Jesús Arguello Ortiz

Expediente 873/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
873/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Jesús Arguello Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 873/2020 Puebla, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra el auto de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido; por tanto, se ordena su archivo. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se desechó la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 873/2020 Puebla, Puebla, tres de noviembre de dos mil veinte. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora, de la demanda de amparo se advierte como actos reclamados la orden de búsqueda, localización y presentación, derivadas de la carpeta de investigación *, atribuida a diversas autoridades administrativas señaladas como responsables, así como su ejecución. Ello, permite visualizar la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, el principio acusatorio contenido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al Ministerio Público a que antes de ejercer la acción penal, esto es, hacer la acusación correspondiente, realice la investigación y persecución del delito, lo que se traduce en una facultad y una obligación consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado participó en su ejecución. Entonces, la orden de localización, búsqueda y presentación del imputado para que declare dentro de la carpeta de investigación no es otra cosa que una diligencia más para integrar el material probatorio que el Ministerio Público debe allegar dentro de esta fase procesal, para obtener los elementos suficientes para ejercer la acción penal. De ahí que la comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del imputado para que declare dentro de la indagatoria, no tiene como propósito lograr su detención, pues una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, no se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada; pues dicha situación únicamente se da con la aprehensión, la detención por caso urgente, la prisión preventiva o la pena, que constituyen sucesos distintos a la presentación. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de búsqueda, localización y presentación, derivadas de la carpeta de investigación *, atribuida a las autoridades responsables señaladas en la demanda de amparo en su carácter de ordenadoras, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Domicilio y autorizado del quejoso. Ahora, la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo señala como domicilió para oír y recibir notificaciones el inmueble ubicado en esta ciudad, pero también solicitó que las mismas le sean notificadas de manera electrónica a través del usuario *, dígasele que resulta improcedente su petición pues no pueden tenerse dos domicilios diferentes para oír y recibir notificaciones. Ahora, ante la contingencia producida por el virus SARSCoV-21 -causante de la enfermedad COVID-19, debe darse prioridad a la forma de notificación electrónica, para evitar poner en riesgo la salud tanto del personal adscrito a este órgano jurisdiccional como del justiciable. En consecuencia de ello y porque así fue solicitado de manera expresa por el quejoso en su demanda, se autoriza que las notificaciones de carácter de personal sean realizadas al quejoso a través del mecanismo de notificación electrónica; en tanto que las notificaciones ajenas a las personales, serán por medio de lista. Por tanto, se instruye a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la referida forma de notificación al usuario *. Asimismo, queda autorizado Francisco Javier Papaqui Rodríguez, en los términos restringidos que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no le confirió de forma textual las facultades amplias contenidas en dicho dispositivo legal. Se toma nota del señalamiento del número telefónico y correo electrónico para establecer contacto con la parte quejosa, en caso de ser necesario; pero no así para notificarlo, porque esto debe hacerse únicamente en la forma y términos previstos por la ley de la materia. Como lo solicita el quejoso, se autoriza el acceso para consulta del expediente electrónico por medio del usuario Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas, previa cita que sea agendada en el sistema correspondiente. procédase en su momento a la digitalización del presente asunto6 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa (vía electrónica); y cúmplase.

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