Jessica López Lozada
Expediente 125/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jessica López Lozada
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese la razón suscrita por el Actuario Judicial adscrito, de la que se advierte que no le fue posible notificar a la promovente ********************el proveído de quince de febrero del presente año, por los motivos que expone; por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, notifíquese mediante la lista que se publica en los estrados de este juzgado la determinación en mención, así como el presente proveído. En el entendido que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán a la parte quejosa por el mismo medio hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez, Estado de México) o en su zona conurbada (Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y Tlalnepantla), o bien, designe de manera expresa un usuario para recibir notificaciones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea). Notifíquese por lista a la parte quejosa la presente determinación, así como la diversa de quince de febrero de dos mil veintitrés. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, mediante el cual comunica que el nueve de septiembre de dos mil veintidós, ordenó girar el oficio con identificación 2061/94/2023 al Vicepresidente de la Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que, atento a la solicitud del actor, informe los números de cuentas, saldos y el nombre de las instituciones bancarias que se encuentran registradas a nombre de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mismo que fue enviado el catorce de febrero de dos mil veintitrés a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA). De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta. Ahora bien, se destaca que la responsable procedió a remitir la misiva respecto a la omisión que aquí reclamó de manera destacada la parte quejosa; lo que materializó a través del envió del oficio con identificación 2061/94/2023 el catorce de febrero de dos mil veintitrés; por lo tanto, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior, pues cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues su actualización es indudable; y, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". Además, la presente determinación, abona a la impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Así, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados: a) Violación al Derecho Humano de Tutela Jurisdiccional y al Derecho Humano de Acceso a la Impartición de Justicia consagrados en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Violación al Derecho Humano del Debido Proceso, Legalidad y Seguridad Jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de nuestra Ley Suprema. c) La omisión por parte de la autoridad responsable al ser omisa en girar los oficios correspondientes solicitados, mediante requerimiento de pago y embargo. d) Las dilaciones y omisiones subsecuentes a las reclamadas, por inminentes, porque el producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación de juicio, es ineludible que se ya no se desarrolla con prontitud. e) La inactividad procesal por parte de la autoridad responsable. Ahora bien, de acuerdo a las constancias remitas por la autoridad en cita, dicho acto dejó de existir, pues atento a la determinación de nueve de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente J.8/946/2013 interpuesto por Jessica López Lozada, procedió al envío del referido oficio con identificación 2061/94/2023 el catorce de febrero de dos mil veintitrés. Lo anterior, pues resulta relevante precisar que respecto a la omisión que le fue atribuida, el catorce de febrero de dos mil veintitrés remitió la referida misiva; por tanto, con el envío de aquélla, cesó la omisión que reclama la parte quejosa y, que en su momento, originó el presente juicio de amparo. Ahora bien, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional en el que concluye la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera de derechos del gobernado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión u omisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció, o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del gobernado, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no conforme al pronunciamiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 9/982, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De lo narrado anteriormente, se pone de manifiesto que cesaron los efectos de la omisión reprochada; de ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó al gobernado en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión del promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que es innecesario dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la responsable a efecto de que formule ampliación de demanda contra el auto nueve de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente J.8/946/201, pues incluso fue dictado con antelación a la presentación de la demanda de amparo, aunado a que no es el motivo de agravio de la parte quejosa, toda vez que el que propiamente constituye el acto reclamado, es la omisión de girar el oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valor, lo que se reitera, ya se materializó el catorce de este mes; en tanto que dicha actuación se encuentra regulada por los artículos 14 y 17 Constitucionales, así como como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; de ahí que, no se pueda reclamar de forma autónoma como una violación al derecho de petición conforme al artículo 8° de la Carta Magna y, por ende, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a otorgar la posibilidad de que amplíe la demanda respecto de la determinación asumida por la autoridad responsable en un procedimiento jurisdiccional. Afirma lo relatado, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), registro 2008884, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, de rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA." No se inadvierte los actos que el quejoso precisó en los demás incisos del capítulo que así denominó en su demanda; sin embargo, tal dilación procedimental la hace depender de la propia omisión de girar el oficio al que se hizo referencia en párrafos que anteceden, es decir, la transgresión a lo establecido en el numeral 17 constitucional, obedece a la omisión reclamada de manera destacada. En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas con treinta minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, mediante el cual comunica que el nueve de septiembre de dos mil veintidós, ordenó girar el oficio con identificación 2061/94/2023 al Vicepresidente de la Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que, atento a la solicitud del actor, informe los números de cuentas, saldos y el nombre de las instituciones bancarias que se encuentran registradas a nombre de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mismo que fue enviado el catorce de febrero de dos mil veintitrés a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA). De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta. Ahora bien, se destaca que la responsable procedió a remitir la misiva respecto a la omisión