Jesus Alberto Mendoza Perez

Expediente 1071/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1071/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Jesus Alberto Mendoza Perez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de inicial de demanda presentado por quien dice ser Jesús Alberto Mendoza Pérez, contra actos de Fiscal General de la República y otras autoridades, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el progresivo 1071/2021-VI, y fórmese el expediente respectivo. No obstante, atenta a la certificación de cuenta y analizada la demanda, se advierte que en el escrito que se presenta vía electrónica, no obra el elemento criptográfico de firma electrónica del quejoso Jesús Alberto Mendoza Pérez, sin que los actos reclamados se ubiquen en el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito deberá examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso, numeral que a la letra establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Descrito lo anterior, del estudio del contenido del artículo 6° de la Ley de Amparo, se desprende que el procedimiento de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual se hace constituir en que el juicio de derechos fundamentales sólo podrá ser promovido por el propio quejoso; y, en el supuesto que emane de un procedimiento penal, podrá ser promovido por la defensa de la parte quejosa o cualquier persona, en los casos en que la Ley de Amparo lo permita. En ese aspecto, en primer término, sustancialmente dispone que las promociones que sean presentadas para la tramitación del juicio de amparo, en el caso que nos ocupa (vía indirecta), deberán hacerse por escrito; excepcionalmente, podrán ser orales, siempre y cuando sean formuladas en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la Ley de Amparo. Por otra parte, en cada una de las promociones o escritos presentados por las partes, deberá constar la firma autógrafa o huella digital de quien promueve el juicio de amparo. Adicionalmente, la Ley de Amparo, en su artículo 3°, confiere el derecho a las partes de presentar promociones en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Expuesto lo anterior, no ha lugar a admitir la demanda que nos ocupa, toda vez que de la demanda que se atiende, fue recibida vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que obre evidencia criptográfica de la firma electrónica por Jesús Alberto Mendoza Pérez. De lo anterior, se concluye que, al no haber firmado el quejoso el escrito inicial de demanda en forma electrónica, deviene en un ocurso en el que no se incorpora la voluntad del directamente agraviado, ello en relación con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Amparo, en el aspecto de que el juicio de amparo debe promoverse por la persona jurídica individual o colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado (principio de agravio personal y directo). Deficiencia que no puede mandarse prevenir, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el diverso 108 del indicado ordenamiento legal. Por tanto, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, como lo exige el precepto constitucional antes mencionado, así como el artículo 6o. de la Ley de Amparo, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la de la ley la materia, en relación con los preceptos legales invocados con antelación, ante la causa evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Alberto Mendoza Pérez. Notifíquese; hágase personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de inicial de demanda presentado por quien dice ser Jesús Alberto Mendoza Pérez, contra actos de Fiscal General de la República y otras autoridades, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el progresivo 1071/2021-VI, y fórmese el expediente respectivo. No obstante, atenta a la certificación de cuenta y analizada la demanda, se advierte que en el escrito que se presenta vía electrónica, no obra el elemento criptográfico de firma electrónica del quejoso Jesús Alberto Mendoza Pérez, sin que los actos reclamados se ubiquen en el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito deberá examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso. Descrito lo anterior, del estudio del contenido del artículo 6° de la Ley de Amparo, se desprende que el procedimiento de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual se hace constituir en que el juicio de derechos fundamentales sólo podrá ser promovido por el propio quejoso; y, en el supuesto que emane de un procedimiento penal, podrá ser promovido por la defensa de la parte quejosa o cualquier persona, en los casos en que la Ley de Amparo lo permita. En ese aspecto, en primer término, sustancialmente dispone que las promociones que sean presentadas para la tramitación del juicio de amparo, en el caso que nos ocupa (vía indirecta), deberán hacerse por escrito; excepcionalmente, podrán ser orales, siempre y cuando sean formuladas en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la Ley de Amparo. Por otra parte, en cada una de las promociones o escritos presentados por las partes, deberá constar la firma autógrafa o huella digital de quien promueve el juicio de amparo. Adicionalmente, la Ley de Amparo, en su artículo 3°, confiere el derecho a las partes de presentar promociones en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Expuesto lo anterior, no ha lugar a admitir la demanda que nos ocupa, toda vez que de la demanda que se atiende, fue recibida vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que obre evidencia criptográfica de la firma electrónica por Jesús Alberto Mendoza Pérez. De lo anterior, se concluye que, al no haber firmado el quejoso el escrito inicial de demanda en forma electrónica, deviene en un ocurso en el que no se incorpora la voluntad del directamente agraviado, ello en relación con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Amparo, en el aspecto de que el juicio de amparo debe promoverse por la persona jurídica individual o colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado (principio de agravio personal y directo). Deficiencia que no puede mandarse prevenir, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el diverso 108 del indicado ordenamiento legal. Por tanto, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, como lo exige el precepto constitucional antes mencionado, así como el artículo 6o. de la Ley de Amparo, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la de la ley la materia, en relación con los preceptos legales invocados con antelación, ante la causa evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Alberto Mendoza Pérez. Notifíquese; hágase personalmente.

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