Jazmín Alejandra Barajas Valencia
Expediente 337/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jazmín Alejandra Barajas Valencia
- H. Ayuntamiento de Zamora, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. Del estado que guardan los autos, específicamente de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Jazmín Alejandra Barajas Valencia; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 y 21 inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14, 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso C) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión y su duplicado son susceptibles de DESTRUCCIÓN. Destino del original del incidente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Destino del duplicado. Por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Solicita que sentencia cause ejecutoria. Finalmente, agréguese el telegrama de cuenta que remite Diana Edith Flores Herrera, delegada de las autoridades responsables; en atención a su contenido dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden, en los que se proveyó lo conducente respecto de la solicitud que realiza. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 337/2020. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciséis de junio de dos mil veinte, Jazmín Alejandra Barajas Valencia, por derecho propio, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violado en su perjuicio los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del asunto. La demanda de amparo fue presentada durante la guardia del Juzgado, por lo que por auto de dieciséis de junio de dos mil veinte se admitió a trámite, registrándola con el número 337/2020, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, en auto de ocho de julio de dos mil veinte se requirió a la parte quejosa, a efecto de que, en el término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo que dio origen a este asunto, respecto de la respuesta que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, en cuanto superior jerárquico del Oficial Mayor, dio al escrito cuya omisión de contestación se reclama, lo que se notificó a aquélla, mediante lista el quince de julio pasado, ello en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. El doce de agosto pasado, llevó a cabo la audiencia constitucional, en la que se hizo constar que la impetrante no amplió la demanda de que se trata, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en aquel auto y se tuvo únicamente, como acto reclamado, el señalado en dicha demanda. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Secretario, Director Jurídico, Síndico Municipal, Oficial Mayor y Director de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán: ( La falta de contestación al escrito presentado el once de junio de dos mil veinte. ( La negativa de permitirle abrir dos restaurantes-bar (familiares) ubicados el primero en el centro comercial denominado Sentura, que se encuentra en la Carretera Zamora-La Abarca kilómetro 4.3 y, el segundo, sobre la calle Madero Sur números 372 y 373, de la Colonia Centro, ambos pertenecientes a la ciudad de Zamora, Michoacán, en un horario después de las dieciocho horas, ello a pesar de contar con las licencias municipales; con lo que refiere se le impide dedicarse a trabajo lícito. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con la copia autógrafa del escrito que presentó la quejosa el once de junio pasado, ante las responsables, así como con la documental que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, en cuanto superior jerárquico del Oficial Mayor, adjuntó a su informe de ley, consistente el oficio 07/2020 de fecha treinta de junio que contiene la contestación que se dio al ocurso presentado ante el Oficial Mayor el once de ese mes y cuya falta de respuesta reclama en esta instancia constitucional la parte quejosa, y de la parte inferior derecha del mismo se advierte la notificación que se realizó. Cabe destacar que las constancias a las que se hace alusión fueron remitidas al correo electrónico institucional, de modo que, en términos de lo que establece el artículo 22, fracción II, en concordancia con el diverso numeral 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, que prevé el uso de medio electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, es que dichas documentales adquieren pleno valor. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, no obstante la existencia del acto reclamado, la suscrita juzgadora estima que respecto del acto reclamado consistente en la falta de contestación al escrito presentado el once de junio de dos mil veinte sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Al respecto es importante señalar que, para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella. Puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, el acto reclamado por la quejosa Jazmín Alejandra Barajas Valencia, consiste en la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta al escrito presentado el once de junio de dos mil veinte, por medio del cual solicitó se le permita abrir el restaurante bar ubicado en la calle Madero Sur número 372 y 374 de la colonia Centro en la ciudad de Zamora, Michoacán, a partir del diez de junio de dos mil veinte, de las trece hasta las veintitrés horas, tomando todas y cada una de las medidas e indicaciones que el Gobierno Federal ha estado ventilando. De la constancia que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, en cuanto superior jerárquico del Oficial Mayor, adjuntó a su informe de ley, consistente en el oficio 07/2020 de treinta de junio de dos mil veinte, se advierte que dio contestación al ocurso presentado ante la Presidencia Municipal, Sindicatura y Oficialía Mayor en Zamora, Michoacán el once de ese mes, y cuya falta de respuesta reclama en esta instancia Constitucional la parte quejosa, en los términos siguientes: ".Al respecto, le manifiesto que, tomando en consideración que en los registros y padrones que la Oficialía Mayor, lleva de los comerciantes