Jessica Zapata Sánchez

Expediente 1277/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1277/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Jessica Zapata Sánchez
  • Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 587/2021, promovido por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra actos del Congreso Constitucional del estado de Guanajuato y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido el mismo día, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rodrigo Martínez Serrano, en su carácter de apoderado legal de Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los Congresos, Gobernadores, Presidentes Municipales, Tesoreros de las entidades federativas que a continuación se mencionarán: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; así como de la CFE Suministrador de Servicios Básicos ubicada en los distintos municipios de los estados mencionados. SEGUNDO. Mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, registró la demanda con el número 173/2021, y previa aclaración de demanda, decretó oficiosamente la separación de autos por número de servicios de suministro de energía eléctrica, dado que se reclamó la inconstitucionalidad de preceptos normativos de diversos municipios. TERCERO. El veintidós de abril de dos mil veintiuno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitió a este órgano jurisdiccional el oficio signado por la secretaria adscrita a este juzgado, que contenía inserto el auto por el que se realizó la separación de juicios; un ejemplar de la demanda de amparo recibida vía electrónica y la boleta de turno respectiva en la que se precisó que el número de suministro de energía eléctrica relativo a este expediente es el 52101106578. CUARTO. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad registró la demanda de amparo con el número 587/2021, precisó que el presente juicio versaría respecto de las autoridades, actos y servicio de suministro de energía eléctrica siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Congreso Constitucional del Estado de Guanajuato ".las leyes de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, mismas que prevén el derecho de alumbrado público que por esta vía se reclama su inconstitucionalidad." "Cabe señalar que la quejosa únicamente reclama de inconstitucionalidad los preceptos legales a través de los cuales le es aplicado el cobro del derecho de alumbrado público que se establece a través de las Leyes Municipales y Estatales reclamadas," "Lo anterior, toda vez que mi poderdante desconoce la cuantía por Municipio, ya que únicamente realiza un pago por servicio de energía eléctrica de manera centralizada por todas las unidades que opera, y del mismo únicamente se desprende el cobro del concepto de derecho de alumbrado público, desconociendo por completo el mecanismo de cobro del mismo, así como la cuantía que se divide para pagar cada uno de los Municipios (destino final)." Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato Ayuntamiento de Salamanca, del Estado de Guanajuato Tesorero del Ayuntamiento de Salamanca, del Estado de Guanajuato Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 52101106578 Asimismo, desechó la demanda por cuanto a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos del Municipio de Salamanca, del Estado de Guanajuato, y admitió a trámite la misma por cuanto a las restantes autoridades responsables; requirió los informes justificados respectivos, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en a las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Posteriormente, hasta el catorce de enero de dos mil veintidós, se emitió sentencia definitiva en este juicio, en la cual se negó el amparo y protección solicitado a la parte quejosa. QUINTO. Inconforme con esa determinación, mediante escrito ingresado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el representante legal de la parte quejosa interpuso recurso de revisión. De ese medio de impugnación, por razón de turno, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, bajo el número 172/2022. Luego, mediante ejecutoria de uno de septiembre de dos mil veintidós, el mencionado tribunal revocó la sentencia dictada en este juicio y ordenó reponer el procedimiento, para efecto de que este juzgado notifique personalmente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y se otorgue la oportunidad de ampliar la demanda de amparo a la parte quejosa. SEXTO. Por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, y en estricto acatamiento a esa determinación, se dejó sin efectos la sentencia emitida en este expediente, se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y se le requirió para que en el plazo de quince días ampliara su demanda, sin que hubiera realizado dicha circunstancia; asimismo, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. Asimismo, se surte la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de este juicio, en virtud de que en la demanda inicial se reclamó la recaudación y el cobro de los derechos de alumbrado público, pagados por transferencia electrónica derivada de un cobro centralizado, además de que se señalaron a tesoreros de diferentes Municipios, en términos de lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 165/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "COMPETENCIA POR TERRITORIO. CUANDO SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DERIVADA DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD O LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, Y SE SEÑALAN COMO RESPONSABLES A LOS TESOREROS DE VARIOS MUNICIPIOS DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AQUELLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESTE ESE SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: Del Congreso y Gobernador del estado de Guanajuato: La inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del dos mil veintiuno. Del Presidente Municipal y del Tesorero de Salamanca, Guanajuato: El cobro del derecho de alumbrado público correspondiente a enero de dos mil veintiuno (del pago del servicio de energía eléctrica), en relación con el establecimiento comercial que cuenta con número de servicio 52101106578. Sin