Jesús Alberto Chamé Zapoteco
Expediente 1274/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1274/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/12/2017
Partes del expediente
- Jesús Alberto Chamé Zapoteco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE NOTIICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; uno de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad y anexo. Del estado de autos y del contenido de las constancias remitidas por la referida autoridad responsable, consistentes en copia certificada del auto de ...., dentro del expediente laboral ... y específicamente del proveído de veintisiete de octubre del año en curso, este Órgano Jurisdiccional advierte que en el caso opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuestión que por ser de orden público, su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la referida ley, como enseguida se verá. En efecto, precisa señalar que el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de dictar auto admisorio de pruebas ..., de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veintisiete de octubre del año que transcurre, la responsable emitió acuerdo donde proveyó sobre la admisión de pruebas ofrecidas por las partes, ordenando la notificación al quejoso del auto de ..., con el cual cesaron los efectos de la omisión reclamada, por lo cual, la responsable subsanó la omisión que se reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte del Presidente de la Junta Especial Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al no dictar auto de admisión de pruebas dentro del juicio laboral ..., ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro electrónico 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". No obsta a la anterior determinación, el hecho de que con esta fecha se esté teniendo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y, por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo, en la medida que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, pues el veintisiete de octubre del año que transcurre, la responsable dictó auto de admisión de pruebas dentro del juicio laboral .... Dado lo expuesto con antelación, se deja sin efectos la audiencia señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del catorce de diciembre de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; uno de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad y anexo. Del estado de autos y del contenido de las constancias remitidas por la referida autoridad responsable, consistentes en copia certificada del auto de ...., dentro del expediente laboral ... y específicamente del proveído de veintisiete de octubre del año en curso, este Órgano Jurisdiccional advierte que en el caso opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuestión que por ser de orden público, su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la referida ley, como enseguida se verá. En efecto, precisa señalar que el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de dictar auto admisorio de pruebas ..., de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veintisiete de octubre del año que transcurre, la responsable emitió acuerdo donde proveyó sobre la admisión de pruebas ofrecidas por las partes, ordenando la notificación al quejoso del auto de ..., con el cual cesaron los efectos de la omisión reclamada, por lo cual, la responsable subsanó la omisión que se reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte del Presidente de la Junta Especial Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al no dictar auto de admisión de pruebas dentro del juicio laboral ..., ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro electrónico 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". No obsta a la anterior determinación, el hecho de que con esta fecha se esté teniendo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y, por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo, en la medida que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, pues el veintisiete de octubre del año que transcurre, la responsable dictó auto de admisión de pruebas dentro del juicio laboral .... Dado lo expuesto con antelación, se deja sin efectos la audiencia señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del catorce de diciembre de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al tercero interesado ********************para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de ********************por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos el presente proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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