismo, así como la existencia malla de borrega de veinte por treinta metros; que en su interior se encontraban edificadas tres habitaciones de adobe y tierra con techos de lámina. Dato de prueba al que otorgó valor de indicio conforme lo previsto por el artículo 22 del Código Procesal Penal, pues de ahí emanaron circunstancias en torno a la ubicación de los animales, destacando la existencia de tres edificaciones, entre las que se encontraba una donde la víctima se quedaba a dormir. Por último, el responsable señaló como dato importante para establecer la cuantía de los animales materia de apoderamiento y así fijar la pena correspondiente, la pericial de valuación emitida por Verónica Parga Núñez, que asignó a los semovientes sustraídos un valor de noventa y seis mil pesos, monto que supera las cuotas a que se refiere la fracción IV del artículo 330 del Código Penal vigente en la época de ocurridos los hechos. En tales condiciones, el Juez de Garantía estableció que se había justificado el delito de abigeato. En lo atinente a la probabilidad penal que se atribuye a Jesús Emanuel Chihuahua Dávila en la comisión del hecho que la ley señala como delito de abigeato, el juez responsable tomó en consideración la denuncia de Pedro Pinales de Lira, haciendo la aclaración que Manuel Chihuahua y Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, son la misma persona, además el ofendido realizó una imputación directa contra el sujeto activo. Destacando como dato trascendental el testimonio de Juan López Casillas, alias "Chicho" quien sostuvo vivir en la comunidad del Bordo en Guadalupe Zacatecas, conocer a la víctima Pedro Pinales desde que se fue a vivir en dicho lugar y su domicilio, sabe que le han robado en diversas ocasiones, hechos en los cuales han participado Jaime, Héctor y Sergio Reza, así como el imputado, a quien identificó como Manuel Chihuahua; llegó a acudir en compañía de esas personas, quienes lo llevaban con mentiras dado que le ofrecían cerveza. En cuanto a los hechos investigados, refirió que él se quedaba en la camioneta de Manuel Chihuahua, la cual era grande californiana y las personas que los acompañaban iban a robar, esto ocurrió en diversas ocasiones y la última vez, entre dos y tres de la mañana, fueron alrededor de ochenta borregas de lana, lo que ocurrió en mayo de dos mil doce; fueron sustraídas del corral ubicado junto a la presa; en la referida ocasión Jaime, Héctor, Manuel y Sergio acudieron en ese vehículo grande, el cual iba adaptado a una traila y duraron un momento cargándolas, ignorando el destino de las borregas, dado que a él lo dejaban en su domicilio y se retiraban, llevando un artefacto de fuego; quien planeaba esos sucesos era el imputado, a quien conoce como Manuel, lo hacían en la tienda de la comunidad e incluso los invitaba a ingerir cerveza y que por la noche acudían a cometer el hurto. Del anterior dato de prueba, el juez de origen obtuvo que el imputado Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, era quien planeaba el evento delictivo y acudía materialmente a ejecutarlo; por tanto, no podía considerarse una versión incongruente o falsa, pues proporcionó datos como la fecha en que se llevó a cabo el apoderamiento, es decir, mayo de dos mil doce, el número de semovientes sustraídos que fueron ochenta, de lana y el lugar donde se encontraban, a saber, en el Bordo, por la presa, lo cual coincidía con la propiedad del sujeto pasivo. Asimismo, se proporcionan circunstancias como la presencia de una camioneta grande a la que se adaptaba una traila y el número de personas que eran, tiempo que tardaron en sustraer las borregas. Así pues, antes tales datos de prueba se logró precisar que fue posible que el imputado en compañía de otras personas acudió a la propiedad de Ia víctima por la madrugada del dieciocho de mayo de dos mil doce y sustrajeron de manera agrupada los animales que ahí se encontraban siendo ochenta, además precisó la forma de ejecución del evento, como llegaron hasta el sitio y que utilizaron un artefacto de fuego en el sitio que seguramente sabían en que el ofendido se quedaba, lo cual se corrobora con la denuncia de Pedro Pinales de Lira. Por su parte, el diverso testigo Jaime García Ochoa sostuvo saber, por haber vivido en la comunidad de "El Bordo", Guadalupe, Zacatecas, las veces que han robado a la víctima Pedro Pinales de Lira y en cuanto a Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, conocido como "Memo Chihuahua", lo han observado tomar cerveza y droga con algunos amigos, quienes son hijos de una persona apodada La Dueña; además, es muy conocido en la comunidad cuando anda tomando y el hecho de que tienen una carnicería en el municipio de Calera, Zacatecas; el padre del imputado se dedica a preparar banquetes en diversos eventos y en la citada comunidad se comenta que ellos han robado diverso ganado y cobre. A su vez, tomó en cuenta el testimonio de Miguel Jaime Luevano, quien hizo mención que conocía desde chico a la víctima porque viven en la misma comunidad, quien se dedica a la cuida de ganado y le habían robado diversos animales; tuvo conocimiento de que fue Memo Chihuahua quien cometió el hecho delictivo, pues en diversas ocasiones le han robado a Pedro Pinales de Lira y se dio cuenta que Juan López Casillas, alias "El Chicho", quien dijo que había sustraído los animales, pues él había