Jessica Sánchez Lozano

Expediente 1265/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1265/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Jessica Sánchez Lozano
  • Jessica Sánchez Lozano y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia; con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audienci, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa..."

  2. Principal

    se ingresa al SISE, la notificación por lista a la tercero interesada de la determinación de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el juzgado de mi adscripción, al no haberse presentado al local del juzgado la parte citada dentro del término indicado a recibir la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo Vigente. Doy fe.Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de la quejosa Jessica Sánchez Lozano, por derecho propio y en representación del menor de identidad reservada de iniciales N.A.D.S., mediante el cual hace del conocimiento a este juzgado de distrito, que las partes del juicio de origen, llegaron a un convenio celebrado en el Juicio de Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, expediente 2027/2019, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México -aquí autoridad responsable- y, por ende, solicita se decrete el sobreseimiento de este sumario, exhibiendo para tal efecto, copia simple de la audiencia celebrada el once de noviembre del año en curso. Asimismo, agréguense las constancias provenientes del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, con evidencia criptográfica de la auxiliar y jueza adscritas a dicho órgano jurisdiccional, relativas a la audiencia principal celebrada el once de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente 2027/2019 de su índice, de las que se advierte que dado que las partes llegaron a un convenio, se elevó el consenso a la categoría de cosa juzgada y, por tanto, se archivó ese asunto. Ahora, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado: la negativa de escucha del menor en términos de lo ordenado en acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós. Por tanto, respecto a dicho acto reclamado se advierte oficiosamente que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos jurídicos de la determinacion de la que de manera destacada se duele la parte impetrante, pues de las constancias que remitió dicha responsable, se advierte que en lo sustancial que las partes acudieron ante el juzgado de origen para conciliar en diligencia formal, en la que manifestaron estar de acuerdo en tal acto procesal para firmar un convenio con el que darían por concluida la controversia relativa al expediente 2027/2019 de su índice. En consecuencia, se aprobó dicho consenso, quedando las partes obligadas a cumplir las condiciones estipuladas, toda vez que el mismo constituye la verdad legal con efectos de una sentencia ejecutoriada; dejando, como consecuencia jurídica inmediata, sin efectos las medidas decretadas en autos y, por tanto, ordenó archivar el asunto como totalmente concluido. Ahora bien, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional en el que concluye la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera de derechos del gobernado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión u omisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció, o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del gobernado, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 9/98, registro 196820, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De lo narrado anteriormente se pone de manifiesto que cesaron los efectos del acuerdo reprochado, porque la autoridad responsable el once de noviembre de dos mil veintidós, elevó a cosa juzgada el convenio suscrito por las partes, ordenando el archivo del expediente de origen; de ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó a la gobernada en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. Es aplicable a lo anterior la tesis con número de registro 241713, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 64, Cuarta Parte, página 23, Séptima Época, Materias(s): Civil, de rubro y texto siguiente: "CONVENIO CON FUERZA DE SENTENCIA EJECUTORIA QUE DEJA AL ACTO RECLAMADO SIN EFECTO. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. En los términos del artículo 2953 del Código Civil, "La transacción tiene respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada..."; y a su vez, el artículo 533 del Código de Procedimientos Civiles estatuye que: "todo lo que en este capítulo (de la vía de apremio) se dispone respecto de la sentencia, comprende las transacciones, convenios judiciales y los laudos que ponen fin a los juicios arbitrales". Por tanto, los convenios judiciales con los que las partes concluyen una controversia son equiparados por el derecho sustantivo y por el procesal a las sentencias ejecutorias siempre y cuando hayan sido judicialmente aprobados y elevados a esa categoría. Atendiendo a estas consideraciones, es inconcuso que cesan los efectos del acto reclamado, si las partes en convenio judicial expresamente transigen con respecto a lo resuelto en aquél; consecuentemente, es este convenio judicial el que a partir de su celebración, obliga jurídicamente a las partes, si las mismas estuvieron anuentes en otorgarle la misma fuerza de la de una sentencia ejecutoria, y así fue acordado por el Juez del conocimiento. Por voluntad expresa de los firmantes, la sentencia del tribunal de alzada deja, por tanto, de surtir sus efectos jurídicos, al modificarse en el convenio lo resuelto en aquélla; surtiéndose, por ende, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. Sin soslayar que la responsable no ha rendido su informe justificado; sin embargo, continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión de la promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas con veinticinco minutos del uno de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y al tercero interesado Néstor Adrián...; vía electrónica a la parte quejosa y a la asesora jurídica federal adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de la quejosa Jessica Sánchez Lozano, por derecho propio y en representación del menor de identidad reservada de iniciales N.A.D.S., mediante el cual hace del conocimiento a este juzgado de distrito, que las partes del juicio de origen, llegaron a un convenio celebrado en el Juicio de Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, expediente 2027/2019, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México -aquí autoridad responsable- y, por ende, solicita se decrete el sobreseimiento de este sumario, exhibiendo para tal efecto, copia simple de la audiencia celebrada el once de noviembre del año en curso. Asimismo, agréguense las constancias provenientes del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, con evidencia criptográfica de la auxiliar y jueza adscritas a dicho órgano jurisdiccional, relativas a la audiencia principal celebrada el once de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente 2027/2019 de su índice, de las que se advierte que dado que las partes llegaron a un convenio, se elevó el consenso a la categoría de cosa juzgada y, por tanto, se archivó ese asunto. Ahora, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado: la negativa de escucha del menor en términos de lo ordenado en acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós. Por tanto, respecto a dicho acto reclamado se advierte oficiosamente que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos jurídicos de la determinacion de la que de manera destacada se duele la parte impetrante, pues de las constancias que remitió dicha responsable, se advierte que en lo sustancial que las partes acudieron ante el juzgado de origen para conciliar en diligencia formal, en la que manifestaron estar de acuerdo en tal acto procesal para firmar un convenio con el que darían por concluida la controversia relativa al expediente 2027/2019 de su índice. En consecuencia, se aprobó dicho consenso, quedando las partes obligadas a cumplir las condiciones estipuladas, toda vez que el mismo constituye la verdad legal con efectos de una sentencia ejecutoriada; dejando, como consecuencia jurídica inmediata, sin efectos las medidas decretadas en autos y, por tanto, ordenó archivar el asunto como totalmente concluido. Ahora bien, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional en el que concluye la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera de derechos del gobernado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión u omisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció, o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del gobernado, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 9/98, registro 196820, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De lo narrado anteriormente se pone de manifiesto que cesaron los efectos del acuerdo reprochado, porque la autoridad responsable el once de noviembre de dos mil veintidós, elevó a cosa juzgada el convenio suscrito por las partes, ordenando el archivo del expediente de origen; de ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó a la gobernada en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. Es aplicable a lo anterior la tesis con número de registro 241713, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 64, Cuarta Parte, página 23, Séptima Época, Materias(s): Civil, de rubro y texto siguiente: "CONVENIO CON FUERZA DE SENTENCIA EJECUTORIA QUE DEJA AL ACTO RECLAMADO SIN EFECTO. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. En los términos del artículo 2953 del Código Civil, "La transacción tiene respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada..."; y a su vez, el artículo 533 del Código de Procedimientos Civiles estatuye que: "todo lo que en este capítulo (de la vía de apremio) se dispone respecto de la sentencia, comprende las transacciones, convenios judiciales y los laudos que ponen fin a los juicios arbitrales". Por tanto, los convenios judiciales con los que las partes concluyen una controversia son equiparados por el derecho sustantivo y por el procesal a las sentencias ejecutorias siempre y cuando hayan sido judicialmente aprobados y elevados a esa categoría. Atendiendo a estas consideraciones, es inconcuso que cesan los efectos del acto reclamado, si las partes en convenio judicial expresamente transigen con respecto a lo resuelto en aquél; consecuentemente, es este convenio judicial el que a partir de su celebración, obliga jurídicamente a las partes, si las mismas estuvieron anuentes en otorgarle la misma fuerza de la de una sentencia ejecutoria, y así fue acordado por el Juez del conocimiento. Por voluntad expresa de los firmantes, la sentencia del tribunal de alzada deja, por tanto, de surtir sus efectos jurídicos, al modificarse en el convenio lo resuelto en aquélla; surtiéndose, por ende, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. Sin soslayar que la responsable no ha rendido su informe justificado; sin embargo, continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión de la promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas con veinticinco minutos del uno de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y al tercero interesado Néstor Adrián...; vía electrónica a la parte quejosa y a la asesora jurídica federal adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense el escrito de Wendy..., en su carácter de asesora jurídica federal adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, del Poder Judicial de la Federación, por medio del cual en base a la designación que adjuntó, comparece a aceptar y protestar el cargo como representante especial de la menor de identidad reservada con iniciales N.A.D.S. En esas condiciones, se tiene a la asesora jurídica compareciendo a protestar y aceptar el cargo conferido. Asimismo, se autoriza a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio a los usuarios WENVAESAJF y CAROLINAELIZABET; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx y en el cual podrá consultar la demanda, así como todas las constancias que integran el juicio de amparo. Asimismo, no obstante que señala un domicilio, por así solicitarlo expresamente, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto de los usuarios "WENVAESAJF" y "CAROLINAELIZABET"; en el entendido que la promovente queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. En el entendido que si bien señala dos usuarios, desde este momento se precisa que las notificaciones se le tendrán por hechas a partir de la primera consulta o que el sistema electrónico genere la constancia ante su falta de consulta, de conformidad a lo previsto en el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General 21/2020. Con relación a los correos electrónicos y número de telefónico que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Notifíquese.

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