Jesús Antonio García Duarte
Expediente 209/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 32 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 27/09/2021
Partes del expediente
- Jesús Antonio García Duarte
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje. Tijuana Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo décimo octavo del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, debiéndose conservar únicamente las resoluciones en que se concedió la suspensión provisional y definitiva. Por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con lo dispuesto en el numeral vigésimo, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido, por lo que se señala como fecha para tal efecto el veintisiete de marzo de dos mil veintidós. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo.Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, al cual adjunta fotocopia certificada de la ejecutoria dictada en el incidente en revisión laboral 53/2021, de su índice, en el que resolvió: "Único. Se declara sin materia el recurso de revisión interpuesto por Jesús Antonio García Duarte, en contra de la resolución interlocutoria de siete de diciembre de dos mil veinte, pronunciada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 209/2019, de su índice." Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por otra parte, de la certificación que antecede, se advierte que se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en el incidente de suspensión que deriva de este juicio, y que se encuentra radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad; lo anterior, hágase del conocimiento de la superioridad, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se reserva enviar al archivo como totalmente concluido el presente asunto, hasta en tanto, sea resuelto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa. notifiquese
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de sobreseimiento que establece la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio se hizo consistir en acuerdo de catorce de marzo de dos mil dieciocho, emitido en el expediente del registro sindical 388 en el que se validó por parte de la Junta responsable la asamblea llevada a cabo el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, por el Sindicato de Transportistas C.R.O.C., en la que en otras cosas, se determinó la expulsión del quejoso de dicho sindicato, sin embargo, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: Ahora bien, como ya se precisó, el acto reclamado consiste en el acuerdo de catorce de marzo de dos mil dieciocho, emitido en el expediente del registro sindical 388 en el que se validó por parte de la Junta responsable la asamblea llevada a cabo el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, por el Sindicato de Transportistas C.R.O.C., en la que en otras cosas, se determinó la expulsión del quejoso de dicho sindicato. Ahora, de las constancias que remitió el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. se advierte que la Junta responsable mediante acuerdo dictado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el expediente del registro sindical 388 se tuvo por recibido el escrito firmado por el Secretario General del Sindicato de Transportistas de Tijuana C.R.O.C., en el que solicitó se inscribiera el acta de Asamblea de fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, en el que, entre otros, en el séptimo punto se determinó reconocer nuevamente como miembro y sindicalizado al aquí quejoso en los términos siguientes: Séptimo punto.- Puntos Generales. Otorgamiento del uso de la voz, hasta por un tiempo máximo de minutos al compañero sindicalizado que lo desee; esto, con el fin de que realice las manifestaciones que considere pertinentes, siempre y cuando sean temas relacionados con nuestra agrupación sindical. En este punto, el Presidente de Debates, pregunta a los asistentes si alguno de ellos desea manifestar algo, proponer o exponer alguna inconformidad, duda o comentario; acto seguido, el compañero Jesús Armando López Reyes, solicita el uso de la voz, y concedido que le fue manifiesta que, debido a las irregularidades que han involucrado a las decisiones de este sindicato, es que solicito que los compañeros. 1. Porfirio de la Mora Delgado 2. Rogelia Talamantes Benítez 3. Francisco Sida Sandoval también conocido como Francisco Sida 4. Francisco Joel Sida Talamantes 5. José Luis Bolaños León 6. Armando Javier Ruelas García 7. Jesús Antonio García Duarte 8. José Luis Chávez 9. Diana Leticia Ruelas García 10. Luis Gerardo Vargas Barajas 11. María Mercedes Aguilón García Sean reconocidos como miembros y sindicalizados de nuestra organización, con toda la antigüedad que cada uno representa en lo individual, así mismo con todos los derechos y obligaciones que los Estatutos establecen, por lo tanto, propongo a la Asamblea que se vote a favor de que los compañeros que han sido mencionados se les reconozca como sindicalizados. Por lo tanto, el Presidente de los Debates solicita a la Asamblea que levanten la mano los compañeros sindicalizados a los compañeros que ya se mencionaron, teniendo como resultado el total de las manos levantadas a favor de la propuesta, realizada por el compañero Jesús Armando López Reyes." Proveído en el cual, la Junta responsable tomó la nota respectiva de la referida asamblea y las resoluciones adoptadas, entre ellas, el reconocimiento como miembro y sindicalizado de esa organización del aquí quejoso Jesús Antonio García Duarte, con toda la antigüedad, así como con los derechos y obligaciones que los Estatutos de ese sindicato establecen, expidiéndose la toma de nota respectiva. Con lo que se llega al convencimiento que en la especie, cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la validación de la asamblea en la que se había excluido al quejoso como miembro y sindicalizado del Sindicato de Transportistas C.R.O.C. Por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -treinta de diciembre de dos mil diecinueve-; el acto reclamado subsistía, también lo es que, con posterioridad a su presentación; es decir, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el expediente del registro sindical 388 se tuvo por recibido el escrito firmado por el Secretario General del Sindicato de Transportistas de Tijuana C.R.O.C., en el que solicitó se inscribiera el acta de Asamblea de fecha cuatro de marzo de dos mil veinte y la Junta responsable realizó la toma de nota respectiva del acta de asamblea en la que se determinó reconocer nuevamente como miembro y sindicalizado al aquí quejoso; de ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos del acto que en esta instancia constitucional se reclama y que es materia de este apartado de consideraciones, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubrediciembre de 1989, Octava Época, que dice: En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
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