Jesús Coria Bautista

Expediente 523/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
523/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Jesús Coria Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que por una parte se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo y por otra SE NEGÓ; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución un tomo de pruebas consistente en la copia certificada de la capeta administrativa 135/2019, y un disco óptico. que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe, sin ser necesario acuse de recibo de las mismas, toda vez que el sello de recepción hace las veces de acuse de estilo. ARCHIVO. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de haberse negado por una parte el amparo y protección de la justicia federal y concedido la suspensión provisional y definitiva solicitadas; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número I-523/2020, promovido por JESÚS CORIA BAUTISTA, a través de su defensora pública federal MARÍA DEL SOCORRO SARABIA GARCÍA, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- Mediante escrito presentado el uno de septiembre del dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado en esa propia data, registrado en esa misma fecha por el Oficial de Partes de este propio órgano, JESÚS CORIA BAUTISTA, a través de su defensora pública federal MARÍA DEL SOCORRO SARABIA GARCÍA, presentó demanda de amparo, señalando como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Como Autoridad Ordenadora señalo al Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Control, con domicilio en.., donde radica la causa penal 135/2019, incoada en contra del quejoso directo.". "IV.- ACTO RECLAMADO.- La determinación de no tener por planteada el VICIO FORMAL Y LA INCIDENCIA DE SOBRESEIMIENTO, en contra del escrito de acusación del Fiscal de la Federación, así como la declaración de improcedencia del recurso de REVOCACIÓN, en contra de dichas determinaciones tomadas en audiencia intermedia, decretada para las 11:30 horas del día 19 de agosto de 2020". Acto que el promovente del amparo consideró violatorio, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE.- Por auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, admitió a trámite la aludida demanda de amparo, registrando el expediente con el número I-523/2020, solicitó a la autoridad responsable su respectivo informes justificado, dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado; se ordenó emplazamiento del tercero interesado Agente del Ministerio Público Federal que intervino en la audiencia intermedia donde se dictó el acto reclamado, así como a PEMEX LOGÍSTICA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIARIA DE PETROLEOS MEXICANOS, lo cual aconteció en autos; por último, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró conforme al acta que antecede. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019." C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque el acto reclamado tiene ejecución material dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado es: La determinación emitida en la audiencia intermedia de la causa penal 135/2019, en el sentido de no tener a la parte ahora quejosa, por planteado el vicio formal y la incidencia de sobreseimiento, contra la acusación del Fiscal de la Federación respecto del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE HIDROCARBURO previsto y sancionado por el artículo 9, fracción II, inciso b), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos. La declaración de improcedencia del recurso de revocación en contra de dichas determinaciones, también emitida en la audiencia intermedia decretada a las once horas con treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veinte. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, en funciones de Administrador, aceptó la existencia del acto reclamado. Además, tal afirmación se vio corroborada con las copias de la causa penal 135/2019, así como el disco compacto relativo a la causa penal en cita, que el Juez responsable acompañó a su informe; medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable las tesis que se reproducen en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece." "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo en relación con el acto reclamado precisado en el inciso a). El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. Tal razonamiento se ve robustecido por las tesis que se reproducen a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Sentado lo anterior, en la especie respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando segundo de esta sentencia, consistente en la determinación vertida dentro de la audiencia intermedia celebrada el veintiséis de agosto del dos mil veinte, dentro de la causa penal 135/2019, en el sentido de no tener a la parte ahora quejosa, por planteado el vicio formal y la incidencia de sobreseimiento, contra la acusación del Fiscal de la Federación respecto del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE HIDROCARBURO previsto y sancionado por el artículo 9, fracción II, inciso b), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, se advierte la actualización de causal de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXII. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y, ."". Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el presente caso, de las manifestaciones vertidas en la demanda, se desprende que se pretende reclamar del Juez responsable la determinación vertida dentro de la audiencia intermedia celebrada el veintiséis de agosto del dos mil veinte, dentro de la causa penal 135/2019, en el sentido de no tener a la parte ahora quejosa, por planteado el vicio formal y la incidencia de sobreseimiento, contra la acusación del Fiscal de la Federación respecto del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE HIDROCARBURO previsto y sancionado por el artículo 9, fracción II, inciso b), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos. De igual forma, del contenido de la citada audiencia intermedia, se advierte que la defensora pública federal del imputado, ahora quejoso, interpuso recurso de revocación, mismo que fue desechado de plano por el juzgado responsable, bajo el argumento de que la defensa pretende bajo la interposición del citado recurso, revocar una determinación en la cual no se entró al estudio del fondo del asunto, sino que únicamente dicho juzgador se remitió a una situación jurídica que fue resuelta anteriormente por el Tribunal de Alzada, la cual no podría modificarse por el Juez de Control. Con lo anterior, se pone de manifiesto que al haber interpuesto el recurso de revocación de mérito y el juez haberlo desechado de plano, esta última determinación sustituyó a la diversa en que no se tuvo a la parte quejosa por planteando vicio formal y desestimó la incidencia hecha valer por la defensa; por tanto, resulta material y legalmente imposible analizar la constitucionalidad o no del mismo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 63, fracción V la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo promovido por JESÚS CORIA BAUTISTA, a través de su defensora pública federal MARÍA DEL SOCORRO SARABIA GARCÍA, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando segundo. Del análisis exhaustivo tanto de las constancias que integran el expediente que se examina, como de las videograbaciones atinentes, no se obtiene que, en la especie, se actualice alguna otra de las hipótesis de improcedencia previstas por la Ley de Amparo; por tanto, lo que se impone es emprender el análisis del fondo del asunto, respecto del diverso acto reclamado. QUINTO. CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Este juzgado federal considera innecesario transcribir los conceptos de violación, debido a que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez." Como una cuestión previa conviene señalar que, la fracción III del Artículo 79 de la Ley de Amparo prevé que en los casos en los que el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de imputado en un proceso de índole penal deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor; por ese motivo, en caso de observarse alguna vulneración a los derechos fundamentales del peticionario de la protección constitucional, este órgano jurisdiccional realizará el pronunciamiento pertinente para que dicha violación sea subsanada. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado precisado en el inciso b) del considerado segundo de esta sentencia. De los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se advierte que fue omisa en verter alguno respecto de la determinación del juez responsable de desechar de plano el recurso de revocación planteado en contra de la diversa determinación de desestimar la incidencia de sobreseimiento formulada por la parte quejosa respecto del ilícito de posesión ilícita de hidrocarburo. Sin embargo aun supliendo la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, no se advierte violación alguna cometida en perjuicio de la parte quejosa para conceder el amparo solicitado. Antecedentes del caso. Es preciso aludir a los antecedentes del asunto que nos ocupa, promovido por JESÚS CORIA BAUTISTA, a través de su defensora pública federal MARÍA DEL SOCORRO SARABIA GARCÍA, razón por la cual, se toman en cuenta, las copias certificadas y el disco compacto remitido por la autoridad responsable, los cuales ya fueron valorados en párrafos precedentes, de los que se desprende que: Que el quince de abril del dos mil diecinueve, se vinculó a proceso al imputado por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, inciso e), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como el diverso de posesión ilícita de hidrocarburo (DIÉSEL AUTOMOTRIZ), previsto y sancionado en el artículo 9, párrafo primero y 13, fracción II, del Código Penal Federal, por no existir la necesidad de cautela, se determinó no imponer medida cautelar alguna. El veinticinco de julio de dos mil diecinueve, el juez responsable tuvo a la Facilitadora Penal Federal del Órgano Administrativo de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General de la República, Delegación Michoacán, solicitando se aprobara el acuerdo reparatorio que fuera signado por las partes el dieciséis de julio de dos mil diecinueve. En la audiencia del dieciséis de agosto del dos mil diecinueve, la defensa indicó que el ahora acusado realizó el pago del trasvase del producto, mientras que el juez de control determinó no era posible celebrar el acuerdo reparatorio y no aprobó dicho acuerdo, por encontrarse vinculado con diverso delito, motivo por el cual no se declaró extinta la acción penal respecto del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE HIDROCARBURO. Que el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, la parte ahora quejosa, solicitó de nueva cuenta la revisión y aprobación del acuerdo reparatorio entre el acusado y la víctima. En relación con lo anterior el juez de control en la causa penal 135/2019, en auto del treinta de octubre de dos mil diecinueve, determinó que no procedía analizar en cuanto al fondo la petición del imputado, formulada mediante ocurso del veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, en el sentido de aprobar o modificar el acuerdo reparatorio celebrado el dieciséis de