Jesus Abarca Brito
Expediente 1893/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 56 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1893/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 56
- Última actuación
- 09/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jesus Abarca Brito
- Viviana Cruz Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 56.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en diligencia de veintiséis de abril de dos mil diecinueve (foja 617), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En esas circunstancias, lo procedente es otorgar la tutela constitucional para el efecto de que no se aplique a la parte quejosa la Regla Décimo Primera de la Resolución por la que se aprueban las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la compraventa que celebró con motivo del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria suscrito con el mencionado instituto, respecto del bien inmueble materia de la escritura pública número 22,905 de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno de la Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos, y tampoco se le aplique en el futuro cuando se trate de los contratos y operaciones a que se refiere el artículo 42, párrafo antepenúltimo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El efecto impreso a la concesión del amparo implica que la parte quejosa queda exenta del pago cualquier impuesto distinto al predial, y del pago de cualquier derecho distinto al de consumo de agua. Como en autos obra constancia que corrobora que la parte solicitante del amparo pagó el impuesto sobre adquisición de inmuebles e impuestos adicionales ligados a dicho tributo, así como los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, tales cantidades le deben ser devueltas. En efecto, en autos obran el recibo oficial con número 273104, por la cantidad de $9,077.32 (nueve mil setenta y siete pesos 32/100 M.N.), de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis (foja 191 ibídem) expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, a cuenta de la parte quejosa, así como los recibos de pago números 2612629 y 2612630, ambos de diecinueve de enero de dos mil diecisiete (fojas 194 y 195 ídem), cada uno por la cantidad de $6,180.00 (seis mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos todos en relación con la escritura pública número 22,905 de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del Notario Público Número Uno de la Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos (fojas 80 a 88 de autos). Consecuentemente, como se dijo, la concesión del amparo implica que dichas cantidades le deben ser devueltas en su integridad por conducto de las autoridades hacendarias municipales y estatales indicadas en el párrafo que antecede en virtud de que fueron las autoridades encargadas de recaudar las contribuciones relativas." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, las autoridades responsables, siendo éstas la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos y la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, a través de las diligencias de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (foja 605) y veintiséis de abril pasado (foja 617), respectivamente, devolvieron en su integridad a la parte quejosa la cantidad de $23,446.49 (veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), importe que fue entregado de la siguiente manera: - Mediante diligencia de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (foja 605), la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos entregó a la parte quejosa el cheque número 0000014 por la cantidad de $13,846.46 (trece mil ochocientos cuarenta y seis pesos 46/100 moneda nacional); y, - A través de la diligencia de veintiséis de abril de dos mil diecinueve (foja 617), la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos entregó a la parte quejosa los cheques números 0000005 y 0000036 por las cantidades de $1,897.32 (un mil ochocientos noventa y siete pesos 32/100 moneda nacional) y $7,702.71 (siete mil setecientos dos pesos 71/100 moneda nacional), respectivamente. Atento a lo anterior, se advierte que las responsables devolvieron en total a la parte quejosa la cantidad de $23,446.49 (veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), numerario que contiene la actualización correspondiente a los $21,437.32 (veintiún mil cuatrocientos treinta y siete pesos 32/100 moneda nacional) a que fueron condenadas en la ejecutoria de amparo dictada en el expediente en que se actúa. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las citadas autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues devolvieron en su integridad a la parte quejosa la cantidad de $23,446.49 (veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), numerario que contiene la actualización correspondiente a los $21,437.32 (veintiún mil cuatrocientos treinta y siete pesos 32/100 moneda nacional) a que fueron condenadas en la referida ejecutoria de amparo. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que las autoridades responsables devolvieron en su integridad a la parte quejosa la cantidad de $21,437.32 (veintiún mil cuatrocientos treinta y siete pesos 32/100 moneda nacional), con su actualización correspondiente. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias que obran en autos, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que las autoridades responsables devolvieron en su integridad a la parte quejosa la cantidad de $23,446.49 (veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), numerario que contiene la actualización correspondiente a los $21,437.32 (veintiún mil cuatrocientos treinta y siete pesos 32/100 moneda nacional) a que fueron condenadas en la referida ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida nueve de mayo de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a nueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en diligencia de veintiséis de abril de dos mil diecinueve (foja 617), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En esas circunstancias, lo procedente es otorgar la tutela constitucional para el efecto de que no se aplique a la parte quejosa la Regla Décimo Primera de la Resolución por la que se aprueban las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la compraventa que celebró con motivo del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria suscrito con el mencionado instituto, respecto del bien inmueble materia de la escritura pública número 22,905 de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno de la Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos, y tampoco se le aplique en el futuro cuando se trate de los contratos y operaciones a que se refiere el artículo 42, párrafo antepenúltimo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El efecto impreso a la concesión del amparo implica que la parte quejosa queda exenta del pago cualquier impuesto distinto al predial, y del pago de cualquier derecho distinto al de consumo de agua. Como en autos obra constancia que corrobora que la parte solicitante del amparo pagó el impuesto sobre adquisición de inmuebles e impuestos adicionales ligados a dicho tributo, así como los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, tales cantidades le deben ser devueltas. En efecto, en autos obran el recibo oficial con número 273104, por la cantidad de $9,077.32 (nueve mil setenta y siete pesos 32/100 M.N.), de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis (foja 191 ibídem) expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, a cuenta de la parte quejosa, así como los recibos de pago números 2612629 y 2612630, ambos de diecinueve de enero de dos mil diecisiete (fojas 194 y 195 ídem), cada uno por la cantidad de $6,180.00 (seis mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos todos en relación con la escritura pública número 22,905 de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del Notario Público Número Uno de la Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos (fojas 80 a 88 de autos). Consecuentemente, como se dijo, la concesión del amparo implica que dichas cantidades le deben ser devueltas en su integridad por conducto de las autoridades hacendarias municipales y estatales indicadas en el párrafo que antecede en virtud de que fueron las autoridades encargadas de recaudar las contribuciones relativas." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, las autoridades responsables, siendo éstas la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos y la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, a través de las diligencias de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (foja 605) y veintiséis de abril pasado (foja 617), respectivamente, devolvieron en su integridad a la parte quejosa la cantidad de $23,446.49 (veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), importe que fue entregado de la siguiente manera: - Mediante diligencia de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (foja 605), la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos entregó a la parte quejosa el cheque número 0000014 por la cantidad de $13,846.46 (trece mil ochocientos cuarenta y seis pesos 46/100 moneda nacional); y, - A través de la diligencia de veintiséis de abril de dos mil diecinueve (foja 617), la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos entregó a la parte quejosa los cheques números 0000005 y 0000036 por las cantidades de $1,897.32 (un mil ochocientos noventa y siete pesos 32/100 moneda nacional) y $7,702.71 (siete mil setecientos dos pesos 71/100 moneda nacional), respectivamente. Atento a lo anterior, se advierte que las responsables devolvieron en total a la parte quejosa la cantidad de $23,446.49 (veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), numerario que contiene la actualización correspondiente a los $21,437.32 (veintiún mil cuatrocientos treinta y siete pesos 32/100 moneda nacional) a que fueron condenadas en la ejecutoria de amparo dictada en el expediente en que se actúa. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las citadas autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues devolvieron en su integridad a la parte quejosa la cantidad de $23,446.49 (veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), numerario que contiene la actualización correspondiente a los $21,437.32 (veintiún mil cuatrocientos treinta y siete pesos 32/100 moneda nacional) a que fueron condenadas en la referida ejecutoria de amparo. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que las autoridades responsables devolvieron en su integridad a la parte quejosa la cantidad de $21,437.32 (veintiún mil cuatrocientos treinta y siete pesos 32/100 moneda nacional), con su actualización correspondiente. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias que obran en autos, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que las autoridades responsables devolvieron en su integridad a la parte quejosa la cantidad de $23,446.49 (veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), numerario que contiene la actualización correspondiente a los $21,437.32 (veintiún mil cuatrocientos treinta y siete pesos 32/100 moneda nacional) a que fueron condenadas en la referida ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, en términos de los ordinales 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por María Concepción Cárdenas Fuan, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, por medio del cual informa que ha emitido un cheque a favor de la parte quejosa, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; circunstancia de la que se toma de conocimiento para los efectos conducentes. Atento a lo anterior, con fundamento en los numerales 193 y 194 de la Ley de Amparo y con el objeto de no retardar más la ejecución del juicio de amparo, se señalan las TRECE HORAS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que comparezcan en las instalaciones de este Juzgado Federal tanto la parte quejosa JESÚS ABARCA BRITO, así como a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, por sí o por conducto de cualquiera de sus delegados, para que se realice la entrega recepción de los cheques correspondientes; se hace del conocimiento de ambas partes que si de considerarlo necesario el quejoso puede acudir ante la autoridad en el lugar y hora que señala la responsable. Se apercibe a la parte quejosa que de no asistir a la hora y día indicado, se tendrá por desinteresada de la ejecutoria de amparo Asimismo, se apercibe a María Concepción Cárdenas Fuan, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, que de no comparecer a la diligencia mencionada él o alguno de sus delegados, o de no presentar el título de crédito por la cantidad que corresponde y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial que, además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; asimismo, el siguiente requerimiento se hará por conducto de su superior jerárquico, independientemente de que se inicie el procedimiento de inejecución de sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, en términos de los ordinales 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por María Concepción Cárdenas Fuan, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, por medio del cual informa que ha emitido un cheque a favor de la parte quejosa, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; circunstancia de la que se toma de conocimiento para los efectos conducentes. Atento a lo anterior, con fundamento en los numerales 193 y 194 de la Ley de Amparo y con el objeto de no retardar más la ejecución del juicio de amparo, se señalan las TRECE HORAS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que comparezcan en las instalaciones de este Juzgado Federal tanto la parte quejosa JESÚS ABARCA BRITO, así como a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, por sí o por conducto de cualquiera de sus delegados, para que se realice la entrega recepción de los cheques correspondientes; se hace del conocimiento de ambas partes que si de considerarlo necesario el quejoso puede acudir ante la autoridad en el lugar y hora que señala la responsable. Se apercibe a la parte quejosa que de no asistir a la hora y día indicado, se tendrá por desinteresada de la ejecutoria de amparo Asimismo, se apercibe a María Concepción Cárdenas Fuan, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, que de no comparecer a la diligencia mencionada él o alguno de sus delegados, o de no presentar el título de crédito por la cantidad que corresponde y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial que, además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; asimismo, el siguiente requerimiento se hará por conducto de su superior jerárquico, independientemente de que se inicie el procedimiento de inejecución de sentencia. Notifíquese personalmente.
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