participado. Datos de prueba que fueron valorados como indicio en términos de lo previsto por el artículo 22 del Código Procesal Penal, pues resultaron de utilidad para justificar la probable participación de Jesús Emanuel Chihuahua Dávila en la comisión del hecho que la hoy señala como delito de abigeato. De su estudio integral se logró advertir que proporcionaron datos como el hecho que Jaime García Ochoa, se dio cuenta que el imputado se dedicaba a ingerir bebidas embriagantes en compañía de otras personas, pues el propio Juan López Casillas declaró que una vez cometido el robo, se retiraban del lugar y se dedicaban a ingerir bebidas alcohólicas. Por su parte, el segundo ateste informó que Juan López Casillas, alias "El Chicho", les manifestó que sabía del robo de los animales, pues participó en él, por lo que tal información constituye un indicio contra el imputado. De igual forma, el juez de origen tomó en cuenta la pericial de campo realizada por Erendida González, quien practicó un dictamen de identificación de lofoscopía, señalando que encontró indicios de impacto de proyectil de arma de fuego, lo que coincidía con la manifestación de Pedro Pinales de Lira, en el sentido de que cuando arribó al lugar de su propiedad se percató que se había accionado un arma de fuego en el lugar donde él dormía. Ante tal situación, el juez responsable precisó que atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, que sobre la valoración disponen los numerales 22 y 378 del ordenamiento legal citado, era evidente estimar que Jesús Emanuel Chihuahua Dávila participó en la comisión del delito de abigeato ocurrido la madrugada del dieciocho de mayo de dos mil doce, en el sitio conocido como Majadas, El Bordo del municipio de Guadalupe, Zacatecas y sustrajo ochenta borregas, propiedad de Pedro Pinales de Lira en compañía de otras personas. En lo relativo a la figura de la coautoría, se abundó en el sentido de que era indudable que existió codominio funcional del hecho, es decir reparto de funciones entre los intervinientes del evento delicitivo, pues de lo declarado por Juan López Casillas, se advirtió que el imputado acudía con otros personas, que uno de ellos se quedaban en el interior de un vehículo, los demás ingresaban al lugar y comenzaban a realizar la carga de las borregas y el sujeto activo era quien planeaba el hurto. Ante ello, concluyó que Jesús Emanuel Chihuahua Dávila participó en los hechos en su calidad de coautor en términos de lo previsto por la fracción II del artículo 11 del Código Penal del Estado de Zacatecas. Bajo ese contexto se considera que la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho en virtud de que se colmaron los requisitos precisados en párrafos precedentes para que la autoridad judicial librara la orden de aprehensión, toda vez que de las constancias que obran agregadas al expediente se aprecia que fue emitida por autoridad judicial, en el caso, el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. Asimismo, porque se aprecia que se formuló imputación al acusado por el hecho que la ley señala como delito de abigeato, previsto en el artículo 330, fracción IV, del Código Penal vigente en la Entidad de Zacatecas. Por lo anterior, contrariamente a lo argumentado por el quejoso Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, el juez responsable no violó en su perjuicio el derecho fundamental de estricta aplicación de la ley, consagrado en el artículo 14 constitucional, dado que legalmente tuvo por acreditados los elementos materiales del hecho que la ley señala como delito de abigeato, previsto y sancionado por el artículo 330, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, así como su probable responsabilidad penal en su comisión, con fundamento en las disposiciones sustantivas y adjetivas exactamente aplicables, como se vio párrafos atrás. Asimismo, resulta ineficaz el argumento expuesto por el quejoso en el sentido de que la orden de captura no cumple con las exigencias establecidas por el artículo 16 constitucional (fundamentación y motivación), toda vez que del contenido de la resolución reclamada se advierte que la responsable citó los preceptos legales aplicables al caso, expresó las razones particulares y las causas inmediatas que la condujeron a resolver en ese sentido y se adecuaron los motivos aducidos a las normas aplicables al caso justiciable; esto es, se explicó razonadamente porqué se surtió la hipótesis normativa invocada. Consecuentemente, no evidenciado a la luz de los conceptos de violación examinados, que la orden de aprehensión emitida el dos de octubre de dos mil catorce, por el entonces Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, en la causa penal número 337/2013, viole en perjuicio del quejoso derecho fundamental alguno, ni advertida queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a las autoridades responsables Director General de la Policía Ministerial y Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones con sede en esta ciudad, estas últimas pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por no haberse reclamado por vicios propios. Ilustra el criterio expuesto la Jurisprudencia que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, contra los actos que reclamó del entonces Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, actualmente Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de