registrados y establecidos en éste municipio, se encontró que las Licencias Municipales de sus establecimientos fueron obtenidas de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos de la materia, encontrándose pagada sus vigencias o refrendos, mediante el recibo con número de cuenta 219017, por lo que acreditado el interés jurídico respectivo, ésta autoridad municipal, reconoce su derecho a ser respetado en el ejercicio de su actividad comercial señalada. (CHECAR SI LA LICENCIA 1407 SE ENCUENTRA VIGENTE, YA QUE EXHIBE UN SOLO RECIBO DE CUENTA 219017, QUE AL PARECER NADA MÁS CORRESPONDE AL PAGO DE REFRENDUM DE LA LICENCIA 1824) También se reconoce que efectivamente los decretos Federales y las Disposiciones Locales, emitidas en la estrategia de continuidad o retorno a las actividades en una nueva normalidad, en la etapa tercera, iniciada el 1 de junio del 2020, todas las empresas podrán reiniciar operaciones, siempre que implementen lo establecido en el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos y específicos para la reapertura de las Actividades Económicas, emitido por el Gobierno Federal de fecha 29 veintinueve de mayo del 2020 de dos mil veinte, así como las tres etapas del paso a paso, que el Gobierno del Estado implementó para la Nueva Convivencia, donde se establece que del 1 al 30 de junio, se permitirá el retorno a las actividades económicas con operaciones reducidas, así como la reapertura de espacios no esenciales, como restaurantes y hoteles, en un 25 por ciento de su capacidad. Y que en la Segundo Etapa, comprendida del 1 al 31 de julio, se podrá retornar a las actividades económicas generales y se ampliará la capacidad de sitios de servicios, como restaurantes y hoteles, al 50 por ciento. Siendo la restricción únicamente en lo que se refiere al aforo y no en cuanto al horario de apertura y cierre de dichos establecimientos. También se debe tener en cuenta, que el municipio de Zamora, Michoacán, fue declarado con bandera amarilla, por las autoridades de salud del Estado, que indica que el riesgo de contagio en ésta municipalidad es alto, ante lo cual se reforzaron las acciones informativas y preventivas, en el marco de la Nueva Convivencia, por lo que las actividades comerciales continuaran con su apertura de manera gradual, con el uso únicamente del 25 por ciento de su capacidad operativa y respetando las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. Al reconocer lo anterior, se debe respetar el derecho que tiene la propietaria de los Restaurantes BEER HOUSE, para que no se le apliquen restricciones en cuanto al horario que tiene autorizado en su Licencia de Comercio, pero únicamente en lo que concierne a la actividad de Restaurant, ya que en lo que concierne a la actividad de BAR, la venta de bebidas alcohólicas, sigue permaneciendo como una actividad no esencial, y por lo tanto restringida, a la clasificación determinada en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en el artículo Primero, fracción II, inciso c. El reconocimiento efectuado, no exenta a la propietaria del Restaurant, en el ejercicio de dicha actividad comercial, de respetar las medidas de sanidad implementadas así como las restricciones en cuanto al aforo y la observancia de los protocolos establecidos por el Gobierno de Michoacán, que deben observar cada uno de los sectores para reducir el riesgo de contagios del coronavirus, a partir del 1 de junio del 2020, así como tener en cuenta que en éste municipio nos encontramos con bandera amarilla, que nos alerta del riesgo alto de contagio, por lo que se ordena al personal operativo de la Oficialía Mayor, abstenerse de ejercer actos de molestia a la propietaria del Restaurant BEER HOUSE, específicamente en cuanto al horario de sus actividades, el cual sin embargo debe ajustarse al autorizado en sus respectivas licencias municipales, sin perjuicio de las inspecciones que periódicamente deban realizarse para la observancia del cumplimiento de las demás medidas de sanidad y seguridad correspondientes. Por lo que respecta al reclamo que textualmente indica en su escrito "del derecho referente al pago de éste año 2020 dos mil veinte, sobre la LICENCIA MUNICIPAL número 1924 R001824, expedida a mi favor, referente al giro comercial de Restaurante Bar, negocio ubicado sobre calle Madero Sur, número 372 y 374, de la Colonia Centro, de esta ciudad de Zamora, Michoacán, dado que realicé mi pago oportunamente y por cuestiones ajenas a mi voluntad se me está negado el ejercicio de la Licencia Municipal". Se hace saber, que su petición es improcedente, en virtud de que el cierre de los establecimientos, fue determinado por una fuerza de causa mayor, respecto a la cual el Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, no tiene responsabilidad, toda vez que dichas medidas fueron tomadas, tanto por el Gobierno Federal como por el Gobierno del Estado, mediante los decretos correspondientes de fecha 31 treinta y uno de marzo del 2020 dos mil veinte, en el que fueron clasificados de esenciales y no esenciales, los sectores fundamentales de producción y económicos, para hacer frente a una emergencia sanitaria, por lo que si bien es cierto que cuestiones ajenas a su voluntad no ha podido ejercer la Licencia de Comercio que se le concediera, también es cierto, que la causa de ello no es imputable a la Administración Municipal, por lo que dicho ingreso debe permanecer, ya que no exista causa o motivo fiscal para su devolución. Máxime que en el caso que nos ocupa, la negociación materia del presente está considerada como no esencial, toda vez que en el mismo se expenden bebidas alcohólicas. Finalmente y en lo que concierne a su solicitud, en la que refiere "que se le permita abrir el Restaurant, a que me refiero a partir del 10 diez de junio del presente año 2020 dos mil veinte, de la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche, tomando todas y cada una de las medidas e indicaciones que el Gobierno Federal ha estado ventilando". Esta autoridad advierte que su escrito de solicitud fue presentado ante el Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, con fecha 11 once de junio del 2020 dos mil veinte, por lo que su solicitud deviene improcedente en cuanto a lo extemporáneo a la fecha inicial que solicita, por ser anterior a la de presentación del escrito. Y en lo que respecta al horario de apertura, me remito a lo señalado en punto 1, precedente, en éste oficio. [.]" Dicha respuesta fue notificada a la quejosa a través del oficio 07/2020, de treinta de junio de dos mil veinte, del cual le fue entregado el original en el domicilio que señaló para tal efecto, esto es en el ubicado en Avenida Madero Sur 372 y 374, colonia Centro, en Zamora, Michoacán, pues así se advierte de la parte inferior derecha del oficio de que se trata. Ahora bien, el artículo 8 de la Constitución Federal, a la letra dice: "... Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De dicho numeral se desprenden las siguientes subgarantías, las cuales deben ser respetadas por la autoridad a efecto de cumplir con lo establecido por tal porción constitucional: 1. Dar respuesta por escrito a la petición formulada por los gobernados, lo que implica que la autoridad está obligada a que se conteste lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo, 2. Que la respuesta sea congruente con lo solicitado por los gobernados, de tal forma que el impetrante conozca el fondo de la contestación recaída a su solicitud, y 3. Dar a conocer la respuesta recaída a la petición de los gobernados en breve término, es decir, la autoridad está obligada a notificar en breve término la respuesta recaída a la petición formulada por los gobernados. Es decir, cuando se examina el cumplimiento a la garantía de derecho de petición, consagrada por ese precepto constitucional, es indispensable analizar que la respuesta sea congruente con lo solicitado, así como la notificación de dicha contestación. En tal virtud, del análisis del oficio 07/2020, de treinta de junio de dos mil veinte, remitido por la autoridad responsable con su informe justificado, se advierte que, en el caso concreto, se cumplió con lo establecido en el imperativo 8 de la Constitución Federal, en cuanto señala que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo saber en breve término al peticionario, lo que así aconteció en el caso concreto, dado que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, en cuanto superior jerárquico del Oficial Mayor, dio respuesta al escrito presentado el once de junio de dos mil veinte, lo que hizo, además, en forma congruente con lo solicitado, merced a que la petición y el contenido de la respuesta, están íntimamente vinculados entre sí. Ahora bien, la respuesta que se dio a la solicitud de la quejosa, como ya se dijo en párrafos precedentes, se notificó a esta última; de ahí que la autoridad responsable haya cumplido cabalmente con los requisitos que exige el imperativo que se analiza, pues ya dio respuesta de forma congruente a las peticiones solicitadas, además, las hizo del conocimiento de la ahora quejosa, como ya se relató. En esa medida, cabe concluir que han cesado los efectos del acto omisivo reclamado por la quejosa, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues como ya se dijo, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, en cuanto superior jerárquico del Oficial Mayor, dio respuesta a la petición de aquélla, para lo cual cumplió con lo establecido en el imperativo 8 de la Constitución Federal. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que la respuesta a la petición de la quejosa la haya emitido el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, y no directamente las autoridades señaladas como responsables, dado que lo hizo en su calidad de superior jerárquico de una de las responsables. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "PETICION, DERECHO DE. VIOLACION NO CONFIGURADA. Si la parte quejosa eleva una petición a una autoridad que legalmente debe turnar esa petición a otra, antes o después de ser revisados algunos requisitos, y la autoridad que la recibió y revisó, la turnó a la diversa autoridad competente, y ésta, a su vez comunicó a dicha parte quejosa lo que a su vez se resolvió respecto de la petición, no puede decirse que exista el acto reclamado de la primera autoridad, consistente en la violación al artículo 8o. constitucional por violación al derecho de petición, por no haberle comunicado a la parte quejosa el trámite dado a su solicitud, cuando ésta se desprende en forma lógica y clara de la resolución que le fue comunicada por la segunda autoridad. A más de que en tales casos resultaría ocioso mandar que se comunicase a la quejosa un trámite del que ya tiene cabal y claro conocimiento." Así como en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 78/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto literal siguiente: "INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE INFUNDADA Y TENERSE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, CUANDO SE ACREDITA QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, YA DIO CONTESTACIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia protectora, tratándose de actos de naturaleza negativa, consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y a cumplir lo que la misma exija. Por tanto, de concederse la protección federal por haberse acreditado la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, debe tenerse por cumplida la ejecutoria y declararse infundada la inconformidad, cuando se acredita que ya se dio contestación por escrito a la solicitud del quejoso, no obstante que ésta se formule por una autoridad diversa de la responsable, siempre que se trate de un inferior jerárquico y que la materia de la petición se vincule con sus funciones, pues con ese carácter resuelve la petición formulada al superior." Además de que, con la respuesta se dio vista a la quejosa y se le previno para que en quince días ampliara su demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría únicamente como acto reclamado el señalado en el escrito de demanda, con las consecuencias legales correspondientes. Posteriormente, en la audiencia constitucional desahogada el doce de agosto de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento antes mencionado, por lo que resulta improcedente el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la falta de contestación al escrito presentado el once de junio de dos mil veinte, de conformidad con la Jurisprudencia 2a./J. 