que pase desapercibido que algunos elementos del tributo se encuentran inmersos en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; sin embargo, dicho ordenamiento ya fue materia de análisis en una diversa resolución, de ahí que tampoco fuese dable analizar su constitucionalidad. En efecto, de la revisión efectuada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la cual se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 598/2020, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Morelos fue promovido por la misma quejosa, en contra de las mismas autoridades y por los mismos actos. Asimismo, en la mencionada resolución se desprende que ese órgano jurisdiccional resolvió negar el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa respecto de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. Igualmente, de la revisión efectuada al expediente electrónico de ese juicio, se advierte que esa sentencia causó ejecutoria el ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, en el expediente 603/2020 del mismo Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Morelos -derivado de la separación de autos del diverso juicio 354/2020-, el cual se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que fue promovido por la misma quejosa, en contra de los mismos actos que se reclaman en este juicio; procedimiento en el cual ese órgano jurisdiccional negó en el mencionado expediente por cuanto a la Ley de Hacienda mencionada. Dicha resolución fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 172/2021. Por lo anterior, el reclamo en esta vía de la referida ley resultaría improcedente, y, por tanto, a ningún fin práctico hubiera llevado otorgarle el plazo a la parte quejosa para tener ese ordenamiento como acto reclamado destacado. Asimismo, como se precisó en la audiencia constitucional, el suscrito consideró que era innecesario conceder el plazo a la parte quejosa para que ampliara su demanda en términos del artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, debido a que ese supuesto se encuentra acotado a los actos materialmente administrativos: "Artículo 117. [.] Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional". Como puede verse, el artículo anterior establece expresamente que tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, la autoridad responsable, en su informe justificado, deberá complementar en esos aspectos. En consecuencia, debe correrse traslado con el informe justificado a la parte quejosa para que en el plazo de quince días realice su ampliación de demanda. Sin embargo, en su momento, se estimó que el supuesto que prevé el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, no resultaba aplicable en este juicio pues, el propio Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, sostuvo en la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/12 K (10a.), que el cobro del derecho por servicio de alumbrado público efectuado a través del aviso-recibo emitido por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, ni puede ser considerado como un acto materialmente administrativo. En esa jurisprudencia de observancia obligatoria para los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito de este Decimoctavo Circuito, además, se sostuvo que en cuanto al acto recaudatorio formalmente atribuible a la autoridad municipal competente, si bien es un acto de autoridad, no puede estimarse como materialmente administrativo, dado que no es emitido de manera discrecional, sino en acatamiento a la regulación correspondiente y conforme a la mecánica de cálculo y cobro prevista en el respectivo convenio celebrado entre el Ayuntamiento correspondiente y el organismo público mencionado. Por ende, la eventual falta o insuficiencia de fundamentación y motivación en que pudiera incurrir esa determinación no puede ser materia de complementación en el informe justificado, conforme a lo previsto en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, ni mucho menos que ameritara una ampliación de demanda. Para pronta referencia, se cita el contenido de la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/12 K (10a.), que dice: "ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO. NO LO CONSTITUYE EL COBRO DEL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFECTUADO A TRAVÉS DEL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en las jurisprudencias 2a./J. 71/2018 (10a.) y 2a./J. 112/2006, que los actos que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en relación con la determinación y recaudación del pago de derechos por el servicio de alumbrado público, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque dicho organismo actúa como auxiliar de la administración pública municipal y carece de facultades coercitivas para exigir a una persona el pago de derechos por alumbrado público. Por otra parte, ese Alto Tribunal también ha sostenido que los actos materialmente administrativos a que se refiere el artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, son los emitidos de forma unilateral por un órgano de la administración pública (en los que no tiene intervención el particular y, por tanto, son discrecionales). Con base en lo anterior, el cobro del derecho por el servicio de alumbrado público, efectuado a través del aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, no constituye un acto materialmente administrativo que amerite que la autoridad responsable deba complementar la fundamentación y motivación de su actuación, en observancia a lo previsto en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues si la determinación contenida en el aviso-recibo no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, con mayor razón no puede ser considerado como un acto materialmente administrativo y, por otra parte, en cuanto al acto recaudatorio formalmente atribuible a la autoridad municipal competente, si bien es un acto de autoridad, no puede estimarse como materialmente administrativo, dado que no es emitido de manera discrecional -condición que ha sido definida para efectos de tal categorización, en la jurisprudencia 2a./J. 23/2015 (10a.), sustentada por la misma Segunda Sala del Máximo Tribunal- sino en acatamiento