Jesús Alonso Montoya Ávila
Expediente 606/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jesús Alonso Montoya Ávila
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, seis de julio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de junio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente el informe justificado rendido por la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexan dichas autoridades, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: El acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós dictado por la Junta responsable en el juicio laboral 1325/2019, en el que se señaló fecha para el desahogo de diversas probanzas. Al rendir su informe justificado, la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, aceptó la existencia del reclamo constitucional, pues así se advierte de dicho informe, manifestó que desde el siete de junio de dos mil veintidós dictó un auto, en el que señalaron nuevas fechas para el desahogo de las probanzas que se duele el quejoso, con lo que subsanó dicha irregularidad; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (nueve de mayo de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Luego, se dejaron insubsistentes las diversas datas fijadas para el desahogo de pruebas ofrecidas por las partes del juicio natural en el citado auto reclamado de doce de abril de dos mil veintidós. Para mayor ilustración, se reproducen la siguiente tabla las fechas designadas por la Junta responsable: Prueba admitida Autoridad o persona a cargo Fecha designada para su desahogo conforme al acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós (acto reclamado) Fecha designada para su desahogo conforme al acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós Confesional por posiciones TRANSPORTES SURI, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Nueve horas del veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Diez horas del veintisiete de junio de dos mil veintidós Confesional por posiciones SERGIO ARTURO HERNANDEZ FIERRO, ALFREDO SUAREZ RIOS y JESUS FERNANDO BELTRÁN ANGULO Posterior al desahogo de la diligencia antes mencionada. Posterior al desahogo de la diligencia antes mencionada. Testimonial CESAR ALBERTO TORRES ROMO, VICTOR MANUEL SANCHEZ ALCARAZ y EDUARDO ZAMORANO OLGUIN Nueve horas del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Doce horas del veintisiete de junio de dos mil veintidós Prueba pericial caligráfica y dactiloscópica A cargo del perito que se tenga bien a designar Diez horas con treinta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Once horas del cuatro de julio de dos mil veintidós Prueba médica A cargo del perito que se tenga bien a designar Once horas con treinta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Nueve horas del veinticuatro de junio de dos mil veintidós Cuestiones que se corroboran de los apéndices que acompañan el informe de cuenta. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las citados medios probatorios dentro del plazo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual ya aconteció, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -nueve horas con treinta y seis minutos del catorce de junio del año en curso-. Finalmente, se exhorta a la autoridad encargada del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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