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no genera ese estado de incertidumbre en la quejosa, pues al existir respuesta al escrito de aquélla, el acto omisivo de referencia ya no deja huella alguna en la esfera jurídica de la impetrante que amerite ser borrada mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, porque tal concesión tendría el mismo efecto que ahora prevalece, esto es, que se diera respuesta a dicha solicitud y se le notificara la misma. Asimismo, respecto del diverso acto reclamado por la quejosa que hace consistir en la negativa de permitirle abrir dos restaurantes-bar (familiares) ubicados el primero en el centro comercial denominado Sentura, que se encuentra en la Carretera Zamora-La Abarca kilómetro 4.3 y, el segundo, sobre la calle Madero Sur números 372 y 373, de la Colonia Centro, ambos pertenecientes a la ciudad de Zamora, Michoacán, en un horario después de las dieciocho horas, ello a pesar de contar con las licencias municipales, sobrevino la misma causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido y alcance ya fue analizado. De la documental remitida por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán en cuanto superior jerárquico del Oficial Mayor, consistente en el oficio 07/2020 de treinta de junio de dos mil veinte, destaca lo siguiente: ".Al reconocer lo anterior, se debe respetar el derecho que tiene la propietaria de los Restaurantes BEER HOUSE, para que no se le apliquen restricciones en cuanto al horario que tiene autorizado en su Licencia de Comercio, pero únicamente en lo que concierne a la actividad de Restaurant, ya que en lo que concierne a la actividad de BAR, la venta de bebidas alcohólicas, sigue permaneciendo como una actividad no esencial, y por lo tanto restringida, a la clasificación determinada en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en el artículo Primero, fracción II, inciso c. El reconocimiento efectuado, no exenta a la propietaria del Restaurant, en el ejercicio de dicha actividad comercial, de respetar las medidas de sanidad implementadas así como las restricciones en cuanto al aforo y la observancia de los protocolos establecidos por el Gobierno de Michoacán, que deben observar cada uno de los sectores para reducir el riesgo de contagios del coronavirus, a partir del 1 de junio del 2020, así como tener en cuenta que en éste municipio nos encontramos con bandera amarilla, que nos alerta del riesgo alto de contagio, por lo que se ordena al personal operativo de la Oficialía Mayor, abstenerse de ejercer actos de molestia a la propietaria del Restaurant BEER HOUSE, específicamente en cuanto al horario de sus actividades, el cual sin embargo debe ajustarse al autorizado en sus respectivas licencias municipales, sin perjuicio de las inspecciones que periódicamente deban realizarse para la observancia del cumplimiento de las demás medidas de sanidad y seguridad correspondientes." De lo anterior, se coligue que el treinta de junio de dos mil veinte, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, conminó al Oficial Mayor, para que se abstenga de ejercer actos de molestia a la propietaria de los Restaurantes BEER HOUSE, respecto de los horarios de sus actividades, con lo que se advierte restituyó a la quejosa para que no se le apliquen restricciones en cuanto al horario que tiene autorizado en su Licencia de Comercio. En ese sentido, al haberse ordenado la abstención de ejercer actos de molestia a la quejosa en el horario de sus actividades comerciales, se le restituyó en el goce de del derecho humano violado, en virtud de que cesó el acto reclamado, pues si bien, pudo existir una orden de restricción del horario de actividades, también cierto resulta que a la fecha ya no existe materia sobre la cual la autoridad responsable pueda dar cumplimiento en caso de que se conceda el amparo a la quejosa, ya que dicha orden se dejó sin efecto el treinta de junio de dos mil veinte, restituyéndose a la quejosa en su derecho a realizar las actividades dentro del horario que tiene autorizado en su Licencia de Comercio. Por tanto, es dable concluir que los efectos de ambos actos reclamados, falta de contestación al escrito presentado el once de junio de dos mil veinte y la negativa de permitirle abrir dos restaurantes-bar (familiares) ubicados el primero en el centro comercial denominado Sentura, que se encuentra en la Carretera Zamora-La Abarca kilómetro 4.3 y, el segundo, sobre la calle Madero Sur números 372 y 373, de la Colonia Centro, ambos pertenecientes a la ciudad de Zamora, Michoacán, en un horario después de las dieciocho horas, ello a pesar de contar con las licencias municipales, han cesado, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, y el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, de ahí que lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."; y, por la misma razón, tampoco se hace pronunciamiento respecto de los alegatos formulados por la parte quejosa. Finalmente, en cuanto al pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, cabe destacar que no resulta necesario pronunciarse expresamente respecto a las manifestaciones en él contenidas, dado el sentido adoptado en el presente asunto. En apoyo se cita la tesis de rubro y texto siguientes: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo anteriormente expuesto, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Jazmín Alejandra Barajas Valencia, por las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expresados en el considerandos cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el considerando sexto, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE CON ESTRICTO APEGO A LOS PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL PERSONAL, PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE QUIENES REALICEN LA NOTIFICACIÓN Y DE LAS PERSONAS JUSTICIABLES. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, hoy trece de octubre de dos mil veinte, ante la secretaria Janette Pérez García, con quien actúa y da fe.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN DICE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 337/2020. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciséis de junio de dos mil veinte, XXXXXX, por derecho propio, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violado en su perjuicio los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del asunto. La demanda de amparo fue presentada durante la guardia del Juzgado, por lo que por auto de dieciséis de junio de dos mil veinte se admitió a trámite, registrándola con el número 337/2020, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, en auto de ocho de julio de dos mil veinte se requirió a la parte quejosa, a efecto de que, en el término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo que dio origen a este asunto, respecto de la respuesta que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, en cuanto superior jerárquico del Oficial Mayor, dio al escrito cuya omisión de contestación se reclama, lo que se notificó a aquélla, mediante lista el quince de julio pasado, ello en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. El doce de agosto pasado, llevó a cabo la audiencia constitucional, en la que se hizo constar que la impetrante no amplió la demanda de que se trata, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en aquel auto y se tuvo únicamente, como acto reclamado, el señalado en dicha demanda. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Secretario, Director Jurídico, Síndico Municipal, Oficial Mayor y Director de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán: ( La falta de contestación al escrito presentado el once de junio de dos mil veinte. ( La negativa de permitirle abrir dos restaurantes-bar (familiares) ubicados el primero en el centro comercial denominado Sentura, que se encuentra en la Carretera Zamora-La Abarca kilómetro 4.3 y, el segundo, sobre la calle Madero Sur números 372 y 373, de la Colonia Centro, ambos pertenecientes a la ciudad de Zamora, Michoacán, en un horario después de las dieciocho horas, ello a pesar de contar con las licencias municipales; con lo que refiere se le impide dedicarse a trabajo lícito. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con la copia autógrafa del escrito que presentó la quejosa el once de junio pasado, ante las responsables, así como con la documental que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, en cuanto superior jerárquico del Oficial Mayor, adjuntó a su informe de ley, consistente el oficio 07/2020 de fecha treinta de junio que contiene la contestación que se dio al ocurso presentado ante el Oficial Mayor el once de ese mes y cuya falta de respuesta reclama en esta instancia constitucional la parte quejosa, y de la parte inferior derecha del mismo se advierte la notificación que se realizó. Cabe destacar que las constancias a las que se hace alusión fueron remitidas al correo electrónico institucional, de modo que, en términos de lo que establece el artículo 22, fracción II, en concordancia con el diverso numeral 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, que prevé el uso de medio electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, es que dichas documentales adquieren pleno valor. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, no obstante la existencia del acto reclamado, la suscrita juzgadora estima que respecto del acto reclamado consistente en la falta de contestación al escrito presentado el once de junio de dos mil veinte sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Al respecto es importante señalar que, para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella. Puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, el acto reclamado por la quejosa XXXXXX, consiste en la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta al escrito presentado el once de junio de dos mil veinte, por medio del cual solicitó se le permita abrir el restaurante bar ubicado en la calle Madero Sur número 372 y 374 de la colonia Centro en la ciudad de Zamora, Michoacán, a partir del diez de junio de dos mil veinte, de las trece hasta las veintitrés horas, tomando todas y cada una de las medidas e indicaciones que el Gobierno Federal ha estado ventilando. De la constancia que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, en cuanto superior jerárquico del Oficial Mayor, adjuntó a su informe de ley, consistente en el oficio 07/2020 de treinta de junio de dos mil veinte, se advierte que dio contestación al ocurso presentado ante la Presidencia Municipal, Sindicatura y Oficialía Mayor en Zamora, Michoacán el once de ese mes, y cuya falta de respuesta reclama en esta instancia Constitucional la parte quejosa, en los términos siguientes: ".Al respecto, le manifiesto que, tomando en consideración que en los registros y padrones que la Oficialía Mayor, lleva de los comerciantes registrados y establecidos en éste municipio, se encontró que las Licencias Municipales de sus establecimientos fueron obtenidas de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos de la materia, encontrándose pagada sus vigencias o refrendos, mediante el recibo con número de cuenta 219017, por lo que acreditado el interés jurídico respectivo, ésta autoridad municipal, reconoce su derecho a ser respetado en el ejercicio de su actividad comercial señalada. (CHECAR SI LA LICENCIA 1407 SE ENCUENTRA VIGENTE, YA QUE EXHIBE UN SOLO RECIBO DE CUENTA 219017, QUE AL