Jenny Jackeline Flores Rodríguez

Expediente 463/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
463/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • Jenny Jackeline Flores Rodríguez
  • Secretario de Educación en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Vista la certificación que antecede, así como de una consulta al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) -herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales-, se advierte que el cuatro de octubre del dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia. En ese contexto, se tiene que no obra constancia de que la totalidad de las autoridades responsables foráneas, hayan sido notificadas de la sentencia que determinó sobreseer en el juicio de amparo. No obstante lo anterior, se está en condiciones de emitir el pronunciamiento que legalmente procede y que es relativo a causar ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo; lo anterior, porque en términos del artículo 87 de la Ley de amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; y, es el caso, que en el presente asunto, se sobreseyó en el juicio porque cesaron los efectos del acto reclamado. Sentencia causa ejecutoria. En ese sentido, y vista la certificación que antecede, se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de marzo de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Se reenvían oficios. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no obran los oficios 23860/2021, 23861/2021, 23862/2021 y 23863/2021, relativos a la sentencia dictada el cuatro de octubre del dos mil veintidós, dirigidos a las autoridades responsables "COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DELEGACION ZITÁCUARO, MICHOACÁN"; "JEFE DEL SECTOR 014 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO CON SEDE EN ZITÁCUARO, MICHOACÁN"; "SUPERVISOR ESCOLAR NÚMERO 070 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION EN EL ESTADO, CON SEDE EN ZITÁCUARO, MICHOACÁN"; y, "DIRECTOR DEL JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL CARRILLO AYALA" CCT16DJN2044STURNO MATUTINO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN". Por tanto, en obvio de mayor dilación procesal, mediante oficios que al efecto se libren, se comisiona a uno de los actuarios judiciales adscritos, para el efecto de que reenvíe los citados oficios, por medio de correo electrónico, para lo cual deberá dejar constancia en autos de su envío y confirmar su recepción; y, sólo en el caso de que ello sea imposible, los remita vía mensajería acelerada "ESTAFETA", debiendo agregar la constancia correspondiente en los expedientes impreso y electrónico. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 463/2021. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, Jenny Jackeline Flores Rodríguez solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad que estimó violatorios de los artículos 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado el conocimiento del asunto; y, por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos atribuidos a autoridades con residencia en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados, mismos que se desprenden del análisis integral de la demanda de amparo. La omisión de dar respuesta al escrito presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno y su consecuente notificación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El apoderado del Secretario de Educación en el Estado, negó la existencia del acto que se le reclama. Para sostener la negativa expresada, al rendir el informe justificado manifestó que se dio respuesta a la quejosa a través del oficio SG/CJEE/EJSEE/0938/2021, notificado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, lo que se corrobora con los anexos que allegó junto con su informe justificado, a los que se les concede pleno valor probatorio de conformidad a lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de las constancias de autos se advierte, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, la quejosa presentó demanda de amparo en la que reclama de la responsable antes aludida, la omisión de dar respuesta a su escrito de petición de siete de mayo de dos mil veintiuno y su notificación, Sin embargo, de acuerdo a las constancias remitidas por la responsable -como ya se dijo- se advierte que, el veinte de mayo de dos mil veintiuno contestó la petición de la quejosa, lo que hizo mediante oficio número SG/CJEE/EJSEE/0938/2021, cuyo contenido le fue notificado a través de su autorizado el veintiuno de mayo siguiente. En efecto, en dicho comunicado se observa que la citada responsable le comunicó que de conformidad al numeral 1.1.2 del Manual de Organización de la Secretaría de Educación, corresponde a la Dirección de Educación Elemental dar dar respuesta a su solicitud. Entonces, si con anterioridad a la presentación del libelo constitucional se dio respuesta a la petición formulada por la quejosa, indudablemente el acto reclamado a esta autoridad no existe. Ello es así, dado que el juicio de amparo no puede ocuparse de actos que al momento de la presentación de la demanda no existan, es decir, en términos del artículo 1º de la Ley de la Materia, el juicio biinstancial procede contra actos existentes y concretos. