Jesus Adalid Castro Rendon
Expediente 872/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Director General del Centro Federal de Readaptacion Social Numero Cuatro Noroeste En el Estado de Nayarit, Sede En Tepic (Cefereso)
- Jesus Adalid Castro Rendon
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Glósese a los presentes autos el oficio 572/DGDP/2019, signado por la Directora General de Defensoría Pública del Estado de la Secretaría de Gobierno, a través del cual manifiesta la imposibilidad legal que tiene para designar un defensor público que represente a los aquí quejosos, por los motivos que expone. Lo anterior, sin que se estime necesario realizar pronunciamiento alguno, toda vez que el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, el diez de septiembre pasado, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente sumario constitucional, y solicitó al Delegado Estatal de la Defensoría Pública Federal, con sede en Tepic, Nayarit, designara un profesionista que represente a los aquí quejosos. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo 872/2019-D del índice de este juzgado, e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de garantías promovida por: 1. JESÚS ADALID CASTRO RENDÓN, 2. MOISÉS BELLO ATANACIO, 3. OMAR MACHADO SILLAS, 4. JESÚS JAVIER ZAMORA LEE, 5. FRANCISCO RAMÍREZ GUERRERO, 6. ERICK ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 7. OMAR ALEJANDRO ZÚÑIGA RÍOS, 8. MAXIMILIANO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, 9. ÁLVARO GEOVANNI BAHENA TOLENTINO, 10. RAÚL DE ANDA RÍOS, 11. JORGE LUIS MORENO TÉLLEZ, 12. JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 13. FREDY MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, 14. FABIÁN PÉREZ ROJAS, 15. VÍCTOR ANTONIO SOTO CRUZ, 16. ROBERTO SOLORZANO NÁJERA, 17. JESÚS LUNA AGUILAR, 18. VICENTE CARLOS FÉLIX DURÁN, 19. RAÚL ROBLES PARGA, 20. MIGUEL ÁNGEL CASTILLO MARTÍNEZ, 21. ÁNGEL DE JESÚS AGUILAR MORENO, 22. LUIS ALBERTO PUENTE COBOS, 23. SERGIO CRUZ CACHEIRO, 24. MEINARDO ORTÍZ MEJÍA, 25. RICARDO LERMA CASILLAS, 26. JUAN SÁNCHEZ LÓPEZ, 27. URIEL ARELLANO RIVERA, 28. EDUARDO ENRIQUE GONZÁLEZ RÍOS, 29. MARCO ANTONIO RAMÍREZ URBANO, y 30. JESÚS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Finalmente, glósese a los autos el oficio y anexo proveniente del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 274/2019 (orden 975/2019), del índice de este juzgado Federal, por el cual se le solicitó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notificara a los quejosos: 1. JESÚS ADALID CASTRO RENDÓN, 2. MOISÉS BELLO ATANACIO, 3. OMAR MACHADO SILLAS, 4. JESÚS JAVIER ZAMORA LEE, 5. FRANCISCO RAMÍREZ GUERRERO, 6. ERICK ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 7. OMAR ALEJANDRO ZÚÑIGA RÍOS, 8. MAXIMILIANO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, 9. ÁLVARO GEOVANNI BAHENA TOLENTINO, 10. RAÚL DE ANDA RÍOS, 11. JORGE LUIS MORENO TÉLLEZ, 12. JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 13. FREDY MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, 14. FABIÁN PÉREZ ROJAS, 15. VÍCTOR ANTONIO SOTO CRUZ, 16. ROBERTO SOLORZANO NÁJERA, 17. JESÚS LUNA AGUILAR, 18. VICENTE CARLOS FÉLIX DURÁN, 19. RAÚL ROBLES PARGA, 20. MIGUEL ÁNGEL CASTILLO MARTÍNEZ, 21. ÁNGEL DE JESÚS AGUILAR MORENO, 22. LUIS ALBERTO PUENTE COBOS, 23. SERGIO CRUZ CACHEIRO, 24. MEINARDO ORTÍZ MEJÍA, 25. RICARDO LERMA CASILLAS, 26. JUAN SÁNCHEZ LÓPEZ, 27. URIEL ARELLANO RIVERA, 28. EDUARDO ENRIQUE GONZÁLEZ RÍOS, 29. MARCO ANTONIO RAMÍREZ URBANO, y 30. JESÚS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, el auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin que sea necesario acusar el recibo de estilo correspondiente, en virtud de que el sistema automáticamente genera dicho acuse. No pasa inadvertido para el suscrito que de las constancias de notificación remitidas por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, se advierte que los quejosos: Ricardo Lerma Casillas y Jesús Javier Zamora Lee, realizaron diversas manifestaciones (fojas 55 y 62); sin embargo, tomando en consideración que el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en esta data se avoco al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente sumario constitucional; por tanto, se ordena remitirle copia certificada de las constancias de notificación conducentes, a fin de que provea lo que en derecho corresponda.