Jesus Alfredo Jimenez Cordoba

Expediente 1658/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1658/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Jesus Alfredo Jimenez Cordoba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio y dos anexos de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en atención a su contenido, se provee: Ténganse por recibidos los autos de este juicio de amparo y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el citado tribunal en el recurso de queja civil 15/2023, interpuesto contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo. Se declara infundado el recurso de queja civil Acúsese recibo, agréguense únicamente las actuaciones originales que contiene el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las copias certificadas que obran glosadas en el mismo, por ser innecesarias; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. Archivo En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de enero de dos mil veintitrés. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la Superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 15/2023. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la parte quejosa y cuatro copias que se acompañan, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Jesús Alfredo Jiménez Córdoba, contra actos de los Magistrados integrantes de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y otra autoridad, con seis copias que acompaña; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 1658/2022-II. Así, vista la demanda de mérito, se advierte que, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia: 1. Mediante auto de dieciséis de agosto del año en curso, se admitió la demanda ante el Juez Cuarto del Ramo Civil en esta ciudad, quedando registrada con el número de expediente 704/2022. 2. Posteriormente, el quejoso Jesús Alfredo Jiménez Córdoba al encontrarse inconforme, interpuso recurso de apelación en contra de dicho auto. 3. Por lo que la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, conoció de dicho medio de impugnación, y quedó registrado bajo el Toca de Apelación Civil número 786- 2022. 4. Más adelante, a través de la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, la Sala responsable, determinó confirmar el auto recurrido, lo cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, es improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Sala responsable dentro del toca de apelación 786/2022, en la que se confirmó el auto que admitió la demanda tramitada ante el Juez Cuarto del Ramo Civil en esta ciudad, dentro del Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 704/2022. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, para advertir que la parte quejosa se duele de la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, emitida por Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, mediante la cual se confirmó el auto recurrido por el quejoso Jesús Alfredo Jiménez Córdoba, lo cual no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse contra la resolución que se dicte en definitiva; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso a la aquí parte quejosa, de manera que, como lo manifestó en el capítulo relativo al acto reclamado, en el juicio de origen no se ha dictado sentencia definitiva, por lo que se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la parte promovente del amparo. Así, el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación. De conformidad con lo anteriormente expuesto, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Eduardo Pardo Villanueva, toda vez que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o abogado, tal como lo exige la legislación antes mencionada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Notifíquese personalmente al promovente

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