esta ciudad, Director General de la Policía Ministerial y Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones, estas últimas pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos precisados en el último. Notifíquese vía oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria con quien actúa y da fe hasta hoy veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA,LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO:"Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1175/2016, promovido por Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jesús Emanuel Chihuahua Dávila demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: III. AUTORIDAD RESPONSABLE. A). ORDENADORA: Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas B). EJECUTORAS: 1. Director de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas. 2. Director de aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. IV. ACTOS RECLAMADOS: Orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, en auto de nueve de noviembre de dos mil dieciséis se registró y admitió a trámite bajo el número 1175/2016-1, virtud a la separación de juicios; sin que resultara necesario solicitar a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, ni el emplazamiento del tercero interesado, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada el uno de diciembre de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce, por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que el quejoso Jesús Emanuel Chihuahua Dávila comparece a esta instancia federal a reclamar: La orden de aprehensión dictada el dos de octubre de dos mil catorce, en los autos del juicio penal número 337/2013 que se instruye al quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abigeato, en agravio de Pedro Pinales de Lira, así como el cumplimiento de tal mandamiento de captura. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, al Director General de la Policía Ministerial y a la Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones, ambas pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 13, 14 y 17 de autos); además, tal certeza se corrobora con las constancias que allegó la primera de las mencionadas, consistentes en la copia certificada de la resolución de dos de octubre de dos mil catorce, emitida dentro de la causa penal 337/2013 de su índice y con el disco versátil digital relativo al registro en audio y video de la audiencia celebrada en esa data; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juzgado de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia. Al respecto es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, visible en la página ochocientos treinta, de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso señala en esencia que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales previstos por el artículo 14 constitucional, en particular su derecho a un procedimiento penal donde el juez aplique con exactitud la ley penal a la causa que injusta e ilegalmente se le instruye, ya que no cometió delito alguno. Asimismo, refiere, la autoridad responsable transgredió en su perjuicio el precepto 16 constitucional, en virtud de que la orden de aprehensión girada en su contra carece de fundamentación y motivación. Previo al estudio de los motivos de disenso, es importante destacar que la resolución impugnada se analizará de conformidad con el Código Procesal Penal, con motivo de las reformas y adiciones publicadas el Decreto Número 511 publicado en el Suplemento 1 al número 74 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al quince de septiembre de dos mil siete. Lo anterior es así, dado que en conformidad con lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto respectivo, el sistema procesal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entraría en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, en el caso lo es el Código Procesal Penal, mismo que se hizo vigente, a partir del cinco de enero de dos mil nueve, sujetando hasta su conclusión definitiva de todos aquellos asuntos, ocurridos antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Zacatecas. Pues en el citado decreto, se estableció en el artículo segundo transitorio, la entrada en vigor del Código Procesal Penal en el Estado de Zacatecas, a partir del día cinco de enero del año dos mil nueve, en el distrito judicial primero de la capital. En ese contexto, la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, declaró que el Estado de Zacatecas incorpora a su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entrará en vigor de manera progresiva y por distritos judiciales, de conformidad con las siguientes consideraciones: I. A las cero horas del día cinco de enero de dos mil quince, para los Distritos Judiciales de Zacatecas, Calera, Ojocaliente, Villanueva, Jalpa, Juchipila, Nochistlán, Tlaltenango, Teúl de González Ortega, Jerez, Valparaíso, Miguel Auza, Concepción del Oro y Río Grande. II. A las cero horas del día cuatro de enero de dos mil dieciséis, para los Distritos Judiciales de Pinos, Loreto, Sombrerete y Fresnillo. Así, en el Estado de Zacatecas, el cinco de enero de dos mil quince, para los Distritos Judiciales de Zacatecas, se abrogó el Código Procesal Penal, en virtud del Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce. Sentado lo anterior, son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso en su escrito de demanda, sin que se advierta suplencia en la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En primer término se estima pertinente destacar que cuando el acto reclamado se hace consistir en el libramiento de una orden de captura no debe atenderse únicamente a las exigencias que para su dictado establece el dispositivo 16 del Pacto Federal, sino que para su aplicabilidad debe tomarse en consideración lo preceptuado por los demás ordinales que tutelan las garantías de seguridad jurídica, ello con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz los derechos fundamentales de la persona consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación la jurisprudencia que informa: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna". Expuesto lo anterior se considera que no asiste la razón al solicitante de la protección constitucional, ya que si bien atento al artículo 14 de la Constitución General de la República todo gobernado goza del derecho a ser oído antes de que se realice el acto de autoridad, lo cierto es que tratándose de un mandamiento de captura se actualiza una excepción a la regla, toda vez que el numeral 16 de la propia ley fundamental establece las condiciones para el libramiento de una orden de aprehensión y, previo a su emisión, no exige que se escuche al indiciado en defensa, ya que únicamente determina que dicha orden esté precedida por denuncia o querella respecto de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del encausado en su comisión. Apoya lo anterior la tesis de texto y rubro siguientes: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Aunado a lo anterior, es preciso destacar que la garantía de audiencia del inconforme no se ve limitada por el libramiento de la orden de aprehensión, dado que durante la secuela del proceso el inculpado tendrá oportunidad para aportar los medios de convicción que estime pertinentes y formular alegatos en la etapa respectiva, con lo cual se respetarán sus derechos fundamentales de audiencia y de adecuada defensa. En ese tenor se considera que resulta ineficaz el planteamiento vertido por el quejoso en el sentido de que con el dictado de la orden de captura reclamada se vulneró en su perjuicio el derecho fundamental que consagra el arábigo 14 constitucional, ya que como se indicó tratándose de mandamientos de captura no rige la garantía de previa audiencia. Por otro lado, es necesario resaltar que el artículo 16 constitucional establece: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De la transcripción que antecede se aprecia que los requisitos que deben colmarse para que la autoridad judicial libre la orden de aprehensión son los siguientes: 1. Que sea dictada por una autoridad judicial competente. 2. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 3. Que ese delito esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. 4. Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. 5. Que esté debidamente fundada y motivada, como todo acto de autoridad debe estarlo. A su vez, los dispositivos 200 y 201 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas prevén: Artículo 200. Cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tuviesen señalada pena privativa de la libertad, y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión de imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión, conducirán inmediatamente al detenido ante la presencia del Juez que hubiere expedido la orden, debiendo entregar al imputado copia de la misma. Una vez que el aprehendido por orden judicial sea puesto a disposición del Juez de Garantía, éste convocará dentro de un plazo de veinticuatro horas a una audiencia para que le sea formulada la imputación. Artículo 201. El Ministerio Público podrá solicitar el libramiento de una orden de aprehensión contra el imputado. Para tal efecto hará una relación de los hechos que le atribuya, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes que exhibirá ante la autoridad judicial, y expondrá las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán bajo protesta de decir verdad, en audiencia privada con el Juez. La conferencia privada será grabada. De los preceptos legales transcritos se aprecia que cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar la aprehensión del encausado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación; y que se decretará la aprehensión del inculpado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no comparezca sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos antes indicados, salvo el último de los ahí mencionados. Sentado lo anterior, se procede a analizar si en la especie se han colmado los requisitos que señala el artículo 16 constitucional. Bien, el primero de ellos, se encuentra debidamente satisfecho, pues la orden de aprehensión fue dictada por autoridad judicial competente y en ejercicio de sus funciones, dentro de su esfera de competencia, como lo es uno de los Jueces de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, quien tiene competencia legal para conocer de los ilícitos del fuero común -al momento en que acontecieron los hechos- previstos por el Código Penal para el Estado de Zacatecas, habida cuenta que el asunto fue sometido a su conocimiento y los hechos acontecieron en el lugar en donde ejerce jurisdicción, conforme a lo establecido