Jesús Arias Martínez
Expediente 521/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/10/2021
Partes del expediente
- Jesús Arias Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio que suscribe el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio con el cual fueron remitidos los autos originales del juicio de amparo 521/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, con motivo de la acumulación del presente asunto al juicio de amparo 482/2021 del índice del Juzgado oficiante. Ahora, tomando en consideración de que no existen diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al archivo como asunto concluido. Háganse las anotaciones adecuadas en los libros de gobierno que se llevan en esta órgano jurisdiccional, así como en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción; dado que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Así también el cuaderno de antecedentes formado con motivo del original del incidente de suspensión que deriva del presente asunto, de conformidad con el artículo 20 fracción I, inciso a) del citado acuerdo general, es susceptible de destrucción. Notifíquese
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio de cuenta que suscribe el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído dictado el siete de septiembre del presente año, dentro del juicio de amparo 482/2021-VII de su índice, en términos del artículo 66 de la Ley de Amparo resolvió de plano la acumulación de juicios planteada por la autoridad responsable, a fin de que el presente asunto se acumule al expediente antes mencionado. Ahora, en atención a la solicitud de la autoridad oficiante en el sentido de que dentro del plazo de cinco días hábiles este Juzgado de Distrito manifieste lo conducente en relación con la acumulación de juicios decretada dentro del juicio de amparo 482/2021-VII, y toda vez que del contenido del proveído dictado el siete de septiembre del año en curso en dicho expediente, se determinó que la demanda que dio origen a aquél expediente fue presentada con anterioridad a la demanda que dio origen al juicio de amparo promovido por Jesús Arias Martínez, la cual por razón de turno conoció este Juzgado radicándola con el número de juicio de amparo 521/2021-D, máxime de que los quejosos en ambos asuntos son parte dentro del expediente E-099/CSPC/2020 del índice de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana; por lo antes expuesto de conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional comparte la determinación emitida por el Juzgado oficiante, motivo por el cual en obvio de mayores dilaciones procesales se ordena remitir los autos originales del presente asunto, así como los autos originales del incidente de suspensión que derivan del presente juicio con motivo de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, previa copia certificada de los cuadernos de antecedentes que queden en autos para constancias; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Solicitándose el acuse de recibo correspondiente, a fin de que se provea lo que en derecho corresponda en relación con el archivo de los cuadernos de antecedentes respectivos. Sirve de apoyo por los motivos que la integran la Jurisprudencia P./J. 25/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 2009911 de rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTREN RADICADOS ANTE DIFERENTES JUZGADORES FEDERALES. Para acumular juicios de amparo indirecto radicados ante Tribunales Unitarios de Circuito o Juzgados de Distrito distintos, es necesario atender a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, así como en los numerales del 34 al 39, 74 y demás conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, al tenor de los cuales la acumulación de autos puede promoverse a petición de parte o de oficio, debiendo formularse la solicitud respectiva ante el juzgador que previno en la causa -es decir, el que conoció cronológicamente antes de uno de los juicios de amparo indirecto que pretende ser acumulado-, el cual, con base en las constancias de autos y al tenor del referido artículo 66, determinará si resuelve de plano o en el procedimiento incidental respectivo sobre la existencia de los requisitos que para la acumulación establece el artículo 72 del Código Federal de Procedimiento Civiles. Por tanto, de ser necesario desarrollar dicho incidente, el referido juzgador deberá dar vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes el propio juzgador celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, dictará la resolución correspondiente y, de estimar que es procedente la acumulación, requerirá por medio de oficio a los demás juzgadores federales en cuyos juzgados o tribunales se encuentren radicados los demás juicios de amparo indirecto que pretendan acumularse; los juzgadores requeridos, dentro del plazo de 5 días después de recibida la solicitud de acumulación, enviarán los autos al juzgador requirente. Sin embargo, el juzgador requerido podrá oponerse a la acumulación, en cuyo caso deberá remitir los autos del juicio de amparo de su índice a su superior, comunicándolo al requirente para que haga lo propio. En este caso, acorde con el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los conflictos de competencia suscitados entre Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito de su jurisdicción y, seguido el procedimiento correspondiente, deberán resolver sobre la acumulación, ordenando la devolución de los autos al juzgador competente, en caso de que se niegue u ordenando la acumulación y el envío de todos los autos al que previno, si lo estima procedente." En consecuencia, se ordena dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada, para las once horas con veinte minutos del veinte de septiembre de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que se encuentra programada para las once horas con diez minutos del día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, a la fecha se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes para que se impusieran del informe justificado rendido por la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana. En ese sentido, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por tanto y debido a las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional y se fijan las once horas con veinte minutos del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Incidental
veintitrés de julio de dos mil veintiuno. A lo que el Juez acuerda, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el informe previo rendido por la autoridad responsable; asimismo, con fundamento en el artículo 9º de la ley de la materia, se le tiene nombrando como delegados a los profesionistas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito que se atiende. Enseguida, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos, siendo éstas: a) copia de la demanda de amparo; b) auto admisorio; c) proveído de dieciséis de julio del año en curso, en el que se abrió a trámite el incidente de suspensión en que se actúa; y, d) el informe previo rendido por la autoridad responsable. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el periodo de pruebas, se hace constar que la parte quejosa ofreció como prueba la documental que adjuntó a su escrito de demanda. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación del periodo probatorio y con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa anunciando la documental que exhibió la parte quejosa a su escrito de demanda. Abierto el periodo de alegatos. El Secretario da cuenta al Juez que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la manifestación que antecede, asimismo, por precluido el derecho de las partes para hacerlo, con lo que cierra el periodo. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 521/2021-D, promovido por Jesús Arias Martínez, contra actos de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana. R e s u l t a n d o Primero. Según su correspondiente escrito de demanda Jesús Arias Martínez, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados a la autoridad que a continuación se precisan: Autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana. Acto reclamado "A la autoridad responsable le reclamo el inicio de procedimiento de separación definitiva, toda vez que se encuentra actualizada la prescripción de la facultad sancionadora dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa grave con número de expediente E-099/CSPC/2020, notificándome dicho inicio de procedimiento el seis de julio de dos mil veintiuno Asimismo, solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto siguiente: "Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se solicita se dicte la suspensión para efecto de que no se dicte resolución definitiva en el procedimiento administrativo con número de expediente E-099/CSPC/2020, hasta en tanto se resuelva el presente juicio de garantías, ello con el fin de preservar la materia del juicio e impedir perjuicio irreparables, ya que de no concederse la medida suspensiva la autoridad responsable podrá determinar la separación del cargo del suscrito, de forma arbitraria, sin posibilidad de que un Órgano Jurisdiccional condene a la restitución de la totalidad de nuestros derechos como lo es la reintegración de nuestro cargo, atento a lo dispuesto por el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que consigna la prohibición de reinstalar al miembro policiaco). [.]" Segundo. Por auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la presente demanda, se proveyó sobre la suspensión provisional, se requirió a la autoridad su informe previo y se citó a las partes para la celebración de la presente audiencia que se celebra al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: Inicio de procedimiento de separación definitiva dictado dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa grave con número de expediente E-099/CSPC/2020. Tercero. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, por conducto del Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, pues así lo manifestó al rendir su informe previo, mismo que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuarto. El artículo 128 de la Ley de Amparo, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Igualmente, el artículo 138 de la ley en cita, establece que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Por su parte, el artículo 147 de la ley de la materia, en su párrafo segundo dispone que en los casos en que la suspensión fuera procedente, atendiendo la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Ahora bien, la apariencia del buen derecho, ha sido definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la comprobación aparente del derecho invocado por la parte quejosa, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo, se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. Definición que se desprende de la jurisprudencia 949, visible en la página mil sesenta y seis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 1- Reglas generales, Materia: Común, Novena Época, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil repartición que pueda sufrir el quejoso, deberá llegarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." (negritas y subrayado añadido). En ese contexto, en el caso se reúnen los requisitos previsto en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, ya que la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa quien hasta este momento acredita su interés suspensional de manera indiciaria toda vez que bajo protesta de decir verdad refiere que es parte dentro del expediente E-099/CSPC/2020 del índice de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; lo que se corrobora con el informe previo rendido por la autoridad responsable, la cual le reviste valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, lo que se concatena con la diversa documental consistente en copia simple de la resolución del inicio de procedimiento dentro del expediente E-099/CSPC/2020 del índice de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Al respecto, por analogía, se invoca la jurisprudencia I.2o.A. J/36, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 37, Número 68, Agosto de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. PARTES EN UN PROCEDIMIENTO.