que aquí reclamó de manera destacada la parte quejosa; lo que materializó a través del envió del oficio con identificación 2061/94/2023 el catorce de febrero de dos mil veintitrés; por lo tanto, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior, pues cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues su actualización es indudable; y, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". Además, la presente determinación, abona a la impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Así, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados: a) Violación al Derecho Humano de Tutela Jurisdiccional y al Derecho Humano de Acceso a la Impartición de Justicia consagrados en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Violación al Derecho Humano del Debido Proceso, Legalidad y Seguridad Jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de nuestra Ley Suprema. c) La omisión por parte de la autoridad responsable al ser omisa en girar los oficios correspondientes solicitados, mediante requerimiento de pago y embargo. d) Las dilaciones y omisiones subsecuentes a las reclamadas, por inminentes, porque el producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación de juicio, es ineludible que se ya no se desarrolla con prontitud. e) La inactividad procesal por parte de la autoridad responsable. Ahora bien, de acuerdo a las constancias remitas por la autoridad en cita, dicho acto dejó de existir, pues atento a la determinación de nueve de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente J.8/946/2013 interpuesto por Jessica López Lozada, procedió al envío del referido oficio con identificación 2061/94/2023 el catorce de febrero de dos mil veintitrés. Lo anterior, pues resulta relevante precisar que respecto a la omisión que le fue atribuida, el catorce de febrero de dos mil veintitrés remitió la referida misiva; por tanto, con el envío de aquélla, cesó la omisión que reclama la parte quejosa y, que en su momento, originó el presente juicio de amparo. Ahora bien, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional en el que concluye la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera de derechos del gobernado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión u omisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció, o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del gobernado, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no conforme al pronunciamiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 9/982, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De lo narrado anteriormente, se pone de manifiesto que cesaron los efectos de la omisión reprochada; de ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó al gobernado en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión del promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que es innecesario dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la responsable a efecto de que formule ampliación de demanda contra el auto nueve de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente J.8/946/201, pues incluso fue dictado con antelación a la presentación de la demanda de amparo, aunado a que no es el motivo de agravio de la parte quejosa, toda vez que el que propiamente constituye el acto reclamado, es la omisión de girar el oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valor, lo que se reitera, ya se materializó el catorce de este mes; en tanto que dicha actuación se encuentra regulada por los artículos 14 y 17 Constitucionales, así como como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; de ahí que, no se pueda reclamar de forma autónoma como una violación al derecho de petición conforme al artículo 8° de la Carta Magna y, por ende, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a otorgar la posibilidad de que amplíe la demanda respecto de la determinación asumida por la autoridad responsable en un procedimiento jurisdiccional. Afirma lo relatado, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), registro 2008884, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, de rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA." No se inadvierte los actos que el quejoso precisó en los demás incisos del capítulo que así denominó en su demanda; sin embargo, tal dilación procedimental la hace depender de la propia omisión de girar el oficio al que se hizo referencia en párrafos que anteceden, es decir, la transgresión a lo establecido en el numeral 17 constitucional, obedece a la omisión reclamada de manera destacada. En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas con treinta minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda signada por Jessica López Lozada, por derecho propio, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo; fórmese el expediente relativo con el número 125/2023-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No ha lugar a tramitar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dése intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con treinta minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia constitucional a través de videoconferencia, para lo cual es necesario que manifiesten su voluntad de manera previa, por lo menos con tres días de anticipación, a la fecha señalada para tal efecto. REQUERIMIENTO A AUTORIDAD Con apoyo en los artículos 61, 64, 115 y 117 de la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable lo siguiente: 1) Rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita, debiendo acompañar copia certificada, legible, completa y ordenada en forma cronológica de las constancias necesarias para apoyarlo. 2) Exprese si se ha promovido algún juicio de amparo contra el mismo acto reclamado que son materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberán proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró; lo anterior, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3) En caso de que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberá informarlo de inmediato y de ser posible acompañar las constancias que lo acredite. Con el apercibimiento que de ser omisa, se le impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 260, fracción II y 251, del ordenamiento invocado. NOTIFICACION A LA AUTORIDAD Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a la autoridad responsable. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de este municipio, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, asimismo se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a las persona que indica. Con relación al número telefónico que proporciona, se tiene por señalado a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. Sin que haya lugar a tener como prueba todo lo actuado en el expediente ********************del índice de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, atendiendo a que no lo adjuntó; sin embargo, una vez que la responsable rinda su informe con justificación y envíe las constancias relativas al acto reclamado se acordará lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, por lista a la parte quejosa, personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a la autoridad responsable.
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