Jesús Alonso Hernández Rosales

Expediente 779/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
779/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
07/08/2023

Partes del expediente

  • Jesús Alonso Hernández Rosales
  • Magistrada de la Segunda Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de agosto de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 20, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las doce horas con nueve minutos del diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación que antecede. Además, en auto de radicación se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. También, el secretario certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado Asimismo, se hace constar que ya transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la responsable; asi como la prueba documental, instrumental de actuaciones y presuncional ofrecidas por la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las probanzas de referencia. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** L-I; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este juzgado de Distrito, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la magistrada de la Segunda Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. En uno de junio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerandos I. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. II. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados los siguientes: La omisión de proporcionarle el acceso al expediente correspondiente al Juicio de Servicio Civil 357/2015, asignado a la Segunda Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; y, la obstaculización para ejercer la profesión como abogado, ante la negativa de acceder a la información derivada del referido juicio, en el cual, fue autorizado para llevar a cabo la defensa de Alfredo Gómez Armenta. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Existencia del acto reclamado No son ciertos los actos atribuidos a la magistrada de la Segunda Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. En efecto, la magistrada del Tribunal responsable, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, ya que todos los expedientes están a disposición de las partes que lo puedan consultar en días y horas hábiles para las labores de ese Tribunal. Máxime, que de las constancias que remite adjuntas a su informe justificado, se advierte que el impetrante de garantías, fue autorizado entre otros para intervenir en el juicio del servicio civil 357/2015, en términos del escrito que presentó ante el Tribunal responsable el dos de mayo de dos mil veintitrés. Bien, dicha negativa no fue desvirtuada por el demandante de amparo, a través de algún medio de convicción, a pesar de que con tales informes se le dio vista mediante acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. Por lo que al constituir el informe justificado documento público, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le otorga valor probatorio pleno, por lo que deben declararse inexistentes los actos que en esta vía constitucional se reclaman a dicha autoridad. Así las cosas, de acuerdo con la forma en que fue planteada la demanda de amparo, y al no haberse acreditado durante la tramitación del presente juicio, la existencia de la omisión e impedimento que reclama a la magistrada de la Segunda Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. En ese tenor, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...]" Así las cosas, al no haberse acreditado durante la tramitación del presente juicio de derechos fundamentales, la existencia de los actos precisados en el apartado II de la presente resolución, procede sobreseer en el presente juicio, respecto de dicha autoridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo Apoya lo anterior, la tesis aislada VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, con registro digital 187728, que dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Asimismo, apoya lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, página 181, con registro digital 804176, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que, con su sola presentación, no era posible advertir su manifiesta e indudable improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario, de modo que, su simple admisión no representa un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia, si ésta se advierte del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgador está obligado a proceder en tales términos, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en la jurisprudencia. En apoyo de las consideraciones expuestas, resulta aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 544, con registro digital 211352, que establece: "DEMANDA. LA ADMISION DE LA, NO IMPIDE EL ANALISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, más dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados identificados en el apartado II, por las razones expuestas en el considerando III, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por la responsable; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las doce horas con nueve minutos del diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo y testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión administrativo ********************, dictada por los magistrados integrantes de dicho órgano, de la que se desprende que se confirmó la sentencia recurrida en la que se sobreseyó en el juicio de amparo solicitado por la parte quejosa. Háganse las capturas correspondientes; Acúsese el recibo de estilo. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y al tribunal de alzada. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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