a la regulación correspondiente y conforme a la mecánica de cálculo y cobro prevista en el respectivo convenio celebrado entre el Ayuntamiento correspondiente y el organismo público mencionado; por ende, la eventual falta o insuficiencia de fundamentación y motivación en que pudiera incurrir esa determinación no puede ser materia de complementación en el informe justificado, conforme a lo previsto en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Congreso y Gobernador del Estado de Guanajuato, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Sin perjuicio de lo anterior, debe mencionarse que las leyes no son objeto de prueba. Por tanto, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicadas en el Diario Oficial para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Dicha circunstancia se corrobora con la publicación de la ley impugnada en el Periódico Oficial del Estado. Cobra aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." De igual manera, se cita la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que literalmente dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.- El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Por su parte, la representación del ayuntamiento y el tesorero, ambos de Salamanca, Guanajuato, negaron el acto reclamado. Sin embargo, debe tenerse por cierto el acto que se atribuyó a esas autoridades pues, con base en las constancias exhibidas por la representación de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, se aprecia que ese organismo retuvo una cantidad por concepto de derecho de alumbrado público. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia. Además, el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo, situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 de la ley referida. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Para un mejor entendimiento de este asunto, a continuación se sintetizarán los conceptos de violación que el quejoso hizo valer en su escrito de demanda: Considera que la ley impugnada y el respectivo cobro por concepto de derecho de alumbrado público es contrario a lo previsto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución general. Esto debido a que el Congreso de la Unión es el órgano facultado para establecer contribuciones en materia de energía eléctrica. En consecuencia los congresos locales se encuentran impedidos para legislar sobre energía eléctrica, pues de hacerlo, se invadiría una facultad exclusiva de la federación. Afirma que la inconstitucionalidad planteada contraviene el artículo 115, fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello en virtud de que los Municipios tendrán a su cargo la prestación del servicio de alumbrado público y tendrán derecho a recibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, los cuales, al tener la naturaleza de derechos, deberán ser establecidas en Ley mediante la aprobación de las Legislaturas locales. Para sostener esta afirmación, aduce que, a pesar de que la contribución se le denominó "derecho", materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Ahora bien, esta contribución es violatoria de los principios de legalidad tributaria, ya que no contienen los elementos básicos de las contribuciones, como son el objeto, sujeto, base gravable, tasa o tarifa y la época de pago. Manifiesta que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional en virtud de que para el cobro de los derechos por el servicio de alumbrado público, no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio ni mucho menos al beneficio obtenido por el particular al cual se cobran los citados derechos, toda vez que el Legislador pierde de vista que la prestación del servicio de alumbrado público es un servicio indivisible, respecto del cual no se puede cuantificar su uso, goce o los beneficios derivados del mismo por un contribuyente determinado. Asimismo, afirma que los preceptos reclamados violan el principio de equidad tributaria a que hace alusión el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que el monto a cubrir por la prestación de ese servicio no es igual para todos los usuarios del servicio, sino únicamente para aquellos que son propietarios de predios o que son consumidores de energía eléctrica. Estima que el cobro del derecho de alumbrado público resulta ser inconstitucional en virtud de que para el cobro de los derechos por el servicio de alumbrado público a que hace referencia en ellos, no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio, sino al consumo de energía eléctrica que realiza el contribuyente. Reitera que el cobro de la contribución impugnada es inconstitucional ya que el precepto reclamado obliga únicamente a un tipo de contribuyentes a realizar el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, no obstante que dicho servicio es aprovechado por todos y cada uno de los habitantes del municipio. Considera que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional en virtud de que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, no obstante que estos no tienen el carácter de sujetos de dicha contribución y aun cuando no son necesariamente los beneficiarios del servicio de alumbrado público, son obligados a pagarlo. Afirma que el cobro del derecho de alumbrado público es violatorio a la garantía de legalidad tributaria, toda vez que se establece la obligación de realizar el pago de una contribución, sin que se fije la tasa o la tarifa aplicable para efectos del cálculo de dicha contribución en una Ley en sentido formal y material. Máxime que si bien se establece un porcentaje máximo, la aplicación de este tornaría a los derechos en cuestión en un verdadero impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Considera que en el caso concreto se configuró la figura de la cosa juzgada refleja, en tanto que los actos reclamados que originalmente adujo la quejosa ya fueron decretados inconstitucionales anteriormente (derecho de alumbrado público). 