Jesus Antonio Serbin Cortez

Expediente 819/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
819/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Jesus Antonio Serbin Cortez
  • Administrador Local de Recaudacion de Tijuana Con Sede En Tijuana, Dependiente de Servicios de Administracion Tributaria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que aún no surte efectos la notificación del proveído de dieciséis de diciembre pasado, por medio del cual se dio vista a las partes con la adscripción de la jueza Magali María Díaz Villarreal, como titular de este órgano jurisdiccional, a fin que manifestaran lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, para dar margen a lo anterior procede diferir la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta minutos del diecisiete de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridad. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO."

  3. Principal

    Quejoso amplia demanda. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de veintitrés de septiembre pasado, y manifiesta que es su interés ampliar su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 111 fracción II, 116 y 117 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se admite la ampliación de la demanda de amparo que refiere la parte quejosa. Córrase traslado a las demás partes con las copias del ocurso de cuenta para su conocimiento y efectos legales conducentes. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, solicítese a la autoridad responsable Verificador, Notificador y Ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California "2", con sede en esta ciudad, su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días, inclusive por medios magnéticos, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclaman; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, en el entendido que en el informe de mérito se deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados; con la precisión que dichas documentales deben ser nítidas, completas y en forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual, se estima que la ilegibilidad de las constancias o su falta de nitidez en el caso, equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiéndose manifestar el impedimento legal que se tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en caso que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se impondrá a la autoridad, en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Causal de improcedencia. Con apoyo en lo establecido en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este juzgado. Diferimiento anticipado de audiencia. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.

  4. Principal

    Quejoso ofrece pruebas. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado del quejoso, mediante el cual ofrece como pruebas de su intención la testimonial, compulsa y cotejo, instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Ahora, respecto a la prueba testimonial, no es el caso tenerla por anunciada, pues no fue ofrecida con la anticipación a que refiere el artículo 119, tercer párrafo de la Ley de Amparo, esto es, cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, pues de autos se advierte que la audiencia constitucional inicialmente se señaló para el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, por lo que el último día para ofrecer dichas pruebas venció el ocho de agosto de dos mil diecinueve, y su solicitud fue hecha hasta el diecisiete de octubre del año en curso, lo que pone en evidencia que transcurrió en exceso el término para su ofrecimiento; por tanto, se desecha por extemporánea la prueba en comento. Es aplicable a lo expuesto la tesis XXI.1º.P.A.67 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1714, agosto de 2009, tomo XXX, Noven Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 166587, cuyo rubro y texto rezan: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHAR O ADMITIR LOS REFERIDOS MEDIOS DE CONVICCIÓN PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Acorde con el segundo párrafo del numeral 151 de la Ley de Amparo, el ofrecimiento de algunas probanzas que por su naturaleza requieren preparación, tales como la testimonial, la pericial y la de inspección ocular, deben anunciarse por lo menos cinco días antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; por tal motivo se encuentra justificada la posibilidad de que sea a través de un acuerdo previo a la celebración de la referida audiencia cuando el Juez de Distrito deba pronunciarse al respecto, admitiendo o desechando dichos medios de convicción, dado que tal circunstancia conlleva a determinar con certeza si el oferente cumplió con la oportunidad que establece el artículo en comento. Criterio que aun y cuando interpreta artículos de la legislación abrogada, no se opone con el contenido de la Ley de Amparo vigente. Máxime que con dicho medio de convicción pretende acreditar que es propietario del vehículo de motor materia de la litis, hecho del cual tenía conocimiento desde el momento de la presentación de su demanda y no durante el desarrollo del presente juicio, por lo que ha precluido su derecho para su ofrecimiento. Lo cual tiene sustento, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./. 7/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo III, febrero de 1996, visible a página 53, que a la letra dice: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal." Robustece a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 107/2016 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo II, agosto de dos mil dieciséis, página 1029, con número de registro 2012367, con cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL DERECHO A UNA ADECUADA DEFENSA. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer tal derecho y, de no haberlo hecho así, opera la preclusión en su perjuicio. Lo anterior no viola el derecho a una adecuada defensa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no limita la capacidad probatoria, ya que la norma concede a las partes la oportunidad de ofrecer, aportar y rendir las pruebas que estimen pertinentes, mientras que fijar un plazo prudente o periodo determinado para ejercer tal derecho, obedece al principio de expeditez procesal que rige en el juicio de amparo. Además, el precepto legal indicado también es congruente con el principio de igualdad procesal, el cual implica que se deben dar a las partes las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas, por lo que permitir el ejercicio de un derecho después del momento procesal oportuno para ello, redundaría directamente en perjuicio de las demás partes." Ahora bien, no se omite mencionar que en auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se admitió una diversa prueba testimonial igualmente ofertada por la parte quejosa a cargo de los mismos testigos que refiere en su escrito de cuenta; sin embargo, no es el caso considerar que con motivo del ocurso sobre el que se provee, la parte oferente pretende ampliar o perfeccionar el interrogatorio de aquélla probanza, porque además de que no lo manifestó así, de cualquier manera no habría lugar a acordar favorablemente una petición de esa naturaleza, en tanto que, al ser el interrogatorio, un elemento esencial de la prueba en cuestión, debido a que delimita su objeto y su contenido, es menester que su exhibición se realice al ofrecer el medio convictivo, y no con posterioridad. De ahí que se concluya que se trata de una nueva prueba, ofrecida tardíamente en atención a los párrafos precedentes. Finalmente, por lo que hace a las pruebas que refiere como compulsa y cotejo, instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, no es el caso dictar mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de nueve de agosto pasado se admitieron las mismas.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano