Jesus Alfredo Quintana Soto
Expediente 601/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 601/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/10/2021
Partes del expediente
- Jesus Alfredo Quintana Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el oficio registrado con el número de folio 13095 y anexo que acompaña. Conste.Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Rinde informe. Téngase por recibido el oficio y anexo que remite la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el contenido del mismo fue materia de proveído de ocho de octubre del año en curso. Admisión de pruebas. Guárdese en el secreto del juzgado la probanza consistente en un disco compacto debidamente certificado que contiene la videograbación de la audiencia celebrada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del cuaderno de ejecución 315/2018 del índice de la responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecido, admitido y desahogado dada su propia y especial naturaleza, sin necesidad de celebrar diligencia especial para su reproducción, en términos del arábigo 124 de la misma legislación, quedando a disposición de las partes para su consulta. En el entendido que si las partes desean imponerse de las videograbaciones, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362, que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Resguardo de objeto. A fin de evitar el daño del disco compacto, resguárdese en la secretaría de este juzgado. Actualización de causal de improcedencia. Visto el contenido del disco compacto que remitió la responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, se advierte que el treinta de septiembre del año en curso, se llevó a cabo la audiencia dentro del cuaderno de ejecución 315/2018, en la cual le fue concedido al quejoso Jesús Alfredo Quintana Soto, el beneficio de libertad condicionada, bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, por lo que salió en libertad. Por lo que, ante tal situación se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". Ahora, la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Precisión del acto reclamado. En el caso particular, el acto que motivó el juicio de amparo fue la omisión de fijar fecha de audiencia para la obtención de un beneficio. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la omisión de la autoridad responsable atinente a fijar fecha de audiencia para la obtención de algún beneficio dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Es así, porque en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la jueza responsable, dentro del cuaderno de ejecución 315/2018, tuvo por recibido el oficio DEPBP/2534/2019 signado por el Director de Ejecución y Beneficios Preliberacionales, en Mexicali, con el que remitió el diverso CEDHBC/TIJ/94/19/2VG suscrito por la Segunda Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través del cual solicitó algún beneficio de libertad anticipada al hoy quejoso Jesús Alfredo Quintana Soto; asimismo, giró oficio a fin de que el Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario del Estado de Baja California, informará "si existía riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima y ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad" y entre otras cuestiones, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia pública a fin de resolver la referida petición. En tales condiciones, al haber dado contestación a su petición dentro del cuaderno de ejecución 315/2018 y señalado fecha para llevar a cabo la audiencia relacionada con tal pretensión, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, dado que se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Aunado a ello, como se precisó en párrafos supra, en audiencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, concedió a Jesús Alfredo Quintana Soto -aquí quejoso- el beneficio del libertad condicionada en el cuaderno de ejecución 315/2018 por lo que ordenó su inmediata liberación. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y con fundamento en la fracción V, del precepto 63 de la legislación invocada, se sobresee en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.1o.T.6 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, de epígrafe y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". En mérito de las consideraciones precedentes, no existe viabilidad técnica para estudiar los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, al configurarse la citada causa de improcedencia que generó el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por tal motivo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, en razón de la cesación de efectos actualizada. Audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se ordena dejar sin efectos la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente a sus asesores jurídicos.
- Principal
Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el oficio registrado con el número de folio 12751. Conste.Tijuana, Baja California, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Rinde informe. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, a través del cual cumple con el requerimiento realizado en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno; asimismo, refiere anexar a su oficio copia certificada del registro audiovisual de la audiencia de treinta de septiembre del año en curso, llevada a cabo dentro del cuaderno de ejecución 315/2018, de su índice. Sin embargo, se reserva a proveer respecto de su contenido, hasta en tanto se reciba el anexo que refiere, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede, con el oficio registrado con el número de folio 12678, y con la constancia actuarial que antecede. Conste.Tijuana, Baja California, siete de octubre de dos mil veintiuno. Designación Asesor. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, a través del cual el Coordinador de Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, Defensores Públicos adscritos a esa coordinación a su cargo, a fin de brindarle al quejoso Jesús Alfredo Quintana Soto la orientación pertinente. Vista Defensores. Con fundamento en los artículos 1o. y 14 constitucionales y en términos de los artículos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J.43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registrada bajo el número 2020495, publicada el veintitrés de agosto pasado, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Autorizados. Asimismo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones de los asesores jurídicos señalados a las personas que se precisan en el oficio de cuenta. Señalamiento de domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de los citados asesores jurídicos el indicado en el oficio que se atiende. Imposibilidad actuarial. Por otra parte, vista la constancia de cuenta de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial de notificar los autos que hace referencia en la misma, al quejoso Jesús Alfredo Quintana Soto, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, le informaron que el treinta de agosto de dos mil veintiuno, éste fue puesto en libertad. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena a la actuaria de este juzgado, notificar al quejoso en comento, por lista de acuerdos los proveídos de dos y veintisiete de septiembre del año en curso, así como el presente auto y los subsecuentes, aún los de carácter personal. Notifíquese y personalmente a los asesores jurídicos Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García.
- Principal
Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Certificación. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que se encuentran fijadas las once horas con treinta minutos del treinta de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia en el cuaderno de ejecución 315/2018, del índice del Juzgado de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, a fin d resolver respecto del beneficio de libertad anticipada en su modalidad de remisión parcial de la pena, solicitado por el aquí quejoso. Requerimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo requiérase a la responsable Jueza de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, para que en el plazo de tres días, posteriores a la celebración de la diligencia, remita copia certificada de lo resuelto, a fin de estar en aptitud de resolver el presente juicio. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no cumplir con lo anterior o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Estado de autos. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, para que cumpliera con el requerimiento formulado en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, a fin de que designara defensor que lo patrocinara en esta instancia, transcurrió del uno al tres de septiembre del año en curso, en atención a que fue notificado el pasado treinta de agosto de la presente anualidad, sin que lo hubiese hecho. Se solicita defensor. En atención a lo anterior, y a fin de salvaguardar los derechos del quejoso y no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, requiérase al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso Jesús Alfredo Quintana Soto un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2019 (con número de registro electrónico 2020495) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 1301 del Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, que dice: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". Apercibida que de no hacerlo así, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado de autos se advierte que no obra en autos constancia de notificación a la parte quejosa del proveído de dos de septiembre del año en curso, mediante el cual se ordenó dar vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Ahora, de dicha certificación se obtiene que en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó que todas las notificaciones que emanaran de este asunto, se realizaran personalmente al quejoso en su lugar de reclusión; en consecuencia, se comisiona indistintamente a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional a fin de que notifiquen personalmente al quejoso Jesús Alfredo Quintana Soto, el proveído de dos de septiembre del año en curso, en lo que se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Diferimiento audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y se programan las once horas del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese; personalmente al quejoso en los términos precisados en el presente acuerdo.
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