1. El acto de aplicación por del "derecho de alumbrado público" no invade facultades reservadas al Congreso de la Unión A continuación, este juzgador procederá al estudio y análisis del concepto de violación reseñado con el número 1. Dicho argumento resulta infundado en atención a las siguientes consideraciones: Si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el pago del "Derecho de Alumbrado Público", es inconstitucional cuando se toma como base el consumo eléctrico, dicha circunstancia no acontece en el presente asunto. En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal del país sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica. Por tanto, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. Las consideraciones anteriores se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P. 6, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CODIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República". Sin embargo, esa circunstancia no acontece en este asunto. Para ello, es pertinente acudir al procedimiento establecido en los artículos 228-H a 228-L de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato el cual prevé la forma en cómo se obtendrá la tarifa mensual correspondiente al derecho de alumbrado público. Lo anterior, debido a que se encuentran estrechamente relacionados con la materia de la impugnación, al constituir un sistema normativo, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 91/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN, POR CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO. En atención a que la legislación de la materia y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen que el Juez de amparo debe fijar la pretensión fundamental del quejoso y resolver de manera congruente con ello, se considera que cuando el tema esencial de la litis vincula necesariamente el examen de otras disposiciones legales, en virtud de la íntima relación o dependencia que existe entre éstas, por constituir un sistema normativo, lo conducente es que el estudio de constitucionalidad comprenda las normas vinculadas estrechamente dentro del sistema de que se trate, aunque no hubieran sido señaladas expresamente por el quejoso en el escrito de demanda, habida cuenta que de ello depende la posibilidad de emitir un pronunciamiento que resuelva de manera íntegra y congruente lo reclamado, pues lo contrario implicaría una violación al derecho fundamental de administración de justicia completa, sin que ello implique que el juzgador federal pueda variar la litis al introducir al estudio normas -no reclamadas- que no correspondan con la pretensión fundamental del quejoso o que no estén vigentes al momento de la presentación de su demanda, ya que la materia de la impugnación es lo que permite sostener la existencia de una conexión entre diversas disposiciones legales, por contener elementos normativos que se complementan entre sí, lo cual justifica la necesidad de realizar un análisis integral de ese articulado que guarda estrecha relación. Este criterio no implica que quede al arbitrio del juzgador incluir actos no reclamados y que no estén vinculados con la litis, ya que cuando se hace referencia a "sistema normativo", se alude al conjunto de normas que regulan una figura jurídica particular y que están íntimamente relacionadas, de manera que ese sistema no pueda operar sin alguna de ellas". Bajo ese contexto, a continuación se resumirán los elementos que componen a este derecho. Primero, se obtendrá el costo anual global actualizado del alumbrado público. Este concepto será el resultado de la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por ese servicio, actualizadas. El costo anual global general actualizado erogado por el municipio en la prestación de este servicio, se dividirá entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad y el número de predios rústicos y urbanos detectados que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado será dividido entre doce y el importe que resulte de esta operación será el que se cobre en cada recibo que expida la Comisión Federal de Electricidad. En caso de que existan predios rústicos, suburbanos o urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad, también pagarán la tarifa anterior. Con base en lo anterior puede concluirse que el cobro del derecho de alumbrado público no resulta inconstitucional, pues esa contribución no se está calculando con base en la cantidad de que los usuarios registrados de la Comisión Federal de Electricidad pagan por el consumo de energía eléctrica. En todo caso, el convenio suscrito con la Comisión Federal de Electricidad faculta a dicha empresa a retener el pago correspondiente por ese concepto. La afirmación anterior se justifica con el contenido del artículo 115, fracción III, inciso b) y IV, inciso c) de la Constitución general, el cual establece que, las legislaturas de los Estados podrán fijar las contribuciones que correspondan a los municipios por concepto de los servicios que deben prestar (entre los que se encuentra el de alumbrado público). Es decir, el Congreso local tiene facultades para implementar el pago del derecho de alumbrado público. No obstante, la contribución por ese concepto no podrá calcularla con base en el consumo de energía eléctrica de las y los gobernados, pues no existe ninguna relación entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público. De ahí que el acto de cobro del derecho de alumbrado público no se traduzca en una invasión de facultades por parte de las autoridades locales a aquellas que se encuentra reservadas al Congreso de la Unión. Sin que obste la anterior conclusión, el hecho de que en los artículos 51 y 52 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, se estableció como parámetro un porcentaje del consumo de energía eléctrica, pero tal cuestión no constituye la base del tributo sino la forma de calcular un beneficio, que consistirá en que el contribuyente obligado podrá pagar un porcentaje relativo a su consumo de energía si la suma resultante es menor a la tarifa establecida por la ley. Ese beneficio ocasiona que el Municipio no recupere el cien por ciento del costo global del servicio porque, la tarifa resultante para cada uno de los usuarios inscritos en el padrón de la Comisión Federal de Electricidad podría disminuir en razón de su bajo consumo individual de energía eléctrica. Es decir, el precepto reclamado admite