Jesús Daniel Galván Sánchez

Expediente 141/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
141/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
02/03/2018

Partes del expediente

  • Jesús Daniel Galván Sánchez
  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito

Actuaciones

  1. Principal

    "MESA 9": Ciudad de México, dos de marzo de dos mil dieciocho. Solicitud de constancias Agréguese a los autos el oficio que suscribe el secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, como lo solicita el homólogo jurisdiccional remítase las constancias que requiere, e infórmese que el veintisiete de abril de dos mil diecisiete se ordenó el archivo definitivo del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 9: Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el secretario de acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, devuelve los autos originales del juicio de amparo número 141/2017-9, promovido por JESÚS DANIEL GALVÁN SÁNCHEZ, así como copia certificada de la resolución aprobada en sesión de seis de abril de dos mil diecisiete, en la Q.P. 33/2017, formada con motivo del recurso que hizo valer el quejoso en contra del acuerdo de veinte de febrero de dos mil diecisiete dictado por este juzgado, ejecutoria en la que se determinó: "ÚNICO. Es INFUNDADO el presente recurso de queja interpuesto por JESÚS DANIEL GALVÁN SÁNCHEZ, por propio derecho, contra el auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictado por la Jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 141/2017." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, acúsese el recibo respectivo, inclúyanse a este expediente principal las actuaciones originales que obren dentro del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de queja interpuesto, así como el oficio y testimonio de referencia y archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se establece que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  3. Principal

    mesa "9" Ciudad de México, a nueve de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo del diverso con el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 141/2017-9, promovido por JESÚS DANIEL GALVÁN SÁNCHEZ, original y copia del escrito por medio del cual se interpuso recurso de queja y se formularon agravios. Así también, informa que admitió a trámite dicho recurso, registrándolo con el número de expediente Q.P. 33/2017. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa"9" Ciudad de México, a veinte de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por JESÚS DANIEL GALVÁN SÁNCHEZ, por propio derecho, contra actos del Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal de la Ciudad de México; fórmese de manera paralela expediente electrónico e impreso, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 141/2017-9. Ahora bien, es importante destacar que de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, por el cual el Juez Trigésimo Cuarto Penal de esta Ciudad desechó el recurso de revocación, en el sentido de no permitir la asistencia del aquí quejoso a la inspección judicial, toda vez que cuando ofertó la prueba no solicitó estar presente, aunado a que a la fecha, ya se había practicado dicha diligencia. Consideraciones Previas. Ahora bien, previo a la admisión de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto debe desecharse de plano la demanda. En ese tenor, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Así, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Desechamiento Establecido lo anterior y una vez analizada la demanda, se advierte que la acción de amparo es improcedente, pues en la especie se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, y 62 de la Ley de Amparo, cuyos textos son como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo vigente), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. Por ende, como se dijo, el auto de veintisiete de enero de dos mil diecisiete dictado por el Juez Trigésimo Cuarto Penal de esta Ciudad, por el que desechó el recurso de revocación relativo a la determinación de negar al quejoso su asistencia al desahogo de la inspección judicial, en modo alguno implica un perjuicio irreparable para el promovente del presente juicio de amparo, ya que es una cuestión procesal que en nada afecta a sus pretensiones, y, por ello, si se dicta una resolución absolutoria dentro del proceso penal que se le sigue al quejoso, aquella infracción quedaría reparada. Ello, no obstante que si bien es cierto anteriormente, contra algunas violaciones procesales procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Empero, la actual Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Así, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Por otro lado, la segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable los criterios de interpretación, en los cuales eran admitidos actos vía amparo indirecto, aun cuando afectaran a las partes "en grado predominante o superior"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. De ahí, que el auto que dictó el Juez Trigésimo Cuarto Penal de esta Ciudad el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en el cual desechó el recurso de revocación, respecto de la determinación de no permitir la asistencia del aquí quejoso a la inspección judicial, no afecte derechos sustantivos que hagan procedente el juicio biinstancial, pues tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana el acto reclamado. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia V.2o. J/11 , del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN NO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NO SON IMPUGNABLES MEDIANTE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso b), dispone que, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera del juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Ahora bien, hay diversos actos realizados en juicio que tienen ejecución irreparable, porque la afectación que producen no se destruye con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en dicho juicio. Pero existen otros que sólo producen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, de manera que cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos efectos o quedan borrados, sin que subsista una afectación en los derechos fundamentales o en la esfera jurídica del gobernado. El concepto de irreparabilidad a que se refiere la disposición constitucional en cita, no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento, son reclamables, en juicio de amparo indirecto. Tal interpretación desvirtuaría su naturaleza y contravendría la regla del inciso a) del mismo precepto y fracción, acerca de que el amparo procede en contra de sentencias definitivas, ya sea que la violación ocurra en la propia sentencia o que, si se hubiese cometido durante el procedimiento, haya afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo, porque entonces, a elección del agraviado, podría impugnar las violaciones procesales mediante amparo indirecto, sin esperar el fallo definitivo, que puede serle favorable y dejar reparada la afectación que en el procedimiento se hubiera producido". En las relatadas condiciones, lo procedente es que con apoyo en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, y 62 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. Domicilio del quejoso Se tiene domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta Ciudad; por tanto, en términos de la fracción I inciso a) del artículo 26 de la Ley Reglamentaria de los ordinales 103 y 107 constitucionales en vigor, se ordena que todas las notificaciones que deriven del presente juicio constitucional, se realicen de manera personal en dicho centro preventivo de reclusión. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Publicidad del acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 2º, fracción XV, 5°, 7º y 8°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 1°, fracción III, 25, 28, 29, 30, 34 y 65 del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, a través del cual se implementa la publicación en internet de las sentencias ejecutorias y resoluciones públicas relevantes, generadas, entre otros órganos del propio por Consejo, por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a fin de incentivar el interés de la población en el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales, para fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información y que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que se elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en último término y envíese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente.

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