julio del año en cita con el apoderado de "PEMEX LOGISTICA", mediante el cual afirmó el acusado, realizó el pago de los daños y perjuicios ocasionados a dicha ofendida, pues al efecto el Juez Federal consideró que en diversa audiencia, otro juez adscrito a ese Centro de Justicia, determinó que no había lugar a aprobarlo, por encontrarse vinculado con diverso delito; y que tal determinación al no haber sido recurrida por alguna de las partes adquirió firmeza legal. En contra del referido auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el que se le negó la posibilidad de analizar el acuerdo reparatorio, el acusado, hoy quejoso, interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer y resolver al Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, quien el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del toca número 180/2019, confirmó dicha determinación, pues consideró que el juez Federal obró apegado a derecho cuando estimó que no procedía analizar ".en lo sustancial." la petición formulada por el impugnado, por ya haber sido materia de pronunciamiento en diversa audiencia y de analizarse implicaría violar el principio de preclusión, que rige el procedimiento, así como el diverso de justicia pronta que consagra el artículo 17 Constitucional. En la audiencia intermedia del veintiséis de agosto del dos mil veinte, la defensora pública del hoy quejoso presentó incidencia en contra de la acusación hecha en relación al delito de posesión ilícita de hidrocarburo, afirmando la defensa que sería improcedente, en tanto el acuerdo reparatorio tiene como finalidad que se decrete el sobreseimiento, mismo que refirió, en su momento fue acordado con la parte ofendida "PEMEX LOGÍSTICA". Así el juzgado federal señalado como autoridad responsable determinó desestimar la incidencia referida en el punto anterior, por ser un aspecto que quedó dilucidado en el toca penal 180/2019, en la que el Magistrado del Tribunal Unitario determinó que se trataba de un asunto precluído, en virtud de que dicha determinación adoptada por el Juez de Control, respecto del planteamiento del acuerdo reparatorio, para poder no ejercer acción penal o desistirse penalmente, no fue impugnada en el momento procesal oportuno. En contra de la determinación antes señalada, la defensa interpuso recurso de revocación, la cual en esa propia audiencia, fue desechada de plano, pues al efecto el juez responsable consideró que la defensa pretendía mediante el citado recurso, revocar una determinación en la cual no se entró al estudio del fondo, sino donde únicamente se remitió a una situación jurídica resuelta anteriormente por el Tribunal de Alzada, la cual no podía modificarse por el Juez de Control. Siendo esta última determinación la que en la especie constituye el acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, en efecto, de los antecedentes narrados, se observa que el Juez responsable, no infringió en perjuicio de la parte quejosa, derecho fundamental alguno, al haber desechado de plano el recurso de revocación de mérito. Lo anterior es así, pues si bien el recurso de revocación previsto por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene como finalidad que el propio órgano jurisdiccional federal, examine de nueva cuenta sus propias determinaciones de mero trámite, también lo es que, ello será solo respecto de cuestiones de las cuales no hubiere precluido el derecho del recurrente para hacerlo. De manera que si la incidencia planteada en la audiencia intermedia del veintiséis de agosto del dos mil veinte, lo fue como ya se puso de manifiesto en los antecedentes narrados, con la finalidad de que se tomara en cuenta un acuerdo reparatorio que no fue aprobado por el juez de control y que incluso quedó firme, es incuestionable que dicho aspecto, como bien lo precisó el juez responsable, no podía ser ahora materia del recurso de revocación interpuesto, contra la desestimación de la referida incidencia de sobreseimiento de la causa por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo; pues ello implicaría infringir el artículo 17 de la Constitución Federal de la República y el principio de firmeza de las resoluciones judiciales, así como de certeza jurídica. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos, aun supliendo su deficiencia, de acuerdo a todas las consideraciones expuestas a lo largo de la presente resolución, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado. SÉPTIMO. De conformidad con los ordinales 6º, fracción II, y 16, párrafo segundo de la Constitución Federal, 1, 9, 68, 113, fracción I y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, propagada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en correlación con los preceptos 25, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, procédase a publicar la presente sentencia con supresión de los datos personales de las partes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por JESÚS CORIA BAUTISTA, a través de su defensora pública federal MARÍA DEL SOCORRO SARABIA GARCÍA, en contra de la autoridad y por los actos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JESÚS CORIA BAUTISTA, a través de su defensora pública federal MARÍA DEL SOCORRO SARABIA GARCÍA, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Publíquense la presente sentencia con supresión de los datos de la parte quejosa, en términos del considerando último. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número I-523/2020, promovido por JESÚS CORIA BAUTISTA, a través de su defensora pública federal MARÍA DEL SOCORRO SARABIA GARCÍA, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- Mediante escrito presentado el uno de septiembre del dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado en esa propia data, registrado en esa misma fecha por el Oficial de Partes de este propio órgano, JESÚS CORIA BAUTISTA, a través de su defensora pública federal MARÍA DEL SOCORRO SARABIA GARCÍA, presentó demanda de amparo, señalando como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Como Autoridad Ordenadora señalo al Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Control, con domicilio en.., donde radica la causa penal 135/2019, incoada en contra del quejoso directo.". "IV.- ACTO RECLAMADO.- La determinación de no tener por planteada el VICIO FORMAL Y LA INCIDENCIA DE SOBRESEIMIENTO, en contra del escrito de acusación del Fiscal de la Federación, así como la declaración de improcedencia del recurso de REVOCACIÓN, en contra de dichas determinaciones tomadas en audiencia intermedia, decretada para las 11:30 horas del día 19 de agosto de 2020". Acto que el promovente del amparo consideró violatorio, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE.- Por auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, admitió a trámite la aludida demanda de amparo, registrando el expediente con el número I-523/2020, solicitó a la autoridad responsable su respectivo informes justificado, dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado; se ordenó emplazamiento del tercero interesado Agente del Ministerio Público Federal que intervino en la audiencia intermedia donde se dictó el acto reclamado, así como a PEMEX LOGÍSTICA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIARIA DE PETROLEOS MEXICANOS, lo cual aconteció en autos; por último, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró conforme al acta que antecede. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019." C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque el acto reclamado tiene ejecución material dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado es: La determinación emitida en la audiencia intermedia de la causa penal 135/2019, en el sentido de no tener a la parte ahora quejosa, por planteado el vicio formal y la incidencia de sobreseimiento, contra la acusación del Fiscal de la Federación respecto del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE HIDROCARBURO previsto y sancionado por el artículo 9, fracción II, inciso b), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos. La declaración de improcedencia del recurso de revocación en contra de dichas determinaciones, también emitida en la audiencia intermedia decretada a las once horas con treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veinte. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, en funciones de Administrador, aceptó la existencia del acto reclamado. Además, tal afirmación se vio corroborada con las copias de la causa penal 135/2019, así como el disco compacto relativo a la causa penal en cita, que el Juez responsable acompañó a su informe; medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable las tesis que se reproducen en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece." "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo en relación con el acto reclamado precisado en el inciso a). El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. Tal razonamiento se ve robustecido por las tesis que se reproducen a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Sentado lo anterior, en la especie respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando segundo de esta sentencia, consistente en la determinación vertida dentro de la audiencia intermedia celebrada el veintiséis de agosto del dos mil veinte, dentro de la causa penal 135/2019, en el sentido de no tener a la parte ahora quejosa, por planteado el vicio formal y la incidencia de sobreseimiento, contra la acusación del Fiscal de la Federación respecto del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE HIDROCARBURO previsto y sancionado por el artículo 9, fracción II, inciso b), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, se advierte la actualización de causal de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXII. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y, ."". Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el presente caso, de las manifestaciones vertidas en la demanda, se desprende que se pretende reclamar del Juez responsable la determinación vertida dentro de la audiencia intermedia celebrada el veintiséis de agosto del dos mil veinte, dentro de la causa penal 135/2019, en el sentido de no tener a la parte ahora quejosa, por planteado el vicio formal y la incidencia de sobreseimiento, contra la acusación del Fiscal de la Federación respecto del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE HIDROCARBURO previsto y sancionado por el artículo 9, fracción II, inciso b), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos. De igual forma, del contenido de la citada audiencia intermedia, se advierte que la defensora pública federal del imputado, ahora quejoso, interpuso recurso de revocación, mismo que fue desechado de plano por el juzgado responsable, bajo el argumento de que la defensa pretende bajo la interposición del citado recurso, revocar una determinación en la cual no se entró al estudio del fondo del asunto, sino que únicamente dicho juzgador se remitió a una situación jurídica que fue resuelta anteriormente por el Tribunal de Alzada, la cual no podría modificarse por el Juez de Control. Con lo anterior, se pone de manifiesto que al haber interpuesto el recurso de revocación de mérito y el juez haberlo desechado de plano, esta última determinación sustituyó a la diversa en que no se tuvo a la parte