PARECER NADA MÁS CORRESPONDE AL PAGO DE REFRENDUM DE LA LICENCIA 1824) También se reconoce que efectivamente los decretos Federales y las Disposiciones Locales, emitidas en la estrategia de continuidad o retorno a las actividades en una nueva normalidad, en la etapa tercera, iniciada el 1 de junio del 2020, todas las empresas podrán reiniciar operaciones, siempre que implementen lo establecido en el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos y específicos para la reapertura de las Actividades Económicas, emitido por el Gobierno Federal de fecha 29 veintinueve de mayo del 2020 de dos mil veinte, así como las tres etapas del paso a paso, que el Gobierno del Estado implementó para la Nueva Convivencia, donde se establece que del 1 al 30 de junio, se permitirá el retorno a las actividades económicas con operaciones reducidas, así como la reapertura de espacios no esenciales, como restaurantes y hoteles, en un 25 por ciento de su capacidad. Y que en la Segundo Etapa, comprendida del 1 al 31 de julio, se podrá retornar a las actividades económicas generales y se ampliará la capacidad de sitios de servicios, como restaurantes y hoteles, al 50 por ciento. Siendo la restricción únicamente en lo que se refiere al aforo y no en cuanto al horario de apertura y cierre de dichos establecimientos. También se debe tener en cuenta, que el municipio de Zamora, Michoacán, fue declarado con bandera amarilla, por las autoridades de salud del Estado, que indica que el riesgo de contagio en ésta municipalidad es alto, ante lo cual se reforzaron las acciones informativas y preventivas, en el marco de la Nueva Convivencia, por lo que las actividades comerciales continuaran con su apertura de manera gradual, con el uso únicamente del 25 por ciento de su capacidad operativa y respetando las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. Al reconocer lo anterior, se debe respetar el derecho que tiene la propietaria de los Restaurantes BEER HOUSE, para que no se le apliquen restricciones en cuanto al horario que tiene autorizado en su Licencia de Comercio, pero únicamente en lo que concierne a la actividad de Restaurant, ya que en lo que concierne a la actividad de BAR, la venta de bebidas alcohólicas, sigue permaneciendo como una actividad no esencial, y por lo tanto restringida, a la clasificación determinada en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en el artículo Primero, fracción II, inciso c. El reconocimiento efectuado, no exenta a la propietaria del Restaurant, en el ejercicio de dicha actividad comercial, de respetar las medidas de sanidad implementadas así como las restricciones en cuanto al aforo y la observancia de los protocolos establecidos por el Gobierno de Michoacán, que deben observar cada uno de los sectores para reducir el riesgo de contagios del coronavirus, a partir del 1 de junio del 2020, así como tener en cuenta que en éste municipio nos encontramos con bandera amarilla, que nos alerta del riesgo alto de contagio, por lo que se ordena al personal operativo de la Oficialía Mayor, abstenerse de ejercer actos de molestia a la propietaria del Restaurant BEER HOUSE, específicamente en cuanto al horario de sus actividades, el cual sin embargo debe ajustarse al autorizado en sus respectivas licencias municipales, sin perjuicio de las inspecciones que periódicamente deban realizarse para la observancia del cumplimiento de las demás medidas de sanidad y seguridad correspondientes. Por lo que respecta al reclamo que textualmente indica en su escrito "del derecho referente al pago de éste año 2020 dos mil veinte, sobre la LICENCIA MUNICIPAL número 1924 R001824, expedida a mi favor, referente al giro comercial de Restaurante Bar, negocio ubicado sobre calle Madero Sur, número 372 y 374, de la Colonia Centro, de esta ciudad de Zamora, Michoacán, dado que realicé mi pago oportunamente y por cuestiones ajenas a mi voluntad se me está negado el ejercicio de la Licencia Municipal". Se hace saber, que su petición es improcedente, en virtud de que el cierre de los establecimientos, fue determinado por una fuerza de causa mayor, respecto a la cual el Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, no tiene responsabilidad, toda vez que dichas medidas fueron tomadas, tanto por el Gobierno Federal como por el Gobierno del Estado, mediante los decretos correspondientes de fecha 31 treinta y uno de marzo del 2020 dos mil veinte, en el que fueron clasificados de esenciales y no esenciales, los sectores fundamentales de producción y económicos, para hacer frente a una emergencia sanitaria, por lo que si bien es cierto que cuestiones ajenas a su voluntad no ha podido ejercer la Licencia de Comercio que se le concediera, también es cierto, que la causa de ello no es imputable a la Administración Municipal, por lo que dicho ingreso debe permanecer, ya que no exista causa o motivo fiscal para su devolución. Máxime que en el caso que nos ocupa, la negociación materia del presente está considerada como no esencial, toda vez que en el mismo se expenden bebidas alcohólicas. Finalmente y en lo que concierne a su solicitud, en la que refiere "que se le permita abrir el Restaurant, a que me refiero a partir del 10 diez de junio del presente año 2020 dos mil veinte, de la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche, tomando todas y cada una de las medidas e indicaciones que el Gobierno Federal ha estado ventilando". Esta autoridad advierte que su escrito de solicitud fue presentado ante el Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, con fecha 11 once de junio del 2020 dos mil veinte, por lo que su solicitud deviene improcedente en cuanto a lo extemporáneo a la fecha inicial que solicita, por ser anterior a la de presentación del escrito. Y en lo que respecta al horario de apertura, me remito a lo señalado en punto 1, precedente, en éste oficio. [.]" Dicha respuesta fue notificada a la quejosa a través del oficio 07/2020, de treinta de junio de dos mil veinte, del cual le fue entregado el original en el domicilio que señaló para tal efecto, esto es en el ubicado en Avenida Madero Sur 372 y 374, colonia Centro, en Zamora, Michoacán, pues así se advierte de la parte inferior derecha del oficio de que se trata. Ahora bien, el artículo 8 de la Constitución Federal, a la letra dice: "... Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De dicho numeral se desprenden las siguientes subgarantías, las cuales deben ser respetadas por la autoridad a efecto de cumplir con lo establecido por tal porción constitucional: 1. Dar respuesta por escrito a la petición formulada por los gobernados, lo que implica que la autoridad está obligada a que se conteste lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo, 2. Que la respuesta sea congruente con lo solicitado por los gobernados, de tal forma que el impetrante conozca el fondo de la contestación recaída a su solicitud, y 3. Dar a conocer la respuesta recaída a la petición de los gobernados en breve término, es decir, la autoridad está obligada a notificar en breve término la respuesta recaída a la petición formulada por los gobernados. Es decir, cuando se examina el cumplimiento a la garantía de derecho de petición, consagrada por ese precepto constitucional, es indispensable analizar que la respuesta sea congruente con lo solicitado, así como la notificación de dicha contestación. En tal virtud, del análisis del oficio 07/2020, de treinta de junio de dos mil veinte, remitido por la autoridad responsable con su informe justificado, se advierte que, en el caso concreto, se cumplió con lo establecido en el imperativo 8 de la Constitución Federal, en cuanto señala que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo saber en breve término al peticionario, lo que así aconteció en el caso concreto, dado que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, en cuanto superior jerárquico del Oficial Mayor, dio respuesta al escrito presentado el once de junio de dos mil veinte, lo que hizo, además, en forma congruente con lo solicitado, merced a que la petición y el contenido de la respuesta, están íntimamente vinculados entre sí. Ahora bien, la respuesta que se dio a la solicitud de la quejosa, como ya se dijo en párrafos precedentes, se notificó a esta última; de ahí que la autoridad responsable haya cumplido cabalmente con los requisitos que exige el imperativo que se analiza, pues ya dio respuesta de forma congruente a las peticiones solicitadas, además, las hizo del conocimiento de la ahora quejosa, como ya se relató. En esa medida, cabe concluir que han cesado los efectos del acto omisivo reclamado por la quejosa, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues como ya se dijo, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, en cuanto superior jerárquico del Oficial Mayor, dio respuesta a la petición de aquélla, para lo cual cumplió con lo establecido en el imperativo 8 de la Constitución Federal. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que la respuesta a la petición de la quejosa la haya emitido el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, y no directamente las autoridades señaladas como responsables, dado que lo hizo en su calidad de superior jerárquico de una de las responsables. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "PETICION, DERECHO DE. VIOLACION NO CONFIGURADA. Si la parte quejosa eleva una petición a una autoridad que legalmente debe turnar esa petición a otra, antes o después de ser revisados algunos requisitos, y la autoridad que la recibió y revisó, la turnó a la diversa autoridad competente, y ésta, a su vez comunicó a dicha parte quejosa lo que a su vez se resolvió respecto de la petición, no puede decirse que exista el acto reclamado de la primera autoridad, consistente en la violación al artículo 8o. constitucional por violación al derecho de petición, por no haberle comunicado a la parte quejosa el trámite dado a su solicitud, cuando ésta se desprende en forma lógica y clara de la resolución que le fue comunicada por la segunda autoridad. A más de que en tales casos resultaría ocioso mandar que se comunicase a la quejosa un trámite del que ya tiene cabal y claro conocimiento." Así como en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 78/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto literal siguiente: "INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE INFUNDADA Y TENERSE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, CUANDO SE ACREDITA QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, YA DIO CONTESTACIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia protectora, tratándose de actos de naturaleza negativa, consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y a cumplir lo que la misma exija. Por tanto, de concederse la protección federal por haberse acreditado la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, debe tenerse por cumplida la ejecutoria y declararse infundada la inconformidad, cuando se acredita que ya se dio contestación por escrito a la solicitud del quejoso, no obstante que ésta se formule por una autoridad diversa de la responsable, siempre que se trate de un inferior jerárquico y que la materia de la petición se vincule con sus funciones, pues con ese carácter resuelve la petición formulada al superior." Además de que, con la respuesta se dio vista a la quejosa y se le previno para que en quince días ampliara su demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría únicamente como acto reclamado el señalado en el escrito de demanda, con las consecuencias legales correspondientes. Posteriormente, en la audiencia constitucional desahogada el doce de agosto de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento antes mencionado, por lo que resulta improcedente el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la falta de contestación al escrito presentado el once de junio de dos mil veinte, de conformidad con la Jurisprudencia 2a./J. 