Jesus Angel Parra Jimenez
Expediente 876/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesus Angel Parra Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintiuno. A. Ponderaciones previas y levantamiento de la suspensión del procedimiento. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia ocasionada por la propagación del virus Covid-19, quedaron suspendidos los plazos y términos procesales, del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -emitidos para regular la actividad jurisdiccional durante la aludida contingencia-. Posteriormente, el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales; cuya vigencia fue ampliada mediante Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021; con el primero, al quince de enero de dos mil veintiuno, con el segundo, al veintiocho de febrero del mismo año y, con el tercero, hasta el treinta de junio próximo. En atención a la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), del periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, esto implicaría que se daría trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultasen necesarias la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieren listos para sentencia. Luego, por la Circular SECNO/1/2021 dirigida al público en general, al personal jurisdiccional y de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en cumplimiento a lo instruido en la fracción II de dicha Circular, en relación a los Circuitos Judiciales no incluidos en la fracción I, se determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales del Sexto Circuito, sería el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. No obstante, mediante las circulares SECNO/08/2021 y SECNO/09/2021, signadas por la Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesiones celebradas el treinta de enero y seis de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 15 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; por lo que en cumplimiento a lo instruido en dicho punto, se dio a conocer que en atención a la modificación de la situación de contagios de la referida enfermedad, para los órganos pertenecientes al Sexto Circuito, entre otros, durante el periodo aludido, sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo. Tal medida implica, que se daría trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad; asimismo, que se recibirán y tramitarán los asuntos que puedan seguirse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales o por oficio. De manera que para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. En el presente asunto se suspendieron los plazos y términos del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre siguiente, al once de enero de dos mil veintiuno; y del uno al diecisiete de febrero del año en curso, por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública ya indicado, ante la imposibilidad de proseguir su tramitación a través de medios electrónicos o a través del esquema de juicio "en línea". Así, mediante Circular SECNO/10/2021 signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que a partir del dieciocho de febrero del presente año, para la operación de los órganos jurisdiccionales del Sexto Circuito, es aplicable el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. En ese sentido, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las partes que quedó levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada el seis de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido, que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. B. Prescripción billete. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 876/2018-B, promovido por el quejoso Jesús Ángel Parra Jiménez, de lo que se advierte, que a la fecha de este proveído, feneció el término de dos años, que se otorgó al aludido quejoso, en resolución interlocutoria de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, para que compareciera ante esta potestad, a solicitar la entrega del billete de depósito N 620414 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $300.00 (trecientos pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió el referido quejoso, para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional que le fue concedida en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente incidente de suspensión; sin que a la data en que se emite este proveído, haya comparecido a este Juzgado Federal, a realizar tal solicitud. Ante esa circunstancia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se previno al citado quejoso, en resolución interlocutoria de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho y, se decreta la prescripción del citado billete de depósito, a favor del Fisco Federal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; por ende, mediante oficio que al efecto se envíe, remítase dicho documento bancario a la Tesorería de la Federación, a fin que lo haga efectivo a favor del Erario Federal. En ese orden, se requiere al Tesorero de la Federación, para que en el término de diez días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio por el que se le comunique este proveído, acuse recibo del billete de depósito que se le envía para el efecto antes indicado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Notifíquese por lista a las partes y, por oficio al Tesorero de la Federación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 82 a 85), que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada y se negó la suspensión definitiva, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 876/2018-B, promovido por Jesús Ángel Parra Jiménez, contra de los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se desprende que por proveído de ocho de octubre del presente año, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público en Funciones de la Titular de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar en su denominación correcta), por lo que es evidente que aún no fenece el plazo de ocho días que deben mediar entre esa fecha y la celebración de la audiencia constitucional. Ya que el mismo fue notificado por lista de acuerdos el nueve de octubre pasado, surtió efectos el diez siguiente; por lo que el término transcurrirá del once al veintitrés de octubre de esta anualidad, descontándose los días doce, trece, catorce, veinte y veintiuno de octubre del presente año, al ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal procede diferir la audiencia constitucional en este asunto, señalándose para tal efecto las once horas con diez minutos del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.
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