por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. El artículo 16, segundo párrafo constitucional, establece respecto de la orden de aprehensión, entre otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial; a su vez, el primer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la protección de la persona, al exigir que todo acto que implique una afectación a ésta, debe provenir de autoridad competente, es decir, aquella que esté facultada legalmente para emitir el acto de que se trate. Por ello, si la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, pues tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, el juzgador que la emita, también debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que en su caso llegare a instruirse por el o los delitos por los que la libra, atendiéndose desde luego, a los criterios para fijar la competencia esto es, por territorio, materia, cuantía o conexidad". Respecto al segundo de los requisitos, consistente en la existencia de una denuncia, acusación o querella, cabe precisar que el ilícito imputado al ahora quejoso se persigue por denuncia de parte ofendida, evidenciándose de autos su existencia a cargo de Pedro Pinales de Lira. Este documento justifica el segundo supuesto mencionado por el precitado numeral 16 constitucional, ya que mediante ella se hizo del conocimiento del ministerio público ciertos hechos que el Código Penal del Estado de Zacatecas tipifica como delito. Por otro lado, los hechos descritos en la denuncia se encuentran tipificados como delito y sancionado por el artículo 330, fracción II, del Código para el Estado de Zacatecas, con lo cual se colma el tercer requisito constitucional relativo a que el delito de que se trate esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. Ahora bien, en el cuarto y quinto requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 16 constitucional, ameritan un estudio aparte, conforme a las exposiciones y consideraciones que a continuación se emiten. En ese sentido, el juez responsable al pronunciar la orden de aprehensión reclamada en esta vía, señaló que la conducta antijurídica imputada al aquí quejoso Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, lo es el de abigeato, previsto en el artículo 330, fracción IV, del Código Penal vigente en la Entidad de Zacatecas, que dispone lo siguiente: Artículo 330. Comete el delito de abigeato el que se apodere de una o más cabezas de ganado ajeno cualquiera que sea su especie, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas, independientemente del lugar donde se encuentren y de que formen o no hato. El delito de abigeato se sancionará conforme a las reglas siguientes: IV. Cuando el valor del ganado exceda de quinientas cuotas la sanción será de cuatro a doce años y multa hasta de trescientas a trescientas cincuenta cuotas. Asimismo, se estima que la determinación a que arribó el juez responsable para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado en su comisión se encuentra debidamente fundada y motivada. Efectivamente, la autoridad responsable estimó los siguientes elementos del tal ilícito: La existencia de un apoderamiento. Que recaiga sobre una o más cabezas de ganado. 3. Ocurra sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas. Enseguida, a fin de tener por acreditados los elementos del delito de abigeato, el juez de la causa tomó en consideración la denuncia de Pedro Pinales de Lira, quien manifestó que era propietario de un corral de ganado, en el cual se queda de manera diaria, dado que tiene una habitación y en ésta se queda a dormir; el día de los hechos no pudo quedarse, debido a que tenía que llevar a su esposa a recibir atención médica al día siguiente; la madrugada del dieciocho de mayo de dos mil doce ocurrieron los hechos, ya que la mañana del día en mención acudió al corral de su propiedad ubicado en Majadas, El Bordo, Guadalupe Zacatecas y se percató que el lugar donde él ordinariamente se quedaba a dormir se encontraba dañado con un impacto de bala que iba directamente a la cama, faltaban diversas cabezas de ganado y algunas reatas, específicamente ochenta borregas de la raza Dorper, de lana, con un peso de setenta kilogramos cada una y dejaron veinte de ellas maniatadas. Denuncia a la que otorgó valor de indicio en términos de lo previsto por el artículo 22 del Código Procesal Penal del Estado de Zacatecas, pues resultó útil para confirmar que el dieciocho de mayo de dos mil doce, Pedro Pinales de Lira fue desapoderado de ochenta cabezas de ganado de la raza Dorper de lana, con un peso de setenta kilogramos cada una, en el potrero de su propiedad ubicado en Majadas, El Bordo de Guadalupe, Zacatecas. Al respecto, el juez de origen precisó que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley del Fomento de Ganadería del Estado de Zacatecas, las borregas sustraídas a Pedro Pinales de Lira tienen la calidad de ganado bovino. En cuanto al elemento ajeneidad expuso se justificaba con la denuncia presentada por el sujeto pasivo del delito, pues los semovientes se encontraban en el interior de su propiedad, por lo que indudablemente le pertenecían, ya que conforme a las reglas del Código Civil, al encontrarse estos bienes en su propiedad, ésta se presumía. El juez responsable adminiculó ese dato de investigación con los testimonios de Jaime García Ochoa y Zenón de Lira González, quienes