Jesus Armando Cota Araujo

Expediente 202/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
202/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Jesus Armando Cota Araujo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, firmado por el licenciado Luis Javier Jiménez González, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se le dio en proveído de veinticuatro de junio del año en curso, y hace manifestaciones respecto al cumplimiento de ejecutoria hecho valer por la autoridad responsable; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el sentido se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efectos del amparo se limitan a proteger los derechos violados del impetrante exclusivamente, esto es, tienen efectos individuales y no generales conforme al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, debe ser para el efecto de que la autoridad responsable: "Se precisa que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, es para el efecto que el H. Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, una vez que se le comunique la firmeza de esta sentencia, emita la resolución que en derecho corresponda dentro del procedimiento administrativo C.C. SIN. 538/2021.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, en proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, causo ejecutoria el presente juicio de amparo, sin que se considerara necesario requerir a la autoridad responsable H. Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el cumplimiento de ejecutoria, toda vez que por oficio de trece de junio del año en curso, recibido en este Juzgado el dieciséis del mismo mes y año, la Jefa del Departamento Contencioso en ausencia del Secretario del H. Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, informó que el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, con número de acuerdo 455, se emitió resolución dentro del recurso de inconformidad con número de expediente CC.SIN.:538/2021 interpuesto por el hoy quejoso Jesús Armando Cota Araujo, adjuntando copia de la misma; al igual que la constancia respectiva de notificación el seis de junio del año en curso. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable H. Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, "una vez que se le comunique la firmeza de esta sentencia, emita la resolución que en derecho corresponda dentro del procedimiento administrativo C.C. SIN. 538/2021.". Lo cual ya aconteció, toda vez que la autoridad responsable notificó al quejoso que el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, con número de acuerdo 455, se emitió resolución dentro del recurso de inconformidad con número de expediente CC.SIN.:538/2021 interpuesto por el hoy quejoso Jesús Armando Cota Araujo, adjuntando copia de la misma; al igual que la constancia respectiva de notificación el seis de junio del año en curso. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionarios del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; es evidente que el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplido, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los presentes autos el escrito signado por el autorizado del quejoso ********************, por el que manifiesta que el seis de junio del año en curso, fue notificado al quejoso la resolución del recurso de inconformidad interpuesto ante el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo tanto, solicita se le tenga por cumplida la sentencia de amparo y anexan constancia de ello. Una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se acordara lo conducente.

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