Jesús Alexander Vidal Castro, cond Alfonso Espino Liévano
Expediente 1399/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1399/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/12/2017
Partes del expediente
- Jesús Alexander Vidal Castro, cond Alfonso Espino Liévano
- Gobernador del Estado de Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe de suspensión de plano rendido por la autoridad responsable Presidente Municipal Constitucional de la Concordia, Chiapas; sin mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que en proveído de dieciocho de diciembre del actual, se tuvo por desechada la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Se tienen por recibidos y se ordenan agregar a los autos los informes de suspensión de plano rendidos por la autoridades responsables Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno y Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, residentes en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; hacer sin mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que en proveído de dieciocho de diciembre del actual, se tuvo por desechada la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que ********** desahogó la vista otorgada mediante proveído de trece de diciembre del dos mil diecisiete (foja 44), toda vez que compareció a ratificar la demanda presentada a su nombre por ********** en tal virtud se provee: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis, que establece : "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la privación ilegal de la libertad e incomunicación. Asimismo, mediante auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete (foja 44), se tuvo por recibida la razón actuarial suscrita por el actuario judicial adscrito a este juzgado, de la cual se advierte que el aquí quejoso se encontraba detenido en la Fiscalía de Distrito Fraylesca, con residencia en Villaflores, Chiapas, mismo que fue puesto en libertad a las quince horas del doce del mes en curso, tal como se advierte de los anexos uno y dos de la razón en cita (fojas 32 y 33). En ese sentido, con motivo de la puesta en libertad del hoy agraviado, se actualiza una causal de improcedencia la cual se atenderá de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, este juzgado procede a desechar de plano la demanda de amparo, al sobrevenir una causa de improcedencia, por los siguientes motivos. Los artículos 61, fracción XVII, y 63, fracción V, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídicaArtículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior Del primero de los numerales se desprende, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando dentro de un procedimiento judicial o administrativo haya cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumadas las violaciones reclamadas en dicho procedimiento, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Por su parte, el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, establece que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia, es decir, cualquiera de las previstas por el aludido numeral 61 del citado ordenamiento legal. Ahora bien, de la razón de trece de diciembre del año en curso y anexos (fojas 31-33), los cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que con fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete, fue puesto en libertad el quejoso *********** Como puede apreciarse, si bien en su momento el acto reclamado se hizo consistir en la privación ilegal de la libertad e incomunicación en su contra, lo cierto es que en fecha doce de diciembre del año en curso, se le decretó la libertad al quejoso antes mencionado, dentro de los autos de la carpeta de investigación ********* lo cual se acredita con las constancias que obran en autos (foja 23). Luego, debe estimarse que el decreto de libertad ha generado un cambio en la situación jurídica que imperaba al momento de encontrarse detenido a disposición de las autoridades responsables. En esas circunstancias, con el decreto de libertad ante el Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Distrito Fraylesca de la Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con domicilio en Villaflores, Chiapas, cualquier violación que hubiera surgido con motivo de la posible privación ilegal de la libertad e incomunicación, reclamados en éste juicio de amparo, quedó jurídicamente consumada de modo irreparable, puesto que cesaron los efectos producidos por ésta, en forma tal que no es factible decidir sobre la constitucionalidad de dicha puesta de libertad, sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra en este momento. Es aplicable a lo anterior la tesis siguiente : "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia siguiente : "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Por consiguiente, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, y con base en el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ante el cambio de situación jurídica de la quejosa, procede SE DESECHA DE PLANO ESTA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, que actúa con la secretaria que autoriza, Marta Josefina Román Barrios, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
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