quejosa por planteando vicio formal y desestimó la incidencia hecha valer por la defensa; por tanto, resulta material y legalmente imposible analizar la constitucionalidad o no del mismo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 63, fracción V la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo promovido por JESÚS CORIA BAUTISTA, a través de su defensora pública federal MARÍA DEL SOCORRO SARABIA GARCÍA, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando segundo. Del análisis exhaustivo tanto de las constancias que integran el expediente que se examina, como de las videograbaciones atinentes, no se obtiene que, en la especie, se actualice alguna otra de las hipótesis de improcedencia previstas por la Ley de Amparo; por tanto, lo que se impone es emprender el análisis del fondo del asunto, respecto del diverso acto reclamado. QUINTO. CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Este juzgado federal considera innecesario transcribir los conceptos de violación, debido a que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez." Como una cuestión previa conviene señalar que, la fracción III del Artículo 79 de la Ley de Amparo prevé que en los casos en los que el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de imputado en un proceso de índole penal deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor; por ese motivo, en caso de observarse alguna vulneración a los derechos fundamentales del peticionario de la protección constitucional, este órgano jurisdiccional realizará el pronunciamiento pertinente para que dicha violación sea subsanada. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado precisado en el inciso b) del considerado segundo de esta sentencia. De los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se advierte que fue omisa en verter alguno respecto de la determinación del juez responsable de desechar de plano el recurso de revocación planteado en contra de la diversa determinación de desestimar la incidencia de sobreseimiento formulada por la parte quejosa respecto del ilícito de posesión ilícita de hidrocarburo. Sin embargo aun supliendo la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, no se advierte violación alguna cometida en perjuicio de la parte quejosa para conceder el amparo solicitado. Antecedentes del caso. Es preciso aludir a los antecedentes del asunto que nos ocupa, promovido por JESÚS CORIA BAUTISTA, a través de su defensora pública federal MARÍA DEL SOCORRO SARABIA GARCÍA, razón por la cual, se toman en cuenta, las copias certificadas y el disco compacto remitido por la autoridad responsable, los cuales ya fueron valorados en párrafos precedentes, de los que se desprende que: Que el quince de abril del dos mil diecinueve, se vinculó a proceso al imputado por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, inciso e), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como el diverso de posesión ilícita de hidrocarburo (DIÉSEL AUTOMOTRIZ), previsto y sancionado en el artículo 9, párrafo primero y 13, fracción II, del Código Penal Federal, por no existir la necesidad de cautela, se determinó no imponer medida cautelar alguna. El veinticinco de julio de dos mil diecinueve, el juez responsable tuvo a la Facilitadora Penal Federal del Órgano Administrativo de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General de la República, Delegación Michoacán, solicitando se aprobara el acuerdo reparatorio que fuera signado por las partes el dieciséis de julio de dos mil diecinueve. En la audiencia del dieciséis de agosto del dos mil diecinueve, la defensa indicó que el ahora acusado realizó el pago del trasvase del producto, mientras que el juez de control determinó no era posible celebrar el acuerdo reparatorio y no aprobó dicho acuerdo, por encontrarse vinculado con diverso delito, motivo por el cual no se declaró extinta la acción penal respecto del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE HIDROCARBURO. Que el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, la parte ahora quejosa, solicitó de nueva cuenta la revisión y aprobación del acuerdo reparatorio entre el acusado y la víctima. En relación con lo anterior el juez de control en la causa penal 135/2019, en auto del treinta de octubre de dos mil diecinueve, determinó que no procedía analizar en cuanto al fondo la petición del imputado, formulada mediante ocurso del veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, en el sentido de aprobar o modificar el acuerdo reparatorio celebrado el dieciséis de julio del año en cita con el apoderado de "PEMEX LOGISTICA", mediante el cual afirmó el acusado, realizó el pago de los daños y perjuicios ocasionados a dicha ofendida, pues al efecto el Juez Federal consideró que en diversa audiencia, otro juez adscrito a ese Centro de Justicia, determinó que no había lugar a aprobarlo, por encontrarse vinculado con diverso delito; y que tal determinación al no haber sido recurrida por alguna de las partes adquirió firmeza legal. En contra del referido auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el que se le negó la posibilidad de analizar el acuerdo reparatorio, el acusado, hoy quejoso, interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer y resolver al Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, quien el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del toca número 180/2019, confirmó dicha determinación, pues consideró que el juez Federal obró apegado a derecho cuando estimó que no procedía analizar ".en lo sustancial." la petición formulada por el impugnado, por ya haber sido materia de pronunciamiento en diversa audiencia y de analizarse implicaría violar el