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 12 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que señala: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". No se inadvierte que la notificación fue practicada el mismo día en que se presentó la demanda de amparo; sin embargo, para el sentido en que se resuelve, resulta ser preponderante el que la respuesta se haya emitido con anterioridad, al margen de su notificación. Máxime, a través del presente juicio de amparo, tuvo oportuno conocimiento e incluso, de manera expresa dijo no ser su deseo ampliar la demanda de amparo. Por otra parte, es cierto el acto reclamado a la Directora del Jardín de Niños "Miguel Carrillo Ayala", con clave 16DJN20445 de Zitácuaro, Michoacán. Luego, las autoridades responsables SUBDIRECCIÓN DE EDUCACION PREESCOLAR DE LA SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO; COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DELEGACIÓN ZITÁCUARO, MICHOACÁN; SUPERVISOR ESCOLAR NÚMERO 070 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO, CON SEDE EN ZITÁCUARO, MICHOACÁN; y, JEFE DEL SECTOR 014 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO, CON SEDE EN ZITÁCUARO, MICHOACÁN, fueron omisas en rendir su informe justificado que les correspondía, no obstante encontrarse legalmente notificadas para ello; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama. Al margen de lo anterior, se desvirtúa la certeza y presunción de certeza de dichas autoridades responsables y debe tenerse por inexistente el acto reclamado. Para sustento de lo anterior, se retoma el informe justificado que rindió el apoderado del Secretario de Educación en el Estado, del que se aprecia que a través del oficio SG/CJEE/EJSEE/0938/2021, de veinte de mayo de dos mil veintiuno, notificado el veintiuno siguiente, dio respuesta a la quejosa, en sentido de que de conformidad al numeral 1.1.2 del Manual de Organización de la Secretaría de Educación; corresponde a la Dirección de Educación Elemental dar respuesta a su solicitud; y, respecto de quien la quejosa optó por no ampliar su demanda. Entonces, es claro que no corresponde dar respuesta a las responsables antes citadas con antelación; por tanto, no queda más que tener por inexistente el acto que a éstas responsables se les reclama. De ahí que, en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Jefe del Departamento de Normatividad de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad; al rendir su informe justificado manifestó ser cierto el acto que se le reclama. Sin embargo, de las constancias que anexó se advierte que, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, contestó la petición de la quejosa, lo que hizo mediante oficio SE/SA/DGPN/SP/DN/1133/2021. Las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe, adquieren pleno valor en términos del artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se advierte de su numeral 2º. QUINTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos de la omisión reclamada, respecto del acto reclamado al Jefe del Departamento de Normatividad de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad. El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." De la interpretación del artículo señalado, así como de lo establecido por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la referida causa de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado y sus efectos quedan destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si se hubiera restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la trasgresión constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en los siguientes criterios: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". En el caso, la quejosa reclama la omisión de dar contestación a su escrito presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno y su consecuente notificación, mediante el cual solicitó se le informara lo referente a la impugnación del oficio SEE/SEB/DEE/28814BIS/19, así como la constancia de liberación. Sin embargo, la referida autoridad responsable acreditó que el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, contestó la petición de la quejosa, lo que hizo mediante oficio SE/SA/DGPN/SP/DN/1133/2021. Respuesta que si bien es cierto, no se aprecia notificada a la quejosa, también lo es que sí tuvo conocimiento de ella, ya que se le dio vista el quince de junio de la anualidad que transcurre, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, a lo que expresamente manifestó su deseo de no ampliar la demanda de que se trata respecto del oficio antes mencionado. En ese contexto, si consta que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhibió la respuesta a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo; la cual conoció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, a razón de la vista que éste órgano jurisdiccional le dio con motivo de la vista que se le dio del informe justificado; pero más aún, cuando fue requerida y optó por no ampliar su demanda respecto de la respuesta; por ende, es dable concluir que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Dicho de otra manera, los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, el criterio de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.". En las relatadas condiciones, al haber cesado la omisión reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, lo que hace procedente sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Se precisa que dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que el mismo constituye el problema de fondo, atento a la jurisprudencia número V.2º. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Luego, no se soslaya que la fiscal adscrita a este órgano jurisdiccional formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Se cita la Jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 463/2021, promovido por Jenny Jackeline Flores Rodríguez, por las autoridades y acto precisado en el considerando segundo; por las razones y fundamentos expresados en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: Diferimiento audiencia constitucional. Visto el estado de autos, específicamente de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que debe mediar entre la notificación del informe a las partes y la audiencia constitucional, de conformidad con previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, se difiere el desahogo de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

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