Jesus Alberto de la Luz Balderas

Expediente 164/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
164/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Jesus Alberto de la Luz Balderas
  • Dirección Seguridad Pública del Municipio de Tehuacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. I. Cambio de denominación. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. II. Resolución queda firme. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintinueve de marzo del dos mil veintitrés, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. III. Archivo Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. IV. Valoración documental Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General; lo anterior, por haberse decretado la suspensión de plano de los actos que reclamó la parte quejosa, por lo que deberán conservarse las actuaciones relativas a la concesión de dicha medida cautelar. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. V. Se ordena glosar acuerdo. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista al quejoso; y por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vistas las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa 164/2023 se advierte que: 1. Por escrito recibido electrónicamente el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Elda Leticia de la Luz Balderas promovió demanda de amparo en favor de *** o *** (fojas 5 a 10) contra las autoridades y actos siguientes: Al 1.y 2. Director de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla (Marco Antonio Toral Rodríguez), en su denominación correcta, y 3. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra Las Mujeres, Cristina Toxqui Ramírez, en su denominación correcta, les reclamó: a) la incomunicación, y, b) privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento (detención). 2. Mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la señalada demanda de garantías y se registró bajo el expediente de amparo 164/2023; en dicho auto se proveyó lo siguiente: 1) se concedió la suspensión de plano por lo que respecta a los actos consistentes en la incomunicación, y privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento para que dichos actos cesaran de inmediato; 2) se requirió información a las autoridades responsables respecto del cumplimiento dado a la determinación anterior; 3) se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 64); y 4) se mandó a ratificar la demanda de amparo. En cumplimiento a la suspensión de plano, por autos de diecisiete y veintiuno de febrero de dos mil veintitrés (fojas 35 vuelta y 61 vuelta), se tuvo a las autoridades responsables acatando la suspensión de plano; y, 3. Por un diverso auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 33 a 38), se acordó lo siguiente: se admitió la demanda de amparo por *** o ***, quien ratificó la demanda de amparo promovida en su favor (foja 21); se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables, y se dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 74), y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. Luego, las autoridades responsables rindieron los informes justificados en los siguientes términos: No. Orden Autoridad responsable. Informe justificado 1 1 y 2 Director de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla (Marco Antonio Toral Rodríguez), en su denominación correcta. Fojas:(76, 77 y 125 a 127) Negó por ambos actos; se desvirtúa únicamente por detención2 3. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en investigación de Delitos de Violencia de Género contra Las Mujeres, Cristina Toxqui Ramírez, en su denominación correcta. Fojas:(86 y 87) Admitió por detención, y fue omisa por incomunicación Con relación a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se provee lo siguiente: I. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL ACTO DE INCOMUNICACIÓN QUE RECLAMA EL QUEJOSO. La autoridad responsable 1. y 2. Director de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla (Marco Antonio Toral Rodríguez), en su denominación correcta, negó el acto reclamado consistente en la incomunicación del quejoso (fojas 76 y 77), dándose vista con el informe justificado de dicha autoridad a la parte quejosa por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (foja 147), sin que hubiera desvirtuado dicha negativa, ni obrar en autos constancia alguna que demuestre su existencia, por lo que se le tiene negando dicho acto. La diversa autoridad responsable 3. