Jesús Andrés Santos Carrasco
Expediente 792/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesús Andrés Santos Carrasco
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial que antecede y el estado procesal del juicio, se advierte que el quejoso omitió recurrir el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 15 a la 20) en el cual se desechó la solicitud de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En último lugar, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, y carece de relevancia documental.
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos, signada por el quejoso ********** por derecho propio, contra un acto del Juez Municipal en Materia Penal de Cuautlancingo, Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el numeral 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda de protección, y si al hacerlo se detectara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá a desecharla de plano. La hipótesis normativa anterior se configura en la demanda del quejoso, pues al revisar el acto que pretende reclamar, se detecta una causal de improcedencia conforme a la cual procede el desechamiento. En particular, considero que la solicitud de protección de derechos fundamentales involucra una resolución incompatible con el parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo explico el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se permite obtener una resolución definitiva y completa desde los aspectos procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos ya fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esa hipótesis sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, hago notar que el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular por los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, obtengo que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que encuentra limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas de origen para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Con lo anterior dejo explicado el parámetro actual de imposible reparación. Ahora, el quejoso solicita el control de legalidad extraordinario -a través de su demanda de juicio de amparo indirecto- contra la sentencia interlocutoria dictada el diez de julio de dos mil dieciocho, en la cual se declaró infundado un recurso de revocación que interpuso en el proceso ************** -donde tiene el carácter de víctima. Ese recurso lo interpuso el quejoso contra un acuerdo del juez penal responsable, donde este aceptó una petición formulada por el perito tercero en discordia, de requerir información a la oficina de un Ayuntamiento sobre el ancho de la vialidad que da acceso al inmueble objeto del delito de despojo -respecto del cual es víctima aquél-. Lo cual implica que la materia de la interlocutoria reclamada, está vinculada con el desahogo de una prueba pericial en curso dentro del proceso ************ Entonces, considero que la decisión contenida en la interlocutoria reclamada, de momento sólo genera al quejoso violaciones procesales o adjetivas, porque dicha resolución nunca resolvió los derechos sustantivos involucrados en el proceso, como sería la acreditación del delito de despojo o la responsabilidad penal de la procesada. Más aún, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta tanto a esa pericial como a las demás pruebas existentes en el proceso, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de una forma benéfica a los intereses del quejoso. Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al reclamarse una interlocutoria de revocación (sobre el perfeccionamiento de una prueba) y estar pendiente la sentencia definitiva que examine tanto el delito como la responsabilidad penal, se carece de elementos en este momento para visualizar un impacto contra el quejoso, a sus derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Bajo este contexto afirmo que la interlocutoria reclamada, carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (citada en párrafos anteriores) a partir de la cual también visualizo la necesidad de limitar de momento el amparo indirecto en la causa penal, y más porque esta debe terminar el periodo de instrucción, a fin de privilegiar el derecho de justicia pronta que permita a las partes llegar a la sentencia definitiva, momento en el cual tendrá justificación una eventual impugnación en el terreno constitucional -en la vía directa y una vez agotada la segunda instancia-. Por consiguiente, el quejoso debe esperar la sentencia definitiva de la causa penal, a fin de conocer si la interlocutoria que confirmó el acuerdo donde se requirió la información solicitada por el perito tercero en discordia, llega a determinar el análisis de las pruebas existentes -de manera contraria a los intereses de aquél-; y si así fuera podrá alegarlo en el recurso de apelación donde inicie la segunda instancia, para después acudir al juicio de amparo directo conforme las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación. Sólo me resta decir que la improcedencia advertida en este sumario, también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en la interlocutoria reclamada, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal -a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación- para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, declaro en este acuerdo que la resolución combatida, la interlocutoria de diez de julio de dos mil dieciocho emitida en la causa penal ************, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. En tales condiciones, procede desechar de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encontró la causa de improcedencia manifiesta e indudable, relatada con antelación. Lo cual se ordena registrar tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, se ordena notificar al quejoso este acuerdo y las posteriores determinaciones de carácter personal, por medio de la vía electrónica, porque escogió dicho medio tecnológico para ser notificado y proporcionó el usuario asignado por el sistema electrónico, como se desprende de su solicitud de amparo. También, como lo solicitó el quejoso, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico que se forme con el trámite del presente juicio de amparo, dado que se tiene habilitada la pestaña correspondiente a autorizados para consultar expedientes (S.I.S.E) de este juzgado federal. En consecuencia, instruyo al secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la consulta vía internet del expediente electrónico, al usuario ************************, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, las personas de nombre ******************************************, porque el quejoso les otorgó facultades amplias y dichas personas tienen registradas sus cédulas profesionales, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito (REGPROF). En cambio, se tienen como autorizados en términos restringidos, es decir, para oír, recibir notificaciones y consultar el expediente, a las demás personas que nombró el quejoso en su demanda de amparo, porque las designó para tales efectos y otras que pretendió otorgarles facultades amplias, carecen de registro de cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF). También se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías a él y a las personas autorizadas, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por último, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a la denominación de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo cual implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por las autoridades a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
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