Jesús Camarillo Monterrosas

Expediente 546/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
546/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • Jesús Camarillo Monterrosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    mesa"6" Ciudad de México, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del acuerdo de treinta de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la demanda amparo dentro del presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.... Notifíquese.

  2. Principal

    MESA "6" Ciudad de México, treinta de julio de dos mil veintiuno. Asesoría al quejoso Intégrese a los autos el escrito que remite la licenciada -------------------------------, defensora de oficio del quejoso -----------------------, a través del cual, en cumplimiento a lo ordenado por este juzgado, informa que entrevistó y asesoró al quejoso. Asimismo, en auxilio del quejoso, adjunta escrito de desahogo de prevención, quien señaló: ".en fecha 3 mayo me llegó una notificación de la carpeta de ejecución ------/2019 en donde se habla de una posible valoración para un traslado lo cual ala (sic) fecha no a (sic) acontecido ya que me encuentro interno en el Reclusorio Oriente. a) en relación a que si el traslado fue ordenado por una autoridad administrativa y el juez de ejecución de avocó a calificarlo. Manifiesto que no tengo ninguna notificación sobre algún traslado tan solo la notificación a que hice referencia de fecha 3 de mayo en donde del texto se desprende una posible valoración para traslado. B) Indicar si la orden de traslado proviene de una determinación emitida por el juez responsable, hago referencia que no cuento con dicha determinación solo con el auto de 3 de mayo 2021 emitido por el ---------------------------------------- y el cual exhibí previamente al tratar de dar contestación a la prevención que se me impuso. C) Contra la resolución que me llegó el 3 de mayo donde se habla de una posible valoración para traslado de forma directa interpuse el amparo en el que se actúa". Improcedencia del juicio de amparo Cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sentado lo anterior y analizada la demanda de amparo promovida por ---------------------------------, en conjunto con su escrito de desahogo, se desprende que pretende combatir; - La posible orden de traslado a diverso centro en el que se encuentra emitida dentro de la carpeta de ejecución -----/2019. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113 y 112, en relación con el 61 fracción XX, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, por las siguientes consideraciones: La fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." De una interpretación sistemática y armónica de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que se trate de un tercero extraño. Sobre el particular es necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y, básicamente, consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. Asimismo, vía jurisprudencia se ha sustentado que para los efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. En el caso particular, como se destacó previamente, el acto reclamado por el quejoso, según lo afirmado en el apartado relativo de su escrito inicial, lo constituye: la posible orden de ---------- a diverso centro en el que se encuentra emitida dentro de la carpeta de ejecución ----------. En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado La posible orden de ------------ a diverso centro en el que se encuentra emitida dentro de la carpeta de ejecución -----/2019; por tanto, su estudio se limita al procedimiento Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. identificado bajo el inciso "c)", respecto del que la ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados: Sistema de Traslados: ? Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza; ? Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, ? Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. 1. Los traslados voluntarios previstos por el numeral 504 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. 4 "Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución." 2. El traslado involuntario tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 515 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez (como en el caso), más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 526 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. 5 "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." 6 "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Ahora, el artículo 132 de la citada ley nacional dispone que el recurso de apelación procede, entre otras determinaciones, contra las órdenes de traslado. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y 7 Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar el recurso de apelación contra la determinación del juez de ejecución que ordene el posible traslado del quejoso a otro centro penitenciario. Luego, si en el caso el directo quejoso señaló: Contra la resolución que me llegó el 3 de mayo donde se habla de una posible valoración para traslado de forma directa interpuse el amparo en el que se actúa". Por lo tanto, debe agotar el recurso señalado al contar con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Por ende, al no agotarlo -pues así se desprende de lo narrado por el propio quejoso- trae como consecuencia la actualización plena de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo que conlleva al desechamiento de la demanda de amparo. Determinación Por lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa por notoriamente improcedente. Instruye a la Analista Jurídico SISE a efecto de que realice tal precisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente al quejoso y a su defensora.....

