Jesus Armando Aguilera Mares

Expediente 810/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
810/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Jesus Armando Aguilera Mares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos el oficio y anexos que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, se provee: Ténganse por recibidos los autos de este juicio de amparo, los cuadernos de pruebas y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el citado tribunal en el amparo en revisión 688/2022, de aquella estadística. Acúsese recibo, agréguense únicamente las actuaciones originales que contiene el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las copias certificadas que obran glosadas en el mismo, por ser innecesarias; y notifíquese a las partes el contenido de la ejecutoria que se acompaña al oficio de cuenta, en cuyos puntos resolutivos se resolvió: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por la Sucesión intestamentaria a bienes de Armando Aguilera Ríos, por conducto de su albacea provisional Jesús Armando Aguilera Mares, contra los actos reclamados al Juez Tercero del Ramo Civil y Actuario adscrito, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución." Archivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto.Incidentes. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo se concedió la suspensión definitiva, se determina que el cuaderno de dicho incidente es susceptible de conservación, una vez que transcurra el plazo de tres años a partir del presente auto, ello con apoyo en el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido acuerdo; en tanto que el duplicado de tal incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurran seis meses, de conformidad con el numeral 19, fracción II, inciso a), de tal acuerdo general; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Devolución de constancias. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Billetes de depósito. Por otra parte, se informa que se ordenará la devolución de los billete de depósito N 883372 exhibido por la parte quejosa, una vez que transcurra el término de seis meses que tiene la parte tercero interesada para reclamar el pago de los daños y perjuicios que se le hubiesen ocasionado con la medida cautelar decretada en este asunto, en términos del artículo 156 de la Ley de Amparo. Asimismo, toda vez que el tercero interesado exhibió el billete de depósito N 945589, para que dejara de surtir efectos la suspensión definitiva decretada en este expediente; en tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, prevéngasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recoger el citado billete de depósito, apercibida que de no hacerlo, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, dicho documento prescribirá a favor del fisco federal. Se glosa copia en cuaderno incidental. Glósese copia de este proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Se informa. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos el oficio y anexos que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, se provee: Ténganse por recibidos los autos de este juicio de amparo, los cuadernos de pruebas y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el citado tribunal en el amparo en revisión 688/2022, de aquella estadística. Acúsese recibo, agréguense únicamente las actuaciones originales que contiene el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las copias certificadas que obran glosadas en el mismo, por ser innecesarias; y notifíquese a las partes el contenido de la ejecutoria que se acompaña al oficio de cuenta, en cuyos puntos resolutivos se resolvió: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por la Sucesión intestamentaria a bienes de Armando Aguilera Ríos, por conducto de su albacea provisional Jesús Armando Aguilera Mares, contra los actos reclamados al Juez Tercero del Ramo Civil y Actuario adscrito, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución." Archivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto.Incidentes. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo se concedió la suspensión definitiva, se determina que el cuaderno de dicho incidente es susceptible de conservación, una vez que transcurra el plazo de tres años a partir del presente auto, ello con apoyo en el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido acuerdo; en tanto que el duplicado de tal incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurran seis meses, de conformidad con el numeral 19, fracción II, inciso a), de tal acuerdo general; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Devolución de constancias. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Billetes de depósito. Por otra parte, se informa que se ordenará la devolución de los billete de depósito N 883372 exhibido por la parte quejosa, una vez que transcurra el término de seis meses que tiene la parte tercero interesada para reclamar el pago de los daños y perjuicios que se le hubiesen ocasionado con la medida cautelar decretada en este asunto, en términos del artículo 156 de la Ley de Amparo. Asimismo, toda vez que el tercero interesado exhibió el billete de depósito N 945589, para que dejara de surtir efectos la suspensión definitiva decretada en este expediente; en tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, prevéngasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recoger el citado billete de depósito, apercibida que de no hacerlo, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, dicho documento prescribirá a favor del fisco federal. Se glosa copia en cuaderno incidental. Glósese copia de este proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Se informa. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Se agrega escrito de la parte tercero interesada. Agréguese el escrito que suscribe Gustavo Adolfo Báez Cárdenas, autorizado en términos amplios del tercero interesado Juan Aguilera Chávez, al que acompaña el billete de depósito N 945589, expedido por el Banco del Bienestar; por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional); al efecto se provee: Determinación y se entrega para resguardo el billete de depósito al Secretario del Juzgado encargado de la caja de valores. Con fundamento en el artículo 133 de la Ley de Amparo, se tiene por otorgada la contragarantía para que deje de surtir efectos la suspensión definitiva decretada en este expediente; en tal virtud, conforme a lo dispuesto por el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, entréguese el referido billete al Secretario del Juzgado encargado de la caja de valores para su resguardo. Se hace del conocimiento a las autoridades responsables. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar, quienes quedan en aptitud de ejecutar los actos reclamados. Notifíquese.