la posibilidad de que, si el monto del derecho previamente calculado es superior al tope aludido, el municipio no podrá cobrar sino la cantidad que como máximo resulte de aplicar el porcentaje correspondiente. Esto significa que, en última instancia, a los usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, les será cobrada la cantidad que entre ambas (monto del derecho, o bien, el tope máximo), resulte ser la menor. Por tal motivo -en principio-, se verá disminuido el ingreso del municipio en ese rubro, lo cual ocasionaría que no recuperara la totalidad del costo global generado por la prestación del servicio de alumbrado público. Sin embargo, el faltante en la percepción de ingresos del municipio para cubrir el costo global generado por la prestación del servicio de alumbrado público, con motivo del tope señalado, se recupera con los pagos recibidos por parte de aquellos propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados ante la Comisión, igualmente beneficiados con el servicio prestado por el Municipio. En tales condiciones, lo dispuesto por los artículos 51 y 52 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, no implica una transgresión a la Constitución general. Respecto del tope máximo basado en el consumo de energía eléctrica, este juzgador sostiene que de ninguna manera convierte al derecho mencionado en un impuesto que corresponda a la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, ya que sólo se utiliza para llevar a cabo una comparación entre el monto resultante de calcular la tarifa a pagar conforme al párrafo segundo de dicho precepto y el tope máximo aludido para efectos de precisar la cantidad que habrá de ser pagada con motivo del servicio de alumbrado público prestado por el Municipio. Como se señaló, el tope máximo descrito en la legislación reclamada implica una reducción en el monto definitivo del derecho por la recepción del servicio de alumbrado público que deberán pagar los usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad que consuman una menor cantidad de energía eléctrica de forma individual. Pero esto no implica que la contribución referida se convierta en un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Esto es así, ya que al consumir menos energía eléctrica, si el monto del derecho previamente calculado excede al tope máximo permitido por la legislación que se analiza, esa contribución disminuirá hasta un monto igual al máximo correspondiente. Por otro lado, en caso de que los usuarios consuman mayor fluido eléctrico, si el monto del derecho es inferior al que resulte de aplicar los porcentajes respectivos, solo deberá pagarse aquel, de modo que, en cualquiera de los supuestos señalados, el pago corresponderá al monto que resulte ser menor. Por tanto, el tope máximo contenido no implica que se establezca materialmente un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica ya que, en todo caso, solo sirve como parámetro de reducción del monto definitivo a pagar por el servicio de alumbrado público, a cargo de los usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad. Esto es acorde a lo razonado en la acción de inconstitucionalidad 15/2007, en la cual se analizó la constitucionalidad de la Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, en la cual se sostuvo lo siguiente: ".Cabe señalar en esta parte que, el tope máximo señalado en el párrafo final del artículo 13 impugnado, basado en el consumo de energía eléctrica, en modo alguno convierte al derecho mencionado en un impuesto que corresponda a la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, ya que sólo se utiliza para llevar a cabo una comparación entre el monto resultante de calcular la tarifa a pagar conforme al párrafo segundo de dicho precepto y el tope máximo aludido para efectos de precisar la cantidad que habrá de ser pagada con motivo del servicio de alumbrado público prestado por el Municipio. En efecto, como se señaló antes, el tope máximo descrito significa sólo una reducción en el monto definitivo que por derechos por la recepción del servicio de alumbrado público deberán pagar los usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad que lleven a cabo un menor consumo de energía eléctrica a nivel individual, sin que ello implique que la contribución en comento se convierta en un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Lo anterior es así, porque al realizar un menor consumo de dicha energía, si el monto del derecho previamente calculado resulta ser excedente al tope máximo permitido por el precepto, aquél se verá disminuido hasta un monto igual al máximo correspondiente; en contrapartida, en caso de realizarse un mayor consumo de fluido eléctrico, si el monto del derecho viene a ser inferior al que resulte de aplicar los porcentajes respectivos, sólo deberá pagarse aquél, de modo que en cualquiera de los supuestos señalados, el pago corresponderá al monto que resulte ser menor. En tales condiciones, el tope máximo contenido en el párrafo final del artículo 13 impugnado, no implica que se establezca materialmente un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica ya que, en todo caso, sólo sirve como parámetro de reducción del monto definitivo a pagar por el servicio de alumbrado público, a cargo de los usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad.". Por las consideraciones anteriores, este juzgador sostiene que el derecho de alumbrado público es constitucional. 