Jesus Antonio Zamora Ibarra
Expediente 553/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 27 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesus Antonio Zamora Ibarra
- Juzgado de Primera Instancia de Control Y Enjuiciamiento Penal Con Sede En la Ciudad de Guasave Sinaloa, de la Región Centro-Norte En el Estado de Sinaloa, Ubicado Por Boulevard Felipe Ángeles Y Avenida Heriberto Valdez, Código Postal 81040 de Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
En cuatro de julio de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste. Los Mochis, Sinaloa, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución emitida por el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos. Finalmente, toda vez que en líneas que antecede se está ordenando el archivo del presente juicio por estar definitivamente concluido, resulta innecesario seguir conservando los discos versátiles digitales que contienen diversas audiencias celebradas en la causa penal 214/2022, allegados por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave; por tanto, mediante oficio que para el efecto se expida, remítanse dichos discos a la citada autoridad.
- Principal
En seis de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con el estado procesal de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Los Mochis, Sinaloa, seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veintidós de mayo del actual, en relación con el oficio 1701/2023 allegado por la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó a la parte quejosa el veintiséis de ese mes y año; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se concedió al quejoso Jesús Antonio Zamora Ibarra, la protección constitucional, para el efecto de que la responsable realizara lo siguiente: ( ''Séptimo. Efectos de la protección constitucional. La protección constitucional es para que el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, residente en Angostura, realice lo siguiente: A) Reponga la audiencia inicial celebrada el veintiséis de agosto de dos mil veintidós en la causa penal ********************/******************** de origen, con el fin de que: B) Inquiera a la asistente de constancias y registros, auxiliar o encargada de sala, sobre si los datos de acreditamiento de la profesión de licenciatura en derecho proporcionados por quien participó como defensora en la audiencia inicial, en la que se vinculó a proceso al imputado aquí quejoso, fueron o no registrados y cotejados con su respectiva identificación exhibida momentos previos a la celebración de la audiencia, para verificar si se satisfizo el ejercicio de defensa técnica adecuada en favor de dicho imputado. En la inteligencia que, si la persona que asistió a dicho quejoso como defensora, no acredita ser licenciado en derecho por no contar con cédula profesional, deberá dejar insubsistente la audiencia inicial, y por consiguiente, reponer el procedimiento para que en el día y hora que programe para su verificativo, con las formalidades de ley y atendiendo a los lineamientos indicados en la presente sentencia, al momento de individualizar a las partes se cerciore que las personas que asistan al imputado como defensores en esa audiencia inicial, sean licenciados en derecho. ( Lo que acontecerá con el hecho de que los defensores hagan referencia del número de cédula que los acredite como profesionales en derecho y con el cuestionamiento que el juez de Control haga a la asistente de constancias y registros, auxiliar o encargada de sala, en torno a si verificó que los datos proporcionados por los defensores corresponden con su cédula profesional; circunstancia que deberá quedar registrada en la videograbación en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral. ( Hecho lo cual, deberá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia inicial, donde con libertad de jurisdicción resolverá cada debate planteado por las partes. ( En el caso de que se acredite que el impetrante de amparo sí contó con una defensa técnica adecuada durante la audiencia inicial, únicamente el efecto será para que así lo exprese la autoridad responsable para debida constancia en el registro audiovisual. Cabe precisar que la violación procesal no consiste en la ausencia comprobada de defensa en la audiencia, sino en la falta de verificación sobre los datos que fueron proporcionados por la persona que se ostentó como su defensor, como requisito para brindar defensa técnica adecuada al imputado; por ello, los efectos antes precisados son jurídicamente convenientes, y validar las actuaciones posteriores con el fin último de una real y efectiva defensa legal que permita estar en posibilidades de hacer frente a la imputación y debate de medidas cautelares; lo que sin duda alguna, se incumple si la asistencia es proporcionada por persona que no reúna la citada característica. Acotándose, igualmente, que sería impráctico conceder el amparo para que al omitirse realizar los requerimientos mencionados, sin más, se repusiera íntegramente el procedimiento; pues pudiera ser que realmente el imputado sí estuvo asistido de abogado titulado como licenciado en derecho, y no obstante quedara insubsistente esa diligencia en la que no existió violación alguna al derecho de defensa, vulnerándose con la reposición del procedimiento el derecho fundamental de justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación por analogía jurídica sustancial, la jurisprudencia 62/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: ''EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA ASEGURAR LA DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE VERIFICAR QUE LA PERSONA QUE ASISTIÓ AL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL CUENTE CON LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO; EL TRIBUNAL DEBE CONCEDER EL AMPARO CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los amparos directos respectivos, sostuvieron un criterio divergente en torno a los efectos de la concesión del amparo en tratándose de la omisión de los tribunales de alzada de verificar la calidad de licenciado en derecho de los defensores en la audiencia de juicio oral. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que detectada la irregularidad relativa al incumplimiento de las autoridades (de primera y segunda instancias) de verificar que la persona que asistió al imputado en la audiencia de juicio oral cuenta con la calidad de licenciado en derecho, la concesión del amparo deberá estar encaminada a obligar a las autoridades responsables, en primer lugar, a verificar en cualquier momento del trámite del recurso de apelación, que quien asistió al imputado en la audiencia de juicio contaba en ese momento con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable con los documentos o medios idóneos. Para tal efecto, la autoridad de amparo deberá dejar insubsistente el acto reclamado. Si del ejercicio de verificación resulta que el defensor no era licenciado en derecho, debe reponerse la totalidad del juicio y así debe dejarse asentado en la sentencia de segunda instancia. Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que sí era licenciado en derecho al momento de asistir en el juicio oral el tribunal de alzada deberá asentar el resultado de la verificación, ya sea en el auto inicial o en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente. Justificación: En la audiencia de juicio oral del procedimiento penal acusatorio, el defensor del imputado debe acreditar su calidad de licenciado en derecho y el Juez de Control debe verificar sus credenciales. Si dicha actuación no se cumple, y posteriormente se emite una resolución acarreando el vicio o la irregularidad -en apelación- el tribunal de alzada se enfrenta a un vicio formal que debe ponderar si trasciende o no al fallo. Dicho ejercicio de ponderación debe realizarse en atención al artículo 480 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que su propósito es verificar si la sentencia se emitió sin violar el derecho de defensa adecuada, y debe generarse incluso al tenor de la suplencia de la queja. Debe decirse que el momento para examinar o verificar y, en su caso, reparar la violación, podrá ser durante el trámite de la apelación, es decir, será a discreción de la autoridad responsable elegir el momento, pero éste tendrá que ser hasta antes del dictado de la sentencia. Ahora bien, constatada la omisión del juzgador de primera instancia de verificar las credenciales del defensor en la audiencia del juicio oral, así como la omisión del órgano jurisdiccional de segunda instancia de calificarla de conformidad con la normativa previamente referenciada, el Tribunal Colegiado es competente e incluso está obligado a analizar de oficio esas posibles omisiones como violaciones al procedimiento. Esto no significa que el órgano de amparo deba realizar ese ejercicio de verificación, y mucho menos decretar la violación al derecho de defensa adecuada sin ningún dato objetivo que haga constar de manera fehaciente que quien asistió al imputado en la audiencia de juicio era o no licenciado en derecho; por loque detectada la irregularidad, la concesión del amparo deberá estar encaminada a obligar a las autoridades responsables, en primer lugar, a verificar que quien asistió al imputado en la audiencia de juicio, contaba en ese momento con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable con los documentos o medios idóneos. Debe decirse también que los efectos del amparo referidos respetan los principios rectores del proceso penal acusatorio y son congruentes con el principio de mayor beneficio y continuidad, pues el estudio de una posible violación al derecho de defensa adecuada es previo al examen respecto al resto de los agravios y se enmienda la irregularidad con la mínima interrupción del desarrollo del proceso. Finalmente, debe decirse que si el resultado de la verificación es que el defensor no era licenciado en derecho al momento de la audiencia de juicio oral, el tribunal de alzada debe resolver sobre este error in procediendo; reponer el procedimiento de conformidad con el artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta la audiencia de juicio oral y así asentarlo en la sentencia de segunda instancia. Si se llega a la conclusión de que sí era licenciado en derecho al momento de asistir en el juicio oral, el tribunal de alzada deberá asentar el resultado de la verificación, ya sea en el auto inicial o en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente.''. C) Luego, llegando el momento procesal con el que el Ministerio Público exponga los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, tendentes a acreditar la existencia de los hechos materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o intervino en su comisión, previo a su solicitud de vinculación a proceso del imputado aquí quejoso, la autoridad responsable le inquiera para que manifieste si es su deseo que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia o si solicita ampliación del término constitucional de setenta y dos horas, como indica el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior de modo que el imputado tenga conocimiento de las razones especificas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación justificarían dicho acto de molestia, permitiéndole a él y a su defensa, como resultado de un acto informado, presentar -de ser el caso- en la continuación de la audiencia inicial, los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial; y, en su momento, con libertad de jurisdicción resolver sobre la vinculación a proceso, lo cual podrá realizar en el mismo sentido de no variar las circunstancias de fondo para resolver la situación jurídica del quejoso.''. Por su parte, mediante oficio 1701/2023 presentado el diecinueve de mayo de la presente anualidad, la Jueza de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave, informó que dictó auto de sobreseimiento total, en la causa penal ********************/******************** de origen, lo anterior, al haberse declarado la extinción de la acción penal, por el cumplimiento de acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, esto con fundamento en los artículos 186 y 189 último párrafo, 327 fracción VI, 328, 329 y 485 fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, mediante auto de veintidós de mayo de este año, se dio vista al impetrante con tal oficio, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que las autoridad responsable, realizara diversas acciones en la causa penal ********************/******************** y, en su lugar, decretó auto de sobreseimiento total en dicho procedimiento, lo que se traduce en la decisión judicial de poner fin a tal proceso, es claro que el núcleo de la ejecutoria de amparo ya se cumplió y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, declarándose, por tanto, cumplida esa ejecutoria.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos los oficios 1701/2023 de cuenta, que suscribe la Jueza de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave, mediante el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo y remite un disco versátil. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Con relación al disco versátil digital que contiene la audiencia inicial celebrada en la causa penal de origen 214/2022, el cual al ser documento público porta el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público que lo expidió; a fin de evitar su deterioro, resguárdese en la secretaría de acuerdos de este juzgado federal, en el entendido de que queda a disposición de las partes.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre el oficio 1601/2023 de cuenta, suscrito por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Angostura, mediante el cual informa los trámites realizados para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; toda vez que mediante proveído de quince de los actuales, se proveyó sobre el mismo. Con relación al disco versátil digital que contiene la audiencia inicial celebrada en la causa penal de origen 214/2022, el cual al ser documento público porta el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público que lo expidió; a fin de evitar su deterioro, resguárdese en la secretaría de acuerdos de este juzgado federal, en el entendido de que queda a disposición de las partes.
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