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no genera ese estado de incertidumbre en la quejosa, pues al existir respuesta al escrito de aquélla, el acto omisivo de referencia ya no deja huella alguna en la esfera jurídica de la impetrante que amerite ser borrada mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, porque tal concesión tendría el mismo efecto que ahora prevalece, esto es, que se diera respuesta a dicha solicitud y se le notificara la misma. Asimismo, respecto del diverso acto reclamado por la quejosa que hace consistir en la negativa de permitirle abrir dos restaurantes-bar (familiares) ubicados el primero en el centro comercial denominado Sentura, que se encuentra en la Carretera Zamora-La Abarca kilómetro 4.3 y, el segundo, sobre la calle Madero Sur números 372 y 373, de la Colonia Centro, ambos pertenecientes a la ciudad de Zamora, Michoacán, en un horario después de las dieciocho horas, ello a pesar de contar con las licencias municipales, sobrevino la misma causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido y alcance ya fue analizado. De la documental remitida por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán en cuanto superior jerárquico del Oficial Mayor, consistente en el oficio 07/2020 de treinta de junio de dos mil veinte, destaca lo siguiente: ".Al reconocer lo anterior, se debe respetar el derecho que tiene la propietaria de los Restaurantes BEER HOUSE, para que no se le apliquen restricciones en cuanto al horario que tiene autorizado en su Licencia de Comercio, pero únicamente en lo que concierne a la actividad de Restaurant, ya que en lo que concierne a la actividad de BAR, la venta de bebidas alcohólicas, sigue permaneciendo como una actividad no esencial, y por lo tanto restringida, a la clasificación determinada en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en el artículo Primero, fracción II, inciso c. El reconocimiento efectuado, no exenta a la propietaria del Restaurant, en el ejercicio de dicha actividad comercial, de respetar las medidas de sanidad implementadas así como las restricciones en cuanto al aforo y la observancia de los protocolos establecidos por el Gobierno de Michoacán, que deben observar cada uno de los sectores para reducir el riesgo de contagios del coronavirus, a partir del 1 de junio del 2020, así como tener en cuenta que en éste municipio nos encontramos con bandera amarilla, que nos alerta del riesgo alto de contagio, por lo que se ordena al personal operativo de la Oficialía Mayor, abstenerse de ejercer actos de molestia a la propietaria del Restaurant BEER HOUSE, específicamente en cuanto al horario de sus actividades, el cual sin embargo debe ajustarse al autorizado en sus respectivas licencias municipales, sin perjuicio de las inspecciones que periódicamente deban realizarse para la observancia del cumplimiento de las demás medidas de sanidad y seguridad correspondientes." De lo anterior, se coligue que el treinta de junio de dos mil veinte, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, conminó al Oficial Mayor, para que se abstenga de ejercer actos de molestia a la propietaria de los Restaurantes BEER HOUSE, respecto de los horarios de sus actividades, con lo que se advierte restituyó a la quejosa para que no se le apliquen restricciones en cuanto al horario que tiene autorizado en su Licencia de Comercio. En ese sentido, al haberse ordenado la abstención de ejercer actos de molestia a la quejosa en el horario de sus actividades comerciales, se le restituyó en el goce de del derecho humano violado, en virtud de que cesó el acto reclamado, pues si bien, pudo existir una orden de restricción del horario de actividades, también cierto resulta que a la fecha ya no existe materia sobre la cual la autoridad responsable pueda dar cumplimiento en caso de que se conceda el amparo a la quejosa, ya que dicha orden se dejó sin efecto el treinta de junio de dos mil veinte, restituyéndose a la quejosa en su derecho a realizar las actividades dentro del horario que tiene autorizado en su Licencia de Comercio. Por tanto, es dable concluir que los efectos de ambos actos reclamados, falta de contestación al escrito presentado el once de junio de dos mil veinte y la negativa de permitirle abrir dos restaurantes-bar (familiares) ubicados el primero en el centro comercial denominado Sentura, que se encuentra en la Carretera Zamora-La Abarca kilómetro 4.3 y, el segundo, sobre la calle Madero Sur números 372 y 373, de la Colonia Centro, ambos pertenecientes a la ciudad de Zamora, Michoacán, en un horario después de las dieciocho horas, ello a pesar de contar con las licencias municipales, han cesado, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, y el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, de ahí que lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."; y, por la misma razón, tampoco se hace pronunciamiento respecto de los alegatos formulados por la parte quejosa. Finalmente, en cuanto al pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, cabe destacar que no resulta necesario pronunciarse expresamente respecto a las manifestaciones en él contenidas, dado el sentido adoptado en el presente asunto. En apoyo se cita la tesis de rubro y texto siguientes: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo anteriormente expuesto, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por XXXXXXX, por las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expresados en el considerandos cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el considerando sexto, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE CON ESTRICTO APEGO A LOS PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL PERSONAL, PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE QUIENES REALICEN LA NOTIFICACIÓN Y DE LAS PERSONAS JUSTICIABLES. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, hoy trece de octubre de dos mil veinte, ante la secretaria Janette Pérez García, con quien actúa y da fe.
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