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en investigación de Delitos de Violencia de Género contra Las Mujeres, Cristina Toxqui Ramírez, en su denominación correcta, al rendir el informe justificado (fojas 86 y 87), fue omisa en pronunciarse sobre la existencia o no del acto reclamado consistente en la incomunicación del quejoso; sin embargo, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 117, no procede presumirse cierto el acto reclamado al haber prueba en contrario, esto es, que acredita su inexistencia. En efecto, dicha autoridad al rendir el informe de suspensión de plano, anexó diversas constancias para sostener su dicho en el sentido de que el quejoso no había sido objeto de incomunicación alguna (fojas 28 a 32), mismas que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que se advierte lo siguiente: a) Que el quejoso fue puesto a su disposición, por haber sido detenido en flagrancia. b) Que se inició la carpeta de investigación FEIDVGCM/TEHUACAN-I/001481/2023; c) Que en la misma fecha, se hizo constar que el directo quejoso no quiso realizar llamada telefónica al no recordar ningún número (foja 29); d) Que le fue nombrada como defensora pública la licenciada María del Carmen Hipólita Mota Carrillo, quien le dio a conocer los motivos por los cuales fue detenido (foja 29 vuelta); e) Que se hizo constar que a las ocho horas con treinta minutos y a las trece horas con treinta minutos, del mismo día, Elda Leticia de la Luz Balderas, hermana del quejoso ingresó a proporcionarle alimentos y hablar con él (fojas 31 vuelta y 32); y,f) Que se le han dado a conocer al quejoso los derechos que le asisten (foja 28). Lo anterior, lleva a determinar que el quejoso no estuvo incomunicado ante dicha autoridad ministerial; de ahí que proceda tenerla negando dicho acto reclamado. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a las referidas autoridades responsables, consistente en la incomunicación del quejoso, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio. II. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL ACTO CONSISTENTE EN PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO (DETENCIÓN). Al respecto, la autoridad responsable 1. y 2. Director de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla (Marco Antonio Toral Rodríguez) en su denominación correcta, al rendir el correspondiente informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo (fojas 76, 77 y 125 a 127), negó el acto que se le atribuye; sin embargo dicha negativa se desvirtúa pues del contenido de los informes se advierte su existencia, esto es que, elementos de dicha cooperación el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, detuvieron en flagrancia al quejoso, por lo que se tiene por cierto el acto que se le atribuye. La diversa autoridad 3. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en investigación de Delitos de Violencia de Género contra Las Mujeres, Cristina Toxqui Ramírez, en su denominación correcta, al rendir el correspondiente informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo (fojas 86 y 87), dijo que era cierto el acto que se le atribuye (detención). De ahí que se tenga por cierto el acto reclamado. Sin embargo, el suscrito juez de Distrito advierte de oficio que, respecto del acto reclamado a dichas autoridades responsables, consistente en la privación ilegal de la libertad (detención), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;(.)". Del precepto transcrito se advierte que cuando haya un cambio de situación jurídica, en relación con el acto reclamado, el juicio de amparo es improcedente. Ahora, para efectos del juicio de amparo, se entiende que el cambio de situación jurídica se presenta cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Luego, respecto al acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad (detención), se actualiza la señalada causal de improcedencia, ya que ha operado un cambio de situación jurídica. En efecto, del contenido del informe justificado de la autoridad responsable 3. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en investigación de Delitos de Violencia de Género contra Las Mujeres, Cristina Toxqui Ramírez, en su denominación correcta (fojas 86 y 87) así como de la documental pública que anexó a su informe justificado, consistente en la copia certificada de algunas constancias que integran la carpeta de investigación FEIDVGCM/TEHUACAN-I/001481/2023 de su índice (fojas 84 a 112), con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierten a manera de antecedentes los siguientes: 1. Que el quejoso fue puesto a disposición de la agente del ministerio público, por haber sido detenido en flagrancia, y se dio inició a la carpeta de investigación FEIDVGCM/TEHUACAN-I/001481/2023 (fojas 89 a 91); 2. Que le fue nombrada como defensora pública la licenciada María del Carmen Hipólita Mota Carrillo, quien le dio a conocer los motivos por los cuales fue detenido (foja 29 vuelta); y 3. Que por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad ministerial responsable determinó que no se encontraba justificada la detención en flagrancia del quejoso; por lo que no calificó de legal la detención y no ratificó su retención, y decretó su libertad (fojas 114 a 116), firmando el quejoso (116). De lo anteriormente narrado, se tiene que el quejoso reclamo la privación de la libertad de que fue objeto el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Sin embargo, si la ministerio público responsable no calificó de legal la detención y no ratificó la retención del quejoso, y decretó su libertad inmediata, entonces, se