Jesus Antonio Garcia Hernandez

Expediente 581/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
581/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Jesus Antonio Garcia Hernandez
  • Juez Tercero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California
  • Director del Centro de Reinsercion Social, Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    hago constar que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se practica la notificación del proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, al quejoso Jesús Antonio García Hernández, en el juicio de amparo 581/2022-VI, por medio de lista de estrados, que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente al promovente

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintidós. Desahoga vista. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el escrito firmado por el quejoso Jesús Antonio García Hernández, mediante el cual en cumplimiento a la vista ordenada por auto de tres de octubre de dos mil veintidós, manifiesta que tuvo conocimiento del acto que en esta vía combate el veinticinco de noviembre de dos mil catorce. Precisión del acto reclamado. En consecuencia es conveniente destacar que el quejoso reclama lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO. 1.- DEL C JUEZ TERCERO DE LO PENAL. LA ORDEN DE QUE SE ME TOME LA FICHA SIGNALETICA EN CUANTO PROCESADO DE LA CAUSA PENAL 595/2014 COMO PROBABLE RESPONSABLE DE DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA VARIANTE DE POSESION. 2- DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL TIJUANA, RECLAMO, EL QUERER CUMPLIMENTAR LA ORDEN DE QUE SE ME TOME MIS DATOS PERSONALES, FOTOGRAFIAS Y HUELLAS DACTILARES, PARA QUE QUEDE FICHADO EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA. ACTO RECLAMADO que de obsequiarse tal orden de ficharme por medio de la ficha signalectica se traduce en una lesión cierta e inmediata de mi derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal, que no puede ser modificada, revocada o nulificada ni aún a través de una sentencia favorable, violatorio de las garantías individuales de Derecho de Audiencia, Legalidad, Seguridad Jurídica y Debido Procedimiento previstas en los artículos 14, 16, y 20 Constitucionales. Se vulneró el artículo 22 constitucional, en específico, el derecho fundamental de seguridad jurídica, en razón de que el Juez de instancia ordenó la identificación administrativa del quejoso y requirió el informe de sus antecedentes penales. Al declararse la inconstitucionalidad del precepto impugnado, se debía ordenar la cancelación y destrucción de esos documentos." Lo anterior, se advierte de las manifestaciones que hizo el promovente en su demanda, las cuales, al haberse realizado bajo protesta de decir verdad, tienen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de una confesión expresa realizada por la peticionaria de amparo, en su escrito de demanda, dispositivo legal que señala: "Artículo 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita la que se presume en los casos señalados por la Ley". Ello encuentra sustento en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, de rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Por lo anterior, resulta innecesario esperar a que las responsables rindan su informe justificado, ya que de las manifestaciones realizadas en la demanda de amparo se advierte claramente el motivo de reclamo. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en atención a que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo. En principio, para apreciar objetivamente lo antes afirmado, se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura integral de la demanda y escritos aclaratorios, mientras que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al respecto surte aplicación, el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VIII, de noviembre de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, página ciento noventa ocho, registro electrónico 221353, que al tenor literal dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional" Ahora, ya establecido lo anterior, a fin de explicar la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los normativos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, es necesario establecer que los citados numerales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De los preceptos transcritos, se obtienen los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, donde como regla genérica se tiene el plazo de quince días hábiles, tomando en consideración las siguientes hipótesis para ser computados: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho plazo, se reputará consentido el acto, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el artículo 17 de la ley de la materia. En apoyo a lo descrito se cita la jurisprudencia J/32 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". [Énfasis Añadido] Caso concreto. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se le notificó el auto de trece de noviembre de dos mil catorce, en el que se dictó auto de formal prisión en su contra por el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple de metanfetamina, donde como consecuencia se ordenó su identificación administrativa. Dichas manifestaciones constituyen una confesión expresa del quejoso Jesús Antonio García Hernández, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa tesitura, el plazo de quince días para interponer la demanda de amparo que aquí nos ocupa en contra de los actos de la Juez Tercero de lo Penal de Primera Instancia en esta ciudad y otra autoridad, transcurrió del veintisiete de noviembre al diecisiete de diciembre de dos mil catorce, previo descuento de días inhábiles, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo, en virtud de que se actualiza la hipótesis señalada en el inciso b) del artículo 17 del citado ordenamiento, descrito en párrafos previos, por lo que el juicio de amparo resulta extemporáneo, tal y como se advierte de la siguiente tabla: NOVIEMBRE 2014 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (Día en que tuvo conocimiento del acto reclamado) 26 (Surtió efectos) 27 (día I) 28 (día II) 29 (día inhábil) 30 (día inhábil) DICIEMBRE 2014 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 (día III) 2 (día IV) 3 (día V) 4 (día VI) 5 (día VII) 6 (día inhábil) 7 (día inhábil) 8 (día VIII) 9 (día IX) 10 (día X) 11 (día XI) 12 (día XII) 13 (día inhábil) 14 (día inhábil) 15 (día XIII) 16 (día XIV) 17 (día XV) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Atento a lo anterior, si el quejoso presentó la demanda ante la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, tal como se corrobora del sello de recibo que consta en la demanda; es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser su presentación notoriamente extemporánea. Se cita la Tesis de Jurisprudencia número XI.1o.A.T. J/1(10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, consultable en la página 699, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." En esas condiciones, en virtud de que la demanda resulta extemporánea, por haberse presentado hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, porque la demanda de amparo que se provee se presentó fuera del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "IMPROCEDENCIA, CONSENTIMIENTO TACITO COMO CAUSA DE. El consentimiento tácito como causa de improcedencia del amparo, en los términos del artículo 73 fracción XII de la ley reglamentaria del juicio de garantías, opera respecto del acto reclamado y, por definición legal, se consiente aquél contra el que no se promueva el juicio constitucional dentro de los términos que la propia ley señala al respecto." Asimismo, cabe señalar, que en el caso no se está en algún supuesto de excepción a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que no se ordenó la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal; además, la determinación reclamada no ataca la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento. Tampoco implica incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; tampoco, ordena la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. Además, cabe señalar que el acto reclamado lo es únicamente la orden de identificación administrativa, la cual si bien fue dictada dentro del auto de formal prisión de trece de noviembre de dos mil catorce, dentro de la causa penal 595/2014, del contenido del escrito inicial de demanda y sus escritos aclaratorios no se aprecia que reclame dicho auto de formal prisión, por lo que al no tratarse de un acto que afecte la libertad personal del quejoso fuera del procedimiento, es claro que no se encuentra en ningún supuesto de excepción a los que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, la demanda de amparo que se plantea resulta notoriamente improcedente, de conformidad con la fracción XIV del invocado artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que procede desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación. Sin que pase desapercibidas las manifestaciones del quejoso en el sentido de que el uno de agosto de dos mil veintidós, se ordenó la ficha signalética del quejoso, oficio que le fue entregado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, fecha en qué fue notificado del auto de referencia. Sin embargo, esa no se trata de una nueva orden de identificación toda vez que se advierte que el oficio a que hace referencia y que le fue entregado al momento de notificarse del auto de uno de agosto del presente año, es un requerimiento al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, a fin de que le remita la ficha signaletica del hoy quejoso y no para que éste fuera a identificarse a dicho centro de reclusión. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    hago constar que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se practica la notificación del proveído de once de octubre de dos mil veintidós, al quejoso Jesús Antonio García Hernández, en el juicio de amparo 581/2022-VI, por medio de lista de estrados, que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintidós. Desahoga vista. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el escrito firmado por el quejoso Jesús Antonio García Hernández, mediante el cual en cumplimiento a la vista ordenada por auto de tres de octubre de dos mil veintidós, manifiesta que tuvo conocimiento del acto que en esta vía combate el veinticinco de noviembre de dos mil catorce. Precisión del acto reclamado. En consecuencia es conveniente destacar que el quejoso reclama lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO. 1.