Jesús Alfredo Aguirre Campa
Expediente 1395/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1395/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jesús Alfredo Aguirre Campa
Actuaciones
- Principal
CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 27 DE DICIEMBRE DE 2021, EN EL CUAL SE DECRETO: SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA......
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Se tiene por ofrecida la prueba documental que envía la autoridad oficiante, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, de las cuales se advierte que deriva una causal de improcedencia. Sobreseimiento fuera de audiencia. En efecto, del contenido de las constancias probatorias remitidas por la autoridad oficiante, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el reclamo constitucional planteado por la parte quejosa se hace consistir en: La omisión de no señalar en término legal la nueva fecha para la celebración de la audiencia dentro de los autos del expediente 606/JE1 del índice de la autoridad responsable. La omisión de notificar y emplazar a juicio a la parte demandada. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable ordenadora acepta la existencia del reclamo constitucional, y además, manifestó que el veinticinco de noviembre del presente año subsanó dicha irregularidad y señaló nueva fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; de ahí, que si bien, resultó existente el acto reclamado, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (doce de noviembre de dos mil veintiuno), no obstante, como se evidencia de las propias manifestaciones y documentales en trato, se advierte que durante el trámite de este sumario, la responsable emitió el referido acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que subsanó el acto consistente en la omisión de fijar fecha para la audiencia laboral dentro de los términos de ley, señalando para tal efecto las catorce horas con treinta minutos del día quince de diciembre de dos mil veintiuno; actuación que remitió en copia certificada, a la cual se le otorgó con antelación plena validez probatoria. En ese sentido, se considera incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció que la fecha señalada para la audiencia laboral de ley estaba señalada fuera de los plazos y términos legales prescritos en la ley federal del trabajo; sin embargo, durante el trámite del biinstancial, la responsable fijó fecha dentro del término establecido y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por otra parte, no pasa inadvertido que el actuario no consumó el emplazamiento ordenado; sin embargo, se observa que tal evento no es por conducta omisiva de su parte, pues dicho fedatario efectuó la gestión respectiva y en relación con el llamamiento ordenado levantó una razón de imposibilidad, a la cual recayó el diverso auto emitido por la Junta responsable, en el que requieren al aquí quejoso para que proporcione un nuevo domicilio de la pasivo, con lo que también ha cesado el acto omisivo de actuación del fedatario y no existe certidumbre de que, en caso de señalarse por parte del actor quejoso, nuevo domicilio, dichas autoridades responsables vayan a incurrir en futuras omisiones y, en caso de que así sucediera, el impetrante estará en aptitud de ocurrir nuevamente a sede constitucional delatando los actos que le agravien. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Bajo las condiciones apuntadas, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTAE INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Alegato ministerial. Agréguese a los autos el alegato ministerial presentado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, atento a su contenido, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que formula, las cuales serán tomadas en consideración en el fallo respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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