Jesus Chavez Blanco
Expediente 825/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 34 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 21/07/2023
Partes del expediente
- Jesus Chavez Blanco
- JESUS CHAVEZ BLANCO y Otros.
- OLIVIA BRAVO ORTEGA y Otros.
- Maria Eduviges Corona Beltran
- LUZ DE LOURDES GUZMAN BECERRA y Otros.
- Rosa Delia Garcia Quezada
- Gloria Maribel Meuly Baldenegro
- MA. SOCORRO CAMARILLO ESCALERA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Antecedentes. Previo a realizar la calificación del cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, resulta pertinente establecer los antecedentes derivados de este asunto que se encuentran relacionados con el acatamiento al fallo protector, los cuales son: Mediante sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil veintidós, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Inconforme con tal determinación, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la citada determinación, el que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, quien por ejecutoria de quince de noviembre de dos mil veintidós, determinó revocar y amparar al quejoso contra los actos reclamados a las autoridades responsables, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO.- Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la misma ley señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En adición a lo anterior, el numeral 1º constitucional, dispone que "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia." En el caso, es evidente que no es factible restituir en el goce del derecho violado a la parte quejosa, en cuanto al pago retrasado del mes de octubre de dos mil veintiuno, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicios que durante ese lapso sufrió el agraviado, al no recibir el pago oportuno. No obstante, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas violaciones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos subsecuentes de pensiones al agraviado, se realicen en tiempo, en virtud de que de ésta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1º constitucional. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a las autoridades responsables a dejar sin efecto cualquier acto que implique omitir, negar, suspender, modificar, cancelar, embargar, retener o retrasar el pago de las pensiones del quejoso. Asimismo, ya que la pretensión del impetrante radica en que cada mes se le pague oportunamente su pensión y no se retrase dicho pago, es jurídicamente seguro que los efectos del fallo protector comprendan dichos desfases futuros por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que las autoridades responsables del Instituto mencionado, realicen los pagos de pensión futuros, de manera mensual, os dos últimos días de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Especifico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto. Para lo cual, deberán girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de las pensiones, y para lo cual, podrán vincular al cumplimiento de la presente ejecutoria a cualquier autoridad que, con motivo de sus atribuciones, tenga intervención en dicho pago. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J.139/2017 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 941 del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: [.] Ahora bien, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, de manera razonable y estrictamente determinado, se procede a delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente ejecutoria. Para ello, debe tomarse en consideración, que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, la jueza de Distrito estaría imposibilitada para tener por cumplida la ejecutoría de amparo, por lo que el expediente quedaría en trámite de ejecución por tiempo indefinido. En tal virtud, se estima que en plazo de cuatro meses es razonablemente correcto para que la juez de Distrito vigile que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la presente ejecutoria; en el entendido que, agotado dicho lapso, podrá emitir pronunciamiento sobre si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En la inteligencia de que, si se llega a declarar cumplido el fallo protector y las autoridades responsables nuevamente incurren en el retraso del pago de pensiones, el quejoso tendrá expeditos sus derechos para agotar los medios de defensa previstos en la Ley de Amparo, a efecto de lograr el cumplimiento del fallo protector. Apoya a lo anterior, por identidad jurídica, ya que en el caso se trata de un amparo indirecto, la jurisprudencia 2a./J. 33/2014 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926 del libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: [.] No obstante que el Jefe del Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones del Instituto en cuestión, no fue señalada como autoridad responsable en el juicio de amparo, queda vinculado a su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, que establece que todas la autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades responsables." Por lo que por auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se requirió a las responsables para que dieran cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. III. El doce de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días a fin que manifestara lo que a su interés conviniera con el mismo; esto es, con los oficios y anexos registrados con los números de folio 358, 1663, 3010, 5903 y 6640, remitidos por la delegada de las pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, con los cuales estimaron dar cumplimiento al fallo protector. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, ya que realizaron lo siguiente: I.- El diez de enero de dos mil veintitrés, se recibió el oficio registrado con el número de folio 358 que remitió la delegada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual anexó copia del oficio signado por el Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales de dicho instituto; asimismo, remitió el cotejo de la relación de firmas correspondientes a la nómina del periódo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, de la que se aprecia la firma de recibido el pago de pensión al quejoso del mes de diciembre. II.