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 872/2019, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. INCOMPETENCIA. En principio, resulta conveniente establecer que la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por el quejoso. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el particular, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente: "(.) Atención Médica (.) (.) También se advierte que el derecho al disfrute del más alto nivel de salud físico y mental, impone obligaciones positivas a los estados parte las medidas necesarias para la reducción de la mortalidad, tratamiento de las enfermedades y especialmente la creación y condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (.)". Acto que reclama al 1. Director General el CEFERESO No. 4 "NOROESTE", y 2. Titular del Área Médica del CEFERESO No. 4 "NOROESTE"; y además los quejosos, refirieron en el escrito de demanda, que actualmente se encuentra privados de su libertad personal en el CEFERESO No. 4 "NOROESTE" (con residencia en Tepic, Nayarit). Por lo que, tomando en cuenta dicha circunstancia, resulta que en el caso que nos ocupa, la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida en este distrito judicial, lo es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga lugar su ejecución, por lo que, no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de garantías, toda vez que la negativa de proporcionar atención médica, no se ejecutará en el Estado de Puebla, pues tomando en consideración que el acto reclamado, constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, entonces, posee el atributo de ser ejecutable materialmente; y ya que los quejosos se encuentran privados de su libertad en el Tepic, Nayarit, resulta indudable que el Juez competente será el de aquella jurisdicción. De ahí que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carezca de competencia legal para seguir conociendo de este juicio de garantías, en razón de territorio, porque la misma corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic. Lo anterior, encuentra sustento la Jurisprudencia del Pleno en Materia Penal del Décimosexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia que ha quedado trascrita, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic; de conformidad con el Punto Cuarto fracción XXVIII del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito, que establece: "XXIV. VIGESIMO CUARTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa integrado con la papeleta de turno, escrito de demanda, y el presente acuerdo que recayó a la demanda de amparo en comento, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic; quien a su vez deberá remitirla al Juez de Distrito en turno; hecho lo cual, se solicita al Juez de Distrito al que competa recibir la demanda de amparo y sus anexos, se sirva informar la determinación que adopte respecto si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con una copia simple de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SE NIEGA SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sentido, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DE PLANO SOLICITADA POR LOS QUEJOSOS, respecto del acto reclamado consistente en la negativa de proporcionar atención médica, ya que tomando en cuenta las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, en el sentido de que ".el derecho al disfrute del más alto nivel de salud físico y mental, impone obligaciones positivas a los estados parte las medidas necesarias para la reducción de la mortalidad, el tratamiento de las enfermedades y especialmente la creación y condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad", de lo cual no se advierte que la falta de atención médica que se reclama, comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no indicaron los padecimientos que sufren a efecto de valorar si está en riesgo su integridad personal o no. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." Lo anterior comuníquese a las autoridades señaladas como responsables. DOMICILIO. Toda vez que los quejosos señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, el mismo en el que se encuentran recluidos, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social Cuatro, Noroeste en Tepic, Nayarit, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. Ahora bien, atento a que dicho centro penitenciario se encuentra ubicado fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal, con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Cuatro, en Tepic, Nayarit; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los quejosos 1. JESÚS ADALID CASTRO RENDÓN, 2. MOISÉS BELLO ATANACIO, 3. OMAR MACHADO SILLAS, 4. JESÚS JAVIER ZAMORA LEE, 5. FRANCISCO RAMÍREZ GUERRERO, 6. ERICK ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 7. OMAR ALEJANDRO ZÚÑIGA RÍOS, 8. MAXIMILIANO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, 9. ÁLVARO GEOVANNI BAHENA TOLENTINO, 10. RAÚL DE ANDA RÍOS, 11. JORGE LUIS MORENO TÉLLEZ, 12. JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 13. FREDY MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, 14. FABIÁN PÉREZ ROJAS, 15. VÍCTOR ANTONIO SOTO CRUZ, 16. ROBERTO SOLORZANO NÁJERA, 17. JESÚS LUNA AGUILAR, 18. VICENTE CARLOS FÉLIX DURÁN, 19. RAÚL ROBLES PARGA, 20. MIGUEL ÁNGEL CASTILLO MARTÍNEZ, 21. ÁNGEL DE JESÚS AGUILAR MORENO, 22. LUIS ALBERTO PUENTE COBOS, 23. SERGIO CRUZ CACHEIRO, 24. MEINARDO ORTÍZ MEJÍA, 25. RICARDO LERMA CASILLAS, 26. JUAN SÁNCHEZ LÓPEZ, 27. URIEL ARELLANO RIVERA, 28. EDUARDO ENRIQUE GONZÁLEZ RÍOS, 29. MARCO ANTONIO RAMÍREZ URBANO, 30. JESÚS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ., y se cerciore de sus identidades; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -Juicio de Amparo 872/2019; y, d) Notifique el presente auto a los referidos quejosos. e) Les corra traslado con copia autorizada del presente proveído. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza a la licenciada Aída Araceli Ramírez Lozano, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal para que sea la encargada del envío de dicha comunicación oficial. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. SE DESIGNA DEFENSOR PÚBLICO. Ahora bien, tomando en consideración: 1) que los quejosos se encuentran privados de su libertad; al respecto, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6, fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, se nombra a los quejosos 1. JESÚS ADALID CASTRO RENDÓN, 2. MOISÉS BELLO ATANACIO, 3. OMAR MACHADO SILLAS, 4. JESÚS JAVIER ZAMORA LEE, 5. FRANCISCO RAMÍREZ GUERRERO, 6. ERICK ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 7. OMAR ALEJANDRO ZÚÑIGA RÍOS, 8. MAXIMILIANO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, 9. ÁLVARO GEOVANNI BAHENA TOLENTINO, 10. RAÚL DE ANDA RÍOS, 11. JORGE LUIS MORENO TÉLLEZ, 12. JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 13. FREDY MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, 14. FABIÁN PÉREZ ROJAS, 15. VÍCTOR ANTONIO SOTO CRUZ, 16. ROBERTO SOLORZANO NÁJERA, 17. JESÚS LUNA AGUILAR, 18. VICENTE CARLOS FÉLIX DURÁN, 19. RAÚL ROBLES PARGA, 20. MIGUEL ÁNGEL CASTILLO MARTÍNEZ, 21. ÁNGEL DE JESÚS AGUILAR MORENO, 22. LUIS ALBERTO PUENTE COBOS, 23. SERGIO CRUZ CACHEIRO, 24.MEINARDO ORTÍZ MEJÍA, 25. RICARDO LERMA CASILLAS, 26. JUAN SÁNCHEZ LÓPEZ, 27. URIEL ARELLANO RIVERA, 28. EDUARDO ENRIQUE GONZÁLEZ RÍOS, 29. MARCO ANTONIO RAMÍREZ URBANO, 30. JESÚS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ., un Defensor Público Estatal adscrito a la Defensoría Pública en el Estado de Puebla, para que intervenga en este juicio de amparo, en virtud que los peticionarios de amparo pertenecen a un grupo vulnerable por su condición de internos y a efecto de que se potencialice su derecho humano a una defensa adecuada, requiérase al Titular de dicha Institución a fin de que designe un Defensor Público en el presente juicio de amparo, a quien deberá de notificársele por su conducto, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación, comparezca ante la presencia judicial, para los efectos de la aceptación y protesta del cargo conferido en términos de ley, o en su defecto, manifieste si tiene algún impedimento para desempeñar el mismo. Sustenta lo la siguiente tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso." SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Notifíquese personalmente vía exhorto a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y mediante oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic; así como al Titular de la Defensoría Pública en el Estado de Puebla, y a las autoridades señaladas como responsables.
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