Jesús Carranza Domínguez

Expediente 847/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
847/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
24/09/2018

Partes del expediente

  • Jesús Carranza Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa 5. Ciudad de México, a veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual acusa de recibo del juicio de amparo 847/2018-5 e informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. .... Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Mesa 5. Ciudad de México, a diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 847/2018-5 y fórmese el expediente correspondiente. Análisis de la Competencia Previo a la admisión, desechamiento o prevención de la demanda de amparo, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ello en virtud que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Así, de la lectura integra del libelo de cuenta esta juzgadora federal se estima legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Por tanto, del análisis del precepto invocado en primer término, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que son: a) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el apartado precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así también, el artículo 48 antes transcrito, estatuye que cuando ante un Juez de Distrito se promueva un juicio de amparo que sea competencia de uno diverso, declarará que carece de competencia legal de plano y lo comunicará al que estime competente. Establecido lo anterior, es conveniente precisar que acorde a la doctrina, los actos que pueden ser reclamados en un juicio de amparo acorde a su naturaleza y consecuencias jurídicas pueden ser entre otros: i) Declarativos, que son aquéllos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implican modificación alguna de derechos o situaciones existentes o requieran de ejecución material. ii) Omisivos, en los que la autoridad se abstiene de actuar, a pesar de encontrarse obligada a realizar determinada conducta. iii) Declarativos con efectos positivos, son aquéllos que en sí mismos traen aparejado un principio de ejecución, que produce una afectación en la esfera jurídica del gobernado y originan la existencia de un agravio. En la especie, el quejoso Jesús Carranza Domínguez reclama el acuerdo dictado dentro de la carpeta investigación FED/UEAF/UNAI-MEX/0000005-2017 de veintidós de junio de dos mil dieciocho, en el que se ordena el aseguramiento precautorio sobre el bien inmueble departamento 1501, piso 15, de la Torre "A" con coordenadas de ubicación 19.396951,-99.284329, así como dos cajones de estacionamiento, números 90 y 91 en el nivel dos (E2), también de la Torre "A", del Conjunto de Condóminos denominado comercialmente "Residencia Toledo", Ubicado en el Lote uno, Manzana 39 de la Avenida Jesús del Monte con número oficial 51, colonia Jesús del Monte, código postal 52764, municipio de Huixquilucan, Estado de México. Siendo así, esta juzgadora considera que se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así pues, de acuerdo con lo manifestado dentro de la demanda de amparo, se advierte que el acuerdo dictado dentro de la carpeta en comento a través del cual se ordena el aseguramiento precautorio sobre el bien inmueble, tiene ejecución material en dicha entidad federativa (Estado de México), de tal manera que es Juez competente para conocer de dicho acto el de aquella jurisdicción. .... Además, no puede pasar inadvertido que el acto reclamado poseen efectos positivos y por ello tienen ejecución material, que de concederse una eventual protección constitucional, se tendrían que ordenar y llevar a cabo actos que se materializaría su ejecución en el lugar en que deriva el acto reclamado; por lo que se reitera, se estima que es competente un Juez de Distrito en el lugar donde se ha ejecutado el aseguramiento del inmueble reclamado por el impetrante del amparo. ..... En ese contexto, es evidente que este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer del presente asunto y considera que la misma recae en un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, por ser la autoridad de amparo que ejerce jurisdicción en esa entidad federativa. Por lo cual, remítanse los autos del juicio en que se actúa, junto con el instrumento notarial que se anexa a la demanda, solicitándole a la autoridad que acepte la competencia comunique a este órgano de control constitucional lo que tenga a bien determinar o de proveer lo que en derecho corresponda, así como el acuse de recibo correspondiente, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Con este proveído y constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar; solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente, así como informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. Domicilio del quejoso y autorizados .... Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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