Jesus Adrian Zarate Sanchez

Expediente 438/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 45 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
438/2020
Año
2020
Actuaciones
45
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Jesus Adrian Zarate Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que ejerció la parte quejosa por conducto de su autorizada en el escrito con folio 25442; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: ". 1. Se le permita a la moral quejosa únicamente respecto al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el reconocimiento de efectos fiscales del fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos; y, 2. De ser procedente, la autoridad fiscal devuelva las cantidades indebidamente pagadas con motivo de la aplicación del artículo 39 último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente lo relacionado al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. En el entendido que la concesión del amparo no alcanza a la prohibición de otorgar efectos fiscales a la revaluación de inventarios, pues esa porción normativa es simétrica y válida, ya que el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que no se consideran ingresos los obtenidos por el contribuyente con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Servicio de Administración Tributaria con residencia en la Ciudad de México, a través del oficio ********************de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, permite a la moral quejosa, únicamente respecto de la declaratoria del impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el reconocimiento de efectos al fenómeno inflacionario que impacta al valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del caso de lo vendido - mediante la actualización de dichos valores hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice-, siempre y cuando de los bienes de referencia y su venta-sea que se venda igual artículo o incorporado en un producto terminado- haya acontecido en ejercicios distintos. Sin que en el caso alcance a la prohibición de otorgar efectos fiscales a la revaluación de inventarios, pues esa porción normativa es simétrica y válida, ya que el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que no se consideran ingresos los obtenidos por el contribuyente con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. Y respecto, de ser procedente, la autoridad fiscal devuelva las cantidades indebidamente pagadas con motivo de la aplicación del artículo 39 último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente lo relacionado al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, indicó que lo anterior, le corresponde a la quejosa acreditar algún saldo a favor, señalando los supuesto que actualiza su devolución para gestionar en su caso ante la autoridad competente para que proceda a su devolución, ya que a la fecha no se acredita. Atendiendo a lo anterior, y a los efectos de la ejecutoria de amparo, por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se dio vista a la quejosa para que manifestara lo correspondiente, quien, por escrito de trece de septiembre de dos mil veintidós precisó que por el momento no solicitara ninguna solicitud de devolución el saldo a favor que se genera respecto a la actualización de sus inventarios, respecto del ejercicio fiscal dos mil diecinueve y, refirió que resulta procedente declarar cumplida la sentencia y por tanto concluido el presente asunto. Constancias las anteriores, con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que se dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al quedar acreditado por la autoridad responsable Servicio de Administración Tributaria con residencia en la Ciudad de México, que por oficio ********************de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, permitió a la moral quejosa, únicamente respecto de la declaratoria del impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el reconocimiento de efectos al fenómeno inflacionario que impacta al valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del caso de lo vendido - mediante la actualización de dichos valores hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice-, siempre y cuando de los bienes de referencia y su venta-sea que se venda igual artículo o incorporado en un producto terminado- haya acontecido en ejercicios distintos. Sin que en el caso alcance a la prohibición de otorgar efectos fiscales a la revaluación de inventarios, pues esa porción normativa es simétrica y válida, ya que el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que no se consideran ingresos los obtenidos por el contribuyente con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. Y respecto, a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas con motivo de la aplicación del artículo 39 último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente lo relacionado al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, indicó que le corresponde a la quejosa acreditar algún saldo a favor, e indicó los supuestos que actualizan su devolución para gestionar en su caso ante la autoridad competente para que proceda a su devolución, ya no se acreditaba. Atendiendo a lo anterior, y a los efectos de la ejecutoria de amparo, y a la vista a la quejosa para que manifestara lo correspondiente, precisó por escrito de trece de septiembre de dos mil veintidós que no solicitaba ninguna solicitud de devolución de saldo a favor que se genera respecto a la actualización de sus inventarios, respecto del ejercicio fiscal dos mil diecinueve y, refirió que resulta procedente declarar cumplida la sentencia y por tanto concluido el presente asunto; tal como se corrobora con las constancias que obran en autos. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable le permita a la moral quejosa únicamente respecto al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el reconocimiento de efectos fiscales del fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos; y, de ser procedente, la autoridad fiscal devuelva las cantidades indebidamente pagadas con motivo de la aplicación del artículo 39 último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente lo relacionado al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. En el entendido que la concesión del amparo no alcanza a la prohibición de otorgar efectos fiscales a la revaluación de inventarios, pues esa porción normativa es simétrica y válida, ya que el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que no se consideran ingresos los obtenidos por el contribuyente con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte y acreditó que la responsable Servicio de Administración Tributaria con residencia en la Ciudad de México, a través del oficio ********************de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, permitió a la moral quejosa, únicamente respecto de la declaratoria del impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el reconocimiento de efectos al fenómeno inflacionario que impacta al valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del caso de lo vendido - mediante la actualización de dichos valores hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice-, siempre y cuando de los bienes de referencia y su venta-sea que se venda igual artículo o incorporado en un producto terminado- haya acontecido en ejercicios distintos. Sin que en el caso alcance a la prohibición de otorgar efectos fiscales a la revaluación de inventarios, pues esa porción normativa es simétrica y válida, ya que el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que no se consideran ingresos los obtenidos por el contribuyente con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. Y respecto, a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas con motivo de la aplicación del artículo 39 último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente lo relacionado al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, indicó que le corresponde a la quejosa acreditar algún saldo a favor, e indicó los supuestos que actualizan su devolución para gestionar en su caso ante la autoridad competente para que proceda a su devolución, ya no se acreditaba. Atendiendo a lo anterior, y a los efectos de la ejecutoria de amparo, y a la vista a la quejosa para que manifestara lo correspondiente, precisó por escrito de trece de septiembre de dos mil veintidós que no solicitaba ninguna solicitud de devolución de saldo a favor que se genera respecto a la actualización de sus inventarios, respecto del ejercicio fiscal dos mil diecinueve y, refirió que resulta procedente declarar cumplida la sentencia y por tanto concluido el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, atendiendo a los efectos de la ejecutoria de amparo, así como a las respuestas emitidas por las autoridades responsables atendiendo a la ejecutoria protectora, además a las propias manifestaciones que vertió la parte quejosa en razón a lo expresado por las autoridades hacendarias responsables, en la que refirió que no solicitara devolución alguna respecto del ejercicio que combatió en el juicio de amparo, aunado a todo ello se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por Karen Rueda Calvo, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual da contestación a la vista ordenado en auto de treinta y uno de agosto del año en curso, solicitando se declare cumplida la ejecutoria. Al respecto, se tiene por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Gabriel Arturo Cárdenas Mateos, Administrador Central de Amparos e Instancias Judiciales en representación de la responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual informa sobre el cumplimiento de ejecutoria y solicita se requiera a la parte quejosa comunique el monto a devolver por parte de la autoridad hacendaria; por lo que se tiene a la responsable comunicando las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que en el término de cinco días contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación respectiva, manifieste lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la citada autoridad oficiante, así también la información solicitada deberá proporcionarla directamente a la autoridad responsable toda vez que es la encargada de efectuar la devolución del numerario correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado este Juzgador acordara lo que en derecho proceda para el debido cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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