Jesus Antonio Varela Olguin

Expediente 943/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
943/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Jesus Antonio Varela Olguin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos únicamente para que obre como corresponda el sobre devuelto por el Administrador de Correos de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación, mismo que contiene el oficio 78-2-A, de cinco de marzo de dos mil veintiuno, dirigido a la autoridad responsable 2. Director General de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, con la razón: "Autoridad inexistente"; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que el cinco de marzo del actual, se ordenó el archivo del presente controvertido Constitucional, como asunto totalmente concluido. Cúmplase...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil veintiuno. I. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Que atento a la Circular SECNO/8/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), esto implica que se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia; Que esta medida tendría vigencia del 1 al 9 de febrero de 2021; período durante el cual se suspendieron los plazos y términos, con las salvedades ya indicadas. Que atento a la Circular SECNO/9/2021, de seis de febrero de dos mil veintiuno, se prorrogó esa suspensión de plazos y términos procesales del 10 al 15 de febrero de 2021, siendo aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Así mismo, que atento al punto II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, el 16 y 17 de febrero de 2021, se declararon inhábiles pero laborales, en los cuales sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del AG 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, periodo durante el cual, se suspendieron los plazos y términos procesales, y a partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 -reactivación de plazos y términos procesales-. Y, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. En consecuencia, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. CAUSA EJECUTORIA. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que, por una parte, se concedió y por la otra se negó la medida cautelar solicitada (suspensión provisional y definitiva, respectivamente), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo del oficio por el cual se ordenó la notificación de la referida resolución a la autoridad responsable 2. Director General de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, en razón de que carece de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. Maricela.* [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio proveniente de la Oficina en Puebla, de Telecomunicaciones de México (TELECOMM) y, en su atención, se advierte la imposibilidad de dicha institución, para entregar el oficio 254.1, de quince de diciembre de dos mil veinte, dirigido a la autoridad responsable: 2. Director General de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México, por los motivos que indica; sin que a la fecha haya lugar a realizar mayor proveído, toda vez que el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente controvertido Constitucional, respecto de los actos atribuidos a dicha autoridad responsable. Cúmplase.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 943/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Jesús Antonio Varela Olguín, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial y remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Jesús Antonio Varela Olguín, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes (foja 3): III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: TIENEN EL CARÁCTER COMO ORDENADORAS: 1. Señala como autoridad responsable de ORDENAR, al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS: 5. Se señala como autoridad responsable de EJECUTAR, al Director General de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República. 6. Se señala como autoridad responsable de EJECUTAR, al Comandante de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República en el estado de Puebla. IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. A) La ilegal orden de búsqueda, aprehensión, internamiento dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por las Autoridades Ejecutoras tendientes a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y por auto de dos de diciembre de dos mil veinte, se radicó la demanda con el número 943/2020, y se admitió a trámite la demanda con incidente de suspensión (fojas 8 a 14), se requirió informe justificado a las autoridades responsables, y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 24). TERCERO. Se levanta suspensión de plazos y términos procesales. Por acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, con fundamento en la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, quedó levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en la misma circular que comprendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y que operaría hasta que se notificara a las partes emplazadas el auto de doce de enero de dos mil veintiuno (y fecha de audiencia), lo que en el caso ya ocurrió. En el entendido de que el levantamiento de la suspensión implicó la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. CUARTO. Cita para audiencia. En auto de doce de enero de dos mil veintiuno (fojas 52 a 56), se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, celebrándose en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad ordenadora con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente impugna lo siguiente. Al 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla: a) La orden de busca, aprehensión o detención, o de internamiento decretada en su contra. A las autoridades 2. Director General de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, y 3. Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla (en su denominación correcta): b) La ejecución de la orden de busca, aprehensión o detención, o de internamiento decretada en su contra. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, en relación con los actos reclamados que han quedado narrados en el considerando anterior, las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras que se indican a continuación, rindieron los informes justificados en los siguientes términos: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Justificado 1 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de ordenadora. Negó foja 27 2 2. Director General de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, en su carácter de autoridad ejecutora. Omitió 3 3. Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla (en su denominación correcta). Negó foja 30 Del cuadro anterior, se advierte que las autoridades responsables identificadas con los números 1, y 3, al rendir el correspondiente informe justificado, negaron el acto que se les atribuyó consistente en la orden de aprehensión de busca, aprehensión o detención, o de internamiento decretada en contra del quejoso; sin que el quejoso haya desvirtuado dichas negativas no obstante que se le dio vista con los mismos por autos de ocho y nueve de diciembre de dos mil veinte (fojas 28 y 31). Por otra parte, la autoridad responsable ejecutora 2. Director General de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, no rindió el informe justificado, ni existe constancia que acredite que se encuentre notificada del oficio por el que se le requirió el mismo; sin embargo, tomando en consideración la naturaleza de la referida autoridad responsable (ejecutora), no ha lugar a presumir cierto el acto de ejecución que se le reclama, pues la ordenadora negó haber emitido la orden reclamada en contra del quejoso, por lo que no existe orden que ejecutar. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables que han quedado precisadas en el presente considerando, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No obsta a lo anterior que del informe que rindió la autoridad responsable ordenadora 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, se advierta que una diversa autoridad (juez de Distrito con competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal), en los autos del cuaderno de ejecución SIPE 547/2019, emitió el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el que requirió al quejoso para que en el término de cinco días se internará en el Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla, para el cumplimiento de su condena, apercibido que de no hacerlo, se ordenaría su reaprehensión. Lo que corrobora que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (treinta de noviembre de dos mil veinte), la autoridad señalada como responsable ordenadora en el presente juicio de amparo, no emitió orden de aprehensión de busca, aprehensión o detención, o de internamiento decretada en contra del quejoso; y, respecto a la autoridad que emitió el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, no ha lugar a dar vista al quejoso a efecto de que manifieste si es su deseo señalarla como autoridad responsable y como acto reclamado el ya señalado; esto, porque de las constancias que remitió el secretario de acuerdos del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, que integran el juicio de amparo de su índice 627/2020, se advierte que el mismo quejoso Jesús Antonio Varela Olguín y otro, promovió diverso juicio de amparo contra el acto que hizo consistir en la orden de localización, presentación, o de busca, aprehensión o detención en su contra, donde sí señaló a la autoridad que emitió el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte (juez de Distrito con competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal), y por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el juzgado Primero de Distrito tuvo a dicha autoridad informando que emitió diverso acuerdos de dieciocho de noviembre de dos mil veinte en los expedientes de ejecución SIPE 547/2019 y SIPE 548/2019, derivados de la causa penal 610/2018, en relación al procedimiento de ejecución de la pena impuesta al quejoso y otro. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Jesús Antonio Varela Olguín, respecto de las autoridades y por los actos precisados en el considerando tercero de esta resolución, en virtud de lo narrado en el mismo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese la presente resolución: por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del acuerdo general 21/2020; y por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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