  3. Principal

    MESA"6" SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL DEFENSOR DE OFICIO, DEL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE FECHA Ciudad de México, treinta de julio de dos mil veintiuno. Asesoría al quejoso Intégrese a los autos el escrito que remite la licenciada -------------------------------, defensora de oficio del quejoso -----------------------, a través del cual, en cumplimiento a lo ordenado por este juzgado, informa que entrevistó y asesoró al quejoso. Asimismo, en auxilio del quejoso, adjunta escrito de desahogo de prevención, quien señaló: ".en fecha 3 mayo me llegó una notificación de la carpeta de ejecución ------/2019 en donde se habla de una posible valoración para un traslado lo cual ala (sic) fecha no a (sic) acontecido ya que me encuentro interno en el Reclusorio Oriente. a) en relación a que si el traslado fue ordenado por una autoridad administrativa y el juez de ejecución de avocó a calificarlo. Manifiesto que no tengo ninguna notificación sobre algún traslado tan solo la notificación a que hice referencia de fecha 3 de mayo en donde del texto se desprende una posible valoración para traslado. B) Indicar si la orden de traslado proviene de una determinación emitida por el juez responsable, hago referencia que no cuento con dicha determinación solo con el auto de 3 de mayo 2021 emitido por el ---------------------------------------- y el cual exhibí previamente al tratar de dar contestación a la prevención que se me impuso. C) Contra la resolución que me llegó el 3 de mayo donde se habla de una posible valoración para traslado de forma directa interpuse el amparo en el que se actúa". Improcedencia del juicio de amparo Cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sentado lo anterior y analizada la demanda de amparo promovida por ---------------------------------, en conjunto con su escrito de desahogo, se desprende que pretende combatir; - La posible orden de traslado a diverso centro en el que se encuentra emitida dentro de la carpeta de ejecución -----/2019. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113 y 112, en relación con el 61 fracción XX, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, por las siguientes consideraciones: La fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." De una interpretación sistemática y armónica de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que se trate de un tercero extraño. Sobre el particular es necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y, básicamente, consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. Asimismo, vía jurisprudencia se ha sustentado que para los efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. En el caso particular, como se destacó previamente, el acto reclamado por el quejoso, según lo afirmado en el apartado relativo de su escrito inicial, lo constituye: la posible orden de ---------- a diverso centro en el que se encuentra emitida dentro de la carpeta de ejecución ----------. En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado La posible orden de ------------ a diverso centro en el que se encuentra emitida dentro de la carpeta de ejecución -----/2019; por tanto, su estudio se limita al procedimiento Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. identificado bajo el inciso "c)", respecto del que la ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados: Sistema de Traslados: ? Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza; ? Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, ? Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. 1. Los traslados voluntarios previstos por el numeral 504 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. 4 "Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución." 2. El traslado involuntario tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 515 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez (como en el caso), más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 526 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. 5 "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." 6 "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Ahora, el artículo 132 de la citada ley nacional dispone que el recurso de apelación procede, entre otras determinaciones, contra las órdenes de traslado. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y 7 Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar el recurso de apelación contra la determinación del juez de ejecución que ordene el posible traslado del quejoso a otro centro penitenciario. Luego, si en el caso el directo quejoso señaló: Contra la resolución que me llegó el 3 de mayo donde se habla de una posible valoración para traslado de forma directa interpuse el amparo en el que se actúa". Por lo tanto, debe agotar el recurso señalado al contar con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Por ende, al no agotarlo -pues así se desprende de lo narrado por el propio quejoso- trae como consecuencia la actualización plena de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo que conlleva al desechamiento de la demanda de amparo. Determinación Por lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa por notoriamente improcedente. Instruye a la Analista Jurídico SISE a efecto de que realice tal precisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente al quejoso y a su defensora.....

  4. Principal

    MESA "6" Ciudad de México, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Acepta y protesta cargo. Agréguese a los autos el escrito signado por la defensora pública -------------------------------------, por medio del cual señala que fue designada por el Director de Defensoría Pública de la Ciudad de México para asistir jurídicamente al quejoso ------------------------ en el presente asunto, y a su vez, manifiesta que acepta y protesta el cargo conferido. Asimismo, señala domicilio físico para oír y recibir notificaciones. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Así como de los artículos 1°, 17 de la Constitución, 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se le tiene manifestando su aceptación y discernimiento del cargo, para asistir jurídicamente al agraviado. Por otra parte, se tiene por señalado como domicilio físico de la Defensora Pública en cita, para recibir notificaciones el ubicado en ------------------------------------------------------------------------ en esta Ciudad. Consulta de expediente electrónico Ahora bien, la parte quejosa solicita la autorización para consultar el expediente electrónico, señalando para dicho efecto el usuario "IVONNEDANINO", el cual después de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte su registro el treinta de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, se le autoriza la consulta electrónica del presente asunto; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la Defensora Pública que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. Requerimiento Por otro lado, se instruye a la defensora pública ------------------------------------------------------, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, computado legalmente, contacte a su representado con el propósito de que pueda asesorarlo jurídicamente en el presente juicio de amparo, debiendo acreditar tal circunstancia ante este órgano jurisdiccional; para lo cual y como lo peticiona la ocursante adjúntese copia de la demanda y prevención que se entregará al momento de la notificación del presente asunto. En el entendido que la constancia con la que se acredite ésta, deberá contener que le explicó al quejoso cómo, cuándo, por qué y en qué términos se debe desahogar el requerimiento de veintidós de junio del año en curso, y las consecuencias en caso de no realizarlo. Asimismo, deberá acreditar que auxilió en la elaboración o presentación en tiempo del escrito de desahogo, dado que el quejoso se encuentra privado de la libertad, en atención a que, subsiste el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente a la defensora pública....."

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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