2. El cobro por concepto de derecho de alumbrado público previsto en la ley reclamada, no es contrario a los principios de legalidad tributaria A continuación, este juzgador analizará los conceptos de violación planteados por la quejosa con los números 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la demanda. Dichos argumentos resultan infundados para conceder el amparo y protección solicitado en atención a lo siguiente: El artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto en nivel federal como local, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad. Estos principios, además de ser derechos fundamentales, enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, las cuales se señalan a continuación: a) Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado. b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios. c) Sólo se pueden crear mediante ley. d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica. e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad. De acuerdo con estas características previstas por la Constitución general, podemos esbozar un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público -normalmente pecuniario- destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza -Federación, Ciudad de México, estados o municipios-, titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Una vez fijado un concepto constitucional de contribución o tributo, tenemos que este se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales. Tales elementos, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Los elementos esenciales de las contribuciones, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en el sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa, y época de pago. Dichos conceptos pueden explicarse de la manera siguiente: a) Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. b) Hecho Imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será lícita su exigencia. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. c) Base Imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. d) Tasa o Tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal, y e) Época de Pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo. Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas, y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como la Ciudad de México y cada estado para sí y para sus municipios, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad. Sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que deben respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies. Una vez sentadas las bases anteriores, cabe señalar que en nivel federal el artículo 2° del Código Fiscal de la Federación, establece la clasificación de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico, distinguiendo cuatro especies del género contribución, a saber: 1.- Impuestos: son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo. 2.- Aportaciones de seguridad social: son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 3.- Contribuciones de mejoras: son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 4.- Derechos: son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Por su parte, el Código Fiscal para el estado de Guanajuato reconoce como ingresos municipales, particularmente en el rubro de contribuciones, a los impuestos, las contribuciones de mejoras y a los derechos, definiendo a estos últimos en su artículo 4, fracción III. De lo expuesto, podemos afirmar que en las contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público, o bien, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación. Mientras que en el caso de los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo. No está por demás agregar que si bien la exigencia de capacidad contributiva es nota de las contribuciones, en el caso de los impuestos, que es su especie más importante, este aspecto cobra mayor relevancia. Al respecto, cabe señalar que el hecho imponible de las contribuciones reviste un carácter especial entre los componentes que integran el tributo. En efecto, este elemento no sólo constituye el presupuesto para el nacimiento de la obligación tributaria, sino que además, sirve como elemento de identificación del tributo, pues en una situación de normalidad evidencia e identifica la categoría de la contribución a la que pertenece. Esta situación de normalidad tiene como presupuesto la congruencia que debe existir entre dicho elemento y la base imponible, ya que mientras el primero ubica la situación, hecho, acto, o actividad denotativa de capacidad contributiva, el segundo representa la magnitud cuantificable de dicha capacidad, erigiéndose en premisa para la determinación en cantidad líquida de la contribución. En este sentido, el hecho imponible otorga efectos jurídicos a la actualización de determinada hipótesis, debido a que la situación, hecho, acto, o actividad constituye un reflejo de la capacidad contributiva del sujeto que actualiza la mencionada hipótesis, y no una consecuencia jurídica derivada de la voluntad del legislador de manera arbitraria. Conforme a los anteriores razonamientos, resulta lógico concluir que el hecho imponible, al referirse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo que lo actualiza, requiere de un elemento adicional para poder concretar el monto de la obligación tributaria. De esta forma, se respeta el derecho de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible. Asimismo, la exigencia de congruencia entre hecho imponible y base, además de ser un requisito de proporcionalidad, es también una cuestión de lógica interna de los tributos, pues de lo contrario existirá imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que efectivamente se regula. Ello inclusive puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa, pues esta puede carecer de facultades constitucionales para gravar tal hecho o acto. En efecto, la distorsión de la relación entre el hecho imponible y la base, normalmente nos llevará a una imprecisión respecto del aspecto objetivo u objeto que pretendió gravar el legislador, pues mientras el hecho imponible atiende a un objeto, la base mide un objeto distinto. Sin embargo, este conflicto debe resolverse atendiendo a la base imponible, pues siendo el tributo una prestación pecuniaria, debe tomarse en cuenta que la base es la que sirve para la determinación pecuniaria del tributo, pues es la medida que representa a la que se aplica la tasa o tarifa, razón por la cual podrá revelarnos el verdadero aspecto objetivo del hecho imponible gravado por el legislador, que se encuentra oculto en la base y que, inclusive, no necesita de la realización del hecho imponible ficticio para materializar el surgimiento de la obligación, lo cual en algunas ocasiones podrá revelarnos que un impuesto grava un objeto diferente al que refiere su hecho imponible o que una contribución es un impuesto o una contribución de mejoras y no un derecho