- DEL C JUEZ TERCERO DE LO PENAL. LA ORDEN DE QUE SE ME TOME LA FICHA SIGNALETICA EN CUANTO PROCESADO DE LA CAUSA PENAL 595/2014 COMO PROBABLE RESPONSABLE DE DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA VARIANTE DE POSESION. 2- DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL TIJUANA, RECLAMO, EL QUERER CUMPLIMENTAR LA ORDEN DE QUE SE ME TOME MIS DATOS PERSONALES, FOTOGRAFIAS Y HUELLAS DACTILARES, PARA QUE QUEDE FICHADO EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA. ACTO RECLAMADO que de obsequiarse tal orden de ficharme por medio de la ficha signalectica se traduce en una lesión cierta e inmediata de mi derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal, que no puede ser modificada, revocada o nulificada ni aún a través de una sentencia favorable, violatorio de las garantías individuales de Derecho de Audiencia, Legalidad, Seguridad Jurídica y Debido Procedimiento previstas en los artículos 14, 16, y 20 Constitucionales. Se vulneró el artículo 22 constitucional, en específico, el derecho fundamental de seguridad jurídica, en razón de que el Juez de instancia ordenó la identificación administrativa del quejoso y requirió el informe de sus antecedentes penales. Al declararse la inconstitucionalidad del precepto impugnado, se debía ordenar la cancelación y destrucción de esos documentos." Lo anterior, se advierte de las manifestaciones que hizo el promovente en su demanda, las cuales, al haberse realizado bajo protesta de decir verdad, tienen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de una confesión expresa realizada por la peticionaria de amparo, en su escrito de demanda, dispositivo legal que señala: "Artículo 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita la que se presume en los casos señalados por la Ley". Ello encuentra sustento en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, de rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Por lo anterior, resulta innecesario esperar a que las responsables rindan su informe justificado, ya que de las manifestaciones realizadas en la demanda de amparo se advierte claramente el motivo de reclamo. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en atención a que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo. En principio, para apreciar objetivamente lo antes afirmado, se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura integral de la demanda y escritos aclaratorios, mientras que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al respecto surte aplicación, el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VIII, de noviembre de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, página ciento noventa ocho, registro electrónico 221353, que al tenor literal dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional" Ahora, ya establecido lo anterior, a fin de explicar la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los normativos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, es necesario establecer que los citados numerales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De los preceptos transcritos, se obtienen los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, donde como regla genérica se tiene el plazo de quince días hábiles, tomando en consideración las siguientes hipótesis para ser computados: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho plazo, se reputará consentido el acto, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el artículo 17 de la ley de la materia. En apoyo a lo descrito se cita la jurisprudencia J/32 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". [Énfasis Añadido] Caso concreto. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se le notificó el auto de trece de noviembre de dos mil catorce, en el que se dictó auto de formal prisión en su contra por el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple de metanfetamina, donde como consecuencia se ordenó su identificación administrativa. Dichas manifestaciones constituyen una confesión expresa del quejoso Jesús Antonio García Hernández, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa tesitura, el plazo de quince días para interponer la demanda de amparo que aquí nos ocupa en contra de los actos de la Juez Tercero de lo Penal de Primera Instancia en esta ciudad y otra autoridad, transcurrió del veintisiete de noviembre al diecisiete de diciembre de dos mil catorce, previo descuento de días inhábiles, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo, en virtud de que se actualiza la hipótesis señalada en el inciso b) del artículo 17 del citado ordenamiento, descrito en párrafos previos, por lo que el juicio de amparo resulta extemporáneo, tal y como se advierte de la siguiente tabla: NOVIEMBRE 2014 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (Día en que tuvo conocimiento del acto reclamado) 26 (Surtió efectos) 27 (día I) 28 (día II) 29 (día inhábil) 30 (día inhábil) DICIEMBRE 2014 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 (día III) 2 (día IV) 3 (día V) 4 (día VI) 5 (día VII) 6 (día inhábil) 7 (día inhábil) 8 (día VIII) 9 (día IX) 10 (día X) 11 (día XI) 12 (día XII) 13 (día inhábil) 14 (día inhábil) 15 (día XIII) 16 (día XIV) 17 (día XV) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Atento a lo anterior, si el quejoso presentó la demanda ante la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, tal como se corrobora del sello de recibo que consta en la demanda; es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser su presentación notoriamente extemporánea. Se cita la Tesis de Jurisprudencia número XI.1o.A.T. J/1(10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, consultable en la página 699, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." En esas condiciones, en virtud de que la demanda resulta extemporánea, por haberse presentado hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, porque la demanda de amparo que se provee se presentó fuera del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "IMPROCEDENCIA, CONSENTIMIENTO TACITO COMO CAUSA DE. El consentimiento tácito como causa de improcedencia del amparo, en los términos del artículo 73 fracción XII de la ley reglamentaria del juicio de garantías, opera respecto del acto reclamado y, por definición legal, se consiente aquél contra el que no se promueva el juicio constitucional dentro de los términos que la propia ley señala al respecto." Asimismo, cabe señalar, que en el caso no se está en algún supuesto de excepción a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que no se ordenó la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal; además, la determinación reclamada no ataca la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento. Tampoco implica incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; tampoco, ordena la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. Además, cabe señalar que el acto reclamado lo es únicamente la orden de identificación administrativa, la cual si bien fue dictada dentro del auto de formal prisión de trece de noviembre de dos mil catorce, dentro de la causa penal 595/2014, del contenido del escrito inicial de demanda y sus escritos aclaratorios no se aprecia que reclame dicho auto de formal prisión, por lo que al no tratarse de un acto que afecte la libertad personal del quejoso fuera del procedimiento, es claro que no se encuentra en ningún supuesto de excepción a los que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, la demanda de amparo que se plantea resulta notoriamente improcedente, de conformidad con la fracción XIV del invocado artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que procede desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación. Sin que pase desapercibidas las manifestaciones del quejoso en el sentido de que el uno de agosto de dos mil veintidós, se ordenó la ficha signalética del quejoso, oficio que le fue entregado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, fecha en qué fue notificado del auto de referencia. Sin embargo, esa no se trata de una nueva orden de identificación toda vez que se advierte que el oficio a que hace referencia y que le fue entregado al momento de notificarse del auto de uno de agosto del presente año, es un requerimiento al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, a fin de que le remita la ficha signaletica del hoy quejoso y no para que éste fuera a identificarse a dicho centro de reclusión. Notifíquese personalmente al promovente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintidós. Trata de subsanar. Agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso pretende cumplir con las prevenciones de dos, doce y veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, ya que si bien señala la fecha en que se le dictó auto de formal prisión en la causa penal 595/2014, el delito por el cual se dictó, así como que en ese mismo auto se ordenó su identificación administrativa; sin embargo, es omiso en precisar la fecha en que fue notificado de dicha determinación. Sin que pase inadvertido que refiera que en proveído de uno de agosto del año en curso, se ordenó la identificación administrativa del aquí quejoso del cual se notificó el diecisiete de agosto de dos mil veintidós; refiriendo que exhibe copia del mismo, sin embargo, fue al momento de dictarse el auto de formal prisión cuando se le requirió para que se indentificara administrativamente. En atención a lo anterior y al contenido de la certificación secretarial, subsiste la prevención realizada el veintitrés de septiembre del año en curso; y a efecto de que la quejosa tenga la oportunidad de subsanar en sus términos la prevención efectuada, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese este proveído en forma personal, en la inteligencia que a la fecha ha transcurrido un día, por lo que le restan cuatro días del plazo señalado inicialmente, ya que el escrito de cuenta suspende el término concedido y éste fue presentado el día veintinueve de septiembre del año en curso, por lo que se reanudará al día hábil siguiente de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XXII.1o.8K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1414, libro 5, abril de 2014, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA (INTERPRETACION DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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