Jesus Briones Escobedo

Expediente 282/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
282/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/07/2021

Partes del expediente

  • Jesus Briones Escobedo

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 128/2021. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se declaró infundada la queja interpuesta contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; este expediente es susceptible de destrucción. Lo anterior, deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de mayo de dos mil veintiuno. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 128/2021. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado vía electrónica por la autorizada de la parte quejosa, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, mediante atento oficio que al efecto se gire al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, hágase de su conocimiento que en vía de informe justificado, se pone a disposición del citado órgano jurisdiccional, la consulta del presente juicio de amparo 282/2021-IV, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; remitiéndole para tal efecto el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado. Por tanto, se instruye a la analista jurídica de la adscripción, a fin de que permita la disponibilidad y acceso al expediente electrónico dentro del Sistema de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Jesús Briones Escobedo, por propio derecho, y signada electrónicamente por Ana Karina Reyna Rodríguez, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, contra actos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, conforme lo prevé el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que entró en vigor el cuatro de enero de dos mil dieciséis; y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En atención a su contenido y como lo prevén los artículos 11, 14, 45 y demás relativos del Acuerdo General señalado en último término, indíquese a las partes de la tramitación electrónica del presente juicio de amparo a través del sistema PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Por lo anterior, se ordena la integración del expediente electrónico, y su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 282/2021-IV, y al Secretario respectivo vigile la digitalización oportuna y de manera legible de las constancias que en su caso integran el presente expediente. Ahora bien, visto el escrito de demanda, se advierte que en el caso, Ana Karina Reyna Rodríguez, quien firma electrónicamente la demanda, se encuentra señalada como abogada autorizada en términos amplios de la parte promovente en el presente juicio. Sentado ello, debe recordarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; en virtud de ello, se procede a determinar tal cuestión. En primer término, resulta conveniente reiterar que en la demanda de que se trata, se aduce que la promueve Jesús Briones Escobedo por propio derecho, sin embargo la misma se encuentra firmada electrónicamente por Ana Karina Reyna Rodríguez, quien únicamente es autorizada de la parte promovente. Ante ello, esta instancia constitucional considera que en el presente caso se surte de un modo manifiesto la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6° del citado cuerpo normativo. De acuerdo a lo establecido en las disposiciones antes invocadas, se tiene que el juicio de amparo sólo podrá promoverlo la parte directamente agraviada, entendiéndose como tal, el gobernado que sufre una lesión directa a sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por alguna ley, cualquier acto u omisión que provenga de una autoridad. Así, interés jurídico debe entenderse como el derecho que le asiste a un particular para reclamar mediante el juicio de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho tutelado constitucionalmente o por alguna disposición legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses legítimos provocado por un acto u omisión de autoridad. Ahora, en el caso, a Ana Karina Reyna Rodríguez únicamente se le señala como abogada autorizada en términos amplios de quien es la parte quejosa en el presente juicio. En tal virtud, la esfera jurídica de Ana Karina Reyna Rodríguez, quien es quien firma de forma electrónica la demanda respectiva, no se ha visto vulnerada por el acto reclamado, en la medida en que no es dicha persona en contra de quien se dirige el acto de índole administrativo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. De ahí que sea posible concluir que la autorizada y quien firma electrónicamente la demanda Ana Karina Reyna Rodríguez, no es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, que pueda tutelarse en esta instancia constitucional, pues el acto reclamado, consistente en el orden, instrucción, solicitud o mandamiento de inmovilización o congelamiento de cuenta bancaria 0196332277, de la Institución de Crédito BBVA Bancomer, no produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ni de manera directa, ni en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, ya que, se insiste, no es a ella a quien se dirige el acto referido a las autoridades señaladas como responsables, dado que no es titular de la referida cuenta bancaria según las manifestaciones realizadas en la demanda, así como de lo que se desprende del contenido de los anexos que se acompañan. Esto es, que ese acto no se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a efecto de considerar que diversa persona a la directamente agraviada pueda promover la demanda, puesto que no se reclaman, por ejemplo, actos que importen peligro en la privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento.. En esos extremos, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6° del propio ordenamiento, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE QUE SE TRATA, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Ana Karina Reyna Rodríguez, Saúl Vázquez Tovar, Mayra Anel Rincón Arvizu, Roberto Gómez Maravilla, José Antonio Altamirano Miranda, Jennifer Raya Rojas, Marco Antonio Murillo Morales y Elda Sarahy Becerra Paredes, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las restantes personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, bajo los usuarios que proporciona, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, téngasele proporcionando diverso correo y número telefónico en donde atender cuestiones derivadas del presente asunto. Notifíquese personalmente vía electrónica a la parte promovente.

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