y viceversa. Como se adelantó anteriormente, la contribución prevista en los artículos 228-H a 228-L de la Ley de Hacienda para los Municipios del estado de Guanajuato constituye un derecho. Para explicar esa afirmación, a continuación se resumirán los elementos que componen ese derecho: Sujetos: los usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad, así como los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos en el área territorial municipal, no registrados. Objeto: la prestación del servicio de alumbrado público en las calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común del municipio. Base: el costo anual global actualizado del servicio de alumbrado público, erogado por el municipio. Tarifa (importe): el resultado de dividir el monto correspondiente a la base (costo anual global del servicio de alumbrado público), entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad y el número de predios rústicos y urbanos detectados que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, la tarifa a pagar por ese derecho se plasmó en el artículo 34, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2021; sin embargo, al no existir un agravio expreso en contra de esa cantidad, este órgano jurisdiccional no analizará su constitucionalidad. Época de pago: Para los usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, el monto se pagará en los recibos que emita la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados ante dicha Comisión, pagarán la cantidad resultante mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. Ahora bien, con base en una interpretación conforme al texto constitucional, se infiere que los preceptos analizados de la ley impugnada regulan uno de los denominados "derechos por servicios", pues establece una contribución cuya actualización deriva de la prestación de un servicio por parte del municipio. Ello según se advierte de la redacción del propio artículo, que prevé la obligación de pagar un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes el municipio, entendiéndose por tal servicio, el que el municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. De este modo, se afirma que la contribución analizada constituye un derecho. Debe enfatizarse la dificultad para apreciar la existencia de un servicio de alumbrado público individualizado en un destinatario concreto. Más bien se trata de un servicio con carácter de universal dirigido a los habitantes del municipio, ya que el derecho por servicio es una especie de contribución que tiene su origen en la recepción por parte de los particulares de una actividad del Estado -en este caso del municipio-, por la cual se genera una relación entre sus habitantes obligados al pago y la administración de aquel, que justifica precisamente dicha remuneración por ese concepto. Así, debe estimarse que al quedar fijada la base imponible para calcular dicha contribución conforme al costo global generado por la prestación del servicio otorgado por el ente público (municipio), en efecto se trata de un derecho y no de un impuesto. En ese entendido, en relación con los derechos fiscales, debe tenerse en cuenta que: a) conforme al principio de proporcionalidad tributaria que los rige, este se funda, generalmente, en que el monto de las cuotas o tarifas respectivas guarden una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el ente público (Municipio); b) el costo que para este tenga la ejecución del servicio; y c) la correspondencia entre dicho costo y el monto de la cuota o tarifa no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se otorgan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. De todo lo expuesto, puede advertirse que la ley reclamada regula un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público que lleva a cabo el municipio, cuya cuantificación deberá efectuarse conforme a los términos que ahí se establecen. Esto significa, de acuerdo con una interpretación acorde con el texto constitucional, que debe dividirse el costo global actualizado por la prestación del servicio aludido entre el número de usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad y los propietarios de los predios rústicos o urbanos no registrados. El importe será cobrado en cada recibo expedido por la empresa productiva mencionada y, para el caso de los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados en dicha Comisión, pagarán la cantidad resultante mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. Como ejemplo de aplicación de la contribución en análisis, puede considerarse un municipio que tiene 100,000 habitantes, de los cuales 10,000 se encuentran registrados en la Comisión Federal de Electricidad, y otros son propietarios o poseedores de predios rústicos y urbanos. El costo global por la prestación del servicio es de $100,000.00 (cien mil pesos). Esta cantidad se dividirá entre los 10,000 habitantes registrados ante la Comisión, lo cual arrojará una tarifa (importe) a pagar de $10 (diez pesos). Tal importe se cobrará a los usuarios registrados ante la Comisión, de manera conjunta en el recibo que ésta expida con motivo del cobro por el consumo individual. Ahora bien, los usuarios no registrados ante la Comisión deberán realizar ese pago mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. De este modo, tenemos existe una armonía en los elementos esenciales del tributo relativos a un derecho, con respecto al contenido del artículo reclamado. Al regular que la tarifa correspondiente al servicio de alumbrado público se distribuirá entre los usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad y el número de predios rústicos y urbanos detectados que no estén registrados ante dicha empresa, se establece como magnitud o valor denotativo de capacidad contributiva el costo global originado por la prestación del servicio de alumbrado público a cargo del Municipio. Por tanto, la base del tributo se encuentra relacionada con un hecho imponible que sí responde a una actividad del ente público, que es precisamente la prestación del servicio señalado. En caso de existir un conflicto entre el aspecto objetivo que denota el hecho imponible y el que denota la base para descubrir la