JESÚS ALONSO RODRÍGUEZ GRACIANO y Otros.
Expediente 1197/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1197/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/10/2023
Partes del expediente
- JESÚS ALONSO RODRÍGUEZ GRACIANO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************, promovido por********************y********************, por conducto de su defensor particular ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California en esta ciudad,********************y********************, por conducto de su defensor particular ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos y autoridad cuya denominación correcta a continuación se señala: Autoridad responsable Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. "4.- ACTOS RECLAMADOS: La infundada y arbitraria medida restrictiva de libertad de PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA, impuesta contra mis representados ******************** Y ********************, impuesta por el A QUO, esto en audiencia pública celebrada con fecha 7 de SEPTIEMBRE 2023, mediante la cual dicho juez decidió imponer dicha medida restrictiva de la libertad pese a que el Ministerio Publico a cargo de la carpeta de investigación NO JUSTIFICARA de manera OBJETIVA y FEHACIENTE, es decir COMPROBARA con datos o medios de prueba LA NECESIDAD DE CAUTELA, simplemente se dedicó a verbalizar CONJETURAS, intuiciones de actos futuros sin que haya sustentado la existencia de evidencia alguna de la NECESIDAD DE CAUTELA. Por lo que en dicha audiencia de fecha 7 DE SEPTIEMBRE 2023, mediante la cual esta defensa fundo y motivo la forma objetiva en las que debían de considerarse satisfechos los requisitos del numeral 168 del código nacional de procedimientos penales argumentando que debía de imponerse una medida cautelar menos gravosa, sin embargo el juez impuso la prisión preventiva justificada aunado que la fiscalía no demostró objetivamente el riesgo que representa mi defendido, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia y haciendo caso omiso a los numerales 153 del código nacional de procedimientos transgrediendo los principios de excepcionalidad o subsidiaridad, motivación y proporcionalidad que rigen la prisión preventiva, en relación con el principio pro persona, ya que para justificar la imposición de la medida cautelar se basó en argumentaciones totalmente subjetivas, lo que la torna ilegal." Segundo. Trámite. En proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó abrir en original del presente cuaderno incidental, se solicitó el informe previo, se proveyó en relación a la suspensión provisional solicitada, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que deriva del juicio de amparo indirecto ********************, del cual conoce este órgano de control constitucional, ya que conserva jurisdicción para conocer de las cuestiones relativas a las incidencias que deriven de tal procedimiento, atento al principio de unidad que rige al juicio de amparo, asimismo de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se señala que el acto reclamado a la autoridad responsable, consiste en lo siguiente: La medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta a la quejosa en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe previo. Cuarto. Ahora, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que se establece que la resolución que decida sobre la suspensión debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, se determina que, conforme a la lectura integral de la demanda de amparo, la parte quejosa pide la suspensión de los actos reclamados para que se le otorgue con efectos restitutorios y parcialmente anticipados respecto a la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta, ordenando a la responsable determine que la medida cautelar de prisión preventiva justificada, es inconvencional y se resuelva lo conducente pudiendo imponer una medida cautelar menos lesiva a la hoy quejosa, partiendo de que hasta el momento no existe necesidad de cautela o algún riesgo procesal. En ese sentido, conviene precisar que el artículo 128 de la Ley de Amparo exige dos requisitos para conceder la suspensión, a saber: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.". Así, esta juzgadora considera que se cumple con los requisitos del dispositivo legal antes transcrito, puesto que la suspensión la solicita la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social y tampoco se contravienen disposiciones de orden público con el otorgamiento de la medida suspensional. Sin embargo, es necesario establecer que el citado artículo también prevé: ".Que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.". Por su parte, el artículo 147 de la misma Ley, prevé que: "En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". Así, aun cuando el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, analizó la porción normativa contenida en el párrafo tercero del numeral antes citado, en la que expresamente se establece la improcedencia de la suspensión tratándose de medidas cautelares. Sin embargo, en dicho asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la norma impugnada no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos en contra de las medidas cautelares dictadas en el procedimiento penal por autoridad judicial, dado que se trastocaría el derecho a un recurso efectivo, por lo que dijo que el juzgador de amparo debe determinar, en cada caso, si la naturaleza del acto permite o no su suspensión y, una vez establecido ello, si la concede o no, deberá ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con el interés social. Lo anterior, aunado a lo dispuesto en los artículos 166, párrafo segundo y 147, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en cuyo caso el primero no prohíbe la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada y el segundo prevé la posibilidad de otorgar la suspensión solicitada con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), pues de esa manera se evita que el juicio de amparo se convierta en un instrumento estéril para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. Cobra aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 47, octubre de 2017, Tomo I, página 483, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015310, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, demanda la existencia de una garantía eficaz de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de las garantías principales de estos derechos. La suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, es un instrumento para garantizar la eficacia del juicio de amparo, porque conserva su materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del quejoso. Ahora bien, la segunda parte de la sección tercera, del capítulo I, del título II, de la Ley de Amparo, sobre la suspensión en materia penal, establece un conjunto de normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos que, por su recurrencia e incidencia en la libertad personal, el legislador consideró necesario regular de manera especial. Sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte ("reglas generales") de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social." Sin embargo, esta juzgadora considera que en el caso no es procedente conceder la suspensión definitiva para los efectos solicitados; para arribar a esta conclusión es necesario traer a colación la Jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.) sustentada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2026999, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado." De la propia ejecutoria emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en resolución de sesión ordinaria virtual de quince de junio de dos mil veintitrés, donde se resolvió la contradicción de criterios número 36/2023, determinó: "De ahí que, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos: - Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), y - La relación del quejoso con ese hecho. 