de manera coincidente señalaron que conocían a Pedro Pinales de Lira, porque han vivido en la comunidad todo tiempo, les constaba que éste se ha dedicado hace más de quince años a la crianza de animales, pues tiene un corral por la presa Santa Teresa del Bordo en Guadalupe, Zacatecas y que entre los animales que había tenido eran borregos; asimismo, señalaron haberse enterado de que le robaron algunas borregas, las que llegaron a ver en el corral del ofendido. Testimonios a los que otorgó valor de indicio, acorde a lo ordenado por el artículo 22 del Código Procesal Penal del Estado de Zacatecas, aunado a que de manera uniforme sostuvieron conocer a la víctima y sabían que tenía en su propiedad diversas borregas de las características ya precisadas. En lo relativo al tercero de los elementos del hecho que la ley señala como delito de abigeato, consistente en que el apoderamiento se verifique sin consentimiento de quien legalmente podía disponer de ellas, la responsable tomó en cuenta lo expresado por Pedro Pinales de Lira, quien dijo que el dieciocho de mayo de dos mil doce, no se quedó a dormir en el corral de ganado de su propiedad, pues llevó a su esposa a recibir atención médica y ese día por la mañana se pudo percatar que había un impacto de bala en el lugar donde él dormía. En tales condiciones, resultó evidente que se actualizó el injusto de abigeato, al quedar acreditado que la madrugada del dieciocho de mayo de dos mil doce, en el potrero ubicado en Majadas, El Bordo, Guadalupe Zacatecas, se efectuó una acción de apoderamiento de varias cabezas de ganado, propiedad de Pedro Pinales de Lira, lo que fue corroborado por Jaime García Ochoa y Zenón de Lira González; además, el apoderamiento se efectuó sin la anuencia de la víctima o alguna otra persona legitimada para tal efecto. Por otra parte, el juzgador señaló como dato relevante la inspección ocular del lugar de los hechos practicada por un elemento de la Policía Ministerial, quien se constituyó en el lugar del suceso, asentó que se encontraba delimitado con postes, mezquites, alambre de púas, proporcionó las medidas del mismo, así como la existencia malla de borrega de veinte por treinta metros; que en su interior se encontraban edificadas tres habitaciones de adobe y tierra con techos de lámina. Dato de prueba al que otorgó valor de indicio conforme lo previsto por el artículo 22 del Código Procesal Penal, pues de ahí emanaron circunstancias en torno a la ubicación de los animales, destacando la existencia de tres edificaciones, entre las que se encontraba una donde la víctima se quedaba a dormir. Por último, el responsable señaló como dato importante para establecer la cuantía de los animales materia de apoderamiento y así fijar la pena correspondiente, la pericial de valuación emitida por Verónica Parga Núñez, que asignó a los semovientes sustraídos un valor de noventa y seis mil pesos, monto que supera las cuotas a que se refiere la fracción IV del artículo 330 del Código Penal vigente en la época de ocurridos los hechos. En tales condiciones, el Juez de Garantía estableció que se había justificado el delito de abigeato. En lo atinente a la probabilidad penal que se atribuye a Jesús Emanuel Chihuahua Dávila en la comisión del hecho que la ley señala como delito de abigeato, el juez responsable tomó en consideración la denuncia de Pedro Pinales de Lira, haciendo la aclaración que Manuel Chihuahua y Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, son la misma persona, además el ofendido realizó una imputación directa contra el sujeto activo. Destacando como dato trascendental el testimonio de Juan López Casillas, alias "Chicho" quien sostuvo vivir en la comunidad del Bordo en Guadalupe Zacatecas, conocer a la víctima Pedro Pinales desde que se fue a vivir en dicho lugar y su domicilio, sabe que le han robado en diversas ocasiones, hechos en los cuales han participado Jaime, Héctor y Sergio Reza, así como el imputado, a quien identificó como Manuel Chihuahua; llegó a acudir en compañía de esas personas, quienes lo llevaban con mentiras dado que le ofrecían cerveza. En cuanto a los hechos investigados, refirió que él se quedaba en la camioneta de Manuel Chihuahua, la cual era grande californiana y las personas que los acompañaban iban a robar, esto ocurrió en diversas ocasiones y la última vez, entre dos y tres de la mañana, fueron alrededor de ochenta borregas de lana, lo que ocurrió en mayo de dos mil doce; fueron sustraídas del corral ubicado junto a la presa; en la referida ocasión Jaime, Héctor, Manuel y Sergio acudieron en ese vehículo grande, el cual iba adaptado a una traila y duraron un momento cargándolas, ignorando el destino de las borregas, dado que a él lo dejaban en su domicilio y se retiraban, llevando un artefacto de fuego; quien planeaba esos sucesos era el imputado, a quien conoce como Manuel, lo hacían en la tienda de la comunidad e incluso los invitaba a ingerir cerveza y que por la noche acudían a cometer el hurto. Del anterior dato de prueba, el juez de origen obtuvo que el imputado Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, era quien planeaba el evento delictivo y acudía materialmente a ejecutarlo; por tanto, no podía considerarse una versión incongruente o falsa, pues proporcionó datos como la fecha en que se llevó a cabo el apoderamiento, es decir, mayo de dos mil