verdadera naturaleza de la contribución, se resuelve en favor del contemplado en la base, pues es este elemento el que servirá para el cálculo del tributo. En el caso particular, dicha contribución se liquidará dividiendo el costo global del servicio de alumbrado público entre el número de usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad. Esto es acorde a la jurisprudencia P./J. 2/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos". Con base en lo hasta aquí expuesto, puede afirmarse lo infundado de los argumentos expresados por la quejosa, pues, además de que el Congreso local legisló una contribución en uso de sus facultades residuales, estableció un derecho a favor del municipio por la prestación del servicio de alumbrado público que tiene a su cargo, cumpliendo con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Lo anterior en razón de que, la intención del Congreso local con la mecánica de cálculo descrita en la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato fue que todos los habitantes de ese municipio pagaran por concepto de ese servicio, ya que se benefician del servicio de alumbrado público, cuenten o no con una toma de corriente eléctrica registrada a nivel individual. Por las consideraciones anteriores, este juzgador sostiene que el cobro del derecho de alumbrado público analizado es constitucional por cuanto a los principios de equidad y proporcionalidad. No se pierde de vista el argumento del quejoso en el sentido de que el derecho de alumbrado público impugnado no puede realmente individualizarse, y que por ende, no existiría una proporcionalidad entre la contribución reclamada y el servicio. Sin embargo, tal argumento debe desestimarse pues, como se sostuvo en las líneas que preceden, el derecho de alumbrado público es un servicio universal dirigido a los habitantes del municipio, el cual difícilmente puede ser individualizado en un destinatario concreto. Por esa circunstancia, el Congreso local creó este tributo, dirigido a los habitantes obligados al pago, con base en el costo global generado por la prestación del servicio otorgado por el ente público (municipio). 3. Es infundado el argumento relativo a la cosa juzgada refleja debido al principio de relatividad que rige al juicio de amparo A continuación, este juzgador procederá al estudio y análisis del concepto de violación reseñado con el número 8. Dicho argumento resulta infundado para conceder el amparo y protección de la justicia federal en atención a las siguientes consideraciones: La cosa juzgada refleja, como creación doctrinal y jurisprudencial, opera de manera excepcional cuando no concurren todos los elementos de la cosa juzgada, pero sucede que lo resuelto en un juicio anterior, tiene relevancia en un juicio posterior. De esta forma, el juez debe tener en cuenta el pronunciamiento judicial del primero, porque de no atenderlo, rompería con la autoridad de cosa juzgada que rige en el mismo juicio anterior referido. Esto también obliga al juzgador que conoce del juicio posterior, dado que de no tomar en cuenta los efectos reflejantes, podría afectar la cosa juzgada que inviste a la ejecutoria del juicio previo, y podrían generarse condenas acumulativas o contradictorias en algún aspecto fundamental. Es decir, la cosa juzgada refleja tiene el efecto de obligar al tribunal que conoce del juicio posterior a no resolver sobre lo que ya fue definido judicialmente en el juicio previo. Sin embargo, en el caso, no opera la cosa juzgada refleja que invoca la parte quejosa, pues si bien, otro órgano jurisdiccional declaró la inconstitucionalidad de leyes de ingresos municipales, lo cierto es que el principio de relatividad que rige al juicio de amparo solo protege a la parte quejosa respecto del acto reclamado en ese juicio. Por tanto, si la legislación que aquí se impugna es la Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, para el Ejercicio Fiscal del año 2021, las resoluciones y en su caso, los efectos protectores de otros fallos relacionados, incluso, con las normas mencionadas, o bien diversas relacionadas a otro ejercicio fiscal, no condicionan que este juzgador deba emitir una sentencia en los mismos términos, puesto que se tratan de actos reclamados distintos. En ese sentido, las sentencias emitidas con anterioridad no definen el sentido que debe tener la resolución de este juicio, en razón de que se tratan de actos reclamados diferentes. Sirve de apoyo a este razonamiento, la jurisprudencia P./J. 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Ante lo infundado de los conceptos de violación, este juzgador, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto de las autoridades y los actos reclamados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en autos, quedó firme mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, ordenándose el archivo del mismo; en tal virtud, comuníquese a la parte quejosa que a partir de dicha fecha, cuenta con el término de dos años para que pueda recoger en este órgano jurisdiccional el billete de depósito número N 879799, que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibido para garantizar la suspensión provisional concedida; apercibido que transcurrido dicho plazo, el documento de referencia se hará efectivo a favor del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Comuníquese a la parte quejosa que para la devolución del billete de depósito antes descrito, deberá comparecer personalmente ante este Tribunal Federal, debidamente identificada, en la inteligencia de que dicho documento será entregado únicamente a la referida quejosa; lo anterior, por razón de seguridad para este Juzgado y de garantía para la propia impetrante de amparo. Para llevar a cabo lo anterior, se hace de su conocimiento que, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositió en el que se encuentra el sistema "Agenda OJ", y por medio del cual podrá generar una cita para el acceso a este juzgado federal; asimismo, dicho sistema tiene un proceso automatizado que le otorgará un Código QR, que le permitirá el ingreso al órgano jurisdiccional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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