principio de preclusión, que rige el procedimiento, así como el diverso de justicia pronta que consagra el artículo 17 Constitucional. En la audiencia intermedia del veintiséis de agosto del dos mil veinte, la defensora pública del hoy quejoso presentó incidencia en contra de la acusación hecha en relación al delito de posesión ilícita de hidrocarburo, afirmando la defensa que sería improcedente, en tanto el acuerdo reparatorio tiene como finalidad que se decrete el sobreseimiento, mismo que refirió, en su momento fue acordado con la parte ofendida "PEMEX LOGÍSTICA". Así el juzgado federal señalado como autoridad responsable determinó desestimar la incidencia referida en el punto anterior, por ser un aspecto que quedó dilucidado en el toca penal 180/2019, en la que el Magistrado del Tribunal Unitario determinó que se trataba de un asunto precluído, en virtud de que dicha determinación adoptada por el Juez de Control, respecto del planteamiento del acuerdo reparatorio, para poder no ejercer acción penal o desistirse penalmente, no fue impugnada en el momento procesal oportuno. En contra de la determinación antes señalada, la defensa interpuso recurso de revocación, la cual en esa propia audiencia, fue desechada de plano, pues al efecto el juez responsable consideró que la defensa pretendía mediante el citado recurso, revocar una determinación en la cual no se entró al estudio del fondo, sino donde únicamente se remitió a una situación jurídica resuelta anteriormente por el Tribunal de Alzada, la cual no podía modificarse por el Juez de Control. Siendo esta última determinación la que en la especie constituye el acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, en efecto, de los antecedentes narrados, se observa que el Juez responsable, no infringió en perjuicio de la parte quejosa, derecho fundamental alguno, al haber desechado de plano el recurso de revocación de mérito. Lo anterior es así, pues si bien el recurso de revocación previsto por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene como finalidad que el propio órgano jurisdiccional federal, examine de nueva cuenta sus propias determinaciones de mero trámite, también lo es que, ello será solo respecto de cuestiones de las cuales no hubiere precluido el derecho del recurrente para hacerlo. De manera que si la incidencia planteada en la audiencia intermedia del veintiséis de agosto del dos mil veinte, lo fue como ya se puso de manifiesto en los antecedentes narrados, con la finalidad de que se tomara en cuenta un acuerdo reparatorio que no fue aprobado por el juez de control y que incluso quedó firme, es incuestionable que dicho aspecto, como bien lo precisó el juez responsable, no podía ser ahora materia del recurso de revocación interpuesto, contra la desestimación de la referida incidencia de sobreseimiento de la causa por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo; pues ello implicaría infringir el artículo 17 de la Constitución Federal de la República y el principio de firmeza de las resoluciones judiciales, así como de certeza jurídica. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos, aun supliendo su deficiencia, de acuerdo a todas las consideraciones expuestas a lo largo de la presente resolución, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado. SÉPTIMO. De conformidad con los ordinales 6º, fracción II, y 16, párrafo segundo de la Constitución Federal, 1, 9, 68, 113, fracción I y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, propagada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en correlación con los preceptos 25, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, procédase a publicar la presente sentencia con supresión de los datos personales de las partes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por JESÚS CORIA BAUTISTA, a través de su defensora pública federal MARÍA DEL SOCORRO SARABIA GARCÍA, en contra de la autoridad y por los actos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JESÚS CORIA BAUTISTA, a través de su defensora pública federal MARÍA DEL SOCORRO SARABIA GARCÍA, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Publíquense la presente sentencia con supresión de los datos de la parte quejosa, en términos del considerando último. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 523/2020 promovido por Jesús Coria Bautista contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tienen reconocido el carácter de tercero interesado Javier Herrero Moreno, apoderado legal de Pemex Logística Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa productiva del Estado, y Agente del Ministerio Público Federal quien intervino en la audiencia intermedia dentro de la causa penal 135/2019, los cuales fueron debidamente emplazados dentro del presente juicio de amparo. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: A). Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad, en funciones de administrador EL SCRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en autos diversas documentales que el juez responsable adjuntó con su informe de ley, las cuales obran en la secretaria de este órgano jurisdiccional en un tomo de pruebas por separado, así como un disco óptico que contiene el archivo electrónico de las audiencias relativas al acto reclamado. Documentales anteriores, que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en autos los formulados por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, a través del pedimento 142/2021, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el trece de mayo de dos mil veintiuno. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.

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