Jesus Analco Hernandez

Expediente 176/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
176/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • Jesus Analco Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guarda el expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa omitió recurrir el acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve (foja 10) que tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, relacionados con los diversos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto causa estado (queda firme). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido del acuerdo, por lo que carece de relevancia documental. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Rafael González Castillo, Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Ignacio Aldrete González, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    De la certificación de cuenta, se advierte que el plazo concedido al quejoso ** mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, para aclarar su demanda de amparo, transcurrió del cuatro al ocho del mes y año en curso, sin que a la fecha lo haya realizado, porque omitió presentar escrito aclaratorio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho acuerdo, y se tiene no presentada la demanda origen del presente juicio constitucional. Por último, se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido.

  3. Principal

    Al expediente la demanda de protección de derechos signada por ** por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Publico Turno Matutino y Vespertino adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierten diversas irregularidades en algunas autoridades responsables. Para demostrarlo basta indicar que se carece de datos para ubicar las denominaciones correctas de las autoridades señaladas por el quejoso: Comandante de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Ciudad de Puebla; Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla; y, Comandante General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, pues el organigrama de la Fiscalía General del Estado, carece de esas denominaciones. Lo cual imposibilitará la notificación de las citadas autoridades, como ha sucedido en otros asuntos de este juzgado que también han involucrado las mencionadas responsables, pero han terminado en sobreseimiento por la falta de una responsable concreta. Sobre todo, porque en un principio el quejoso señala como ordenadora al Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, pero, al referirse a las ejecutorias indica al Comandante General de la Policía Ministerial. Esa circunstancia genera cierta confusión, pues pareciera que el quejoso se refiere a dos autoridades completamente diferentes. Incluso, al referirse a los actos atribuidos a cada una de las autoridades refiere que el Comandante de la Agencia Estatal de Investigación libró una orden de detención y/o aprehensión en su contra, lo cual es confuso porque dicha autoridad carece de facultades para para emitir actos de esa naturaleza. Situación que debe mandarse aclarar, porque el artículo 108 fracción III, de la Ley de Amparo, impone a los quejosos la obligación de señalar la denominación de las autoridades responsables, la cual debe ser la correcta, completa y actual. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción III, y 114 fracciones I y II de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso ** para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad efectué la siguiente aclaración:  Precise la denominación correcta de las autoridades que señaló como: Comandante de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Ciudad de Puebla; Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla; y, Comandante General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, o manifieste si pretendió señalar al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y/o a la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Se hace saber al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, y una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber al quejoso que la prevención de que se trata, habrá de evitar que se le deje en estado de indefensión (por las autoridades inexistentes) para conseguir una pronta y expedita impartición de justicia como lo ordena el artículo 17 constitucional. Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda, como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a ** pues a pesar de haberlo señalado en términos del artículo 12 de la citada ley, dichas personas no cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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