doce, el número de semovientes sustraídos que fueron ochenta, de lana y el lugar donde se encontraban, a saber, en el Bordo, por la presa, lo cual coincidía con la propiedad del sujeto pasivo. Asimismo, se proporcionan circunstancias como la presencia de una camioneta grande a la que se adaptaba una traila y el número de personas que eran, tiempo que tardaron en sustraer las borregas. Así pues, antes tales datos de prueba se logró precisar que fue posible que el imputado en compañía de otras personas acudió a la propiedad de Ia víctima por la madrugada del dieciocho de mayo de dos mil doce y sustrajeron de manera agrupada los animales que ahí se encontraban siendo ochenta, además precisó la forma de ejecución del evento, como llegaron hasta el sitio y que utilizaron un artefacto de fuego en el sitio que seguramente sabían en que el ofendido se quedaba, lo cual se corrobora con la denuncia de Pedro Pinales de Lira. Por su parte, el diverso testigo Jaime García Ochoa sostuvo saber, por haber vivido en la comunidad de "El Bordo", Guadalupe, Zacatecas, las veces que han robado a la víctima Pedro Pinales de Lira y en cuanto a Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, conocido como "Memo Chihuahua", lo han observado tomar cerveza y droga con algunos amigos, quienes son hijos de una persona apodada La Dueña; además, es muy conocido en la comunidad cuando anda tomando y el hecho de que tienen una carnicería en el municipio de Calera, Zacatecas; el padre del imputado se dedica a preparar banquetes en diversos eventos y en la citada comunidad se comenta que ellos han robado diverso ganado y cobre. A su vez, tomó en cuenta el testimonio de Miguel Jaime Luevano, quien hizo mención que conocía desde chico a la víctima porque viven en la misma comunidad, quien se dedica a la cuida de ganado y le habían robado diversos animales; tuvo conocimiento de que fue Memo Chihuahua quien cometió el hecho delictivo, pues en diversas ocasiones le han robado a Pedro Pinales de Lira y se dio cuenta que Juan López Casillas, alias "El Chicho", quien dijo que había sustraído los animales, pues él había participado. Datos de prueba que fueron valorados como indicio en términos de lo previsto por el artículo 22 del Código Procesal Penal, pues resultaron de utilidad para justificar la probable participación de Jesús Emanuel Chihuahua Dávila en la comisión del hecho que la hoy señala como delito de abigeato. De su estudio integral se logró advertir que proporcionaron datos como el hecho que Jaime García Ochoa, se dio cuenta que el imputado se dedicaba a ingerir bebidas embriagantes en compañía de otras personas, pues el propio Juan López Casillas declaró que una vez cometido el robo, se retiraban del lugar y se dedicaban a ingerir bebidas alcohólicas. Por su parte, el segundo ateste informó que Juan López Casillas, alias "El Chicho", les manifestó que sabía del robo de los animales, pues participó en él, por lo que tal información constituye un indicio contra el imputado. De igual forma, el juez de origen tomó en cuenta la pericial de campo realizada por Erendida González, quien practicó un dictamen de identificación de lofoscopía, señalando que encontró indicios de impacto de proyectil de arma de fuego, lo que coincidía con la manifestación de Pedro Pinales de Lira, en el sentido de que cuando arribó al lugar de su propiedad se percató que se había accionado un arma de fuego en el lugar donde él dormía. Ante tal situación, el juez responsable precisó que atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, que sobre la valoración disponen los numerales 22 y 378 del ordenamiento legal citado, era evidente estimar que Jesús Emanuel Chihuahua Dávila participó en la comisión del delito de abigeato ocurrido la madrugada del dieciocho de mayo de dos mil doce, en el sitio conocido como Majadas, El Bordo del municipio de Guadalupe, Zacatecas y sustrajo ochenta borregas, propiedad de Pedro Pinales de Lira en compañía de otras personas. En lo relativo a la figura de la coautoría, se abundó en el sentido de que era indudable que existió codominio funcional del hecho, es decir reparto de funciones entre los intervinientes del evento delicitivo, pues de lo declarado por Juan López Casillas, se advirtió que el imputado acudía con otros personas, que uno de ellos se quedaban en el interior de un vehículo, los demás ingresaban al lugar y comenzaban a realizar la carga de las borregas y el sujeto activo era quien planeaba el hurto. Ante ello, concluyó que Jesús Emanuel Chihuahua Dávila participó en los hechos en su calidad de coautor en términos de lo previsto por la fracción II del artículo 11 del Código Penal del Estado de Zacatecas. Bajo ese contexto se considera que la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho en virtud de que se colmaron los requisitos precisados en párrafos precedentes para que la autoridad judicial librara la orden de aprehensión, toda vez que de las constancias que obran agregadas al expediente se aprecia que fue emitida por autoridad judicial, en el caso, el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. Asimismo, porque se aprecia que se formuló imputación al acusado por el hecho que la ley señala como delito de abigeato, previsto en el artículo 330, fracción IV, del Código Penal vigente en la Entidad de Zacatecas. Por lo anterior, contrariamente a lo argumentado