  4. Incidental

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JUAN AGUILERA CHAVEZ, LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Escrito autorizado de tercero. Téngase recibido el escrito signado por Gustavo Adolfo Báez Cárdenas, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del tercero interesado Juan Aguilera Chávez, mediante el cual solicita se le fije contragarantía a fin de que la suspensión definitiva decretada en interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintidós, deje de surtir sus efectos; atento a su contenido se provee: Los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. (.) . "Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. "Artículo 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá: I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito". De los numerales transcritos se desprende que cuando proceda otorgar la suspensión del acto reclamado, la parte quejosa deberá garantizar la reparación del daño y la indemnización de los posibles perjuicios que con esa medida cautelar se puedan causar a la parte tercero interesada, si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo; garantía que se fijará de manera discrecional por la autoridad que conozca del juicio de amparo, en caso de que con la suspensión puedan afectarse derechos de ese tercero que no sean estimables en dinero. Asimismo, se advierte que la suspensión concedida quedará sin efecto, si el tercero interesado, a su vez, otorga caución bastante que garantice la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación de los derechos fundamentales, así como el pago de los daños y perjuicios que se puedan causar al quejoso con la ejecución del acto reclamado, en caso de que se conceda el amparo. Y que no se admitirá contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo, ni en el caso de que con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero. Las anteriores disposiciones ponen de manifiesto que el monto de la garantía exigida al quejoso para suspender el acto reclamado, está en función directa solamente de la cantidad a la que asciendan o puedan ascender los daños o perjuicios que se causen al tercero con la suspensión de ese acto, o el grado de afectación de sus derechos que no puedan cuantificarse. La contragarantía que ofrezca el tercero interesado debe ser bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de los derechos fundamentales y, además, para pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en caso de que se le conceda el amparo, es decir, las prestaciones de las que debe responder la contragarantía, son mayores de las que debe garantizar la fianza. Por lo que, en atención el escrito de cuenta, con fundamento en los numerales 133 y 134 de la Ley de Amparo, resulta procedente fijar la contragarantía que solicita el autorizado del tercero interesado Juan Aguilera Chávez, en tanto que en el caso se cumplen los requisitos para tal efecto. Lo anterior es así porque el veintinueve de junio de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados para el efecto de que: ".medida cautelar que se concede para el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran." Con el fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que con dicha medida se pudiera ocasionar a la parte tercero interesada, de no obtener el quejoso sentencia favorable en cuanto al fondo del amparo, se fijó una garantía a la parte quejosa por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, para que surtiera efectos la medida suspensional decretada en interlocutoria veintinueve de junio de dos mil veintidós. El veintinueve de junio de dos mil veintidós, la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 883372, expedido por Banco del Bienestar, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), a fin de asegurar la garantía que se fijó como uno de los requisitos para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional decretada en este expediente, y toda vez que los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 133 de la Ley de Amparo, en ningún momento condicionan la fijación de una contragarantía al hecho de que se hubiese otorgado garantía a fin de que surtiera efectos la suspensión, pues los requisitos de procedencia para fijar el monto de la contragarantía, son: a) Que de ejecutarse el acto reclamado no quede sin materia el juicio de amparo; y, b) Que no resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada en materia común VI.3o.A.10 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, Página: 1098, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. LA CONTRAGARANTÍA PARA LEVANTARLA ES PROCEDENTE, AUNQUE PREVIAMENTE NO SE HAYA FIJADO GARANTÍA PARA OBTENERLA. Conforme a los artículos 132 y 133 de la Ley de Amparo, cuando la suspensión pueda ocasionar un daño o perjuicio al tercero interesado, este goza de dos derechos procesales importantes, a saber: 1. Que al decretarse la suspensión, el Juez fije al quejoso una garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren al tercero, si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo -salvo que la suspensión se decrete a los núcleos de población agraria-; y, 2. Que una vez decretada la suspensión, el propio tercero pueda solicitar que la medida quede sin efecto, siempre que otorgue contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. Ahora bien, cuando el Juez de Distrito concede la medida suspensional pero omite condicionar sus efectos al otorgamiento de una garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren al tercero interesado, afecta indebidamente el primero de los derechos procesales mencionados del tercero; y si con posterioridad, el Juez determina negar la petición del tercero de fijar el monto de la contragarantía bajo el argumento de que al decretarse la suspensión no se fijó garantía alguna, tal decisión también es jurídicamente incorrecta, porque los artículos 107, fracción X, de la Constitución y 133 de la Ley de Amparo, en ningún momento condicionan la fijación de una contragarantía al hecho de que se hubiese otorgado garantía a fin de que surtiera efectos la suspensión, pues los requisitos de procedencia para fijar el monto de la contragarantía, son: a) Que de ejecutarse el acto reclamado no quede sin materia el juicio de amparo; y, b) Que no resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Además, el legislador dispuso que, para la fijación del monto de la contragarantía, deben tomarse en cuenta los aspectos siguientes: 1) La restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada; 2) El pago de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al quejoso con la ejecución del acto reclamado; y 3) El costo de los gastos realizados por el quejoso para presentar la garantía con la que obtuvo la suspensión, en caso de que se haya exigido. Así, la falta de fijación de la garantía no hace improcedente que se determine el monto de la contragarantía, sino en todo caso (de ser procedente esta última), que no se exija al tercero cubrir los gastos de la garantía, ante su inexistencia. De esta manera, lo que la Ley de Amparo llama contragarantía, no es más que una garantía que otorga el tercero para asegurar la reparación de los daños que se puedan causar al quejoso con la ejecución del acto reclamado, si se le concede el amparo; mientras que la garantía es la caución que otorga el quejoso para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que se causen al tercero, con la suspensión que se le concede. Lo que quiere decir que cada una de esas garantías tiene una existencia jurídica independiente." De la tesis que antecede, así como de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Amparo, se desprende que para la fijación del monto de la contragarantía, deben tomarse en cuenta los aspectos siguientes: 1) La restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada; 2) El pago de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al quejoso con la ejecución del acto reclamado; y 3) El costo de los gastos realizados por el quejoso para presentar la garantía con la que obtuvo la suspensión, en caso de que se haya exigido. Tomando en consideración lo anterior y debido a que en el presente cuaderno incidental, las partes no aportaron información respecto al valor del expediente de donde deriva el acto reclamado, ni se cuentan con datos o cantidad que permita fijar el monto preciso de los posibles daños y perjuicios que al efecto se pudieran ocasionar al quejoso con la contragarantía, este Juzgado fija la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), que deberá exhibir el tercero interesado Juan Aguilera Chávez, en cualquiera de las formas establecidas en la ley, de preferencia en billete de depósito expedido por Banco del Bienestar de la serie N, y dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este acuerdo, a fin de cubrir el monto de la garantía que se fijó a la parte quejosa (definitiva) así como los posibles daños y perjuicios que con dicha medida se pudieran ocasionar al impetrante del amparo en caso de obtener sentencia favorable en cuanto al fondo del asunto. Sin que pase desapercibido, por tratarse de un hecho notorio, que en el juicio principal del que deriva este incidente, mediante sentencia terminada de engrosar el tres de noviembre de dos mil veintidós, se negó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y, estando inconforme con dicha determinación, interpuso recurso de revisión del cual conoce el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien lo registró bajo el número de amparo en revisión 688/2022 y al realizar una consulta en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el citado medio de impugnación, a la presente fecha, no ha sido resuelto, por lo que el asunto en lo principal se encuentra sub júdice. Notifíquese; personalmente a las partes.

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