Jesús Alberto López Alfonzo
Expediente 930/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2021
Partes del expediente
- Jesús Alberto López Alfonzo
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, para que la parte quejosa recurriera el proveído quince octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia se declara firme dicho auto y se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. Notifíquese. EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS, A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA (EL) SUSCRITA(O) ACTUARIA(O), HAGO CONSTAR QUE LA ANTERIOR DETERMINACIÓN FUE NOTIFICADA POR LISTA. DOY FE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****** DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. De los numerales insertos se advierte que la fracción XXIII del primer cardinal referido no establece una causa concreta de improcedencia del juicio constitucional, sino que señala en forma genérica que ésta derivará de la aplicación de uno o varios preceptosde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia Ley de Amparo. Asimismo, se obtiene que el juicio de control constitucional tiene por objeto dirimir controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridad que los gobernados consideren violatorias de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo cual, la legislación de la materia define a la autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, como la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otro lado, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos la legislación de amparo establece la posibilidad de señalar a particulares con la calidad de autoridad responsable, siempre que se les reclamen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan actuar creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas derivado de funciones determinadas por una norma general. Bajo ese orden, es permisible señalar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente por exclusión de los actos de particulares, toda vez que la legislación de amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos de autoridad y, excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, de manera que afecten derechos fundamentales con motivo de funciones determinadas por una norma general. Ahora, para una debida comprensión de los motivos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, resulta indispensable establecer la distinción entre un acto de autoridad del que no lo es, atendiendo a la clasificación de las relaciones jurídicas existentes en el marco jurídico nacional: de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. En esas condiciones, para definir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, es necesario tomar en consideración la distinción de las relaciones jurídicas que se pretenden dirimir mediante su promoción, con el fin de establecer si la que se somete a la jurisdicción de los órganos de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad responsable actúe en un plano de superioridad. Establecido el concepto y características de lo que la ley y la jurisprudencia han determinado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama del *****, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Santander México, con sede en esta ciudad, la omisión de rendir los informes solicitados por Tribunal del Trabajo Burocrático ahora Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, ordenamiento efectuado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Lo cual no encuadra con las características que debe tener una autoridad responsable, como lo establece el artículo 5 de la ley de la materia, es decir, no constituye un acto de autoridad, dado que como se puede advertir de los antecedentes narrados en su demanda, el Banco Santander México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, con sede en esta ciudad, no es autoridad ordenadora en el juicio de origen y la cuestión que reclama deriva del juicio laboral que entabló y del cual conoce el Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por lo que resulta evidente que el acto reclamado en esta vía no es un acto de autoridad. Cabe señalar que lo anterior no afecta el derecho que tiene para ejecutar sus pretensiones, pues debe solicitar el requerimiento de los citados informes ante el juez de origen y en caso de que no se acuerde de conformidad su petición, contra dicha negativa en caso de ser procedente podrá promover el juicio de amparo contra los actos de la autoridad ante la cual se tramita el juicio, más no contra las omisiones y abstenciones de los particulares que únicamente debe acatar y/o ejecutar los actos que se le ordenen, pues si bien se trata de un particular, en el caso a estudio actúa como tal y no como autoridad. No debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio de defensa con el que cuentan los gobernados para combatir los actos de autoridad que violan sus derechos humanos, sin embargo, en este caso la omisión que reclama se le atribuye a una institución que no es parte en el juicio de origen y por tanto no puede considerarse como un acto de autoridad que haga procedente el juicio de amparo. Por tanto, al considerar actualizada la causa de improcedencia, en términos del precepto 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO ESTA DEMANDA DE AMPARO. Por otra parte, al existir solicitud expresa para que a la parte quejosa se le notifique de manera electrónica, con apoyo en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, principalmente los numerales 34, 35, 36, 39, 55, 57, 58 y 61, se autoriza que las notificaciones correspondientes a este asunto a la parte quejosa, se realicen de manera electrónica en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica http://consultaexpedienteelectronico.cjf.com.mx/home/login debiendo corroborar su credencial de acceso a dicho portal. En el entendido que la solicitud para ser notificado electrónicamente, lleva implícita la necesaria para consultar el expediente electrónico Con fundamento en el artículo 22, fracción II y precepto 28 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19; se tiene como forma de contacto, los números telefónicos y correos electrónicos, que señala, a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales. Además, se autoriza la reproducción de las constancias que obren en este expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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