actualizó un cambio de situación jurídica, ya que, si bien, se detuvo al quejoso en flagrancia que es un acto de molestia, previsto por el artículo 16 constitucional; ahora, cambió su situación jurídica, ya que la libertad del quejoso excluye a la detención. Esto es, el auto por el que la Ministerio Público no califica de legal la detención del quejoso y no ratifica su retención del quejoso, y decretar su libertad inmediata destruyó incondicionalmente los efectos de la privación de la libertad (detención); por lo que dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la privación de la libertad (detención), y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso, que se encuentra ahora supeditada a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, esto es, de allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder o no contra el inculpado. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 143/2006-PS, cuyos datos de localización, rubro y texto son:"CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos" En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la referida Ley de Amparo, procede sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto al acto que ***o ***, reclamado al 1. y 2. Director de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla (Marco Antonio Toral Rodríguez) en su denominación correcta, y 3. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en investigación de Delitos de Violencia de Género contra Las Mujeres, Cristina Toxqui Ramírez, en su denominación correcta, consistente en la privación ilegal de la libertad (detención). SE DEJA SIN EFECTOS FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. EL presente proveído debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, por contener una determinación relativa al procedimiento de amparo que le pone fin. Notifíquese por lista al quejoso; y por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Despacho sin diligenciar. Intégrense a las presentes actuaciones, el oficio 813 suscrito por Leonardo Vázquez Báez Encargado de Despacho del Juzgado Penal de Tehuacán, Puebla, por falta accidental del titular, a través del cual devuelve sin diligenciar el despacho 105/2023 (orden 142/2023) del índice de este órgano jurisdiccional, librado con el fin de notificar y dar vista con los informes justificados al directo quejoso Jesús Alberto de la Luz Balderas o Alberto de la Luz Balderas, en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla. Al respecto, se advierte que la fedataria judicial adscrita al juzgado despachado, se constituyó en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla., y al buscar por conducto del personal de custodia en turno al quejoso Jesús Alberto de la Luz Balderas o Alberto de la Luz Balderas, manifestaron que no hay registro de ingreso alguno del citado quejoso en ese centro penitenciario, motivo por el cual se encontró imposibilitada de dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial recibida y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin que haya lugar a proveer al respecto, pues por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente, para el impulso procesal del asunto. Integrar al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista al quejoso Jesús Alberto de la Luz Balderas o Alberto de la Luz Balderas.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Despacho sin diligenciar. Intégrense a las presentes actuaciones, el oficio 744 suscrito por Leonardo Vázquez Báez Encargado de Despacho del Juzgado Penal de Tehuacán, Puebla, por falta accidental del titular, a través del cual devuelve sin diligenciar el despacho 112/2023 (orden 151/2023) del índice de este órgano jurisdiccional, librado con el fin de notificar y dar vista con los informes justificados al directo quejoso Jesús Alberto de la Luz Balderas o Alberto de la Luz Balderas, en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla. Al respecto, se advierte que la fedataria judicial adscrita al juzgado despachado, se constituyó en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla., y al buscar por conducto del personal de custodia en turno al quejoso Jesús Alberto de la Luz Balderas o Alberto de la Luz Balderas, manifestaron que no hay registro de ingreso alguno del citado quejoso en ese centro penitenciario, motivo por el cual se encontró imposibilitada de dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial recibida y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notificación a la parte quejosa. Aunado a lo anterior, se ordena notificar por lista al quejoso la presente determinación, así como las diversas de fecha dos, trece y quince de marzo de la presente anualidad, mediante las cuales las autoridades responsables rindieron sus respectivos informes justificados con las constancias anexas a los mismos. Integrar al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista al quejoso ********************

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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