- El nueve de febrero de dos mil veintitrés, la delegada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante oficio registrado con folio 1663, remitió la copia de la constancia de transferencia bancaria a la cuenta del quejoso relativa al pago de nómina del mes de enero de dos mil veintitrés. III.- Asimismo, el ocho de marzo del año en curso, se recibió el oficio registrado con folio 3010 proveniente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al cual adjuntó copia certificada de la constancia de transferencia bancaria a la cuenta del quejoso con la cual se acreditó el pago de la pensión relativo al mes de febrero de dos mil veintitrés. IV.- El veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se recibió el oficio registrado con el número de folio 5903 que remitió la delegada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual anexó copia de las constancias de transferencia bancaria a la cuenta del quejoso********************, relativas al pago de nómina del mes de marzo de dos mil veintitrés. V.- El doce de mayo de dos mil veintitrés, la delegada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante oficio registrado con folio 6640, remitió la copia de la constancia de transferencia bancaria a la cuenta del quejoso relativa al pago de nómina del mes de abril de dos mil veintitrés. En atención a lo expuesto, se colige que las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, cumplieron con el fallo protector, pues como se evidencia ha realizado los pagos correspondientes de pensión, de manera mensual por el término de cuatro meses, tiempo que estableció este órgano jurisdiccional, en acatamiento a la resolución emitida por el tribunal de alzada el quince de noviembre de dos mil veintidós, sin que se aprecie que exista algún retraso en el pago de la misma. Ello es así pues como ha quedado evidenciado el quejoso recibió el pago de pensión de los meses de enero, febrero, marzo y abril de dos mil veintitrés; por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Certificación. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es conservable por haberse concedido la protección respecto de los actos reclamados; por tanto, consérvese en el archivo por el plazo de tres años. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 20, fracción III, toda vez que se concedió la suspensión provisional y negó y concedió la definitiva; se determina que es susceptible de destrucción, lo que deberá ocurrir en un plazo de tres años a partir de la emisión de este proveído. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 19, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de mayo de dos mil veintitrés. Informa cumplimiento. Glósese a los autos el oficio que remite la delegada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual remite las constancias que acreditan el pago de la pensión al quejoso Jesús Chávez Blanco, relativo al mes de abril de dos mil veintitrés. Vista. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y anexos de cuenta, así como con los diversos registrados con los números 358, 1663, 3010 y 5903, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, con relación al cumplimiento dado al fallo protector. Apercibimiento. Con el apercibimiento de que una vez desahogada la vista o sin ella, este órgano judicial resolverá sobre el cumplimiento realizado a lo ordenado en la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 728, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del tenor siguiente: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia". Cancelación de oficios. Finalmente, visto el estado de autos se advierte que mediante oficios 8344 al 8346, se requirió a las autoridades responsables a fin de que dieran cumplimiento con el fallo protector; sin embargo, ya que en esta data se tuvo por recibidas las documentales respectivas, se cancelan los oficios señalados con anterioridad. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de mayo de dos mil veintitrés. Informa vías de cumplimiento a ejecutoria. Glósese a los autos el oficio de cuenta que remite la delegada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual remite la documental que acredita que se encuentra recabando las constancias que demuestran el cumplimiento al fallo protector, relativo al pago de la pensión del mes de abril del año en curso, al quejoso Jesús Chávez Blanco. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que se realice el pago subsecuente, esto es, el mes de abril de dos mil veintitrés, remita copia debidamente certificada de las constancias con las que acredite fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional) por cien; con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de mayo de dos mil veintitrés. Informa vías de cumplimiento a ejecutoria. Glósese a los autos el oficio de cuenta que remite la delegada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual remite las constancias que acreditan el pago de la pensión al quejoso ********************, relativo al mes de marzo de dos mil veintitrés; en atención a ello, téngasele informando los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora que en el oficio de cuenta manifiesta la delegada que el aquí quejoso no se ha presentado a firmar la nómina correspondiente al mes de marzo del año en curso, lo cierto es que como lo dice, dicho pago se realizó vía transferencia electrónica, por lo que no es necesario requerir a la parte quejosa acuda a firmar dicha nómina. Sin que sea el caso requerir nuevamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por lo que hace al mes de abril del año en curso, toda vez que por auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se requirió el mismo. Notifíquese.
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