- Basta con que una persona intervenga como parte en un procedimiento, para estimar que tiene interés jurídico para impugnar las resoluciones que le sean adversas". De igual forma se acude a las consideraciones en que se apoya la tesis sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, consultable en la página 1460, Tomo XX, Diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "SUSPENSIÓN. SE ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO SI QUIEN LA SOLICITA DEMUESTRA SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO.- Basta con demostrar ser parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, para acreditar el interés jurídico que le asiste en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, sobre todo si se trata de un juicio seguido en la vía especial hipotecaria que trae aparejada ejecución sobre el bien hipotecado, que resulta ser la base del adeudo y, por tanto, del litigio; lo anterior aunado al hecho de que la autoridad responsable admite la existencia del acto". Por último, se cita como apoyo de lo aquí estimado la diversa tesis aislada aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, Registro digital 216493, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Mayo de 1993, Página 410, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. PROCEDE DECRETARLA SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO.- Si de autos se advierte que quien promueve el juicio de amparo es parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, es evidente el interés que le asiste en obtener la suspensión definitiva de dichos actos, y por tanto debe decretarse, pues en el juicio de garantías el interés jurídico de quien la solicita se surte, si se es parte en el procedimiento del que derivan los actos que se impugnan; máxime cuando la autoridad de quien se reclaman admite la existencia de los mismos, y se satisfacen los requisitos que al efecto establece el artículo 124 de la Ley de Amparo". Por cuanto hace al requisito establecido en la fracción II del numeral en comento, en el presente caso, se estima que con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, toda vez que los actos que se pretenden suspender no se encuentran en ninguno de los supuestos del artículo 129 de la ley de la materia; además, con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público, en cambio, sí se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con su ejecución. Por tanto, con fundamento en los artículos 139 y 147 de la Ley de Amparo, a fin de preservar la materia del juicio de amparo, lo procedente es conceder la suspensión definitiva que solicita, a fin de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y de no haber acontecido no se dicte resolución en el procedimiento de separación definitiva E-099/CSPC/2020 tramitado a nombre de Jesús Arias Martínez, sin que ello implique la paralización del procedimiento (por ser de orden público); lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que en su caso, se dicte en el juicio principal del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa. Resulta aplicable a lo anterior por analogía, ya que no se opone a la Ley de Amparo vigente como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la tesis 2a./J.76/2012, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, materia constitucional, común, tomo I, agosto de dos mil doce, página novecientos veintiuno, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo." En la inteligencia que la suspensión definitiva surte efectos siempre que i) no se hayan ejecutado los actos que se pretenden suspender, pues de ser así, se estaría ante la presencia de actos consumados, ii) si provienen de hechos diversos a los señalados en la demanda de amparo o fue emitido por diversa autoridad no señalada como responsable en el escrito de demanda; o en caso de que el acto reclamado derive del iii) cumplimiento de una sentencia en la que se haya concedido el amparo, ya que cuando el acto reclamado derive del cumplimiento de una sentencia ejecutoria, se afecta el interés social y se contravienen disposiciones de orden público, en virtud de que dicha determinación adquirió la calidad de verdad legal y, por ende, su eficacia e inmediata ejecución prevalecen; estimar que debe concederse la suspensión contra la ejecución de una sentencia firme, contra la cual, no procede medio de defensa ordinario o extraordinario alguno, conllevaría desconocer la eficacia de su ejecución inmediata, con lo cual, los efectos de la suspensión obstaculizarían dicha ejecución. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 140, 144 y 146 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Jesús Arias Martínez, por propio derecho, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero para los efectos precisados en el considerando cuarto. Notifíquese.
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