Jessica Rosario Garduño Laines

Expediente 731/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 29 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
731/2021
Año
2021
Actuaciones
29
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Jessica Rosario Garduño Laines

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra el acuerdo de tres de agosto actual, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Notifíquese..."

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que el término de veinte días otorgado a la quejosa mediante auto de treinta de junio pasado, para recoger los edictos ordenados a fin de emplazar a la tercera interesada HXMTD CTPROP, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, entregarlos para su publicación y acreditar ante este juzgado su entrega, feneció en su totalidad sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, pues al no concurrir una de las partes al juicio de amparo, se incumple con uno de los requisitos de la demanda de amparo, estipulado en el artículo 108 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 108 fracción II y 63 fracción II, todos de la ley reglamentaria. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, a página 27, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Cabe precisar que el emplazamiento de la tercera interesada está condicionado a que la parte quejosa recoja, pague la publicación de los edictos respectivos y acredite dicha circunstancia ante el órgano jurisdiccional dentro del término otorgado para tal efecto, por haber sido conminada a ello. Además, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional, puesto que de ser así y en caso de resultar sentencia favorable para la parte agraviada, afectaría el derecho subjetivo del cual goza la gobernada, aquí señalada como tercera interesada, con los actos reclamados a las autoridades responsables. Por ello, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la impetrante del amparo, por no comparecer a recoger los edictos, o habiéndolo hecho, no acredite haberlos entregado para su publicación, dentro del término concedido, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio, pues constitucionalmente no es válido que un Tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Lo anterior es así ya que al quedar paralizado el juicio constitucional por no acreditarse el pago y gestiones de la publicación de los edictos a costa de la promovente del juicio constitucional para lograr el emplazamiento del tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, pues entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la propia parte agraviada, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, dado que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos que al respecto señala la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita, tal y como lo ordena el artículo 17 Constitucional, evitándose además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la parte quejosa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia número 2a./J. 108/2010 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 416, tomo XXXII, Agosto de 2010, de registro digital 164074 que establece: "EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Lo anterior en atención a que en el presente asunto la quejosa si bien manifestó encontrarse en imposibilidad para cubrir los gastos de la publicación de los edictos ordenados, empero, lo realizó de forma extemporánea al plazo que se le concedió para tal efecto y sin acompañar medio probatorio alguno que permitiera corroborar, incluso de forma indiciaria, ser de escasos recursos, como se indicó en el acuerdo de treinta de junio de este año; por el contrario, ésta estuvo representada por licenciados en derecho particulares, lo que permite válidamente inferir que cuenta con la solvencia suficiente para pagar por sus servicios; de ahí que pueda presumirse que sí cuenta con los medios suficientes para efectuar el pago de los edictos en cuestión. Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional prevista para nueve horas con veinticinco minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado. Notifíquese por lista a la quejosa virtud de lo ordenado en auto de trece de junio de dos mil veintidós. Así lo proveyó Erik Juárez Olvera, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistido del secretario Ángel Abinadi Arreola Yáñez, quien da fe.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para el día de hoy; sin embargo, no es posible celebrarla en virtud de estar transcurriendo el término de veinte días concedido a la quejosa para recoger los edictos puestos a su disposición por auto de treinta de junio de dos mil veintidós, a fin de lograr el emplazamiento a la tercera interesada... En consecuencia, se difiere la audiencia en mención y en su lugar se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese. Pamm