por el quejoso Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, el juez responsable no violó en su perjuicio el derecho fundamental de estricta aplicación de la ley, consagrado en el artículo 14 constitucional, dado que legalmente tuvo por acreditados los elementos materiales del hecho que la ley señala como delito de abigeato, previsto y sancionado por el artículo 330, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, así como su probable responsabilidad penal en su comisión, con fundamento en las disposiciones sustantivas y adjetivas exactamente aplicables, como se vio párrafos atrás. Asimismo, resulta ineficaz el argumento expuesto por el quejoso en el sentido de que la orden de captura no cumple con las exigencias establecidas por el artículo 16 constitucional (fundamentación y motivación), toda vez que del contenido de la resolución reclamada se advierte que la responsable citó los preceptos legales aplicables al caso, expresó las razones particulares y las causas inmediatas que la condujeron a resolver en ese sentido y se adecuaron los motivos aducidos a las normas aplicables al caso justiciable; esto es, se explicó razonadamente porqué se surtió la hipótesis normativa invocada. Consecuentemente, no evidenciado a la luz de los conceptos de violación examinados, que la orden de aprehensión emitida el dos de octubre de dos mil catorce, por el entonces Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, en la causa penal número 337/2013, viole en perjuicio del quejoso derecho fundamental alguno, ni advertida queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a las autoridades responsables Director General de la Policía Ministerial y Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones con sede en esta ciudad, estas últimas pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por no haberse reclamado por vicios propios. Ilustra el criterio expuesto la Jurisprudencia que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, contra los actos que reclamó del entonces Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, actualmente Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de esta ciudad, Director General de la Policía Ministerial y Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones, estas últimas pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos precisados en el último."

  4. Principal

    nueve de noviembre de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con la copia certificada del auto que sobre separación de autos se pronunció el siete de noviembre del año en curso, en el juicio de amparo número 949/2016-6, del índice de este propio Tribunal Federal y copia certificada de las constancias que integran dicho sumario, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por JESÚS EMANUEL CHIHUAHUA DÁVILA, contra actos del Juez de Control de Zacatecas y otras autoridades, con registro número 18509.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la copia certificada del auto de siete de noviembre del año en curso pronunciado por este juzgado en el juicio de amparo número 949/2016-6, del que se advierte que se declaró procedente la separación de juicios que inició este propio juzgado y se ordenó con copia de lo actuado en el referido juicio, formar un nuevo expediente en el que se resuelva lo relativo al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión girada por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, contra el quejoso Jesús Emanuel Chihuahua Dávila, en la causa penal 337/2013 de su índice; y, su ejecución por parte del Director General de la Policía Ministerial y Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, todos residentes en esta ciudad; consecuentemente, en cumplimiento al proveído de mérito, con las constancias que en copia certificada se recabaron del referido juicio, fórmese nuevo expediente y regístrese con el número 1175/2016-1. Lo anterior, sin que sea necesario solicitar informes a las autoridades responsables toda vez que ya se hizo en el auto admisorio de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio de amparo 949/2016-6, mismo que constituirá cabeza también de este expediente, y que se ordena agregar en copia certificada. Además, con los mencionados informes se dio vista a las partes como se aprecia de los acuerdos relativos. Tampoco se hace necesario emplazar al tercero interesado Pedo Pinales de Lira, ni al Agente del Ministerio Público que intervino en el proceso, porque ya fueron emplazados conforme a las constancias que de igual forma se recabaron en fotocopia certificada del diverso juicio de amparo a que se ha hecho mención; por tanto, con fundamento en el numeral 29 , de la Ley de Amparo, notifíquese únicamente al Agente del Ministerio Público de la Adscripción, el trámite del presente asunto por medio de lista, quedando a su disposición copia de la demanda en la secretaría de este Juzgado. En razón de lo expuesto, al encontrarse integrado el presente asunto, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, no es el caso de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a la suspensión de los actos reclamados en este juicio de amparo, en atención a que en el incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo número 949/2016-6, se resolvió al respecto. Notifíquese personalmente a las partes y

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