194. En el entendido que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto. Así como: - Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. - Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. - Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. - Que resulte estrictamente proporcional. - Que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado." De lo anterior, se obtiene que si bien la suspensión definitiva podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, también lo es que ello procede siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado -prisión preventiva justificada-) no cumple con los requisitos siguientes: 1. Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), y 2. La relación del quejoso con ese hecho. 3. Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. 4. Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. 5. Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. 6. Que resulte estrictamente proporcional. 7. Que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Es decir, para que proceda la suspensión es necesario que no existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas); no exista relación del quejoso con ese hecho; la finalidad de la medida que prive la libertad no sea compatible con la Convención Americana; que la medida adoptada no sea idónea, para cumplir con el fin perseguido; que no sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; que no resulte estrictamente proporcional; que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Ahora bien, en el caso concreto, por el momento, no se tienen elementos objetivos suficientes para poder determinar si dichos requisitos se cumplen o no, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad dejar sin efecto el acto reclamado, accediendo a la petición de la parte quejosa, ya que la determinación emitida por el Juez responsable, en base a lo antes expuesto, requiere de mayor estudio propio de la sentencia que en su caso se dicte en el juicio principal del cual deriva este incidente. En consecuencia, conforme con los artículos 125, 128, 131 y 147 de la Ley de Amparo, no es procedente conceder la suspensión definitiva para los efectos solicitados; lo anterior, es comprensible desde una perspectiva lógica jurídica, habida cuenta que la determinación de un juez penal que impone, confirma o deja subsistente (propio de la resolución de revisión de medidas cautelares) la prisión preventiva justificada -distinta de la prisión oficiosa-, necesariamente supone que ha sido sometida a control y escrutinio judicial estricto, dentro del proceso penal correspondiente (instancia natural), en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167, con relación al 161 y 163, estos del Código Nacional de Procedimientos Penales, dependiendo del análisis que dicha autoridad realice de las circunstancias particulares del caso y los riesgos que se pretenda paralizar, para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad en general, como fines legítimos de la prisión preventiva. Sin embargo, se concede la suspensión definitiva para el efecto establecido en el artículo 166 de la mencionada ley; esto es, para que queden a disposición de este juzgado en el lugar de su reclusión por lo que hace su libertad personal y a disposición del Juez responsable para la continuación del proceso penal de origen del índice de la autoridad responsable, que se le instruye, -por ser de orden público, por tanto insuspendible-, en virtud que dicha concesión no conlleva afectación alguna al proceso, sin perjuicio de las facultades del Juez responsable para determinar su libertad en los casos en que legalmente proceda y bajo su más estricta responsabilidad; lo anterior hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que en su caso se dicte en el expediente principal del cual deriva este incidente. Lo anterior es así, toda vez que las solicitudes de medidas cautelares según lo dispone el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se resuelven por un Juez de Control en forma inmediata y por cualquier medio, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Ello, aunado a que el supuesto que prevé el numeral 166, fracción II, de la Ley de Amparo, refiere en su primera parte al supuesto de procedencia de la suspensión, cuando el quejoso no ha sido detenido, lo que no acontece en el caso. Por lo expuesto, se R e s u e l v e Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por********************y********************, contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora, se tiene a la autoridad responsable informando que autorizó a este juzgado federal el acceso al expediente electrónico de la causa penal ********************, que se instruye a los aquí quejosos, por tanto, se procede a realizar una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se observan diversas actuaciones que integran la causa penal antes referidas, lo que constituye un hecho notorio para esta juzgadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio contenido en la Tesis: I.1o.A.14 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página 1946, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, Número de Registro 2006082 cuyo rubro dice: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo". Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el informe previo rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140, párrafo primero, de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora, se tiene a la autoridad responsable informando que autorizó a este juzgado federal el acceso al expediente electrónico de la causa penal ********************, que se instruye a los aquí quejosos, por tanto, se procede a realizar una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se observan diversas actuaciones que integran la causa penal antes referidas, lo que constituye un hecho notorio para esta juzgadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio contenido en la Tesis: I.1o.A.14 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página 1946, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, Número de Registro 2006082 cuyo rubro dice: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo". Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés********************Agréguese a los autos la demanda de amparo que promueve********************, quien se ostenta como defensor particular de ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en los términos planteados; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese con el número 1197/2023-C********************Ahora, dada la naturaleza del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento del Juez de la causa que podrá continuar el procedimiento, pero deberá suspenderlo al concluir la etapa intermedia, es decir, deberá de abstenerse de enviar el auto de apertura a juicio oral al tribunal competente, hasta en tanto sea notificada de la ejecutoria que recaiga en el presente juicio. Lo anterior virtud a que el juicio oral, acorde a lo dispuesto por el artículo 316, del Código de Nacional de Procedimientos Penales, es la etapa esencial del proceso, que se realiza sobre la base de la acusación y predominan los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración contradicción y principalmente, continuidad, de tal suerte que si se llegara a dar apertura a la etapa del juicio oral, éste no sería susceptible de suspenderse y culminaría con el dictado de una sentencia definitiva, hecho que produciría un cambio de situación jurídica que haría imposible emitir pronunciamiento alguno en el juicio de amparo en que se actúa, pues se afectaría la nueva situación jurídica, lo que trata de evitar la fracción XVII, párrafo segundo del artículo 61, de la ley de la materia********************En términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativa y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, con el fin de atender la suspensión del acto solicitada por el quejoso, tramítese únicamente el original del incidente de suspensión********************Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las once horas con treinta minutos del treinta de octubre de dos mil veintitrés********************Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo********************Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo********************Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclaman; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida Ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiérasele también para que remita copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, en el entendido que en el informe de mérito deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo********************Asimismo, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable para que al rendir el referido informe, exprese si efectivamente la promovente********************, le reviste el carácter con que se ostenta, esto es, defensor público de la parte quejosa ********************, en la causa penal que se instruye en contra********************Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirva rendir su informe justificado preferentemente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien, a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-,dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que el error o la imprecisión no sustancial en su denominación o en la cita de su nombre que no impida individualizarla o distinguirla, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o en su momento para rendir el informe que se solicite; pues en su caso se deberán aclarar la denominación correcta ante esta autoridad. Por lo anterior, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio que se le dirija, en términos del numeral invocado, el Actuario de la adscripción asentará tal circunstancia y se tendrá por realizada la notificación********************Apoyo lo anterior por los motivos jurídicos que contiene, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), visible en la página 1933, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." Solicítese a la responsable, indique al rendir su informe con justificación, si tiene conocimiento de algún juicio de amparo relacionado con el acto aquí reclamado, esto es, que haya sido promovido por el mismo quejoso o derivado del procedimiento de origen********************De conformidad con lo establecido en el dispositivo 64, párrafo primero, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las partes informen oportunamente la cesación de los efectos del acto reclamado o la actualización de alguna causal de sobreseimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de $******************** (******************** ********************); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $******************** ********************), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, libro XVI, Enero de 2013, tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en este juicio únicamente le será notificada por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por la importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito********************Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se desprende que le reviste el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-8, de la Fiscalía General de la República con sede en Tijuana, Baja California, por ser quien integró la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal de origen, por lo que se le reconoce dicho carácter en el presente juicio********************En tal virtud, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), se ordena emplazar vía oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-8, de la Fiscalía General de la República con sede en Tijuana, Baja California, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda y del presente auto admisorio, ello, conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de la Materia********************Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito y únicamente autorizados para esos efectos a las personas que menciona en el mismo********************En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo********************Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009********************Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Se tiene a la parte quejosa, proporcionando un correo electrónico y un número telefónico para establecer comunicación no procesal con este Juzgado********************Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales********************Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013********************Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra********************Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda********************Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto********************Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea********************En cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem)********************Notifíquese y cúmplase.
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