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que manifestara la imposibilidad económica que tuviera para cubrir los gastos relativos a la publicación de edictos con el objetivo de poder emplazar a la tercera interesada HXMTD CTPROP, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y ofertara las pruebas con que acreditaran dicha insolvencia, sin que lo hubiera realizado en el término concedido para tal efecto. En ese orden de ideas, dado que fueron agotados todos los medios para localizar a la citada tercera interesada, sin obtener resultado favorable; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós; y, a fin de respetar el derecho inherente a la tercera interesada como parte en el presente juicio de amparo, para que esté en posibilidad de ejercer su derecho procesal y de hacer eficaz la defensa de sus intereses; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a la tercera interesada HXMTD CTPROP, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por edictos a costa de la parte quejosa, en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, de conformidad con su numeral 2°. Así, éstos deberán publicarse de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tres veces, de siete en siete días hábiles, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, a fin de hacer del conocimiento a HXMTD CTPROP, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, que dentro del término de treinta días contados al siguiente de la última publicación, deberá personarse al juicio de amparo 731/2021-VI, promovido por Jessica Rosario Garduño Laines, contra actos de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco; con el apercibimiento que de no comparecer por sí o por medio de su representante legal, se tendrá por hecho el emplazamiento; además, se le hace saber que deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este Órgano de Control Constitucional (Naucalpan de Juárez), bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término de tres días siguientes a aquél en que se tenga por hecho el emplazamiento, se le hará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, de conformidad con los artículos 26, fracción III 27, fracción III, ambos de la citada Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dígase a la parte quejosa que están a su disposición en este Juzgado los edictos ordenados; y se le requiere para que dentro del plazo de veinte días siguientes contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído se constituya en el local de este Juzgado a recoger dichos edictos, realice su publicación y acredite haber efectuado la entrega ante este órgano, esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos; con el apercibimiento que de no acreditar haber entregado para su publicación los edictos referidos dentro del término antes precisado, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio. Por otro lado, agréguese el escrito del autorizado de la parte quejosa, por medio del cual manifiesta que la quejosa no cuenta con los recursos económicos para sufragar el costo de la publicación de los edictos ordenados por este juzgado y pide que se solicite al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe en relación al salario de cotización de la solicitante de amparo a fin de poder demostrar su dicho. Al respecto, dígase al promovente que no ha lugar a tener por realizadas dichas manifestaciones pues las vierte fuera del término que le fue concedido para tal efecto, dado que su ocurso fue presentado hasta el veintinueve de junio actual, como se hace constar en el sello de la oficialía de partes, mientras que el plazo feneció el veintiocho de los corrientes. Aunado a que, aun cuando se consideraran dichas aseveraciones serían insuficientes para que el costo de los edictos de trato sea cubierto por el Consejo de la Judicatura Federal, pues no se advierte la imposibilidad de la quejosa para pagarlos por carecer de recursos económicos, ya que únicamente vertió manifestaciones en el sentido de carecer de ingresos suficientes; sin embargo, no adjuntó al referido documento algún medio probatorio que permitiera corroborar, incluso de forma indiciaria, sus aseveraciones. En cuanto al tema en estudio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado criterio en el sentido de que únicamente puede ordenarse la publicación de edictos sin costo para la parte quejosa cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el quejoso sea de escasos recursos. Entendiéndose el término "escasos recursos", como un concepto dinámico que debe ser interpretado en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza; b) Que el peticionario del amparo manifieste lo que a su interés convenga; c) Que el quejoso demuestre que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal; y, d) Que el quejoso acredite su condición de escasos recursos, para lo cual podrá presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Criterio contenido en la tesis publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo II, libro 16, marzo de 2015, materia común, página 1110, que enseguida se transcribe: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso." En el caso concreto, la quejosa no cumplió con la totalidad de los requisitos señalados por la Primera Sala de nuestro más alto tribunal para que el suscrito pueda ordenar la publicación de edictos para emplazar a la tercera interesada a costa del Consejo de la Judicatura Federal, pues no demostró con medio de convicción idóneo ser de escasos recursos, ya que sólo expresó en su escrito lo antes aludido, sin que se exhibiera algún tipo de prueba con lo cual acreditara su dicho. No se desatiende que se solicitó a este juzgado requerir al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe en relación al salario de cotización de la solicitante de amparo a fin de poder demostrar su imposibilidad económica; empero, como se estableció dicha solicitud deviene extemporánea al no ser presentada dentro del término concedido para tal efecto y, por otro lado, no se advierte imposibilidad para que ese mismo informe fuera solicitado por la peticionaria de amparo a la autoridad correspondiente. De ahí que al no quedar demostrado que la impetrante está impedida para realizar el pago de las publicaciones de edictos ordenadas en autos, es que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes en el sentido de que se encuentran a su cargo el pago de la publicación de los edictos para poder emplazar a la parte tercera interesada. Sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 3/2014 (10a.), de la Décima Época, número de Registro: 2006231, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página: 727, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS" Notifíquese por lista a la parte quejosa virtud de lo ordenado en auto de trece de junio de dos mil veintidós.

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